Íntag, lugar de las alternativas vivas, frente a la minería a gran escala

La lucha de la comunidad campesina de Junín frente a la minería a gran escala es una lucha emblemática para otros procesos de resistencia: logró expulsar a dos empresas transnacionales mineras en las décadas de 1990 y la primera del siglo XXI. Actualmente, la comunidad de Junín, junto a otras comunidades, están resistiendo al proyecto minero Llurimagua, que es llevado a cabo por la empresa minera chilena Codelco y la Empresa Nacional Minera del Ecuador ENAMI EP.



Características generales*
Inicio de operaciones Se encuentra en la fase de exploración avanzada desde 2014
Ubicación Íntag se encuentra en la provincia de Imbabura, en los límites de las provincias de Esmeraldas y Pichincha, en el norte de Ecuador.
Territorio concesionado 4.839 hectáreas
Accionistas Codelco y ENAMI EP
Minerales Cobre-molibdeno.
Potencial de recurso inferido de 318 millones de toneladas de mineral (ley de cobre: 0.7% y ley de molibdeno: 0.026%), con una vida de 30 años.
Tipo de minería Cielo abierto
Estado Primera campaña de perforaciones

* Estas características son del actual proyecto minero Llurimagua que se lleva a cabo en la Reserva Comunitaria de Junín.



En la década de 1990, Ecuador firmó un convenio con Japón para realizar estudios exploratorios en la zona de Junín. La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA, por sus siglas en inglés) fue la encargada de elaborar el estudio. La empresa Bishi Metals era la encargada del proyecto Íntag.

En el año de 1997, después de que la comunidad conoció el contenido del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), las y los pobladores de las comunidades afectadas decidieron ocupar el campamento minero. Y en septiembre, en una asamblea las y los campesinos declararon a Cotacachi Cantón Ecológico, generando una oposición directa tanto al proyecto como a la propia empresa japonesa.

Uno de los logros de aquella ocupación y expulsión de esa empresa fue la creación de la Reserva Comunitaria Junín para proteger el bosque primario, donde se pretendía llevar a cabo las perforaciones del proyecto minero.

Posteriormente, en el año 2004 la Ascendant Exploration compró las concesiones mineras de Íntag. En ese momento, la comunidad de Junín decidió llevar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin obtener respuesta alguna.

La empresa canadiense trató de iniciar operaciones instalando un campamento minero en la Reserva Junín. El Consejo de Desarrollo Comunitario decidió quemar las instalaciones de la empresa en diciembre del año 2005. Aun así, la empresa continúo con sus trabajos de operación.

Para septiembre del año 2006 varios empleados de la empresa fueron capturados por miembros de las comunidades por haber ingresado a tierras comunitarias. Durante ese año, y posterior a estos sucesos, se presentaron diversos enfrentamientos violentos entre los empleados de la minera y paramilitares, por un lado, y comuneros y comuneras de la región de Íntag, por el otro.

En noviembre de ese mismo año, la empresa minera intentó ingresar a la comunidad a través de una empresa de seguridad Falericorp. Eran aproximadamente 80 personas quienes utilizaron gases lacrimógenos y perros policía frente a los pobladores de la comunidad de Junín. Resultaron varios heridos, entre ellos dos niños de dos y tres años.

Algunas comunidades aledañas capturaron a 40 supuestos mineros quienes fueron posteriormente entregados a la policía. Mientras que 57 guardias fueron capturados en el bosque y retenidos en la iglesia de la comunidad de Junín. El 8 de diciembre del año 2006 el gobierno decidió suspender las actividades de la empresa minera en Íntag, al no aprobar el EIA.

En enero del año 2009, Polivio Pérez, Israel Paz y Marcia Ramírez, comuneros cercanos a la comunidad de Junín, decidieron enjuiciar penalmente a la Bolsa de Valores de Toronto y a los directivos de la empresa por violaciones de derechos humanos. Se trata del primer caso en contra de una bolsa de valores por violaciones a derechos humanos. En el año 2011, la corte de Canadá dictó sentencia a favor de la bolsa y la empresa.

Actualmente, la empresa chilena Codelco y la ENAMI EP están desarrollando el proyecto minero Llurimagua.

¿Por qué es una lucha emblemática?

La lucha de Junín contra las empresas mineras (japonesa y canadiense) es un referente para diversas resistencias comunitarias frente a proyectos mineros a gran escala a lo largo y ancho de América Latina. La primera vez que Junín logró, no sólo detener el proyecto de exploración que pretendía llevar a cabo la Bishi Metals, sino hacer que ésta renunciará a la totalidad del proyecto, fue en la década de 1990, una década bastante complicada para los movimientos sociales en la región. Una década de “renovación” de las políticas neoliberales.

Las y los pobladores de esta comunidad, junto a otras y otros de comunidades cercanas, generaron diversas estrategias de resistencia a partir de sus propias prácticas cotidianas, lograron consolidar la unidad de la propia comunidad, enfrentar al estado para que tomara postura ante la situación que se vivía en torno al proyecto minero. Y, finalmente, crearon una Reserva Comunitaria para proteger el bosque primario, el cual pretendía ser devastado por la minería. Con esto, Junín demostró cómo las comunidades pueden hacerse cargo de sus territorios, generar prácticas y proyectos amigables con la naturaleza, lo que ellas y ellos han denominado alternativas vivas, pero, sobretodo, que las comunidades son las guardianas de la Madre Tierra.

Posterior a la expulsión de la minera japonesa, las comunidades de la región de Íntag crearon la organización Defensa y Organización Ecológica de Íntag (DECOIN), que ha ofrecido apoyo técnico a las comunidades interesadas en cuidar sus nacimientos de agua; desarrollo de talleres de información respecto a las consecuencias socioambientales que trae la minería; organizado viajes dentro de Ecuador y en Perú, para que algunas mujeres de comunidades de la región de Íntag puedan conocer otras experiencias de resistencia y la devastación que trae la minería; y, finalmente, ha defendido jurídicamente a las y los comuneros que han sido enjuiciados tanto por el gobierno nacional como por las empresas transnacionales.

A partir de este proceso de resistencia, las comunidades de la región de Íntag, no sólo Junín, han impulsado diversos proyectos alternativos a la minería: turismo comunitario, agricultura orgánica de café, frejol, maní. Ejemplo de ello es la Corporación Toisán, un colectivo de nueve organizaciones sociales, productivas y ambientalistas. Estás organizaciones abarcan 70 comunidades y, aproximadamente, 15, 000 habitantes.



Actualmente, el proyecto Íntag se lleva a cabo bajo el nombre de Llurimagua. La ENAMI EP (Ecuador) y la Codelco (Chile) son quienes están a cargo de éste. A pesar de que las mineras lograron entrar a la reserva comunitaria Junín e instalar su campamento minero, las comunidades siguen en pie de lucha, resistiendo y demostrado que hay alternativas vivas a la devastación socioambiental que traerá la minería.

Fuentes de consulta

García Hernández, José Luis [2016], Resistir desde la comunidad. Procesos de lucha y estrategias de resistencia frente a la minería a gran escala en Ecuador, Tesis de Maestría, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 181 pp.

Latorre, Sara, Mariana Walter y Carlos Larrea [2015], Íntag, un territorio en disputa. Evaluación de escenarios territoriales extractivos y no extractivos, Quito, UASB, Sede Ecuador, Abya Yala, Institut de Ciêncies i Tecnologies Ambientais, Fundació Autònoma Solidària, Universitat Autònoma de Barcelona, ENGOV, 172 pp.

ENAMI EP [2016], Portafolio de proyectos, Quito.

Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos [2015], Ecuador 2015: inversiones estratégicas.

Canal de YouTube de la Toisán.

Defensa y Organización Ecológica de Íntag (DECOIN).