Philip Fearnside es un ecologista estadounidense que colabora en el Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonía en Brasil.

Seguro donde hay un río, hay una represa.

Las represas amenazan la cuenca amazónica como ningún otro sitio en el mundo.

La cantidad de agua que fluye en esta región puede generar grandes cantidades de electricidad; por lo tanto, no extraña que los gobiernos e industrias vean a la cuenca del Amazonas como una zona vasta de energía hidroeléctrica y con alto potencial en términos de desarrollo.

En Brasil es común que estos proyectos se lleven a cabo en secreto, debido a la polémica socioambiental que generan.

En 2017 Fearnside -autor de este artículo- afirmó en la revista digital Yale Environment 360 que la industria hidroeléctrica está respaldada por la agricultura e industria pesada del país, que se lleva a cabo sin importar las consecuencias que puedan sufrir los pueblos indígenas y el medio ambiente, que no se capitaliza lo suficiente el potencial energético renovable y, además, que es un área que se alimenta de la corrupción.

Estos proyectos se han venido haciendo incluso antes de la elección del presidente Jair Bolsonaro, que ha resultado, como se esperaba, destructivo para la Amazonía.

En 2019 apareció una represa que forma parte del proyecto de infraestructura Barão so Rio Branco que ocasionó la inundación de las tierras Quilombola, conformada por cimarrones (ver dato crucial 4), cometiendo una falta a la Constitución brasileña, que prohíbe la expulsión de los pueblos indígenas y quilombeños de sus tierras.

Tras ello, el gobierno informó que se llevará a cabo una consulta de las comunidades afectadas; sin embargo, el plebiscito no se ha llevado a cabo.

En términos ambientales, se prevé que esta represa impactará también una de las playas más grandes de la Amazonía en donde se lleva a cabo la reproducción y anidación de tortugas.

Estos megaproyectos también han ocasionado un aumento en la tala ilegal de las selvas tropicales con fines ganaderos y de plantíos de soja.

El plan minero e industrial de Brasil, que se extiende hasta 2029 incluye tres represas: la Trabajara en Rondônia, la Castanheira en Mato Grosso y la Bem Querer en Roraima.

Se estima que la Ben Querer bloquee el río Branco, considerado uno de los ríos más importantes a nivel internacional ya que junto con el río Negro conforman uno de los archipiélagos más grandes del mundo, albergando así una gran cantidad de biodiversidad.

El Plan Nacional de Energía que es el proyecto que antecede al actual, que expira hasta 2050 incluye la represa Chacorão en el río Tapajós, inundando así las Tierras Indígenas Munduruku y parte de Sawré Muybu, comunidades a las que se les ha negado la designación como tierras indígenas ya que entorpecería el paso de las represas.

Según el plan de expansión energética de Brasil para 2050, se pretende que países como Perú, Bolivia y Ecuador inviertan en las represas amazónicas; no obstante, las obras están detenidas ya que el contratista principal se ha visto envuelto en rumores relacionados con la corrupción.

La corrupción también se ha hecho presente, pues se hace una selección sobre las leyes que se cumplirán y aquellas que no. Un ejemplo evidente es de la represa Belo Monte, que entró en funcionamiento en 2016 a pesar de las protestas por parte de pueblos indígenas, ambientalistas y la población en general. Una jueza federal declaró que la licencia de la represa era ilegal y que, además, no se había realizado las consultas en tierras indígenas; sin embargo, se extendió el permiso y el megaproyecto continúa hasta hoy en día.

Un estudio publicado en Nature Communications reveló que las repesas ubicadas en tierras bajas exceden las tasas de emisiones de carbono y que causan daños ambientales mucho más graves y beneficios menores a los que argumentan sus defensores.

Por ejemplo, los ecosistemas fluviales se convierten en embalses dañando la diversidad acuática. Las represas bloquean las migraciones de peces afectando a las miles familias pesqueras que se beneficiaban de estos desplazamientos marinos.

Otro problema es la acumulación de sedimentos que quedan atrapados detrás de las represas y que no llegan río abajo afectando los campos agrícolas.

Por otro lado, la destrucción de los bosques que, como ha sucedido una y otra vez, son talados para dar paso al desarrollo que trae consigo la construcción de megaproyectos, obligando a las personas abandonar sus hogares.

Las represas en sí mismas ya son un elemento clave que están íntimamente ligadas a los plantíos de soja y, por lo tanto, a la modificación de uso de suelo de la región.

Otra de las consecuencias es la posible formación de metilmercurio, que es una mezcla de mercurio y oro que se puede producir en el fondo de estos reservorios por la falta de oxígeno y que es altamente venenoso. Resulta importante destacar que ya se han encontrado altos niveles de mercurio en el cabello de las personas que viven alrededor de la represa Tucuruí y Balbina.

Además, la formación de metano también es posible pues el gas pasa por las turbinas y desciende por los aliviaderos de las represas llegando así a la atmósfera.

Los diversos escenarios sólo han dejado claro que los países de la Amazonía deben repensar los megaproyectos que tienen planeados para los ríos de la región, ya que aun cuando los perciben de bajo costo, son proyectos demasiado costosos en términos absolutos, según la revista Energy Policy.

Es importante también voltear a ver las otras formas de generar electricidad como son las turbinas marinas o la energía solar. Brasil cuenta con amplias oportunidades para reducir el uso de la electricidad a través de la conservación y para reorientar la economía de industrias como es el caso de la producción de aluminio.

Tratar a la Amazonía como una zona de sacrificio para la extracción de recursos es injusto e innecesario. Los costos humanos y ambientales son demasiado altos, concluye Philip Fearnside.