Sergio Padilla Oáte es candidato a doctor en sociología por El Colegio de México. Sus temas de investigación se centran en seguridad pública, violencia y criminalidad.

Introducción

Sergio Padilla señala que las empresas de seguridad son un fenómeno mundial y que las dinámicas sociales se realizan al tiempo que agentes privados y oficiales de policía llevan a cabo labores de vigilancia y control social. El objetivo del texto es presentar las discusiones respecto a la seguridad privada y el papel del Estado. El artículo también pretende señalar cuáles son los arreglos entre el sector público y privado para implementar políticas de seguridad.

El autor precisa que las empresas de seguridad privada ofrecen diferentes servicios; no obstante, él se concentra en los servicios ligados al "policiamiento": aquellos asociados a la vigilancia y el control de la sociedad con el fin de mantener el orden. El concepto de seguridad privada sirve para distinguir "a un grupo de empresas y agentes que ofrecen diversos servicios de seguridad y cobran por llevarlos a cabo". Sin embargo, la distinción entre seguridad pública y privada es insuficiente cuando se analizan las relaciones entre los miembros de las empresas de seguridad, los policías y las instancias gubernamentales.

Surgimiento de la seguridad privada

En esta sección el autor relata el surgimiento de la seguridad privada. En primera instancia, la policía surge como consecuencia de la caída del modelo de producción feudal. Cuando el comercio, la industria y la división del trabajo crecieron, el orden feudal (caracterizado por el control del señor feudal hacia el siervo), se debilitó. Además, los feudos se comenzaron a agrupar bajo el Estado-nación. Así surgió la necesidad de crear cuerpos de vigilancia que protegieran al poder. Entonces, la centralización del poder trajo la necesidad de crear cuerpos de vigilancia que representaran a los gobiernos. No obstante, antes de que se formaran los cuerpos policíacos como en la actualidad los conocemos, existieron otras formas de seguridad pública.

Por ejemplo, surgieron empresas privadas que ofrecían servicios de seguridad e investigación (por ejemplo, la Agencia Pinkerton, en Estados Unidos). Otra forma de proveer seguridad fue con la conformación de grupos de ciudadanos que realizaban tareas de vigilancia para mantener el orden. Así, se señala que desde el surgimiento de la policía, han existido servicios de seguridad privada.

Causas del crecimiento de la seguridad privada

Padilla observa que la evolución del capitalismo industrial generó varios cambios sociales. Gracias a la idea del bien común se impulsó la idea y necesidad del respeto a la ley para mantener el orden. La policía se volvió una institución profesional al ofrecer un servicio público. De esa manera, se convirtió en el modelo más adecuado para proporcionar seguridad a los ciudadanos. La policía se volvió central, pero no implicó la desaparición de los servicios de seguridad privada: solamente no ha sido explorada por medio de los estudios policiales y de seguridad (hasta que adquirió relevancia de nuevo).

En la lógica de las transformaciones capitalistas, Laurrati, Spitzner y Scull, están de acuerdo en que el tránsito de un capitalismo industrial al capitalismo corporativo favoreció el desarrollo de las empresas de seguridad privada. El surgimiento de grandes corporaciones trajo la necesidad de utilizar sistemas de seguridad para cuidar bienes y ganancias. Por eso, Padilla observa que este trabajo en específico difícilmente podría ser desempeñado por la policía ya que este cuerpo está enfocado al mantenimiento del orden en el ámbito público.

Además del surgimiento de las grandes corporaciones, la transformación de las grandes urbes ha generado nuevas dinámicas sociales. A este respecto Shearing, Stenning, Beck y Williams, enfatizan el aumento de los espacios privados de uso masivo (mass private property); es decir, áreas residenciales, plazas comerciales o parques de diversiones. De acuerdo con los autores, el aumento de esos espacios (con dinámicas particulares que generan necesidades específicas de seguridad), incentivó el crecimiento de las empresas de seguridad.

Padilla hace referencia a Jones y Newburn quienes argumentaron que no sólo en Inglaterra, sino también en Estados Unidos detectaron el fenómeno de mass private property. Sin embargo, los autores proponen que la complejidad del crecimiento de los espacios urbanos no puede ser adecuadamente capturada únicamente por este concepto. Por esa razón, introducen la noción de hybrid private property: en algunos países de Europa occidental, existían espacios (hospitales, escuelas, etc.), donde no sólo las empresas de seguridad privada, sino el Estado también tiene el rol de proveer los servicios de seguridad.

A pesar de este contraste, el crecimiento de las empresas de seguridad privada era notable, lo que sugiere la existencia de otros factores que podrían influir con mayor fuerza en el crecimiento de las empresas de seguridad privada. Esta situación apunta a que el crecimiento de las empresas de seguridad privada crecían, al tiempo que el Estado utiliza sus aparatos de seguridad; ese detalle genera preguntas respecto a la mayor fuerza del crecimiento de las empresas (aun cuando el Estado provee la seguridad pública).

En América Latina, se argumenta que las transformaciones urbanas impactaron el crecimiento de la seguridad privada, consecuencia de la polarización la sociedad. Padilla cita a Teresa Caldeira, quien investigó la segregación urbana de las clases altas, tanto para cuestiones de vivienda como de esparcimiento y consumo, en Sao Paulo, Brasil. Por otra parte, el autor también cita a Emilio Duhau y Ángela Giglia quienes tratan cuestiones similares por la tendencia a la privatización de espacios
públicos en la Ciudad de México.

Entonces, la disputa por el espacio en las ciudades hace que los ricos busquen protegerse en comunidades herméticas con diversos dispositivos de seguridad. También se genera el fenómeno del “vigilantismo” en localidades de escasos recursos. La experiencia de América Latina manifiesta que además de las necesidades corporativas, existe un mercado dirigido a familias y ciudadanos que quieren sentirse seguros.

Otras causas para explicar el crecimiento de la seguridad privada consideran que la privatización de ésta es parte de un proceso más amplio que incluye otras esferas gubernamentales, como la educación, el transporte, energía, etc. A Padilla le parece una explicación restringida porque el crecimiento de las empresas de seguridad privada tendría que ir acompañado de la disminución de las funciones de la policía, pero él observa que no pasa así necesariamente.

Por ejemplo, en Argentina, el sector seguridad crece, pero también las fuerzas de seguridad estatales. Entonces, Padilla identifica un reacomodo de funciones (como consecuencia de las transformaciones de la policía pública), que no necesariamente acarrea una disminución de la capacidad del Estado para regular los servicios privados de seguridad y mantener al cuerpo policíaco. Por ejemplo en México, el sector privado crece, pero las instituciones policiales aún cuentan con el reclutamiento del personal y la profesionalización del servicio.

El autor añade que las explicaciones sobre las causas de la privatización de la seguridad no son suficientes para dar una interpretación más amplia. Sin embargo, los intentos para explicar el fenómeno permiten entenderlo como un proceso complejo; es decir, existe una disputa por generar diversos mecanismos de seguridad en los que los agentes públicos y privados coexisten de manera diferenciada.

Luego entonces, es necesario analizar las formas de proveer seguridad que se han generado debido al crecimiento de sistemas de seguridad integrados por agentes que pertenecen al sector público, así como al sector privado.

Consecuencias del crecimiento de la seguridad privada

Padilla apunta que un sistema plural de seguridad implica lazos entre actores públicos y privados. Es decir, la policía lleva a cabo actividades que tienen que ver con la regulación y certificación de los guardias de la seguridad privada, pero las “corporaciones policíacas” también reciben capacitación y asesoramiento de empresas privadas.

El autor cita a Marina Caparini quien menciona que los gobiernos reconocen la experiencia y capacidad del sector privado en el área de la seguridad. De esta manera, la perspectiva de gobernanza de la seguridad reconoce que la capacidad de los actores privados y ciudadanos incide en la seguridad. Entonces, el Estado cuenta con el papel de ente regulador. Padilla observa que el “problema central” del Estado se vuelve la conducción y administración de los servicios de la seguridad privada y no su crecimiento.

En el texto también se cita a Slansky quien plantea que dos grandes riesgos respecto al crecimiento de las empresas de seguridad privadas son: 1) el consumo inadecuado del presupuesto estatal que repercute en las “formas de policiamiento desiguales”; y 2) la lógica del manejo y la administración de empresas privadas se vuelve más utilizada por las instituciones policiales y eso contribuye a bloquear el “proceso de democratización”.

Otro riesgo identificado tiene que ver con la impartición de justicia: el nivel de discrecionalidad de los guardias de seguridad privada es mayor, en comparación con la policía. Es decir, llevar a un detenido ante una autoridad competente para que sea juzgado es “una opción entre muchas otras”, ya que cuentan con criterios particulares impuestos por los clientes.

Así, el enfoque de la gobernanza respecto a la seguridad manifiesta que los impactos sociales de diferentes arreglos entre el sector privado y el público dependen de la fortaleza del Estado para cumplir con su papel de entidad reguladora. En consecuencia, para controlar a las empresas de seguridad privada es necesario contar con leyes y reglamentos necesarios para delimitar sus funciones.

Padilla relata el ejemplo de Estados Unidos: este país tiene una laxa regulación de la seguridad privada, ya que las empresas de seguridad son tratadas como empresas de cualquier otro sector, pero la exigencia de su capacidad y certificaciones no es muy amplia. Entonces, el texto argumenta que es importante que los países cuenten con un marco de regulación para las empresas de seguridad privada.

Existen estudios sobre las tensiones sociales y los errores cometidos por los guardias privados de seguridad. Padilla cita a Adam White quien escribió sobre la necesidad en Reino Unido de subrogar algunos servicios policíacos a las empresas de seguridad. Eso hizo que las instituciones policiales reconsideraran su posición frente a las empresas de seguridad.

Por otra parte, el ascenso de la privatización de la seguridad en Eslovenia trajo consigo un modelo de control de licencias para las empresas de seguridad privada, así como centros de entrenamiento estatales. Así, Padilla argumenta que aun si las empresas de seguridad privada crecen, el papel regulador del Estado sigue siendo central.

La seguridad privada en contextos institucionales débiles

En esta sección, el autor se centra en la región de América Latina, ya que los Estados de esta región no tienen la capacidad para regular adecuadamente a las empresas de seguridad. Para comenzar, se cita a Mark Ungar que observa un subregistro de las fuerzas de seguridad lo que impide conocer las dimensiones del sector, qué armamento se usa y si está supervisado.

Aunado a lo anterior, la región se caracteriza por tener condiciones de trabajo poco favorables para los miembros de las instituciones policíacas, lo que genera falta de profesionalismo. Padilla señala que el aumento de los servicios de seguridad privados se debe a los contextos de violencia, pero la evidencia empírica no concuerda con esta tesis, ya que estudios de otros autores apuntan que no existe una relación directa entre el aumento de la violencia y el crecimiento de la industria de seguridad. Tampoco existe una disminución del cuerpo policíaco frente al crecimiento de las empresas de seguridad.

Con la tipificación de Ungar (ver datos cruciales), Padilla apunta que existe el policing moonlighting, donde los policías se encargan de resguardar instalaciones, bienes o personas. No obstante, esto deriva una mala utilización de los impuestos porque no están destinados al fortalecimiento del bien común. Así, se abre la posibilidad de que existan estrategias de policía comunitaria. Y aunque parece una idea positiva, esta idea podría acarrear problemas debido a las debilidad de las instituciones. Asimismo, los esquemas de las policías comunitarias puede generar que se olvide el bien común y las condiciones para realizar un mejoramiento de la seguridad.

Asimismo, la utilización de los servicios anteriormente descritos se realiza en comunidades cerradas, lo que produce y reproduce la fragmentación y la polarización de las ciudades. Eso deviene en espacios de control y vigilancia que produce reglas propias. Por ejemplo, Bénit-Gbaffou analizó cómo se crearon community security companies, es decir, una vía intermedia entre los servicios de la policía y la seguridad privada: entre los vecinos se acuerda la contratación de una empresa de seguridad privada, al tiempo que la policía se encarga de brindar la capacitación necesaria a los empleados de la empresa.

También existe otro fenómeno que se llama vigilantismo, y que consiste en la formación de grupos de vigilantes como resultado de un vacío de autoridad en un entorno violento. Así, los grupos actúan como guardias privados al servicio de las comunidades y los actores influyentes como bandas criminales. Padilla identifica dos formas de afectación por las acciones del vigilantismo: 1) la formación de grupos que intentan poner sistemáticamente condiciones al Estado para seguir presentes en los territorios que controlan, y 2) las acciones de “limpia social” que disminuyen la posibilidad de que en sociedades democráticas se logre el respeto a los derechos humanos.

La seguridad privada y las relaciones con las instituciones estatales en México

Incluso con la promesa de la alternancia en México en 1997, las promesas de mejorar la seguridad en la Ciudad de México (CDMX) y sus resultados fueron muy limitados. Así, Michael Müller muestra que en la CDMX el Estado es un actor inmiscuido en la transformación de la provisión de la seguridad. Pero la centralidad del Estado en el mantenimiento de la seguridad sólo ha fungido como una herramienta para ordenar a la ciudad al privilegiar las lógicas capitalistas y la marginación.

Müller señala que la CDMX tiene una ley de seguridad muy demandante, aún más que en países como Canadá y Reino Unido. Eso se debe a que la Secretaría de Seguridad Pública regula y supervisa a las empresas de seguridad privada. Pero como de costumbre en México, “la ley es más una excepción que una regla” porque existe un subregistro de las empresas: se estima que existen tres veces más compañías que las registradas.

Una característica peculiar de los arreglos entre el sector público y el privado en la CDMX es su esquema híbrido: los capitalinos cuentan con una policía local y dos policías complementarias (la Policía Auxiliar y la Policía Bancaria e Industrial). Éstas responden al mando de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México cuando realizan labores similares a la policía preventiva.

La Policía Auxiliar y la Policía Bancaria e Industrial también pueden brindar sus servicios a los clientes privados que así lo soliciten. Esta dinámica funciona para implementar sistemas de patrullaje, pero no impide el crecimiento y la operación de otras empresas de seguridad. No obstante, en la CDMX existe un amplio mercado ilegal de la seguridad privada.

Al respecto, se han investigado varios hechos en donde miembros de empresas de seguridad privada sostuvieron encuentros violentos contra policías oficiales. También, se ha señalado la participación de guardias de seguridad en actividades ilegales: asalto a casa habitación, secuestro, robo, extorsión y coerción.

Un ejemplo de estas tensiones es el barrio Tepito, donde las relaciones entre la policía, los comerciantes y los habitantes del lugar son problemáticas. Por ejemplo, en algunas ocasiones los vigilantes entregan a la policía a las personas que detienen, pero otras veces ellos les castigan personalmente. Lo anterior representa un peligro constante, debido a que no existen mecanismos de supervisión y mecanismos legales para controlar las acciones de este tipo de grupos.

El crecimiento de las empresas de seguridad privada en la CDMX, así como la existencia de una policía con amplia cobertura del territorio generó que la discrecionalidad y los canales informales se convirtieran en las formas en que los diferentes actores sociales construyen las dinámicas para proveerse de seguridad.

A nivel federal, se comenzó a experimentar una crisis en la seguridad desde 2008, expresada en un aumento de homicidios y la expansión de otros delitos, como secuestro y extorsión, lo que resultó en la guerra contra el narcotráfico. Así, el ejército y la marina atendieron esta problemática. La consecuencia de este proceso es la generación de una política de seguridad que ha durado una década, y que en 2018 se consolidó con la promulgación de la Ley de Seguridad Interior.

Asimismo, en el contexto institucional débil y la amenaza del crecimiento del crimen organizado, el sector de seguridad privada adquirió relevancia nacional. Sin embargo, en el caso mexicano las estrategias de seguridad no están encaminadas a preservar el orden: Guzik argumenta que lo que el Estado mexicano está buscando es transformar un orden emergente que se ha construido mediante prácticas discrecionales en todos los niveles, lo que involucra tanto a actores estatales como no estatales.

Por otra parte, Antoine Perret observa que en el contexto de la guerra contra las drogas en México, surgieron empresas de seguridad privada que realizan tareas de inteligencia, apoyo logístico y entrenamiento para apoyar al ejército colombiano y al mexicano. En México, las empresas de seguridad privada se encargan de asesorar a las fuerzas armadas y capacitar a las policías a nivel federal y estatal a través de la Iniciativa Mérida.

Conclusiones

Para Padilla, analizar el crecimiento de las empresas de seguridad privada y su relación con el ámbito estatal ha sido de utilidad para identificar las perspectivas teóricas que han surgido al respecto. No obstante, no se han realizado estudios que puedan medir y relacionar la rigurosidad el aumento de los delitos, el neoliberalismo, la inseguridad y la transformación de las ciudades con el incremento de las empresas de seguridad privada.

Asimismo, las experiencias internacionales apuntan que las instituciones estatales tienen un lugar central como reguladoras del sector privado: la regulación y coordinación de la seguridad se explica por la capacidad institucional de los Estados.

La evidencia empírica muestra que en Estados fuertes la seguridad privada tiende a adaptarse a esquemas de regulación más rigurosos rigurosos. Pero en Estados débiles la regulación y la supervisión resultan problemáticas (también debido a la corrupción). En los países con instituciones débiles, el Estado no se retrae del sector de seguridad, sino que entabla relaciones con éste generando impactos nocivos para la sociedad.

Por lo tanto, Padilla considera que la construcción de teorías que expliquen estas relaciones debe tomar en cuenta esta la característica sustancial entre los Estados (débiles o fuertes institucionalmente). Para el caso específico de América Latina, el reto se centra en el estudio de las diferentes prácticas entre el sector privado y el sector estatal.

Además, el vigilantismo había sido ignorados en las teorías desarrolladas con la experiencia de países anglosajones. Sin embargo, para América Latina es necesario identificar las distintas expresiones del vigilantismo, así como las causas que lo producen y las posibles vías para solucionar estos
problemas.

Respecto a México,es necesario investigar otros contextos más allá de la CDMX, así como analizar a nivel estatal y municipal qué servicios ofrecen las empresas o qué arreglos han construido con el sector público.

Finalmente, Padilla argumenta que si los países cuentan con mejores instituciones de seguridad pública, mayor será la probabilidad de establecer políticas de certificación y mecanismos de supervisión. Eso es necesario para contar con empresas de seguridad privada confiables.