Angélica Enciso es reportera en La Jornada. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Debido a los daños que ocasionan las granjas porcinas en Yucatán, 21 comunidades y organizaciones sociales de los pueblos mayas exigieron a las autoridades encargadas de proteger el medio ambiente la imposición en una moratoria a los nuevos proyectos de la industria porcina. En el artículo se menciona que las granjas porcinas son “ambientalmente destructivas”. Por esta razón, tanto las comunidades como el Centro para la Diversidad Biológica y la Organización No Gubernamental “Greenpeace”, exigen que las entidades gubernamentales encargadas de aprobar las granjas consulten previamente a los grupos indígenas.

La lucha del pueblo maya para preservar los recursos naturales de la región están circunscritas en el marco jurídico de la Convención sobre Humedales, conocida como la Convención de Ramsar, la cual es un tratado ambiental intergubernamental que protege ecosistemas como la Laguna de Términos, la reserva geohidrológica Anillo de Cenotes, el parque estatal Laguna de Yalahau y la reserva de la biosfera Ría Celestún ubicados en la Península de Yucatán.

En este sentido, el pueblo maya Homún ha logrado suspender la construcción y operación de una granja industrial, hasta que el caso sea presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a finales de 2021.