David contra Goliat: ¿cómo los movimientos ambientalistas se enfrentan a las grandes corporaciones?

Cita: 

Velázquez López Velarde, Rodrigo, et al. [2018], "David contra Goliat: ¿cómo los movimientos ambientalistas se enfrentan a las grandes corporaciones?”, América Latina Hoy, Salamanca, Universidad de Salamanca, 79:41-58, https://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/article/view/alh2018794158

Fuente: 
Otra
Fecha de publicación: 
Julio, 2018
Tema: 
Análisis de los factores que influyen en el logro de los objetivos de los movimientos ambientalistas
Idea principal: 

Rodrigo Velázquez López Velarde es profesor e investigador en el Departamento de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Sus investigaciones giran en torno a relaciones burocrático-legislativas, así como mecanismos de rendición de cuentas como la fiscalización legislativa y la transparencia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I.

María Fernanda Somuano Ventura es profesora e investigadora del Colegio de México (Colmex). Sus líneas de investigación son la participación política, la opinión pública, la ciudadanía, democratización, entre otros. Cuenta con un Doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Iowa. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel III.

Reynaldo Yunuen Ortega Ortiz ha sido Profesor-investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Es autor y editor de 8 libros, entre ellos: Presidential Elections in Mexico. From Hegemony to Pluralism y Movilización y democracia: España y México. Sus temas de investigación son: relaciones internacionales, relaciones exteriores, Estados Unidos, ciencia política, gobierno comparado, democracia y México.


“Los movimientos sociales y la protesta tienen una larga historia en el repertorio de acción política de las sociedades […] De hecho, en las últimas décadas los movimientos constituyen un elemento esencial de la política ‘normal’ en las sociedades modernas, por lo que existe una frontera permeable entre la política institucionalizada y no institucionalizada”. Bajo esta premisa, los autores presentan el objetivo de este artículo, el cual es: analizar los movimientos ambientales con base en el marco teórico de Marco Giugni y tomando como referencia a tres movimientos ambientales en México que se enfrentaron a grandes corporaciones; esto les permitirá identificar los factores determinantes en la consecución de sus objetivos. Su análisis se cimienta no en lo que ellos denominan como factores endógenos (recursos y capacidades de los movimientos) y factores exógenos (alianzas e influencia en la opinión pública); adicionalmente, se proponen explicar “cómo otras variables como el framing, la visibilidad mediática y el peso de los actores a los que se enfrentan las movilizaciones, facilitan o dificultan la consecución de sus metas”.

Los movimientos ambientales

Siguiendo la definición de Christopher Rootes, los autores comienzan este apartado conceptualizando a los movimientos sociales de la siguiente manera: “una red no institucionalizada y no articulada de interacciones informales que pueden incluir tanto a individuos como a grupos sin afiliación organizacional, organizaciones con diversos grados de formalidad, los cuales están comprometidos con la acción colectiva y motivados por una identidad común o una preocupación sobre los aspectos ambientales”. También, argumentan que la bibliografía sobre movimientos sociales “se ha desarrollado con relativa velocidad cubriendo una amplia diversidad de temas”, tales como: quiénes participan en estos movimientos y sus incentivos, variables instrumentales, de identidad, cálculos individuales de costo-beneficio, intereses colectivos, valores compartidos, recursos, redes de actores y organizaciones ambientales que participan.

No obstante, los autores consideran que un tema poco explorado en cuanto a las movilizaciones sociales es el impacto o consecuencias de los movimientos ambientalistas. De acuerdo con su percepción, “la razón de esto es la dificultad de establecer uno o varios nexos causales entre la acción colectiva de los grupos y actores y el resultado obtenido”. Ejemplo de lo anterior es que, en los conflictos ambientales participan muchas clases de actores, por lo que es difícil atribuir el nivel de impacto de los movimientos en los resultados obtenidos.

Así, los autores plantean que, para la elaboración de su artículo, se empleó un enfoque similar al de los estudios sobre el impacto de los movimientos, esto con el fin de examinar qué factores han permitido lograr los objetivos de los movimientos ambientalistas en México. Así, distinguen dos grandes enfoques para explicar este fenómeno: el primero, que establece que son las características endógenas (por ejemplo, recursos, acciones y estrategias) de los movimientos ambientales las que generan resultados; el segundo, que se centra en los factores exógenos (por ejemplo, el contexto político) que median la relación entre los movimientos y sus consecuencias. Como base de análisis, entonces, los autores establecen el marco teórico de Marco Giugni, quien plantea un modelo de efecto conjunto para analizar los movimientos sociales en el cual los factores exógenos y endógenos interactúan de manera simultánea para lograr el impacto. Los autores complementan este enfoque al incluir otras variables no consideradas por Giugni, estas son: recursos y capacidades de los movimientos, la construcción de alianzas e influencia de la opinión pública, el framing, la visibilidad mediática del problema y el peso de los actores a los que se enfrentan las movilizaciones. En suma, buscan “mostrar empíricamente cómo interactúan todas estas variables en tres casos específicos en México.” [ver tabla 1]

Para empezar, definen al framing como “una capacidad importante que los movimientos desarrollan para plantear, comunicar y posicionar el objeto de la lucha del movimiento ante la población en general con la finalidad de lograr su objetivo.” Los autores resaltan que, junto con el framing, otra capacidad importante para la consecución de objetivos de los movimientos es la visibilidad que los movimientos consiguen ante los medios de comunicación y en las redes sociales, ya que la presencia en estos medios moldea la opinión pública, así como “el peso de las organizaciones (públicas y privadas) con las que lidian los movimientos”.

De esta manera, anuncian que su hipótesis es la siguiente: “conforme aumenten los recursos, la capacidad de crear redes con otros actores, el potencial de comunicación y de hacer una estructuración (framing) del problema (al interior y exterior del movimiento) y la habilidad de generar una opinión pública favorable, más altas serán las posibilidades de que el movimiento consiga los objetivos de su agenda.”

Para poner a prueba la hipótesis, los autores presentan el análisis de tres estudios de caso, en los cuales los movimientos se enfrentaron a grandes corporaciones que incuso por momentos recibían apoyo gubernamental, por lo que las posibilidades de éxito para frenar sus proyectos eran bajas.

Proyecto Manglar Tajamar

Este es un caso reciente de urbanización a través de proyectos turísticos y comerciales que consistía en el desmonte del Manglar Tajamar en Quintana Roo. Según la percepción de los autores, el movimiento que se organizó para frenar este proyecto “es un caso exitoso de framing y de articulación de una red de organizaciones ambientales y ciudadanos con el fin de salvaguardar el área mediante movilizaciones, demandas jurídicas y el uso de medios y redes sociales.”

En 2006, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) autorizó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) el cambio de uso de suelo forestal a zona habitacional, comercial y de servicios de 58 hectáreas del manglar que anteriormente eran parte de la zona de preservación ecológica de Cancún. Este hecho generó controversia, ya que se realizó después de la modificación al artículo 60 de la Ley General de Vida Silvestre en 2007, el cual prohíbe la realización de obras que afecten al manglar. También, se argumentó que la SEMARNAT nunca realizó consultas públicas sobre el impacto ambiental del proyecto.

De 2006 a 2012 se construyeron vialidades en la zona y, a partir de 2015, las empresas dueñas de los predios comenzaron las obras de construcción. Así, en 2015 comenzó la articulación del movimiento “Salvemos Manglar Tajamar”, integrado por ciudadanos y organizaciones ambientales, el cual realizó diversas acciones para frenar los proyectos de construcción. Entre estas acciones estuvieron el uso de redes sociales y la organización de actos de resistencia pacífica en el área, así como la introducción de un amparo en contra de la autorización de impacto ambiental, llevado a cabo por la organización Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Otras estrategias relevantes llevadas a cabo por el movimiento fueron una denuncia ante la Procuraduría Federal de la Protección al Medio Ambiente (PROFEPA), respaldada por 4 333 ciudadanos, y la presentación de una demanda de amparo por 113 menores, argumentando que la construcción del proyecto violentaba su derecho a un medio ambiente sano. Respecto a esto último, los autores argumentan que, “el hecho de que la demanda fuera interpuesta por menores atrajo la atención de los medios y permitió estructurar el conflicto como una violación a los derechos humanos establecidos en la Constitución”. Al vincular su lucha con una exigencia más amplia, la capacidad de framing del movimiento les permitió forjar alianza con otros grupos de la sociedad.

A pesar de todas estas acciones, a finales de noviembre de 2015, las obras se reanudaron gracias a la decisión de un tribunal de desestimar la demanda de amparo de los menores, argumentando que “no acreditaron tener un interés legítimo en el asunto”. De esta manera, en 2016, el conflicto escaló a nivel internacional cuando los activistas solicitaron a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la plataforma change.org, que se le retirara a México la sede de la Conferencia de las Partes (COP13) a realizarse en Cancún en diciembre de ese año. Los manifestantes argumentaban que “la devastación de Tajamar evidenciaba el desinterés de los gobiernos estatal y federal por proteger los derechos humanos al no procurar un medio ambiente sano.” La petición logró recabar la firma de más de 140 000 personas en el mundo y, para finales de enero, las diversas acciones de protesta lograron tres suspensiones provisionales de obras en el manglar. También, la PROFEPA denunció a la empresa Bi & Di Real Estate por considerar que las obras que esta realizó se habían llevado a cabo de manera ilegal.

El movimiento continuó, logrando suspensiones definitivas y provisionales, hasta que, en 2017, un Tribunal Colegiado resolvió la restauración del manglar, la no emisión de nuevos permisos de construcción y la nulidad de autorización de impacto ambiental otorgada al FONATUR. Asimismo, en noviembre de 2017, la PROFEPA clausuró definitivamente uno de los proyectos inmobiliarios más importantes, Infinity, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) “emitió una recomendación estableciendo que el desarrollo Malecón Tajamar había violado los derechos a un ambiente sano, la seguridad jurídica y el principio de la legalidad”. Finalmente, la última victoria del movimiento fue cuando la Suprema Corte de Justicia ordenó reponer el juicio de amparo de los 113 menores en 2015.

Proyecto club de golf Tepoztlán

De acuerdo con los autores, “el movimiento ambiental de Tepoztlán se considera uno de los más significativos del ecologismo mexicano en el presente siglo”. La movilización comenzó cuando, en 1994, el gobierno de Morelos autorizó a la inmobiliaria Kladt-Sobrino (KS) la construcción de un campo de golf profesional, así como de otras instalaciones turísticas en el Parque Nacional del Tepozteco. Las primeras protestas reclamaron la falta de información por parte de las autoridades y las violaciones al reglamento de uso del suelo, aprobado por el cabildo de Tepoztlán en 1993 y en el cual se prohibía la construcción de fraccionamientos y clubes de golf en áreas comunales.

Al comenzar las obras de construcción, los manifestantes crearon el Comité de Unidad Tepozteca (CUT), conformada por representantes de barrios, autoridades comunales y ejidales, así como organizaciones políticas y ciudadanos. Asimismo, el día de inicio de las obras, estos tomaron el Palacio Municipal de Tepoztlán, demandando la destitución del edil de este pueblo y argumentando que la aprobación del club de golf implicaba la violación de los decretos expropiatorios de 1938 y de 1991, que establecen los terrenos del parque nacional como bienes comunales y protegen la zona arqueológica de Tecuescontitla.

La SEMARNAT descalificó la competencia del gobierno federal en el asunto, por lo que el gobierno local intentó continuar con el proyecto organizando una reunión clandestina del cabildo sin la presencia de los regidores que se oponían a él. Al enterarse de lo anterior, el CUT colocó barricadas en todas las entradas del pueblo, contuvo a los policías y tomó como rehenes a siete funcionarios de gobierno.

Los autores establecen que, “el enfrentamiento con la policía, la tradición de solidaridad barrial y las amenazas de prisión a quienes participan en las protestas motivaron la adhesión masiva de gente de Tepoztlán al movimiento”. De esta manera, escuelas y comercios en Tepoztlán pararon sus actividades para apoyar a los manifestantes, y estos últimos comenzaron a forjar alianzas con actores importantes, que según los autores “serían determinantes en los resultados que obtendría”. Algunos de los actores que se mencionan en el texto son Cuauhtémoc Cárdenas y organizaciones ambientalistas como Greenpeace y el Grupo de los Cien. “Estos apoyos hicieron que el movimiento comenzara a ser visto por otras organizaciones sociales y movimientos ambientales mexicanos como un ejemplo de lucha y autogestión”.

El apoyo y las alianzas crecieron cuando la prensa nacional e internacional se interesaron por el conflicto; periódicos como The New York Times y Reforma expusieron el daño ecológico que representaba el club de golf para la comunidad y el rechazo de esta última. Así, los autores argumentan que “el movimiento había logrado poner a la opinión pública en su favor”. Consideran que un elemento crucial en la definición del discurso del movimiento fue el acento en el golf; ya que si bien, el proyecto de construcción no se limitaba a un campo de golf, el poner en el centro del discurso a un deporte que en México es practicado únicamente por personas ricas, daba a entender que el proyecto sería un beneficio para la clase adinerada y una pérdida para el resto. Esta definición del problema tuvo una forma más acabada cuando el movimiento tuvo la opinión a favor de instituciones como la UNAM y la UAM, así como de expertos de organizaciones ambientales y cuando “convirtió al gobierno y la compañía constructora en los responsables de la deforestación y venta clandestina de tierras en Tepoztlán.”

Los triunfos del movimiento comenzaron cuando la PROFEPA clausuró el club de golf y dos semanas después se eligió a un Concejo Municipal temporal en Tepoztlán, el cual no fue reconocido por el gobierno estatal, puesto que significaba la existencia de un territorio autónomo separado del Estado mexicano. En este sentido, los autores consideran que, “con la creación de una autoridad propia, el movimiento estaba escalando sus acciones y dejando de lado su causa original sobre violación de reglamentos”. Posteriormente, el CUT utilizó algunos de los recursos de movilización social utilizados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), como el contacto continuo con medios de comunicación y la creación de un "territorio libre". Además, la organización “fue enmarcando el movimiento como uno que relacionaba la defensa del ambiente con la preservación de la cultura de la comunidad", lo que resultó en un nuevo giro para el movimiento: “ahora ligaba la conservación de una zona ecológica protegida con la identidad de un pueblo que se asumía como campesino e indígena”.

En 1996, el gobierno estatal inició la represión contra miembros del CUT. Los arrestos le hicieron al movimiento ganar la simpatía del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); hecho que los autores consideran como fundamental para la consecución de los objetivos del movimiento, ya que tornó la lucha ambiental en sindical. “El gobierno de Morelos se enfrentaba ahora a un movimiento icónico del ecologismo mexicano y al sindicato más grande de América Latina. Una vez más, la alianza con un actor crucial fue determinante en el resultado final del movimiento.”

Meses después, el CUT presentó, ante noticieros nacionales, videos de un nuevo enfrentamiento entre policías y miembros de su organización, en los cuales se mostraban a granaderos y policías disparando y golpeando a los manifestantes. Este material fue ampliamente difundido por las organizaciones internacionales que apoyaban al movimiento y, el 12 de abril de 1996, KS anunció la cancelación de la construcción del club de golf.

Proyecto minero El Peñasquito

En cuanto a este caso, los autores consideran que, a diferencia de los anteriores, el proyecto minero El Peñasquito ha tenido nulo impacto de cambio en la política. Los autores atribuyen a este fracaso el hecho de que los líderes del movimiento no fueron capaces de establecer alianzas con actores clave. De igual manera, consideran que la actuación del gobierno federal influyó de manera negativa en la movilización, ya que inhibió de oportunidades a esta última y privilegió los factores económicos sobre los ambientales y laborales. Además, observan que, a diferencia de los dos casos anteriores, este movimiento no logró “enmarcar el conflicto en un contexto más amplio que [permitiera] la creación de vínculos de solidaridad y alianzas más allá de la comunidad afectada”.

Ubicada en Mazapil, Zacatecas, El Peñasquito es la mina a tajo abierto más productiva en América Latina y la segunda a escala mundial ya que posee enormes reservas de oro, plata y zinc. La operación de esta mina comenzó en 2006 a manos de Goldcorp Inc., la segunda productora de oro en Canadá. Dos años después, Goldcorp anunció que incrementaría su inversión en El Peñasquito, estableciendo una vida productiva de 19 años para la mina y sin comunicar el costo ambiental que representaría su explotación. La explotación de la mina se realizaba con el sistema de tajo abierto, un método sumamente agresivo con el medio ambiente que ha sido prohibido en varios países.

Para 2009, la empresa Goldcorp operaba 30 pozos de agua, hecho que contradecía el contrato de esta última con los miembros de El Vergel y Goldcorp, quienes habían estipulado que la compañía solo podría utilizar diez pozos de agua. Este acontecimiento, aunado al uso excesivo de aguas subterráneas, ocasionó descontento generalizado en las comunidades aledañas a El Peñasquito, donde también se temía por la contaminación de los mantos acuíferos de la zona debido a las filtraciones de cianuro generado por los procesos productivos de la mina.

A pesar de las exorbitantes ganancias de Goldcorp, los beneficios no llegaban a las comunidades, por lo que habitantes de los ejidos cercanos bloquearon las instalaciones de la mina en 2009. Entre las demandas de los inconformes, quienes estaban asesorados por el Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), se encontraban la exigencia de un pago a las comunidades del 7% de las ganancias que se obtenían por la explotación de la mina, la realización de obras de infraestructura que había prometido la empresa y la renegociación de los contratos relativos al territorio arrendado a la minera.

En 2011, un Tribunal de Zacatecas obligó a la empresa Goldcorp a devolver 900 hectáreas de propiedad ejidal, lugar en donde se encontraban la mitad de los pozos que esta utilizaba para su operación. En 2013, el Tribunal Superior Agrario ordenó a la empresa restituir 599 hectáreas al Ejido Cerro Gordo. Y, finalmente, tribunales mexicanos calificaron de ilegales a los contratos firmados por la empresa en la compra de tierra ejidal; “el expediente de este caso señalaba que, además de engañar a los ejidatarios, la empresa había falsificado títulos agrarios”.

A pesar de esta serie de triunfos relativos, la restitución de tierras se vio interrumpida cuando otros ejidatarios de la misma localidad decidieron ampararse bajo la figura de "tercero interesado". También, otro hecho que mermó los alcances del movimiento según la perspectiva de los autores, fue el acuerdo entre ejidatarios de El Vergel y Goldcorp de indemnizar a esta comunidad con 30 millones de dólares y realizar diversas obras en su beneficio. Los ejidatarios de Cerro Gordo también llegaron a un acuerdo con la empresa.

Sin embargo, en octubre de 2016, se constituyó el Frente Común de Afectados por la Minera Peñasquito (FCAM), una alianza entre campesinos de 20 comunidades, ejidatarios, transportistas y miembros del FPLZ. El Frente llevó a cabo “multitudinarias manifestaciones y bloqueos con el lema ‘Nuestra lucha es por el territorio, por el agua, por la vida y el empleo’. Ante la presión ejercida por el FCAM, la minera anunció una serie de compromisos como la indemnización a la población afectada, la dotación de agua potable a la comunidad de Cedros, el retiro de las denuncias penales contra los líderes del movimiento y la gestión de plazas de trabajo ante el sindicato minero". Sin embargo, investigadores determinaron que estos compromisos tendrían un alto costo ambiental.

Para cerrar con este caso, los autores señalan que aún no es posible saber cuál será el impacto definitivo del movimiento de El Peñasquito en las actividades de la minera canadiense; debido a que existen estudios en donde se señala que la producción en esta mina no es compatible con el mantenimiento del medio ambiente ni con el abastecimiento adecuado de agua a las comunidades, quienes, además, “siguen sin ver los beneficios económicos asociados a las exorbitantes ganancias de la minera”.

Conclusiones

Los autores concluyen que, además de los factores endógenos y exógenos identificados repetidamente por la bibliografía como determinantes para la consecución de fines de los movimientos sociales, el framing, la visibilidad del conflicto y la articulación de redes fueron vitales para el triunfo de las movilizaciones en los dos primeros casos presentados en el artículo. En el primero de estos, consideran que, “el hecho de que el movimiento alentara una demanda interpuesta por menores alegando que se estaba violentando un derecho constitucional permitió, además de llamar la atención de medios nacionales e internacionales, estructurar el problema más allá de lo local y convertirlo en una cuestión de transgresión de derechos fundamentales”. También observan que en este caso la articulación de una red amplia de organizaciones ambientales y ciudadanos, así como el uso de redes sociales, fueron fundamentales para conseguir los objetivos del movimiento. Para la causa del CUT contra la construcción del campo de golf en Tepoztlán, los autores consideran que, de manera similar que el caso anterior, la visibilidad del movimiento, sus alianzas con actores clave y la comunicación y estructuración del problema como también un tema de respeto a derechos de comunidades indígenas, fueron factores decisivos para que el CUT alcanzara sus objetivos. En suma, los autores establecen que, “ambos movimientos lograron enmarcar sus demandas como asuntos de interés público y crear un vínculo de solidaridad con amplios sectores de la sociedad.”

En contraste, los autores conjeturan que, en el caso de la minera El Peñasquito, el movimiento social no consiguió algunos de sus objetivos primordiales debido a “la imposibilidad de los líderes de atraer la atención de actores clave y establecer alianzas con ellos, la incapacidad para colocar el problema en la opinión pública y la división interna entre los activistas”. También enuncian factores externos que, desde su perspectiva, limitaron el alcance de los logros del movimiento, tales como la importancia de la minería para las finanzas del gobierno federal y la falta de visibilidad mediática del hecho, al no tratarse de un caso de desarrollo turístico. Finalmente, argumentan que, “a pesar de que en El Peñasquito se conjuntaron daños al medio ambiente con violaciones laborales, el movimiento no pudo construir un framing adecuado que le posicionara favorablemente frente a la minera canadiense”. Esto último también debe ser visto bajo el lente de la sofisticación que han tenido las empresas extractivas para responder a las protestas. En este sentido, consideran que este último caso de estudio ha comprobado que las compañías ahora se defienden con armas efectivas como el cabildeo, la propaganda sobre empresas limpias, la incursión en proyectos sustentables, el encono entre grupos, entre otras.

Datos cruciales: 

1. La Tabla 1 muestra una lista clasificada de los factores endógenos y exógenos que los autores consideran en su análisis del alcance de los movimientos ambientalistas.

Nexo con el tema que estudiamos: 

Al ser los movimientos ambientalistas los principales actores que se enfrentan a las grandes corporaciones en la destrucción del medio ambiente, estudiarlos resulta primordial para el entendimiento de los límites y posibilidades de las empresas. También, ayuda a entender las nuevas técnicas y herramientas que las empresas desarrollan para hacerle frente a la sociedad civil, medidas que se pueden convertir en formas de institucionalidad o autoritarismo.