Resistencia ante proyectos minero-energéticos: de la oposición local a la regionalización en la Sierra Norte de Puebla, México

Cita: 

Manriquez-Bucio, Yurixhi; Claudio Garibay y Pedro S. Urquijo [2018], “Resistencia ante proyectos minero-energéticos: de la oposición local a la regionalización en la Sierra Norte de Puebla, México”, Journal of Latin America Geography, University of Texas Press, 17(1):59-85, https://muse.jhu.edu/article/692060/pdf

Fuente: 
Artículo científico
Fecha de publicación: 
Abril, 2018
Tema: 
La articulación de la resistencia regional ante proyectos mineros y energéticos en la Sierra Norte de Puebla
Idea principal: 

Yurixhi Manriquez-Bucio es doctora en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Claudio Garibay Orozco es investigador en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM.

Pedro Sergio Urquijo Torres es maestro en Historia por el Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Michoacana y doctor en Geografía por la UNAM, se encuentra adscrito al Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM Campus Morelia.


Introducción

Puebla es uno de los estados con mayor aportación al Producto Interno Bruto Nacional (PIB). No obstante, las regiones de la entidad presentan “una brecha económica y productiva entre sus regiones” debido a que en las regiones centrales del estado de Puebla se concentra la producción comercial mientras que la agricultura de subsistencia es una de las principales actividades económicas de las regiones norte y sur.

En el periodo comprendido entre 2011 y 2015 se promovieron diez proyectos para la generación de energía hidroeléctrica y tres para la explotación de recursos minerales, así como un proyecto gubernamental con la intención de crear cincuenta nuevos asentamientos poblacionales en la región de la Sierra Norte de Puebla. Cabe resaltar que dicha región es “predominantemente rural y con fuerte ascendiente indígena (nahua y totonaco)”. Todos los proyectos se plantearon con el argumento de lograr una mayor integración regional en la dinámica productiva de la entidad estatal, así como promover la energía limpia y combatir la pobreza.

Desde que se plantearon los proyectos han surgido diversos conflictos que dan respuesta a lo que los autores llaman un “proceso multifacéticamente violento”, ya que no sólo está en disputa “la materialidad del territorio, sino también su dimensión simbólica”. La resistencia en la Sierra Norte ha trascendido de lo local a lo regional debido a una coalición discursiva en torno a los “proyectos de muerte”. La fuerza política está estrechamente relacionada con la “capacidad de formar una coalición”. Aun cuando existe una heterogeneidad de discursos, existen estrategias discursivas que son capaces de cohesionar e integrar los múltiples discursos locales partiendo de elementos como la vida, la autodeterminación, lo indígena y la preexistencia de una dinámica organizativa.

Marco referencial

La reactivación del sector minero en los países latinoamericanos se debe a la reprimarización de sus economías en un contexto en el cual existe una mayor demanda de recursos hídricos y energéticos. En este sentido, los proyectos minero-energéticos cobran mayor relevancia, no sólo por los requerimientos de dichos recursos, sino porque generan un sinfín de impactos ambientales e imponen nuevas territorialidades. Por tanto, son “procesos multifacéticamente violentos” que implican la disputa por la tierra y recursos naturales en su dimensión material y la exclusión y desposesión simbólica del territorio.

En este proceso también se materializa la violencia subjetiva, sistémica y simbólica. Por un lado, la violencia subjetiva irrumpe “la normalidad” con la agresión, mientras que la violencia sistémica se produce dentro del mismo sistema económico y político. Por otro, la violencia simbólica “hace referencia a la exclusión dentro del mundo de los significados” y se produce mediante el lenguaje.

Dentro de los conflictos suscitados en la Sierra Norte se confrontan discursos con “ideas, conceptos y categorizaciones que se (re)producen asignando significados a las realidades físicas y sociales”. Los autores visualizan al conflicto como un “proceso hegemónico” en tanto la hegemonía es posible a partir de una “mezcla de consenso y coerción”. En dicho proceso se encuentra en disputa el poder, diversos intereses y los significados.

Un concepto central del artículo es el de “coalición discursiva”, el cual contempla la unidad a través de una línea argumental que se comparte e interpreta de manera diferenciada por distintos actores. En el contexto en el cual se presenta la resistencia local ante los proyectos minero-energéticos, las líneas argumentales en torno a la importancia del agua y el territorio adquieren gran relevancia en tanto que pueden generar “nuevas articulaciones de identidad y de acción política”, así como lograr una articulación entre actores de diferentes ubicaciones geográficas y pasar de la resistencia local a la resistencia regional.

Contexto inicial

El 14 de abril del 2011 se dio a conocer un convenio entre el gobierno de Puebla y la empresa minera Grupo México con la finalidad de implementar un proyecto para generar energía mediante la instalación de cuatro plantas. A dos semanas de anunciar el convenio, Rafael Moreno Valle, gobernador del estado, comunicó el inicio de operaciones del “proyecto piloto Ciudad Rural (CR)”, con el cual se crearían cincuenta asentamientos para reubicar y proveer de infraestructura y servicios públicos a aquellas poblaciones que se encontraban dispersas al sur de la región.

En 2013 el gobierno ya había hecho concesiones por grandes extensiones de territorio a tres empresas mineras, (Dato crucial 1). De igual manera, entre el 2011 y el 2015 se plantearon diez proyectos privados para la generación de energía hidroeléctrica. Así, durante este periodo la Sierra Norte experimentó “potenciales transformaciones territoriales”.

Uno de los argumentos centrales del artículo es que el marco jurídico mexicano legaliza y legitima el proceso de desposesión a través de la “preeminencia legal de la minería y la producción de energía sobre otras actividades” y el argumento del “interés público” aún cuando la recaudación por concesiones es drásticamente baja (Dato crucial 3). Otro argumento que legitima la desposesión ha sido que los proyectos concuerdan con la figura de “energía limpia” debido a que “se definen como pequeña producción, con baja emisión de gases y reducidos emplazamientos”. Por otra parte, el programa CR se legitimiza a través del argumento sobre la reducción de la pobreza relacionada con la dispersión poblacional. No obstante, el programa CR deja de lado la imposición de una territorialidad desde el gobierno estatal; la disociación entre territorio y comunidad y la negación de los significados que se encuentran desarticulados “con la idea de un espacio eficiente y funcional”.

En 2012, se creó el programa Centros Integradores de Servicios (CIS) el cual se fusionó con el programa CR. El CIS ya no contemplaba la reubicación poblacional, sino una reorganización territorial y proveer servicios públicos a las comunidades. De acuerdo con los autores, la centralización de servicios “crearía o reafirmaría asimetrías intercomunitarias”, además los CIS recentralizarían el poder municipal y se constituirían como un nodo de intermediación política entre las comunidades “dispersas” y el gobierno.

Los conflictos sociales

Producto de “las imprecisiones, la falta de información y de consulta, así como la presencia de trabajadores” de los proyectos, surgieron diversas tensiones y conflictos en la región entre 2011 y 2015. Las tensiones suscitadas en la Ciudad de Tetela, Tlamanca y Olintla fueron fundamentales para la posterior regionalización del conflicto.

El proyecto de Minera Frisco en la ciudad de Tetela

En 2012, el proyecto de Minera Frisco contaba con la concesión de más de 11 mil hectáreas en el municipio de Tetela de Ocampo, Puebla. Además, la empresa adquirió tierras con la compraventa entre particulares y fue aceptada en la comunidad La Cañada, principal lugar de explotación, debido a que empleó mano de obra local.

No obstante, ante “la coercitiva figura de expropiación”, diversos actores comenzaron a articularse. En un primer momento, en busca de respuestas institucionales y visibilidad, los afectados por las expropiaciones recurrieron a políticos e intelectuales, así como a los medios de comunicación y la población local, creando un contrapeso político. En este marco nació la Asociación Civil Tetela Hacia el Futuro, la cual se encontraba conformada por profesores, estudiantes, comerciantes y habitantes de la Ciudad de Tetela. Así, se inició una campaña de difusión informativa que tuvo alcance en diversas localidades aledañas a la Ciudad.

Entre la oposición comenzó a articularse un discurso ambientalista que contemplaba que la intención de la Minera Frisco de Carlos Slim era “acabar con el gigantesco ecosistema” de la Sierra Norte de Puebla. El discurso ambientalista fue potencialmente inclusivo y, por ende, facilitó la problematización y la movilización. La recurrencia discursiva del ambiente articuló dos líneas argumentales. En primer lugar, “la mina contamina y enferma” y tiene impactos negativos en el entorno. En segundo lugar, la contaminación y el uso de químicos como el cianuro tiene múltiples afectaciones a la salud. Así, la minería en general y el proyecto de la Minera Frisco en particular se visualizaron como agentes que perturban “el entorno de todos”.

El proyecto Minero de JDC Minerales en el municipio de Zautla

El proyecto de CR anunciado en 2011 estaba dirigido a la comunidad de San Miguel Tenextatiloyan, en el municipio de Zautla, Puebla. De acuerdo con los autores, el proyecto CR no dio pauta para un conflicto particular, pero sí generó tensiones entre las comunidades del interior. De tal forma, “Proyectos como la CR, que buscan centralizar el poder arbitrariamente, tensionan relaciones que en ciertos contextos [...] resultan esenciales”.

Dentro del municipio de Zautla existen distintas órdenes de organización territorial. Por un lado, se encuentra la cabecera municipal y el ayuntamiento. Por otro lado, hay cuatro Juntas Auxiliares, las cuales “operan como intermediarios, administrativos y políticos entre las pequeñas comunidades y el nivel municipal”. Otra orden de organización territorial la componen los ejidos (unidades políticas ligadas a la propiedad colectiva de la tierra). Dada la politizada organización territorial, el proyecto CR generó fuertes tensiones en la comunidad.

A pesar de dichas tensiones, fue la presencia de trabajadores extranjeros y la falta de socialización de las obras del proyecto minero operado por la empresa JDC Minerals de capital chino, lo que constituyeron “el primer elemento movilizador”. En este contexto, habitantes de la comunidad acudieron al Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER) para asesorarse y exigieron a las autoridades la información acerca del proyecto. Asimismo, se realizaron asambleas en las cuales se manifestó la tensión existente entre los trabajadores de la empresa, autoridades y pobladores del municipio de Zautla, lo cual derivó en la expulsión de los trabajadores extranjeros debido a que la empresa minera no contaba con los permisos necesarios para realizar operaciones.

En este caso las dos líneas argumentales que movilizaron al grupo opositor fueron 1) las afectaciones ambientales, por la contaminación y el uso del agua, y 2) el territorio, por la “intrusión a predios” y los episodios históricos de invasión y desposesión de la conquista española e intervención francesa. Dichas líneas argumentales posteriormente articularon la resistencia regional.

La hidroeléctrica de Grupo México en Olintla

Otro conflicto surgió en las comunidades totonacas Ignacio Zaragoza, Bibiano Hernández y Bienvenidos, debido a que Grupo México pretendía la construcción de una de las cuatro plantas hidroeléctricas en el municipio de Olintla. En diciembre de 2012 comenzaron a ingresar máquinas para abrir un camino. Fue hasta este momento cuando la comunidad de Ignacio Zaragoza se enteró del proyecto de la planta hidroeléctrica. Por esta razón, la comunidad bloqueó la ruta de acceso y comenzaron las tensiones entre los opositores y las personas que estaban a favor del proyecto.

A pesar de las disputas, “la resistencia de las comunidades indígenas ganó visibilidad y pronto se articularon con organizaciones no gubernamentales de la región”. De tal forma, el 26 de enero del 2013 se llevó a cabo una asamblea en la que participaron las autoridades municipales, así como representantes del Grupo México, autoridades estatales y opositores. Al finalizar la reunión, más de cincuenta opositores fueron retenidos por autoridades municipales al intentar salir de la localidad. Debido a la intervención de la comisión estatal de derechos humanos, los opositores pudieron salir de la comunidad al día siguiente. De acuerdo con los opositores, las autoridades y profesionistas califican de ignorante a la comunidad indígena.

La línea argumental de la oposición en Olintla fue un discurso territorial que se articuló debido a la intrusión física de Grupo México. Además, un elemento distintivo de la resistencia en este municipio es “la dimensión ontológica individual y colectiva con el territorio y el agua”. De esta manera, la resistencia en el caso de Olintla posee cuatro elementos importantes: 1) “la multifacética violencia de la desposesión, desde la agresión física hasta el racismo y el clasismo, pasando por la participación de autoridades gubernamentales”; 2) “una defensa del territorio que sirve como espacios de interpelación a las autoridades, como reivindicación de la propiedad y como vínculo ontológico con el territorio”; 3) la participación de comunidades que se autoidentifican como indígenas y 4) el punto de partida de la articulación regional.

Coalición y regionalización de las resistencias locales

El desarrollo de los conflictos en la Sierra Norte contemplan dos dimensiones. En primer lugar, existen líneas argumentales compartidas por lo cual es posible la conformación de una coalición discursiva. En segundo lugar, la coalición discursiva se regionaliza.

La coalición discursiva

El Consejo Tiyat Tlali, surgió en 2012 con la finalidad de articular las resistencias locales frente a los “proyectos de muerte”. El Consejo aglutina a una serie de organizaciones de la región, las cuales son diversas en cuanto agendas, discursos, prácticas, recursos y composición étnica. Así, el Consejo posee una gran diversidad cultural, política y económica.

En los conflictos sociales en la Sierra Norte están presentes múltiples líneas argumentales. Sin embargo, existen dos líneas argumentativas que se vinculan y, de esta manera, articulan y cohesionan a diversos actores. Dichas líneas corresponden a los proyectos de muerte y la defensa de la vida. En este sentido, siempre está presente la dualidad muerte-vida. Los proyectos de muerte son visualizados como los causantes de la destrucción de la vida de hombres y mujeres, la cultura y el medio ambiente. Implica una muerte individual y una comunitaria, de tal manera que “todos los actores se pueden identificar con la línea muerte-vida, parcial o íntegramente y entenderla en un sentido u otro”.

Dentro de esta dualidad muerte-vida, el agua es concebida como un elemento de suma importancia. La defensa del recurso crea un “discurso compartido, asequible y de gran potencial movilizador y aglutinante” ante la posibilidad de contaminación y escasez derivado de las operaciones de empresas mineras y proyectos hidroeléctricos. En este sentido, el discurso compartido se torna crucial para “consolidar el bloque opositor, atraer simpatizantes y socializar la problemática en la que se entienden los proyectos”.

La regionalización de la coalición: El consejo tiyat tlali

Además del potencial de cohesión de las líneas argumentales compartidas, la resistencia a los proyectos ha sido posible por las bases organizativas microrregionales preexistentes en la Sierra Norte, las cuales han permeado la resistencia a los proyectos. Desde la segunda mitad del siglo XX, las condiciones gremiales, de clase y éticas fueron renegociadas gracias al arribo de diversos actores, discursos y proyectos. Por esta razón, actualmente existe una institucionalización que ha derivado en la organización regional a través de ocho cooperativas y asociaciones civiles de diferentes ámbitos que logran trascender “por su legitimidad dentro de las comunidades y su capacidad de interlocución”.

La institucionalización referida fue posible a través del Consejo Tiyat Tlali. Cabe destacar que la denominación Tiyat Tlali es la traducción del vocablo tierra al totonaco y náhuatl. De tal manera, el término simbólicamente recurre “a la alianza de grupos cuyas relaciones interétnicas han sido históricas asimétricas, particularmente con los mestizos”.

De esta manera, las organizaciones se configuran como intermediarios políticos y canales de información. En el contexto permeado por los conflictos sociales, la resistencia en la región también fue posible mediante la “reapropiación y recreación identitaria” ante la amenaza común que representan los proyectos de muerte. Así, existe una fuerte presencia política en el ámbito intra y metarregional.

En este sentido, los autores hacen énfasis en la exaltación de lo indígena como un hecho crucial para el proceso de territorialización de la región, ya que existe un anclaje histórico-espacial entre las comunidades indígenas y la Sierra Norte y “reivindica el derecho a autodeterminarse”. Asimismo, de acuerdo con el texto, la indefinición de lo indígena adquiere un lugar importante “en el mantenimiento y crecimiento de la coalición”. La composición multiétnica (nahuas, totonacos y mestizos) del Consejo aglutina a la comunidad indígena que a menudo se visualiza “como un grupo homogéneo en contraposición a los mundos mestizos, occidentalizados” y, por ende, existe la “noción idealizada” de los indígenas vinculada a la protección y defensa de la tierra, la vida y la cultura.

Si bien las líneas argumentales logran la articulación de diversos actores, “también se debe observar que la indeterminación de lo indígena puede favorecer discursos hegemónicos con lógicas territoriales y ambientalistas occidentalizadas”. Por esta razón, es necesario reconocer la importancia de una base organizativa preexistente. En este “contexto contencioso” ha sido posible que muchas comunidades y organizaciones continúen con “proyectos políticos de reivindicación identitaria, cultural, económica y política” en la región.

Ante el contexto de violencia generalizada en el país y la imposición de “intereses gubernamentales y corporativos”, la regionalización y la coalición discursiva homogeneizada se tornan cruciales para articular la oposición en una unidad política.

Conclusiones

El marco jurídico mexicano legaliza y legitima los proyectos minero-energéticos en la Sierra Norte que amenazan las territorialidades locales. Asimismo existen argumentos como el interés público, la energía limpia y el combate a la pobreza que soslayan “la violencia que acompaña la desterritorialización mediante la figura de expropiación o proyectos de reubicación poblacional”.

La oposición se movilizó y logró una resistencia local debido a discursos que contemplaban el ambiente, la salud, la vida y la reivindicación indígena a través de la autodeterminación, el territorio y la etnicidad. Con la base de organizaciones preexistentes al interior de la región y la creación de una coalición discursiva a través del Consejo Tiyat Tlali, la oposición local pasó a ser una oposición regional. La coalición debe entenderse como un proceso hegemónico en donde “los actores, internamente, también pueden disputar la concepción hegemónica del territorio”.

Las líneas argumentales pueden “minimizar las diferencias y posibles tensiones internas” al sintetizar grandes discursos que no son compartidos en su totalidad por todos los actores. La coalición discursiva en una “dimensión territorial” favorece la regionalización de la resistencia. Dentro de la oposición regional en la Sierra Norte de Puebla existe una exaltación de lo indígena, del derecho de autodeterminación y de la “demanda de derechos étnicos, culturales, políticos, económicos o ambientales”.

Datos cruciales: 

1. En 2013, 20% del territorio de la Sierra Norte se encontraba concesionado a proyectos de exploración, explotación y beneficio de oro y plata. Tan solo tres proyectos tenían concesiones de 170 mil hectáreas. 72% de dicho territorio se encontraba controlado por la minera de capital canadiense Almaden Minerals; 7% por la minera de capital mexicano Frisco y menos de 1% por la empresa de capital chino JDC Minerals.

2. Las concesiones se otorgaban a cambio de una contraprestación semestral que oscilaba entre 5.70 y 124.74 pesos por hectárea.

3. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, a nivel nacional apenas se recauda 2.2% del valor de la producción minera por concepto de derechos de concesión.

Trabajo de Fuentes: 

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Nexo con el tema que estudiamos: 

Los conflictos en la Sierra Norte de Puebla tienen alcances simbólicos en el proceso de resistencia. Visualizar a los proyectos minero-energéticos como “proyectos de muerte” establece la clara relación entre las acciones de las corporaciones y destrucción del ambiente. Así, el artículo da cuenta de la estrecha relación entre la acción de las grandes empresas, la evolución de la economía mexicana y la degradación del medio ambiente.