Leticia Merino Pérez es investigadora en el Instituto de Investigaciones sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trabajo se centra en el uso integral y sustentable de los recursos naturales en México.

Alejandro Velázquez es investigador en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El libro presentado aborda los temas de la Agenda Ambiental 2018. Esta Agenda es el resultado de una síntesis de conocimientos sobre los temas socioambientales más alarmantes y tiene por meta constituir un espacio de análisis y difusión académica y ciudadana de los impostergables retos ambientales en México. Los artículos contenidos en el libro destacan los riesgos, retos y áreas de oportunidad con el fin de solventar las propuestas políticas y la acción ciudadana para la conservación y sustentabilidad con dimensión ambiental en la construcción de un porvenir justo, respetuoso e inclusivo. Busca brindar fundamentos y elementos que permitan comprender los problemas socioambientales que hoy enfrentan la sociedad y el gobierno de México.

La debilidad histórica del estado para regular las actividades económicas y la urbanización, restaurar y proteger los ecosistemas y sus recursos, con justicia social; ha sido clave en el deterioro socioambiental y la conducción de sus impactos en agravio a la población más precarizada. Bajo una serie de decisiones y negligencias se priorizó el crecimiento económico a favor de la élite económica, por encima de la protección de los territorio y recursos para su aprovechamiento a largo plazo.

En los albores del siglo XX la Reforma Agraria, fue la política de mayor trascendencia territorial y social. Se trató de un vasto reparto agrario, que concedió y reconoció como derechos inalienables la posesión y usufructo de tierras y aguas del país a grupos campesinos e indígenas, cimentando las bases para el uso y gobierno de los territorios rurales. Esta política ponía al campesino como actor clave en la suficiencia alimentaria y organizaba gran parte del territorio y recursos del país formando estructuras de decisión ejidal y comunal agraria. También se impulsó la conservación mediante Parques Nacionales y prohibiciones a la deforestación en las áreas forestales de los principales centros urbanos.

Entre 1940 y 1980 la política económica del país se orientó a la industrialización nacional y la agricultura de exportación. De 1940 a 1970 la economía tuvo significativas tasas de crecimiento. Con el modelo de “sustitución de importaciones” se abandonó el reparto agrario y se desarrollaron obras de irrigación en el noreste, mientras la agricultura de grano básico para el consumo nacional se concentró en el centro y sur del país con precios controlados por el estado para abaratar la fuerza de trabajo industrial.

También se impulsó la “revolución verde” (paquetes tecnológicos de semillas “mejoradas”, fertilizantes y herbicidas, para incrementar la productividad) que hizo dependientes de sus paquetes a los productores campesinos y contaminó los suelos y aguas. Además, se concesionaron los bosques por periodos de 25 años, despojando a ejidos y comunidades del control de sus tierras y bosques, para la producción forestal de gran escala. Estas políticas descapitalizaron y condujeron a la quiebra de gran parte de los productores campesinos.

En las décadas de 1960 y 1970 se implementaron las políticas de colonización y privatización de bosques tropicales para impulsar la ganadería extensiva y la agricultura cimentada en la revolución verde. Por otra parte, la explotación petrolera en la cuenca del Golfo de México causó deforestación, pérdida de terrenos agrícolas y contaminación de las costas. Las devastadoras consecuencias ambientales del “desarrollo estabilizador” fueron justificada por el incuestionable crecimiento económico.

En la década de 1970, se implementó la política de conservación de Reservas de la Biósfera (RB). Las RB fueron establecidas en áreas de propiedad comunal y ejidal, ocasionando constantes conflictos entre las autoridades ambientales y la población afectada, pues alteraron los derechos de propiedad al prohibir la capacidad de decisión y uso de los territorios establecidos como áreas de conservación.

En la década de 1980, el nuevo modelo de desarrollo nacional fue el neoliberal. La participación de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) exigió modificar la legislación para facilitar la mercantilización y la transferencia de los recursos naturales a las actividades competitivas internacionalmente, así como promover la inversión trasnacional. En ese sentido, la reforma del artículo 27 constitucional cedió la creación de mercados de tierras, la disolución de los ejidos y la venta de sus tierras. También se modificaron la Ley de Aguas Nacionales (1992), creando un mercado de concesiones de agua y la Ley Minera que otorgó el carácter “actividad de utilidad pública (…) preferente sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno” a la minería.

El neoliberalismo aceleró el deterioro ambiental presente en México desde el “desarrollo estabilizador”. En un clima de alto deterioro ambiental surgieron iniciativas internacionales: el Informe Brundtland de las Naciones Unidas (1987) que conceptualizó el “desarrollo sustentable”; la “Cumbre de la Tierra” en Río de Janeiro (1992); la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que concedió la firma del Protocolo de Kyoto (1997); y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Las instituciones ambientales globales han tenido un peso secundario en la política internacional, pues sus decisiones carecen de carácter vinculante.

En 1982, México impulsó: la creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE); la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), el programa de “desarrollo forestal” para devolver los derechos de uso de los bosques a comunidades y ejidos; y la creación de empresas comunitarias para el desarrollo sustentable.

En 1987 se reformaron los artículos 27 y 73 constitucionales, obligando al estado a impulsar el equilibrio ecológico y concediendo al Congreso de la Unión legislar sobre la protección ambiental. En 1989 se creó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para administrar el agua y proteger las cuencas hidrológicas. En 1992 la SEDUE pasó a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), albergando el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA); se creó la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO); y se decretaron 10 millones de hectáreas como Áreas Nacionales Protegidas (ANP).

Influenciado por la Conferencia de Río, México creó la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP, 1994- 2000) para integrar la normatividad ambiental a cargo de Sedesol, y la gestión de recursos naturales (agua, bosques y pesquerías), responsabilidad de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) y la Secretaría de Pesca. La SEMARNAP promovió la protección de la vida silvestre; la gestión ecológica territorial; los diagnósticos de impacto ambiental, estudios de riesgo, auditorías ambientales; la administración de materiales y residuos peligrosos; y la política de desarrollo forestal comunitario con la creación del Programa de Conservación y Manejo Forestal (PROCYMAF). Además, decretó 17 nuevas áreas de conservación con una superficie conjunta de 2 millones y medio de hectáreas y creó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

Desde 1980, México participa en acuerdos internacionales en materia ambiental, a saber: el “Protocolo de Montreal” y el “Protocolo de Helsinki” (1987); el “Protocolo de Sofía” (1988); el “Convenio de Basilea” (1989); el “Convenio de Rotterdam” (2004); el “Convenio de Estocolmo” (2003); el “Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte” (1994); el “Convenio Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático” (1992); la “Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre”; el “Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología”; el “Convenio sobre la Diversidad Biológica” (1999); el “Protocolo de Nagoya” (2014); la “Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación” (1996); y la “Agenda 2030 de las Naciones Unidas” (2015). Aunque estos acuerdos constan de valor jurídico en México, sólo legitiman al gobierno en foros internacionales y ante la opinión pública nacional, pues no son considerados en la planeación de políticas sustentables.

En el sexenio 2000-2006 la gestión de la pesca pasó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) presentando la tensión entre la protección ambiental y el impulso de las actividades productivas. También se impulsó el pago por “servicios ambientales”, reconociendo el valor funcional de los ecosistemas como proveedores de “servicios” insustituibles (la provisión de agua, la regulación climática, la polinización y provisión de germoplasma, entre otros). Así, en 2001 se creó la Comisión Nacional Forestal (Conafor), su acción se centró en reforestaciones y en el programa de pago por “servicios ambientales”. Mientras tanto, se desatendió la construcción de experiencias y capacidades locales de manejo forestal.

Entre 2006-2012 se desatendió la política ambiental, tendencia desde el 2000. Cuenta de ello fue la reducción de recursos a la SEMARNAT; el abandono de las políticas de ordenación territorial nacional, estatal y municipal, así como los ordenamientos de la expansión urbana y la regularización de núcleos agrarios; y la reducción de facultades de la Semarnat para el ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

En el balance final del sexenio 2012-2018 de la SEMARNAT, presumía: la incorporación de 91 millones de hectáreas de tierra y mar a las ANP, omitiendo que 63 de ellas habían autorizado la minería a cielo abierto; el compromiso con la Agenda 2030 y los Acuerdos de París, aunque ninguna institución respondió a su implementación ni se reportaron avances. Esta secretaría cumplió el compromiso de la administración anterior: la política ambiental no interrumpiría el crecimiento económico. Así, la SEMARNAT permitió el turismo de gran escala y la sobreconcesión, sobreexplotación y contaminación del agua; encubrió actividades catastróficas ambiental y socialmente como la minería de cielo abierto, el fracking y la expansión de monocultivos agroindustriales de soya transgénica, aguacate y palma africana, que arrasaron selvas y bosques.

El tema ambiental en la política pública no tiene la fuerza política para incidir en la acción de los sectores agropecuario, extractivo, turístico, energético e hidráulico. La centralización de la gestión ambiental impone a las organizaciones productivas campesinas y pesqueras programas y medidas ajenas a sus condiciones, burocratiza la gestión local e inhibe el desarrollo de las capacidades regionales y locales. Es necesaria la descentralización de la política ambiental y la construcción de una política que impulse las capacidades locales y regionales, técnicas y de gobernanza” para impulsar la sustentabilidad en México.