Corredor del Istmo de Tehuantepec. Las Asociaciones Público Privadas y sus impactos territoriales en México

Cita: 

Clavijo Flórez, Isabel [2021], Corredor del Istmo de Tehuantepec. Las Asociaciones Público Privadas y sus impactos territoriales en México, México, PODER, septiembre, https://poderlatam.org/wp-content/uploads/2020/09/Informe_Corredor_Istmo...

Fuente: 
Otra
Fecha de publicación: 
Septiembre, 2021
Tema: 
El corredor del Istmo de Tehuantepec, la falta de transparencia del proyecto y el beneficio a grandes compañías privadas.
Idea principal: 

Isabel Clavijo Flórez es colaboradora del Proyecto sobre organización, desarrollo, educación e investigación (PODER), en donde ha realizado investigaciones acerca de los megaproyectos en México.


Introducción

El Corredor del Istmo de Tehuantepec es un megaproyecto que considera a la región del istmo como una zona estratégica para la industria del transporte de energía e hidrocarburos. A razón de esto, el megaproyecto, que sirve como continuidad al proyecto de zonas económicas especiales (ZEE) del ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto, busca desarrollar diversos proyectos para “fortalecer la infraestructura productiva de la región, impulsar un nuevo modelo de crecimiento económico, incrementar la biodiversidad, articular la población en situación de pobreza extrema y proteger el patrimonio cultural de los pueblos indígenas”. Un ejemplo de estas obras son la rehabilitación, construcción y desarrollo del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) y el gasoducto Jáltipan Salina Cruz.

El texto presenta una investigación que tiene como objetivo analizar el papel de las asociaciones público privadas (APP) en el megaproyecto, sus impactos ambientales y sus principales beneficiarios. El análisis toma como referencia los decretos y dictámenes de las siete ZEE, la información entregada por la Autoridad federal para el desarrollo de las ZEE, la información obtenida por la Plataforma nacional de transparencia y la información presentada en la página web del Corredor interoceánico Istmo de Tehuantepec.

Transparencia y acceso a la información

Los detalles del proyecto del Corredor del Istmo de Tehuantepec se encuentran en el Programa de desarrollo del Istmo, en los contratos y en los documentos pertenecientes a las operaciones que se realizarán en la zona. Tomando en cuenta que se trata de un proyecto de interés público y por lo tanto su información debe ser de fácil acceso y consulta, la autora concluye que de manera deliberada se dificulta el acceso a ésta a través de su negación o presentación incompleta.

La falta de transparencia puede aludirse a que: 1) las autoridades han mostrado un patrón de deslindar su responsabilidad o conocimiento sobre la información, 2) las secretarías han delegado su responsabilidad a otras secretarías, y 3) gobiernos estatales han negado tener cualquier tipo de datos respecto al Corredor.

Ejemplo de lo anterior es el hecho de que la Secretaría de hacienda y crédito público (SHCP) negó tener entre sus archivos el Programa de desarrollo del Istmo, argumentando que no es un proyecto de su competencia ni obligación. La Comisión reguladora de energía (CRE), por su parte, declaró que no tiene información sobre la operación del gasoducto en el Istmo ya que es de competencia de la Secretaría de energía (SENER).

Asimismo, es necesario mencionar que la pandemia por COVID-19 recrudeció la falta de transparencia del megaproyecto ya que, a raíz de la contingencia sanitaria, se suspendieron los plazos de entrega de información, a pesar de que la operación de los proyectos, la firma de contratos, asignaciones y toma de decisiones sobre presupuesto, se llevaron a cabo con normalidad.

Proyectos industriales y de infraestructura del Corredor del Istmo de Tehuantepec

Los intereses en el Istmo llevaron a la creación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un organismo público descentralizado que busca integrar la prestación de servicios de administración portuaria y el transporte ferroviario por medio de la inversión público privada.

Como parte de este corredor, se ha previsto el desarrollo de otros proyectos además del FIT y del gasoducto, entre los que se encuentran: la construcción de una nueva terminal de contenedores en el puerto de Coatzacoalcos y Salina Cruz, la construcción del circuito transístmico Palomares Matías Romero, el desarrollo de centrales eólicas, el mantenimiento y rehabilitación de las refinerías Minantitlán y Salinas Cruz y, seis Polígonos de bienestar para el desarrollo. Además, se dispuso que el corredor funcione como zona libre, es decir, busca disminuir impuestos a las empresas que transiten e inviertan en la zona.

Hasta el momento, solo se tiene información precisa acerca del proyecto de rehabilitación del FIT y del gasoducto Jáltipan Salina Cruz. Ambos serán realizados bajo el esquema de una APP histórica, con la que el sector privado buscará superar las deficiencias estatales para garantizar bienes y servicios públicos y para administrarlos. Esto, en una asociación entre el sector privado y el sector público, que operará con contratos de concesiones, en la que el sector privado tendrá la tarea de diseñar, construir y financiar los proyectos, por un tiempo determinado en los contratos, para después pasar el control a la administración pública.

En este esquema de APP, el sector público y el sector privado se comprometen para la rehabilitación, la operación, el diseño, la construcción y el mantenimiento de la obra; a pesar de ello, esto no garantiza el éxito del proyecto ni que se tomen en cuenta las necesidades de la población sobre los intereses privados.

Es de suma importancia resaltar que el megaproyecto pretende ubicarse en una zona de gran importancia para la biodiversidad y los ecosistemas de México; a razón de ello, el proyecto es un riesgo para el equilibrio ecológico de la región, ya que sus obras se ubicarán en cinco áreas de importancia para la conservación de las aves (AICA); en tres ecorregiones que conforman un ecosistema que une a los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán y Chiapas; en tres regiones hidrológicas prioritarias; y, en una región en donde se ubican 247 especies en alto riesgo y con prioridad para la protección nacional.

En este sentido, en noviembre de 2019, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A de C.V. consideró que no es necesario evaluar el impacto ambiental del proyecto región, por lo que publicó una convocatoria para contratar a una empresa que solicitara la exención de la Manifestación de Impacto Ambiental en el tramo de 200 km de la línea Z. Lo previo, explica por qué la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) solo ha reportado el ingreso de tres manifestaciones de impacto ambiental relacionadas con el megaproyecto.

Empresas beneficiarias con la rehabilitación del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec

El FIT, es un proyecto cuyo desarrollo se contempla en distintas etapas. En primer lugar, se encuentra la rehabilitación del FIT, la cual está destinada a mejorar 206 km de vía entre Veracruz y Oaxaca en lo que será denominada la línea Z del ferrocarril. Una vez terminada la rehabilitación, el proyecto tendrá tres etapas: 1) la construcción de un tren eléctrico de 300 km para el transporte de pasajeros y de carga; 2) la construcción de cuatro muelles en los puertos de río Tehuantepec en Oaxaca y de la laguna Ostión en Veracruz; y, 3) la exportación e importación de mercancías y servicios por medio del ferrocarril.

El proyecto mencionado, de acuerdo con los resultados del fallo de la SHCP en los que se adjudicaron contratos para la rehabilitación del FIT, estará a cargo de seis empresas con sus respectivos consorcios, entre las que se encuentran: Grupo Azvi, Grupo Industrial Hermes, COMSA Corporación, Grupo SACMAG y, consorcio Ferro Maz y Construcciones y Maquinarias SEF, S.A. de C.V.

Grupo de Empresas Azvi es un grupo empresarial español que se dedica al sector de construcción y que también tiene negocios en gestión inmobiliaria y concesiones de infraestructura en el sector de energía. Con presencia en más de 10 países, Grupo Azvi opera en México bajo su subsidiaria Construcciones Urales S.A de C.V., empresa que ha ganado concesiones para el paquete de carreteras Michoacán, para la construcción e instalaciones electromecánicas del Tren Interurbano México-Toluca, para los parques eólicos vientos del Altiplano en Zacatecas y en Palo Alto en Jalisco y, para realizar el tramo 3 del Tren Maya.

Grupo Industrial Hermes es un grupo empresarial con sede en la Ciudad de México y que opera en el sector financiero, de construcción, manufacturero, infraestructura, energía y turismo. Con presencia en 15 estados de México y en 25 países, Grupo Hermes tiene contratos para la construcción del edificio terminal del Nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, para la construcción de dos tramos de la vía férrea Zinacantepec en el Estado de México y, para el diseño y construcción de la presa de almacenamiento Zapotillo en Jalisco. Este último ha provocado múltiples quejas por violación a los derechos humanos en distintas comunidades en Jalisco, quejas que han sido llevadas ante el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos.

COMSA Corporación es una empresa española que tiene proyectos en el sector ferroviario, de infraestructura, construcción, ingeniería, energía, mantenimiento, servicios y concesiones. Con presencia en 18 países, COMSA opera en México a través de sus subsidiarias Compañía Occidental Mexicana, S.A. de C.V. y Comsa Infraestructura S.A. de C.V. A través estas, COMSA ha participado en la renovación del tren ligero de la Ciudad de México, así como en la construcción de un tramo de doble vía en el Puerto de Veracruz, el mantenimiento de las instalaciones de las vías del metro de la Ciudad de México y, la construcción de 110km de la autopista Libramiento sur de Guadalajara.

Por su parte, Grupo SACMAG es una empresa mexicana con sede en la Ciudad de México y en Nueva York que se especializa en la prestación de servicios de consultoría para estudios topográficos, ambientales y supervisión de campo en el sector de energía, de hidrocarburos, infraestructura, automotriz, farmacéutico y minero. Grupo SACMAG está conformado por 8 empresas dividas por sector, lo que ha facilitado que esta compañía tenga presencia en diversos proyectos en México, entre los que se encuentran: los ductos marinos del Golfo de México; estudios ambientales para una planta de vidrio en San Luis Potosí; la coordinación de obra del Hotel Royalton Riviera, en Cancún; estudios de mecánica de suelos para el ducto Guadalajara en Manzanillo; un contrato en 2015 para la obra del Nuevo aeropuerto de la Ciudad de México; y, actualmente participa en un proyecto de ingeniería en la base militar de Santa Lucía.

Finalmente, el consorcio Ferro Maz y Construcciones y Maquinarias SEF, S.A. de C.V. fueron constituidas en 2019, por lo que se ha considerado que esta razón social pudo surgir como subsidiaria de un grupo empresarial que busca ser beneficiario del proyecto FIT. En este sentido, este grupo tiene como objeto realizar proyectos de construcción y mantenimiento en líneas férreas, terminales terrestres, pesqueras, portuarias, marítimas, obras viales, carreteras, caminos, entre otros; así como el diseño, construcción y gestión de infraestructuras y prestación de servicios de ingeniería, desarrollo y reparación. También, este consorcio se especializa en la construcción de vías férreas, desarrollo de proyectos y construcción de productos ferroviarios.

En adición a las seis empresas mencionadas, existe un contrato adicional con el Cuerpo de vigilancia auxiliar del Estado de México, el cual tiene el fin de prestar servicios de seguridad y vigilancia a los tramos del FIT; no obstante, es necesario resaltar que esta empresa cuenta con quejas por posibles actos de corrupción y de violación a los derechos humanos.

Gasoducto Jáltipan Salina Cruz

A diferencia del FIT, aún no se encuentra información respecto a las concesiones para el desarrollo del proyecto del gasoducto Jáltipan Salina Cruz. No obstante, de acuerdo con la Agencia nacional de seguridad industrial y de protección al medio ambiente del sector de hidrocarburos (ASEA), desde 2015 existe una solicitud de autorización ambiental para llevar a cabo el proyecto, misma que se encuentra suspendida.

El gasoducto es considerado un proyecto estratégico por el gobierno mexicano, ya que a partir de este se busca “extender la cobertura del sistema de gasificación y detonar nuevos mercados” como parte del Plan quinquenal de expansión del sistema de transporte y almacenamiento nacional integrado de gas natural 2015-2019. El gasoducto servirá para abastecer de gas a una refinería, a una planta de cogeneración, a una planta de licuefacción y servirá para la exportación de gas hacia Centroamérica.

Esta obra es una APP con una concesión por 20 años que será otorgada por licitación pública tipo greenfield, es decir, una inversión extranjera directa en donde el inversionista tendrá control de la producción, el diseño y la instalación de la obra. Asimismo, el proyecto abastecerá de gas natural a 10 parques industriales a lo largo del corredor, aumentando su capacidad de transporte y consolidando a la región del Istmo como un corredor energético regional.

Captura corporativa e impactos territoriales

El Corredor del Istmo de Tehuantepec es un proyecto que atraviesa 79 municipios en donde viven 10 pueblos indígenas, pueblos campesinos y pueblos afromexicanos. En este sentido, el gobierno mexicano afirmó que se realizaron consultas en 2019, a los 79 municipios para tomar una decisión colectiva respecto al proyecto, mismo que según fuentes oficiales fue aceptado por las comunidades. Al contrario de las declaraciones gubernamentales, las comunidades en la zona del corredor indicaron que las consultas no incluyeron los intereses sociales, fueron realizadas para obtener consentimientos “exprés” y además, reportaron la entrega de dinero para favorecer los resultados. Por esta razón, se interpuso el amparo 135/2019 ante el juzgado séptimo de distrito de Oaxaca en contra del Corredor.

La existencia de este amparo pone en evidencia que se trata de un proyecto que sigue los lineamientos del interés privado sobre el interés público, lo que implica que el Programa de desarrollo del Corredor se enfoca en la contratación de empresas privadas bajo el esquema APP y deja de lado la participación de las comunidades en el proyecto, así como su derecho a tomar decisiones sobre sus territorios. Esto, poniendo claro que “el Corredor del Istmo de Tehuantepec sigue siendo un proyecto impuesto de arriba hacia abajo”.

*El informe completo “Corredor del Istmo de Tehuantepec. Las Asociaciones Público Privadas y sus impactos territoriales en México” está disponible como archivo adjunto.

Datos cruciales: 

1. El 7 de junio de 2020 se publicó de manera oficial que las inversiones para la rehabilitación del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) superarán los 20 mil millones de pesos entre 2019 y 2022.

2. En la zona libre proyectada para el Corredor del Istmo de Tehuantepec se busca que las empresas puedan tener una disminución de 30% del Impuesto Sobre la Renta, una disminución de 16% del Impuesto de Valor Agregado y una reducción al precio de los combustibles.

3. Para el Paquete de carreteras Michoacán, Grupo Azvi obtuvo un contrato de concesión por 30 años por 505 millones de euros. Por su parte, para la construcción e instalaciones electromecánicas del Tren Interurbano México-Toluca, obtuvo una concesión por 667 millones de euros. Finalmente, en los parques eólicos vientos del Altiplano en Zacatecas y Palo en Jalisco, este grupo hará inversiones de 28 millones de euros y de 15 millones de euros, respectivamente.

4. Por medio de Construcciones Urales S.A. de C.V., en México, Grupo Azvi tiene contrataciones públicas que ascienden a 1 068 385 686 de pesos.

5. Para la construcción del edificio terminal del Nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Grupo Industrial Hermes cuenta con un contrato por 84 mil millones de pesos. Por su parte, el contrato para la construcción de dos tramos de la vía férrea Zinacantepec en el Estado de México asciende a 8 mil millones de pesos cada uno. Finalmente, el contrato para el diseño y construcción de la presa de almacenamiento Zapotillo en Jalisco asciende a 2 mil millones de pesos.

6. La participación de COMSA Corporación en la renovación de vía del Tren Ligero de la Ciudad de México se debió a un contrato de 12.7 millones de euros.

7. A través de su subsidiaria Comsa Infraestructura S.A de C.V, COMSA Corporación, en junio de 2020, obtuvo un contrato con el gobierno mexicano de 198 537 939 de pesos.

8. Por medio de su división en coordinación y supervisión para infraestructura y edificaciones urbanas, Grupo SACMAG tiene 105 contratos con el gobierno mexicano que ascienden a 360 792 705 de pesos. El último contrato de la empresa con el gobierno se firmó en junio de 2020, con un acuerdo de 22 271 639 de pesos.

9. Entre los 10 pueblos indígenas que viven en la zona del Corredor del Istmo de Tehuantepec se encuentran: Zapoteco, Mixe, Zoque, Huave, Chontal, Chinanteca, Mazateca, Mixteca, Popoluca y Nahua.

Nexo con el tema que estudiamos: 

El caso del Corredor del Istmo de Tehuantepec es un ejemplo de la forma en que el estado y las grandes corporaciones, bajo un argumento de desarrollo, continúan realizando prácticas destructivas y extractivas del ambiente con el objetivo de saciar sus intereses particulares, mismos que la mayoría de las veces responden a intereses privados. En este sentido, el proyecto en la región del Istmo y la forma en que se han tomado decisiones, así como la forma en que se ha presentado la información a la población mexicana, es prueba de que en México la destrucción ambiental y los derechos de las comunidades, se encuentran en segundo y tercer plano ante las ganancias económicas que un proyecto de esta magnitud podrían acarrear, tomando en cuenta que hasta el momento no se ha proyectado ningún tipo de beneficio para las comunidades más afectadas por el Corredor y en cambio, solo se han producido impactos negativos para las formas de vida del Istmo de Tehuantepec.