El asedio a las autonomías indígenas por el modelo minero extractivo en México

Cita: 

Valladares de la Cruz, Laura [2018], “El asedio a las autonomías indígenas por el modelo minero extractivo en México”, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, Ciudad de México, UAM Iztapalapa, 39(85):103-131, julio-diciembre, https://revistaiztapalapa.izt.uam.mx/index.php/izt/article/view/20/35

Fuente: 
Artículo científico
Fecha de publicación: 
Julio, 2018
Tema: 
Pueblos indígenas luchan en contra de las concesiones mineras de las grandes empresas
Idea principal: 

Laura Raquel Valladares de la Cruz es Profesora-Investigadora y actualmente es Jefa de Departamento de Antropología. Sus temas de investigación se centran en tres temáticas: movimientos y organizaciones indígenas en México, resistencia y estrategias de lucha de los pueblos indígenas en México, así como sus derechos colectivos.


Laura Valladares muestra un escenario general acerca de los efectos que tiene en las autonomías indígenas el extractivismo minero que se ha llevado a cabo en México y que ha provocado la entrega de grandes territorios indígenas a través de concesiones de explotación y exploración en beneficio de grandes empresas nacionales y transnacionales.

Asimismo, la autora vislumbra la participación del Estado mexicano en la posición del territorio nacional como un sitio que resulta interesante para ciertas corporaciones, pese a la violación de derechos humanos, colectivos y ambientales. Con base en esto, puede comprenderse el significado de las formas de lucha y resistencia que los pueblos indígenas y otros actores sociales deben ejecutar para lograr frenar el proceso de despojo de tierras y reclamar el cumplimiento de sus derechos constitucionales.

Introducción

Una de las grandes discusiones nacionales es el efecto que ha tenido el extrativismo que está incluido dentro los planes de desarrollo nacional. La implementación de una zona de enclave minero resulta inquietante, debido a sus resultados económicos, sociales, políticos y ambientales negativos que desencadenan tanto una reconfiguración de la soberanía nacional como una amenaza para las autonomías indígenas.

Esta cuestión sucede a causa de que las decisiones sobre las maneras de explotación de recursos minerales ubicados en algunos territorios culturales o simbólicos en los que viven grupos etnolingüísticos (etnoterritorios) se toman por empresas mineras con el consentimiento del gobierno mexicano. Esto, en zonas donde “se envían las inversiones, las formas de producción, la tecnología con la que se realizan actividades extractivistas, el destino de la producción, el pago de salarios, los términos de los convenios y contratos de exploración y explotación, entre otras”, (Valladares de la Cruz, 2018).

Con este panorama, cabe mencionar que, las grandes corporaciones mineras dejan realmente pocas cantidades fiscales al Estado mexicano en comparación con las grandes ganancias que consiguen y mandan a sus países de origen. Razón por la cual, México termina dependiendo de los intereses de las corporaciones privadas y la violación al derecho de libre determinación de los pueblos indígenas queda en segundo plano. Con base en esto, Valladares de la Cruz señala los pronunciamientos sociales al proceso de despojo revelando su magnitud y las estrategias de lucha que implementan los pueblos y las organizaciones indígenas con el fin de frenar el modelo que podría derribar a su patrimonio biocultural.

Conviene indicar que, el giro extractivista consiste en “el despojo territorial, legitimado por una política gubernamental que por medio de la construcción de un marco jurídico otorga concesiones mineras como si fueran espacios o territorios vacíos, violentando la autonomía de los pueblos indígenas para decidir sobre su futuro y sobre las actividades que desean emprender en sus territorios”, (Valladares de la Cruz, 2018). Como consecuencia de esto, se ha confirmado que ha habido un gran efecto negativo en la salud de los pobladores y empleados de las zonas mineras, al igual que en el medio ambiente por su devastación irreversible.

Este supuesto modelo de desarrollo se adueña de la naturaleza que alimenta a toda una producción poco diversificada que depende de la intervención extranjera y posiciona a los países en donde se lleva a cabo como proveedores de materias primas encaminadas al mercado internacional. Este giro implica el desarrollo de diversas actividades energéticas que consisten en la exploración y explotación de petróleo, el establecimiento de gasoductos, la minería y la producción de monocultivos, específicamente de semillas genéticamente transformadas.

Así pues, para explicar la magnitud y los impactos de esta práctica, la autora se enfoca en la cuestión de las concesiones de explotación y explotación minera dadas en territorios de pueblos indígenas que han crecido rápidamente, (Dato crucial 1). Es importante mencionar que gran parte de las autorizaciones de tierras nacionales fueron concedidas gracias a la ley minera aprobada en 1992 en el periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari, (Dato crucial 2). Este proceso de despojo está progresando cada vez más debido al “boom minero”.

Incluso, esta situación es similar en gran parte de América y está relacionada con que su territorio tiene una gran cantidad de recursos mineros y energéticos. Es por eso que, la explotación se ha transformado en una fuente de riqueza para los países latinoamericanos, hablando de mandatos neoliberales y progresistas, como Ecuador y Bolivia, (Dato crucial 3). Igualmente, Chile, Brasil y Perú son las naciones que destinan más inversiones a la explotación y exploración de estos recursos. Sin embargo, así como aumentan las inversiones y los proyectos extractivistas, incrementan los conflictos que provocan su presencia, (Dato crucial 4), (Dato crucial 5).

Incluso, a pesar de que la inversión en minería en México sea moderada, existe un gran interés por continuar extendiendo este sector, (Dato crucial 6). Cabe mencionar que se está creando un plan para seguir con la entrega de concesiones a los inversionistas que estén interesados. En cuanto a la contribución del sector minero al Producto Interno Bruto (PIB), “éste es de 4%, lo que demuestra el daño socioambiental y la violación de derechos humanos y colectivos que ocasiona al país”, (Dato crucial 7), (Valladares de la Cruz, 2018).

El país supone un sitio donde hay permisibilidad y bondad fiscal para empresas mineras, (Dato crucial 8). Por otra parte, México se considera un buen sitio para hacer negocios mineros, (Dato crucial 9). No obstante, aunque la minería no sea el sector de mayor contribución al PIB ni otorgue una gran cantidad de empleos, ni genere grandes ganancias para el país, sí provoca muchos conflictos socioambientales y deja de lado a la autonomía de los pueblos indígenas.

Sobre esta línea, de acuerdo con la autora, es probable que esta situación continúe siendo así dentro de los próximos años. De esa forma, la actual ley minera menciona en el artículo 6 que la minería es una actividad pública, así como la exploración, explotación y beneficios de los minerales o sustancias a que las se refiera la ley. Igualmente, indica que estos son dominantes sobre cualquier otro uso del territorio.

En ese sentido, darles carácter público a las actividades de exploración y explotación y al beneficio de los minerales implica el permiso de la expropiación a los propietarios de las tierras en las que estén tales minerales en caso de ser necesario para la actividad minera. Asimismo, aunque no ha habido casos de expropiación de territorios indígenas, existen autorizaciones mineras en sus territorios que contribuyen a los procesos de despojo.

Esta cuestión ha desencadenado diversas luchas de resistencia representadas a través de movilizaciones sociales y disputas jurídicas en la que se acuden a los derechos constitucionales e internacionales. Sin embargo, estas luchas territoriales de los pueblos indígenas han tenido grandes repercusiones negativas traducidas a la detención o muerte de sus dirigentes, la criminalización de sus pronunciamientos, el desarrollo de conflictos entre comunidades. Estos se dan entre aquellos que consideran que las inversiones mineras son una manera de obtener empleos remunerados y entre los que protegen la integridad de sus territorios, su autonomía y están en contra del colapso ecológico.

Con base en las luchas, los pueblos indígenas han salido beneficiados de algunos procesos organizativos y han sido apoyados por organizaciones ambientalistas y defensoras de los derechos humanos y algunos colectivos. Por eso la autora propone un recuento de conflictos mineros importantes en las zonas indígenas de México, haciendo hincapié en las estrategias de lucha que les han permitido frenar la explotación de sus territorios. Sin embargo, es relevante iniciar con la explicación de los cambios por los que ha estado el neoliberalismo en México, el cual está a favor del modelo extractivista.

La soberanía nacional y los derechos de los pueblos indígenas en el marco del extractivismo

Con el fin de tener una mejor comprensión sobre la nueva fase del capitalismo neoliberal, el geógrafo teórico marxista David Harvey hace referencia al término de “acumulación por desposesión”. “Con éste define la forma en que la expansión del sistema capitalista se ha dirigido a la explotación de los bienes comunes que forman parte del patrimonio social de los pueblos, tierras, recursos, riquezas, derechos, a través del despojo encabezado por un determinado grupo social emplazado en una geografía específica cuyo objetivo es la acumulación del capital”, (Valladares de la Cruz, 2018). Esto dirigido a la ampliación de los campos fronterizos del capital por medio del despojo, “sobre espacios internos del capitalismo o la privatización de bienes públicos del Estado sobre los ámbitos externos a él, como despojos legales o fácticos del patrimonio del uso común de las comunidades”, (Valladares de la Cruz, 2018).

Así pues, la acumulación por desposesión se refiere al instante en que la economía política niega sus derechos heredados, la articulación del poder para deshacer pactos sociales, el establecimiento de un nuevo orden organizacional de lo social y la disputa entre la central capitalista y los grupos sociales que se oponen a la desposesión. Tomando este punto de referencia, según la socióloga argentina Maristella Svampa en la última década, la región de América Latina ha adoptado el "Consenso de Washington" que tiene origen en la valoración financiera respalda en la exportación de bienes primarios.

La socióloga asegura que la explotación y la exportación de bienes naturales ya se han llevado a cabo en la región a finales del siglo XX y con la transformación del modelo de acumulación, la ampliación de proyectos de extracción y explotación sin valor agregado ha aumentado. Cabe mencionar que, el Consenso de Commodities por el que se rige América Latina consiste en el ingreso a un nuevo orden económico y político mantenido por el aumento en los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo solicitados por las naciones centrales y las potencias.

En esta nueva etapa económica se destaca “la rentabilidad extraordinaria” y “las altas tasas de crecimientos de las economías latinoamericanas”. Por su parte, la CEPAL indica que, pese a la inversión en los precios, los aumentos durante la primera mitad de 2010 fueron tan relevantes que se estima una mejora significativa en el intercambio de América Latina.

No obstante, igualmente es relevante tomar en cuenta las transformaciones en los Estados que apoyan al modelo extractivista. Éstas cambiaron al Estado de ser el promotor del bien colectivo a ver por beneficios corporativos mediante el poder de las grandes empresas privadas que han fusionado sus intereses con los del gobierno deteriorando la soberanía nacional. Con respecto al poder jurídico, las compañías transnacionales se han respaldado en un nuevo derecho corporativo aprobado por tratados de libre comercio, que no solo están por encima del derecho nacional sino del sistema internacional de derechos humanos que crea “nuevas víctimas del desarrollo”.

A tal modelo de organización corporativa “que impone sus intereses y somete gobiernos, organizaciones, campesinos e indígenas”, (Valladares de la Cruz, 2018), el autor Claudio Garibay lo llama “clúster minero global”. Con esto quiere decir que, las compañías han remplazado al Estado y su soberanía para velar por sus intereses económicos y el Estado, por su parte se ha convertido en un sujeto empresarial que cuenta con intereses privados. Ambos actores son un duopolio responsable del colapso socioambiental actual.

En este punto, el despojo de las tierras atenta contra la autonomía indígena que se reconoce en el artículo 2do de la Constitución federal. Igualmente, se reconoce en los principios del artículo 1ro de la Constitución federal que indica que los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos también son vistos como normas nacionales. Es decir, los derechos reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1989, la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 y en la Declaración Americana sobre los Derechos de los pueblos indígenas, de 2016.

Dichos instrumentos reconocen los derechos culturales, políticos y territoriales de los pueblos indígenas y su derecho a consulta de los proyectos o políticas que los perjudiquen. Con respecto a los derechos colectivos del Convenio 169 de la OIT, en los artículos 13 y 19, se indica la responsabilidad de los Estados por respetar y proteger las tierras y los territorios de los pueblos indígenas, al igual que sus recursos. Asimismo, en el artículo 15 del mismo convenio se instituye el derecho a la participación en la administración y conservación de los recursos de los pueblos indígenas.

En ese sentido, si los minerales y recursos del subsuelo pertenecen al Estado, prevalecerá la preferencia para su explotación. En consecuencia, puede verse que en el vínculo entre empresas-gobiernos y pueblos indígenas hay controversias entre la legislación energética y minera en cuanto a los derechos indígenas, pues los intereses privados se ponen por encima de los derechos constitucionales indígenas. Es por esto que es importante analizar los altercados jurídicos, para descubrir cómo las autoridades afrontan el desafío de armonizar los derechos confrontados.

Así pues, estas disputas de derechos territoriales de los pueblos indígenas se llevan a cabo en un ambiente de “pluralismo jurídico” que vela por los intereses económicos por medio de tres dimensiones. La primera es la lex mercatoria, que “se basa en mecanismos de regulación autónoma, creando un derecho de tipo espontáneo cuya base es el principio de autonomía, voluntad y flexibilidad en los intercambios comerciales y e inversiones a escala internacional”, (Valladares de la Cruz, 2018).

La segunda se trata de instrumentos de derechos humanos que otorgan obligaciones éticas y morales a los Estados y a las compañías para hacer valer los derechos de aquellos perjudicados por sus proyectos de desarrollo. La tercera es el corpus del derecho mexicano que consiste en el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y legisla en temas energéticos y mineros haciéndolos vulnerables. La cuarta se refiere al derecho de los pueblos indígenas que les otorga un seguimiento como pueblos en sus respectivos territorios.

A este respecto, antes existía un reconocimiento de los derechos indígenas que suponía la conformación de un pluralismo jurídico sobre el cual se podía ejercer el derecho a la libre determinación de los pueblos. No obstante, el giro extractivista cambió esta situación. Entonces, dado este nuevo escenario, los pueblos indígenas han elegido pedir apoyo a las “instancias de procuración de justicia y resolución de controversias” en defensa de sus tierras.

Sin embargo, Valladares de la Cruz considera que para estudiar al nuevo pluralismo se debe tomar en cuenta que éste se encuentra ubicado dentro de una escala de grises, ya que a pesar de que el derecho indígena se encuentra por debajo del derecho nacional y el derecho corporativo, en algunos casos, gracias a la apelación de las distintas instancias del poder Judicial, como Tribunales Agrarios o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los pueblos indígenas han logrado frenar o suspender de manera temporal los proyectos mineros. En otros casos han acudido a las Naciones Unidos o a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

Pero, los pueblos indígenas no son los únicos que han recurrido a estos recursos, pues las empresas también han acudido a instancias nacionales para denunciar de manera penal a los dirigentes y pobladores que se pronuncian en contra de su presencia, mencionando que amenazan la paz de sus actividades extractivas y que reducen sus ganancias. Por otra parte, estas compañías recurren a paneles internacionales ad hoc.

Esto, con el fin de resolver las controversias que perturban sus intereses y que son instancias que se encuentran dentro de los tratados comerciales. Las discusiones han tenido algunos éxitos, sin embargo, algunas veces han tenido que renunciar a proyectos extractivos si la movilización social lleva el conflicto sobrepasando al ámbito local. Igualmente, en otros casos las compañías han tenido que abandonar sus concesiones si se demuestra que hay conflictos, incumplimiento, violaciones a la ley en materia ambiental o en materia de derechos humanos.

Aquí, el hecho de que los pueblos ganen sus procesos de lucha y resistencia en contra del despojo resulta beneficioso para ellos, pero es importante mencionar que, aunque esto suceda, el conflicto de fondo sigue sin solucionarse, éste es el “conflicto entre derechos confrontados”. Por ejemplo, la disputa por el territorio indígena de los me’phaa, ubicado en la Montaña de Guerrero, implicó dos amparos en contra de la declaración de libertad de su zona, pidiendo que su territorio fuera libre de minería, declarando la ley minera inconstitucional. En este caso, la jueza encargada de revisar el último amparo falló a favor de los me’phaa, pero el tema de fondo de la inconstitucionalidad de la ley minera no se tocó.

Tomando esto como punto de referencia, puede decirse que una de las caras del pluralismo jurídico es la transformación del Estado que vela por los intereses de las grandes empresas internacionales. De modo que, algunos autores tienen opiniones al respecto, por un lado, el Estado para el sociológo Loic Wacquant es visto como un “medio de control” y para Gledhill se trata de una “seguridización como política pública”. Por otro lado, para el filósofo italiano Giorgio Agamben “el Estado de emergencia se inscribe en un proceso que evoluciona las democracias occidentales hacia un Estado de seguridad”, (Valladares de la Cruz, 2018). Con esto quiere decir que, el papel del Estado como benefactor de seguridad cambia, ya que se convierte en un fundador de miedo para mantener su legitimidad.

Es por esto que se ha considerado al Estado como fallido, pues cuenta con una desviación de poder, cuestión que indica la forma de comportamiento de los Estados que realizan violaciones a los derechos humanos, particularmente tras la celebración de tratados de libre comercio y reformas constitucionales que impulsan al extractivismo como opción de “desarrollo”. Así pues, las consecuencias del Estado fallido repercuten en los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esto implica la continuidad en el uso de las instancias del Estado para objetivos diferentes de aquellos para lo que fueron implementadas.

En ese sentido, el Estado se vuelve un adversario de la justicia y causante de discriminación y criminalización de los pronunciamientos indígenas. De esta forma, el papel del Estado sería conservar el orden económico y disuadir a aquellos que no estén de acuerdo con esta fase el capitalismo, para asegurar su reproducción. Empero, esto no impide que pueblos, comunidades, autoridades indígenas, ambientalistas, abogados, organizaciones sociales, entre otros renuncien a su lucha por frenar dicha etapa del capitalismo.

Resistencias al extractivismo: articulaciones y desarticulaciones locales y globales

Sobre esta misma línea, los movimientos que buscan salvaguardar los territorios indígenas han ido en aumento en la misma medida que los procesos de despojo territorial a nivel nacional, (Dato crucial 9), (Dato crucial 10). Esta cuestión revela la situación por la que pasan los pueblos y comunidades que hacen frente al poder de las grandes empresas mineras y de las autoridades que ven por ellas, (Cuadro 1).

Con respecto al escenario de conflictividad causada por la llegada de las compañías mineras a los territorios indígenas, puede decirse que hay un modelo de planes de defensa que implica alzamientos públicos sobre el descontento de los “proyectos de muerte”, declaraciones de sus territorios como libres de actividad minera, marchas en asambleas comunitarias y cierres de carreteras o restricciones al acceso de minas. Esto seguido de mítines ante las autoridades locales, estatales y federales.

Asimismo, estos han recurrido a congresos estatales para pedirles a los diputados que participen en la detención del colapso ecológico que causa la minería y para que examine la legislación energética y minera de manera que no altere sus derechos constitucionales. Igualmente, los representantes de pueblos indígenas se han dirigido a las comisiones de derechos humanos para la detención de despojos y para detener las agresiones hacia los activistas que desean impedir el extractivismo.

Dentro de esta estrategia de lucha, los actores interesados se han asociado y apoyado de abogados democráticos, ambientalistas, académicos, protectores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, por mencionar los más importantes. “Es notoria su participación en las redes nacionales e internacionales que se han constituido como fuertes opositores a los megaproyectos extractivistas, tales como la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), El Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y Defensa de los Ríos (Mapder), la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (Comda) y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), entre las más significativas”, (Valladares de la Cruz, 2018).

Otro elemento relevante en estos procesos de resiliencia ha sido acudir a instancias de procuración de justicia. Los actores interesados han solicitado apoyo de instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la embajada canadiense para denunciar las violaciones de derechos en las que han incurrido las empresas. En los últimos 10 años, varios pueblos se han pronunciado en contra del saqueo de sus territorios y algunas veces han tenido éxito en la resolución de dicha controversia.

Esto anima a los pueblos perjudicados a tomar cartas en el asunto e informarse acerca de las consecuencias del extractivismo a corto, mediano y largo plazo. Esta situación puede verse a través de los casos como el de los wirrárika en Jalisco; los nahuas en Chiapas; los nahuas de Zacualpan en Colima; los me’phaa de la Montaña de Guerrero; o los zapotecos de San José del Progreso, en Oaxaca, entre otros.

Con base en esto, conviene señalar que, cada problema de esta naturaleza cuenta con características que actúan de manera que los pueblos entren en contacto y se relacionen con las empresas mineras. Al mismo tiempo, las estrategias y la magnitud del conflicto dependen del estado de la actividad minera. El conflicto gira en torno al momento en que los pueblos tienen conocimiento de que su territorio puede ser concesionado al mejor postor.

En otros casos, los desacuerdos se manifiestan en el momento en que los pueblos conocen a aquellos que adquieren las concesiones, ya que llegan individuos ajenos a las tierras para explorar el territorio.
Igualmente es importante resaltar el caso de disenso en el que los representantes de algunas compañías llegan a los poblados y presentan convenios de arrendamiento de sus territorios y a establecer su pago. Esto resulta un problema, puesto que algunas veces sucede que, a pesar de haber estado de acuerdo con contratos de común acuerdo, se causan descontentos de los comuneros, ejidatarios y campesinos. Esto por el incumplimiento de alguna de las cláusulas del acuerdo o por la falta de apoyo a los afectados por los proyectos o por los efectos sobre los recursos hidráulicos o agrícolas.

Por lo que se refiere al ejemplo de los rarámuris en Chihuahua, en su territorio hay 60 proyectos mineros, gran parte de estos se encuentra bajo un sistema de tajo abierto. El progreso de estos ha provocado conflictos entre los ejidatarios que signaron acuerdos de arrendamiento de sus tierras en beneficio de diversas compañías, las disputas han incrementado debido a la inconformidad por el pago de tierras, por los bajos salarios o por las repercusiones ambientales que deben enfrentar. Puede verse un ejemplo de esto con los conflictos que se dan en las minas por las corporaciones de Minefinders Corporation Limited, “Minera Dolores”, Glamis Gold, Mine Finders, entre otras.

Aquí, la autora señala los principales conflictos que han envuelto a ciertos pueblos indígenas, algunos en los que han triunfado los pueblos y otros que siguen su curso. Por su parte, algunas de las organizaciones no gubernamentales como OCMAL, REAM y M4 apoyan a los pueblos defendiéndolos en los altercados. “Otra fuente de información son los trabajos de investigación que se realizan en diferentes universidades y centros de investigación”, (Valladares de la Cruz, 2018).

Dentro de estos procesos de resistencia indígena, pueden mencionarse algunos que muestran el escenario y las estrategias de defensa de los pueblos por sus territorios indígenas. Tal es el caso de la prohibición de la implementación de proyectos mineros, eólicos, hidráulicos y de la siembra de transgénicos en el acuerdo que se realizó en agosto de 2013 en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas entre zapotecos, chontales, mixtecos, chinantecos, ikoots y mixes. Igualmente, sobre este marco, se puso fin a la paga de servicios ambientales e hidrológicos, áreas naturales protegidas y de conservación comunitaria.

Aunado a esto, los pueblos indígenas denunciaron a las instituciones estales vinculadas a intereses empresariales mencionando que su perspectiva de desarrollo no representaba a los pueblos originarios. Motivo por el cual, ellos enviaron una carta abierta al entonces presidente de la república Enrique Peña Nieto y al gobernador de Oaxaca en ese momento Gabino Cué Monteagudo, signada por 33 comunidades y pueblos indígenas y 10 organizaciones civiles.

Asimismo, declararon que la política actual del gobierno mexicano amenaza los derechos de los pueblos indígenas, campesinos y rurales diciendo que su territorio no se trataba de un bien. Agregando a esto, reclamaron que los funcionarios públicos “han utilizado el chantaje y condicionado la entrega de programas públicos como Procampo, Oportunidades, 70 y más, entre otros, valiéndose de su pobreza para obtener respuesta favorable de las autoridades”, (Valladares de la Cruz, 2018).

En la misma entidad, por medio de las autoridades ejidales y comunidades de los distritos de Ejutla, Ocotlán y Tlacolula, algunos zapotecos declararon sus territorios libres de minería. La carta que sustentó la queja signada por 9 autoridades de Valles Centrales le pide al gobierno federal y estatal la anulación de 18 proyectos mineros. Ésta fue enviada a las secretarias de Gobernación, de Economía y del Medio Ambiente, a la CNDH, a las instancias estatales de Turismo y Desarrollo Económico, Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y a la Secretaría de Asuntos Indígenas.

Las empresas, por su parte, han suplantado a las autoridades estatales para adquirir la firma de acuerdos de arrendamiento en tierras y territorios de campesinos e indígenas. De esta manera, buscan limpiar su imagen mostrándose como comprometidas o responsables por la sociedad. Así pues, buscan obtener una legitimidad que impida protestas durante su permanencia en las áreas en las que trabajan. Esto lo hacen construyendo caminos, pintando escuelas, apoyando celebraciones tradicionales, donando algunos recursos como sillas de ruedas, promoviendo obras para una mayor disponibilidad de agua potable, entre otras.

Los pueblos indígenas que, igualmente han reconocido a sus territorios como libres de megaproyectos, son los nahuas totonacos de la Sierra Norte de Puebla de la zona de Totonacapan en Veracruz. Aquí más de 5 000 indígenas de 25 municipios se reunieron el 5 de febrero de 2016, con el fin de pronunciarse en contra de los proyectos mineros, petróleos e hidroeléctricos. Asimismo, los representantes agrarios de la Montaña Alta y Costa Chica de Guerrero declararon a la zona en donde habitan, como libre de minería y pidieron la anulación de todas las concesiones proporcionadas en la región.

En tal zona, los indígenas me’phaa, na savi y nahuas declararon que el Registro Agrario Nacional únicamente les había admitido el registro de tres actas de las comunidades que muestran la decisión tomada. Así pues, denunciaron otro de los problemas que desencadenaron conflictos de corrupción de las autoridades agrarias de sus propias comunidades. “En el caso de la Montaña Guerrero, señalaron que los representantes del Registro Agrario Nacional (RAN) violentaron su derecho a la consulta previa, libre e informada y la ley agraria al negarse a inscribir sus actas de asambleas”, (Valladares de la Cruz, 2018).

Como resultado de esto, los indígenas y campesinos crearon un Consejo Regional de Autoridades Agrarias por la Defensa del Territorio y en Contra de la Minería y de la Reserva de la Biosfera en la Montaña y Costa Chica de Guerrero, para reclamar la consulta de los pueblos con relación a las concesiones mineras. Esto, en virtud del Convenio 169 de OIT. Y puntualizaron que sus decisiones tenían fundamento en el convenio y en la Ley 701 del Estado de Guerrero y en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.

Cabe mencionar que, algunos altercados se llevan a la procuración de justicia. La primera etapa consiste en los juicios agrarios que sirven para anular contratos de arrendamiento por el incumplimiento de ciertas cláusulas en los contratos. La segunda implica un amparo que puede implementarse por violaciones a los derechos de los indígenas, en este caso, tales como la falta de consulta previa, libre o informada antes de dar concesiones para la explotación de recursos naturales en sus territorios.

Con base en esto, la autora muestra varios ejemplos. El primero es el del pueblo macehual que vive en los municipios de Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Yahonahuac, en el estado de Puebla. El 17 de marzo de 2015 dicho pueblo metió un amparo a algunas compañías mineras aceptado en el Juzgado Segundo de Distrito de Puebla. El segundo es la demanda que el pueblo náhuatl de la comunidad de Zacualpan, Colima levanto el 24 de marzo de 2015. Ésta fue admitida por el Juzgado Primero de Distrito con sede en la ciudad de Colima.

Un tercer ejemplo es el de la comunidad de Tecoltemic, situada en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla. Ésta hizo su demanda el 7 de abril de 2015 y fue aceptada por el Juzgado Cuatro de Distrito de Puebla. Estos 3 juicios de amparo se aprobaron por el poder Judicial de la federación que dio fin a las concesiones mineras en beneficio de los pueblos originarios. Esto supone una gran relevancia, ya que quiere decir que “mientras duren los trámites de los juicios de amparo, las compañías que detentan las concesiones mineras no podrán realizar actividades tendientes a la explotación”, (Valladares de la Cruz, 2018).

A este respecto, el profesor e investigador originario de la comunidad de Santa Rosa Caxtlahuaca en la mixteca oaxaqueña Francisco López Bárcenas indica la importancia que tiene la defensa del territorio para los pueblos indígenas. Él asume que, esta actividad tiene su origen en la oposición de las comunidades campesinas, pueblos indígenas y zonas populares a las políticas privatizadoras. De la misma forma, representa el punto de vista estos grupos.

Para ellos, la tierra no es vista como “mercancía” que se venda a la empresa con la mejor oferta, sino que representa un recurso de la Madre Tierra que les dio vida y a la que tienen que conservar, cuidar para que esté sana y disponible para la supervivencia de los originarios de ella. En ese sentido, López Bárcenas afirma que los pueblos indígenas explotan la tierra usando únicamente los recursos naturales que requieren para satisfacer sus necesidades, pues saben que no son propietarios de ella. Éste es el trasfondo del descontento de los pueblos, puesto que buscan que su tierra se aprecie y se vea como un sitio donde se obtienen los alimentos que se consumen, el agua que se bebe, el oxígeno que se respira y la cultura que les identifica.

No obstante, Valladares de la Cruz puntualiza que, la disputa del extrativismo ha durado dos décadas señalando que los movimientos en contra del despojo han sido dirigidos por pueblos, comunidades, autoridades, activistas, ambientalistas, académicos, organizadores no gubernamentales y algunos políticos, pero las empresas no son un adversario fácil de enfrentar. Por el contrario, algunos proyectos mineros logran detenerse antes de 10 años, pero estos suponen un punto de partida que impulsa otros procesos de resistencia. Por tanto, muestran la necesidad de frenar estos proyectos, además de reflexionar sobre los caminos que está tomando el capitalismo contemporáneo.

Como menciona el sociólogo Boaventura de Sousa Santos, el escenario actual está descrito por una “dictadura informal con imaginarios de democracia formal, con un momento de “cuerpos racializados, sexualizados y asesinados con imaginarios de derechos humanos”. Asimismo, en él se encuentran “muros, fronteras, exilios forzados, movimientos internos como imaginarios de globalización”. Y se actualmente “se vive en un tiempo de silenciamientos de sociología de las ausencias con imaginarios de comunicación digital”, (Valladares de la Cruz, 2020).

Continuando con este argumento, de acuerdo con Boaventura, en el panorama actual, hay grandes mayorías que tienen libertad para ser miserables con imaginarios de autonomías y emprendimiento, así como víctimas y oprimidos que escogen a sus opresores pensando de que trata de liberación y justicia social. Es por eso que invertir estos imaginarios y discursos sobre “desarrollo” y justicia social es relevante para que exista un cambio. Una forma de hacerlo es por medio de la observación y el aprendizaje de las luchas y resistencias que realizan los pueblos indígenas con otros luchadores sociales, ya que evidencian que los derechos no se dan, sino que “se conquistan y se defienden”.

Reflexiones finales

En suma, Valladares de la Cruz hace una recopilación del extractivismo que abarca México y el resto de América Latina. Se enfoca en las diversas caras del despojo que se encuentran en los territorios indígenas. Esto puede entenderse haciendo un estudio de las tramas económicas y jurídicas sobre las que descansa el despojo afectando a las autonomías reconocidas constitucionalmente, a los pueblos indígenas y a la función del Estado que ha pasado de ver por el bien común a salvaguardar los intereses corporativos. Como consecuencia, esta transformación también ha cambiado la noción de soberanía nacional, pues ha habido una violación masiva de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y un deterioro ambiental.

Estos despojos tienen origen desde diferentes elementos. Uno de ellos es el giro del modelo capitalista que sigue a la crisis del modelo de acumulación capitalista que fue transformado del "Consejo de Washington" al Consenso de Commodities expandiendo sus fronteras a regiones marginales del capitalismo. Por otro lado, tal modelo “responde a la vorágine del consumo de tecnologías y de bienes que requieren como materia prima los minerales depositados mayoritariamente en el continente americano, especialmente en territorios indígenas”, (Valladares de la Cruz, 2020).

En este progreso del extractivismo minero puede verse como las grandes empresas mineras obtienen grandes sumas de dinero que salen en forma de materias primas. Por el contrario, los indígenas, campesinos, ambientalistas y otros habitantes que se pronuncian en contra de las nuevas invasiones corporativas, utilizan herramientas de resistencia como megáfonos, pancartas y mantas que tienen la función de denunciar las amenazas de las empresas. Esto, apoyándose de instancias de justicia nacionales o supranacionales.

En cuanto a la relevancia jurídica, los antropólogos Jean Comaroff y John Comaroff se refieren a una “fetichización de la ley” que se lleva a cabo tanto en el norte como en sur global. Ellos revelan la existencia de las nuevas constituciones como sustento de naciones multiculturales, dejando de lado el discurso antiguo sobre homogeneidad política, cultural y jurídica. Con base en esto, se han construido nuevas leyes que apoyan a los nuevos Estados cuya tarea continúa siendo la principal, pero no en lo que se refiere al modelo económico. Los antropólogos asumen que el contexto actual se describe por un “gobierno indirecto privado” en donde la soberanía se desvanece por la privatización del poder la acumulación que han estado presentes en el sur global.

En ese sentido, el fortalecimiento de la legalidad influye en todos los Estados y ámbitos sociales. Por esta razón los luchadores sociales y los delincuentes, las empresas y los habitantes recurren a la ley. Pues, en el escenario en el que viven, la ley y el derecho se usan como una herramienta de batalla. Así pues, los intereses, identidades, derechos y lesiones, contienen legalidad. Esto porque “los conflictos que antes tenían lugar en los parlamentos, mediante protestas callejeras, campañas mediáticas, huelgas, boicots y bloqueos, tienden a abrirse camino por la vía judicial”, (Valladares de la Cruz, 2020).

Aunque dentro de la misma institucionalidad del Estado igualmente han habido consecuencias negativas debido al daño que ha provocado el giro extractivista. Puede verse un ejemplo con la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas (CDPI) que en 2013 hizo un análisis que recopila los daños y la relación desbalanceada con las compañías canadienses mineras en el territorio mexicano. Igualmente, a través de varios estudios pueden verse los resultados perjudiciales para pueblos y regiones.

En varias ocasiones la respuesta que el gobierno da a la situación de despojo es que “la minería es una actividad de interés público”. Por ejemplo, en los debates del Congreso de la Unión en 2014 la diputada Dolores Padierna del Partido Revolución Democrática (PRD) planteo una iniciativa de ley de minería que acumulaban las propuestas de varias organizaciones, pueblos indígenas y especialistas. No obstante, éstas fueron detenidas. Es por eso que, el debate en las instituciones del gobierno resulta poco efectivo y como resultado estas quejas se van al ámbito judicial.

Finalmente, Valladares de la Cruz menciona que, la ley no solo actúa como respaldo del Estado, pues la guerra legal representa el campo batalla de los débiles que serían los pueblos indígenas en este caso. Así que, la única forma de pronunciamiento que parece efectiva es por medio de peleas jurídicas que las que ganen los pueblos indígenas frente al extractivismo. Como fue el caso de los nahuas, zapotecos, me’phaas y wisrárikas de distintas etnorregiones, que han luchado a pesar de las repercusiones sociales. “Por ello el análisis de las resistencias al giro extractivista se constituye como una tarea fundamental, ya que parece que será la tónica de los siguientes años, y por lo tanto las resistencias sociales y jurídicas seguirán pintando el suelo mexicano”, (Valladares de la Cruz, 2020).

Datos cruciales: 

1. Según estudios realizados por Eckart Boege, la afectación de la exploración y explotación minera impacta a 42 de los 62 pueblos indígenas. Él ha documentado que entre los años 2000 a 2012, de 28 millones de hectáreas identificadas como el núcleo duro de los territorios indígenas, se concesionaron alrededor de 2 173 141 hectáreas, principalmente para la minería metálica. Esto se traduce a que, en los últimos 12 años, los indígenas han perdido jurisdicción de 7% de su territorio tan solo por concesiones mineras y generalmente las comunidades no son informadas de la situación.

2. Tan solo durante los años que van de 2000 al 2012 se entregaron 2 814 concesiones para explotar oro, 71 de plata y 25 de cobre.

3. Como muestra de la importancia de la actividad minera, hay cifras contundentes, pues la explotación minera en América Latina es la mayor del mundo, al representar 32% del total, seguido por Oceanía con 20%; África con 16%; Asia con 13%; Norteamérica con 12% y finalmente Europa con 7%.

4. De acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL) existen 219 conflictos en América Latina, que involucran 229 proyectos mineros y afectan a 334 comunidades. De este escenario, el país con el mayor número de conflictos es México, pues se tienen documentados 37 conflictos. Sin embargo, en un estudio realizado por Sol Pérez se informa de la existencia de 103 conflictos, de los cuales 28 se desarrollan en territorios indígenas y son una muestra de las contestaciones sociales frente a la nueva geografía minera a cielo abierto.

5. Ahora bien, si se pone el papel de la minería en el conjunto de las actividades económicas de México vinculadas con la Inversión Extranjera Directa (IED) se tiene que ésta ha tenido un crecimiento de 8.8% anual. Durante la presente administración, la IED acumulada fue del orden de 156 194.3 millones de dólares, cifra 51.9% mayor al monto reportado seis años atrás. Si se hace referencia ahora a los sectores en donde han llegado las inversiones, tenemos que las manufacturas representaron 49.9%; los servicios financieros, 12.7%; los transportes, correos y almacenamiento, 11.7%; la minería, 7.0%; y el comercio, 6.6%. Otros sectores captaron el restante 12.1%.

6. Se puede constatar en el Plan de Desarrollo Minero de 2013 a 2018 que México tiene 75% de su territorio con recursos minerales probados y que existe una evolución geológica positiva para considerar que esta actividad pueda extenderse.

7. De acuerdo con los datos aportados por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), entre 2008 y 2013 las empresas mineras dejaron a México solo 0.6% de los 1.2 billones de pesos que ganaron.

8. México se ha convertido en el primer destino de inversión en exploración minera en América Latina y el 4° en el mundo, según el reporte publicado por SNL Metals & Mining en 2015.

9. El reporte de la consultora Behre Dolbear difundido también en 2015, indica que México es el 5° país con el mejor ambiente para hacer negocios mineros.

10. La declaración de Amnistía Internacional afirma que tan solo en los dos últimos años han sido asesinados 437 activistas pro derechos humanos en 22 países; de los cuales 75% de los casos tuvieron lugar en América Latina y tienen que ver directamente con las actividades extractivistas.

11. De acuerdo con los datos aportados en una investigación de la geógrafa Sol Pérez de 2014, hay 29 conflictos que afectan a 11 diferentes etnias localizadas en distintos estados de la república, lo que representa 28% del total de conflictos existentes, que se elevan a 113.

12. Otro dato significativo es que en solo 12 de los conflictos no se registró ningún tipo de violencia, mientras que en 58 se había reportado la militarización de las comunidades.

Nexo con el tema que estudiamos: 

El texto vislumbra un escenario de combate y adaptación frente a la destrucción del ambiente en el que las corporaciones transnacionales han evadido por completo su responsabilidad ambiental corporativa y han realizado estrategias y acciones que no solo afectan al medio ambiente sino a sus habitantes. Esta destrucción implica el deterioro de procesos metabólicos como el clima, el agua y sus territorios.
Finalmente, conviene resaltar que, la degradación de los hábitat y las consecuencias para los seres vivos tienen un vínculo causal con las actividades empresariales.