En el 2020 los bancos con operaciones globales fueron multados con 10.4 mil millones de dólares al ser acusados de incumplir en la lucha contra el lavado de dinero, un incremento de 80% comparado con 2019.

Diferentes casos de bancos de varias partes del mundo que han sido multados indican que los bancos siguen siendo el talón de Aquiles en la lucha global contra el lavado de dinero, aun a pesar de las amplias regulaciones cuyo objetivo es convertir a estas instituciones en agentes más eficientes para el combate a este delito.

Sin embargo, un análisis más a fondo indica que el sistema global que combate el lavado de dinero tiene graves problemas estructurales, en gran parte porque los gobiernos han dejado en manos del sector privado las regulaciones y políticas orientadas a frenar este delito, en lugar de ocuparse de esta tarea ellos mismos.

Diversos estudios muestran que la lucha contra el lavado de dinero ha sido muy ineficaz. Ronald Pol, un experto en crímenes financieros, concluyó que el costo de cumplimiento de estas regulaciones para bancos y otros negocios podría ser 100 veces más alto que la cantidad de dinero lavado confiscado. Otro reporte, de la consultora LexisNexis, basado en encuestas a profesionales, encontró que el gasto global en regulaciones contra el lavado de dinero y cumplimiento de sanciones de instituciones financieras excede los 180 mil millones de dólares al año.

El lavado de dinero no era considerado un crimen sino hasta la década de 1980. Los esfuerzos contra este delito se incrementaron aún más después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Desde entonces, el cumplimiento contra el lavado de dinero se ha vuelto una parte importante de lo que hacen los bancos. De ahí que bancos globales como HSBC o JPMorgan Chase asignen una gran cantidad de personal a luchar contra el lavado de dinero en sus instituciones.

Las nuevas técnicas y regulaciones para combatir el lavado de dinero han contribuido a eliminar o disminuir algunas técnicas de este delito, como el uso de bancos fantasma, normalmente ubicados en paraísos fiscales, para así lavar el dinero de la venta de drogas. Sin embargo, los criminales no han sido forzados a ser muy creativos para lavar su dinero. Lavar dinero hoy no es mucho más difícil de lo que era hace 20 años. Los criminales pueden crear empresas fantasma que simulen ventas y así legitimarlas para que los bancos establecidos procesen ese dinero.

Como resultado, las cifras hablan de una guerra que se está perdiendo. El informe “Global Threat Assessment” de John Cusack, expresidente de Wolfsberg Group, una asociación de bancos que ayuda a desarrollar estándares y regulaciones contra el lavado de dinero, estima que los crímenes financieros en 2018 alcanzaron un valor de 5.8 billones (trillion, en inglés) de dólares, cifra equivalente a 6.7% del PIB mundial. Las estadísticas sobre cuánto de este dinero es confiscado son poco claras: una estimación de la ONU apuntaba que sólo se confiscaba 0.2% del total; en 2016, Europol estimó la tasa de confiscación en Europa en apenas 1.1%.

A pesar de diferentes esfuerzos de escala internacional se ha fracasado en el combate contra el lavado de dinero en años recientes. Países como Estados Unidos, Inglaterra, China y Rusia no han hecho suficiente para endurecer y aplicar las regulaciones contra este delito.

The Economist menciona 3 grandes problemas que obstaculizan la lucha contra los crímenes financieros: falta de transparencia, poca colaboración y recursos muy limitados.

Los investigadores continuamente encuentran dificultades para identificar quién es el dueño real de las empresas fantasmas. Gran Bretaña lanzó un registro público de compañías y ha pedido que otros países sigan su ejemplo. Otros países tienen acciones similares que buscan transparentar el registro de los dueños de las compañías. Sin embargo, lograr que más países sigan el ejemplo es difícil.

Los esquemas de lavado de dinero son sofisticados e internacionales lo que requiere cooperación internacional. El intercambio de información entre gobiernos está mejorando gracias a las unidades gubernamentales de inteligencia financiera. Los beneficios de compartir datos entre bancos son indiscutibles: mediante una mayor cooperación se podría rastrear fácilmente cómo se mueve el dinero lavado. Desafortunadamente el nivel de colaboración es terrible.

Los pocos recursos gubernamentales también afectan a la lucha contra el lavado de dinero. Los bancos pueden destinar cuantiosos recursos a combatir el delito, pero los criminales no serán enjuiciados si los gobiernos destinan dinero a autoridades que los persigan.

Muchas agencias gubernamentales no tienen fondos suficientes para analizar los reportes por actividad sospechosa (SARs, por sus siglas en inglés) que los bancos envían cuando encuentran transacciones potencialmente criminales. Los SARs son fundamentales en el sistema. Pero los bancos envían muchos reportes de baja calidad o innecesarios ya que están incentivados a cubrir sus espaldas en lugar de aplicar criterios de riesgo más adecuados. Tan sólo en Estados Unidos, en 2020 los bancos enviaron alrededor de 1.2 millones de estos reportes.

Si se espera que el sistema contra el lavado de dinero cumpla con sus objetivos, los gobiernos deben trabajar más fuerte de manera conjunta. Las regulaciones y multas deben ser más severas, no sólo para los bancos, también para los funcionarios públicos corruptos, así como para los abogados y contadores que ayudan a que este delito se vuelva una realidad.

Activistas contra este delito tienen muchas esperanzas en la nueva administración de Joe Biden, la cual ha declarado que ve la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción como un asunto de seguridad nacional, y, por lo tanto, como una prioridad.