Cuando los estadounidenses ven en otros países cómo se mezcla el sector empresarial y la política, creen que se trata de una señal de decadencia institucional, capitalismo de amigos o autoritarismo. Sin embargo, esa situación se está dando actualmente en Estados Unidos.

Según The Economist, Estados Unidos fue el primer país en separar a los negocios de la política en el siglo XIX, al eliminar el requerimiento de que empresas de responsabilidad limitada tuvieran relación con el Estado. Este cambio ayudó al país a generar riqueza. Aún así, las relaciones entre el Estado y el sector privado no han estado exentas de choques a lo largo de la historia.

En décadas recientes, el pensamiento dominante se basaba en lo que argumentaba Milton Friedman, economista del siglo XX. Según Friedman, los directivos debían priorizar los intereses de los dueños e inversionistas, cuya meta es maximizar las ganancias a largo plazo. Aunque en el pasado fueron pocas las compañías que cumplieron con esta idea, hoy la están rechazando abiertamente debido a diferentes factores. Cada vez más, los consumidores quieren que las empresas apoyen causas que ellos mismos apoyan. En este nuevo contexto, los directores ejecutivos que guarden silencio se arriesgan a ser acusados de complicidad contra estos mismos problemas.

Los administradores de fondos ahora buscan evaluar las compañías en las que invierten basándose en nuevos criterios que van de la mano de las demandas y preferencias de sus clientes. Muchos ciudadanos estadounidenses creen que el gobierno federal es insuficiente y que el sector privado puede ayudar en esta deficiencia. El presidente Joe Biden tiene una agenda que involucra gran intervención por parte del estado y que se basa en formar un pacto con el sector privado para así lograr una renovación nacional, así como también para competir contra el surgimiento de China.

Muchos fondos de inversión que se presentan como socialmente responsables tienen acciones en empresas de tecnología que son acusadas de prácticas monopólicas. Algunas empresas que prometieron ver por sus accionistas recortaron cientos de miles de trabajos y al mismo tiempo lanzaron campañas contra el alza de impuestos con los que se pagaría el costo social provocado por la pandemia. Hay situaciones actuales que demandan acción de diferentes entidades privadas y esto puedo ocasionar diferentes conflictos de interés y hacer que estas entidades caigan en la hipocresía, apoyando una causa por un lado y haciendo algo contrario a esta por el otro.

En el lado político, la inconsistencia del discurso de sus diferentes personajes es evidente. Progresistas que antes rechazaban la intervención de las empresas en la política ahora lo demandan, mientras que líderes republicanos que antes se asociaban con grandes compañías ahora quieren silenciarlas. El peligro real es que cuando el sector privado sea requerido para resolver problemas políticos, como la reforma electoral, los directores ejecutivos usen su posición para promover sus propios intereses. Hay una gran contradicción en la idea que el desencanto generalizado con la política pueda ser resuelto al darle más poder y voz a una élite de directores ejecutivos que no fueron elegidos de manera popular.

Según el semanario británico, la competencia avalada por Friedman ofrece una mejor manera de pensar sobre la relación entre el sector privado y la política. La competencia hace legítimo y lucrativo el aceptar el cambio social. En el mercado las compañías deben anticipar y adaptarse a las preferencias sociales. Si los consumidores quieren productos más humanitarios y menos contaminantes, las empresas trabajarán para innovar y proveer estos productos. Para reclutar a los mejores trabajadores, las empresas necesitan una cultura cada vez más abierta.

Tal vez la nueva agenda corporativa es sólo otro frente en esta competencia de mercado para ganar no sólo clientes, sino empleados. Las compañías no son un substituto de un gobierno efectivo. Es el Estado el que debe asegurar que los mercados sean competitivos y que no sean sesgados por monopolios o corrupción. La única manera legítima para mediar las marcadas divisiones en Estados Unidos y proteger los derechos fundamentales es a través de procesos políticos y las cortes, no a través de la clase ejecutiva.