En 2015 la OCDE estimó que la evasión fiscal hace perder a los gobiernos entre $100 mil millones y $240 mil millones de dólares al año, esto es, entre 4% y 10% del impuesto a los ingresos de las corporaciones globales. Ahora, con la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, los gobiernos tienen una urgencia por recuperar algo de ese dinero.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, planea aumentar los impuestos sobre las utilidades corporativas, incluyendo los ingresos en el extranjero. El grupo de países que conforman la G7 probablemente discutirá sobre una reforma fiscal global en su reunión de junio de 2021. Después, más países se reunirán a discutir un cambio sobre el sistema que actualmente cobra impuestos a las empresas multinacionales. Aunque los posibles acuerdos pueden representar apenas un ingreso modesto para los gobiernos, sería un gran cambio respecto de las prácticas del pasado.

El sistema fiscal actual, estructurado aproximadamente hace 100 años, reconoce que cobrar dos veces impuestos sobre la misma parte de utilidades puede impedir el comercio y el crecimiento. Por lo tanto, los derechos fiscales se asignan: 1) al país donde las utilidades fueron producidas; y 2) al país donde esté localizada la empresa matriz.

Estas medidas tuvieron dos consecuencias no intencionales. Primero, los gobiernos ahora compiten por inversión al ofrecer tasas impositivas bajas. Segundo, esta competencia en tasas impositivas ha hecho que las compañías cambien sus utilidades reportadas a lugares con impuestos bajos. Tan solo en 2016, cerca de 1 billón [trillion] de dólares de utilidades globales fueron reportadas en lugares como Islas Caimán, Irlanda y Singapur, que aplican una tasa impositiva efectiva de 5% a las utilidades de compañías extranjeras.

Hay una diferencia significativa entre los países donde las empresas pagan impuestos y donde realmente llevan a cabo sus actividades. Un análisis de la OCDE sugiere que las multinacionales reportan 25% de sus utilidades en paraísos fiscales, aun cuando solo 11% de sus activos tangibles y menos del 5% de sus trabajadores están ubicados ahí. Las compañías matrices pueden asignar utilidades a filiales en paraísos fiscales al hacer que estas tengan propiedad intelectual que después pueden compartir, a través de una licencia, con otras filiales en países con impuestos más altos. Debido al cambio en la forma de hacer negocios, con muchos más servicios intangibles o digitales, el problema se ha ido agravando con el tiempo. El porcentaje de multinacionales estadounidenses cuyas utilidades fueron registradas en paraísos fiscales ha subido de 30% a 60% en 20 años.

Más de 40 gobiernos planean imponer impuestos más estrictos a compañías de servicios digitales, como Amazon, Google y Facebook. El sentimiento generalizado de como cobrar impuestos a las compañías de Silicon Valley, el deseo global de aumentar impuestos para ayudar con el costo de la pandemia y una Casa Blanca más conciliadora hacen pensar en que un nuevo trato global es posible.

En la próxima junta de la OCDE habrá dos propuestas sobre la mesa que se discutirán. La primera propuesta consiste en la redefinición de los derechos para cobrar impuestos, de tal forma que el país donde se generen las ventas de una empresa pueda cobrar impuestos aun cuando la empresa no tenga presencia en dicho país. Los negociadores de la administración de Biden han propuesto que ese cambio aplique a las 100 empresas más grandes y rentables del mundo; a cambio, el gobierno estadounidense plantea que no se cobren impuestos a los servicios digitales. La segunda propuesta consiste en establecer un impuesto mínimo a las corporaciones en todos los países; la administración de Biden ha propuesto que la tasa impositiva sea de 21%.

Debido a las diferentes propuestas, situaciones e intereses de los países, se espera que haya desacuerdos. Algunos países pretenden presionar a empresas como Google, Facebook o Amazon para que paguen impuestos, algo a lo que se opondría el gobierno de Estados Unidos y que podría entorpecer la cooperación global. Por otro lado, los países y territorios que sirven como paraísos fiscales podrían oponerse a establecer un mínimo en el impuesto corporativo porque eso les haría perder competitividad. Cualquier acuerdo requerirá de compromisos por parte de todos los involucrados. Si no se llega a un acuerdo, Estados Unidos aun así seguiría adelante con su reforma fiscal doméstica, lo que terminaría por incrementar la carga fiscal de las subsidiarias de las compañías estadounidenses que se encuentran en el extranjero.