Max De Haldevang es reportero de Bloomberg en México. Cubre temas de economía y política.

El programa de reforestación “Sembrando vida” impulsado por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es uno de los planes más importantes de la lucha contra el cambio climático de este gobierno. Sin embargo, el artículo señala que en algunas regiones el proyecto contribuye más a la destrucción que a una regeneración de los bosques.

El programa del gobierno de AMLO sustituyó al programa de gobiernos anteriores, en el cual se les pagaba a los propietarios de la tierra una cantidad de dinero por cuidar la selva en su parcela. Ahora, con Sembrando vida se les paga a los agricultores por plantar árboles para obtener frutas o madera, con el objetivo de crear una industria en áreas rurales desfavorecidas.

El programa Sembrando vida tiene un presupuesto aproximado de 3.4 mil millones de dólares destinados a la plantación de árboles. Su objetivo es cumplir con las metas climáticas al mismo tiempo que se combate la pobreza y la desigualdad en México. Actualmente, el programa paga una suma de 4 500 pesos mexicanos cada mes a cerca de 420 mil agricultores por plantar árboles. El objetivo del gobierno es reforestar más de un millón de hectáreas de tierras degradadas en todo el país y sembrar mil millones de plantas para finales de 2021.

El artículo menciona que en estados como Yucatán y Campeche, el inicio de este programa ha estado marcado por fallas que pueden ir en sentido contrario de las buenas intenciones del gobierno. En primer lugar, a los lugareños les preocupa la incertidumbre sobre el estatus legal de sus tierras; además, señalan que existe un enfoque dogmático entre los administradores del programa que no toma en cuenta las prácticas agrícolas básicas y comunitarias. La preocupación principal es que para ser acreedores al programa, el sistema incentiva a los habitantes a limpiar completamente la cubierta forestal original para después reforestarla.

Anteriormente se disponía de una suma global para pagar a las comunidades por proteger y mantener la selva y los ecosistemas. Ahora, con Sembrando vida se llevan a cabo pagos directos individualizados, lo puede ser perjudicial para la dinámica comunitaria y de ese modo favorecer el individualismo.

Asimismo, según el World Resources Insittute (WRI), una organización que trabaja con el gobierno mexicano para evaluar el impacto de Sembrando vida, argumenta que el programa pudo haber causado la pérdida de cerca de 73 mil hectáreas de cobertura forestal en 2019; esto equivale a la mitad de la cobertura forestal que se pierde anualmente debido al cambio en el uso de tierra y la tala ilegal en la región. Algunos expertos consideran que el daño puede incluso ser más grave que lo estimado por WRI.

Es necesario considerar que los pagos mensuales de este y otros programas sociales son necesarios para muchas comunidades en un país como México que fue azotado por la pandemia. Además, son fundamentales para el apoyo de la población hacia el partido del presidente (Morena) en las elecciones intermedias de 2021. De hecho, las encuestas muestran que este programa es considerado por los votantes como uno de los principales logros del gobierno.

A nivel local, parece que el daño ambiental de Sembrando vida puede superar sus beneficios. En un pueblo de Campeche, para poder participar en el programa, mucha gente ha tenido que talar el bosque original, pues los representantes del programa solo buscan terrenos despejados y las comunidades necesitan de ese dinero.

Así, para Bloomberg, las inconsistencias de este programa se suman al "pobre historial” de AMLO en la cuestión climática. A la deforestación provocada por Sembrando vida, se suman el favorecimiento a PEMEX y otras empresas estatales de servicios públicos a expensas de los proyectos privados de energías renovables, así como la construcción de una refinería en un bosque de manglares y el tren turístico planteado que atraviesa una selva tropical.

En 2019 AMLO rechazó las solicitudes para declarar una emergencia climática en México señalando que Sembrando vida y otras medidas del gobierno, como la negativa a otorgar permisos mineros, eran actos que lo hacían sentir “muy satisfecho” con su historial ambiental.

Según la Iniciativa climática mexicana -una ONG- el proyecto puede tener éxito, pues a finales de 2020 ya se tenían cerca de 660 millones de plantas sembradas. Sin embargo, esta ONG considera que depender exclusivamente de este programa para que el país cumpla con los objetivos del Acuerdo de París sobre cambio climático puede ser insuficiente.

Asimismo, mencionan que, si estos programas no están bien diseñados, pueden dar lugar a “incentivos perversos”. El sistema de pagos ha dejado a las comunidades con un dilema: destruir su hábitat o rechazar un ingreso que de verdad necesitan. Por ejemplo, en una comunidad de la selva Lacandona en Chiapas, la mayoría de los habitantes rechazó talar los árboles, pues ellos “se dedican a la conservación”. Mientras que en otras regiones, como en Yucatán, los pobladores dicen no tener otra opción.

Otro problema es que el gobierno no está haciendo mucho para garantizar la durabilidad del proyecto. A los agricultores no se les pide que firmen contratos, tampoco se han registrado formalmente las áreas donde se siembran árboles maderables. Incluso algunos agricultores se embolsan los pagos y hacen lo mínimo para evitar ser expulsados del programa, argumentando que cuando las plantas se sequen, podrán plantar cultivos más rentables como la soya.

Otra práctica que puede ser perjudicial para el desarrollo del programa es que, al fomentar la siembra de árboles frutales o maderables, los administradores piden a los agricultores plantar árboles no nativos, que pueden tener problemas para crecer en entornos a los que no pertenecen. Algunas evaluaciones estiman que sólo entre 10% y 30% de los árboles plantados sobreviven.

El artículo concluye mencionando que no todo está perdido. WRI México argumenta que el plan del gobierno es bueno, pero el problema ha sido la prisa que se ha tenido por implementarlo. Si la implementación mejora y se mantiene otros 10 años, el programa podría lograr capturar de dos a tres veces el carbono que se perdió al principio. Asimismo, expertos consideran que es necesario que el gobierno registre legalmente las parcelas de tierra y que garantice que las hectáreas plantadas permanezcan en el sistema forestal al menos 30 años. "De lo contrario, todo esto no sea un desperdicio".