Blurring the monopoly on violence: Private Military and Security Companies and coercive state power

Cita: 

Díaz, Carlos et al. [2021], "Blurring the monopoly on violence: Private Military and Security Companies and coercive state power", State of Power 2021, Amsterdam, TNI, https://longreads.tni.org/es/stateofpower/blurring-the-monopoly-on-viole...

Fuente: 
Otra
Fecha de publicación: 
2021
Tema: 
Diversificación de los servicios de las EMSP
Idea principal: 

Ekaterina Zepnova, Giulia Campisi, Felip Daza, Carlos Díaz y Nora Miralles forman parte del equipo de investigación del Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en la Región del Mediterráneo y Shock Monitor.


El artículo comienza haciendo referencia a los sucesos de Cabo Delgado (Mozambique), donde más de medio millón de personas viven escenarios de violencia generada por los enfrentamientos entre grupos armados islamistas y fuerzas estatales. El conflicto ha dejado más de 2 500 muertos.

En este conflicto existe una alianza entre Estados y Empresas Militares de Seguridad Privada (en adelante, EMSP): desde la EMSP rusa Grupo Wagner y la sudafricana Dyke Advisory Group, éstas se han desplegado en Cabo Delgado para ayudar a combatir las amenazas a los depósitos de gas explotados por la transnacional francesa Total.

El artículo argumenta que este caso ilustra la progresiva privatización de la seguridad, función que antaño correspondía exclusivamente al Estado. Este fenómeno es de naturaleza internacional. A medida que los Estados subcontratan sus roles y responsabilidades, se vuelven incapaces de brindar protección económica y bienestar social. Por esa razón, los Estados se debilitan.

De igual forma se apunta una contradicción en este punto: el hecho de que el Estado brinde seguridad, es una de las razones por las que es legítimo. Por tanto, resulta irónico que la seguridad se subcontrate a empresas privadas. Así, comprender este nexo complejo y contradictorio es fundamental para comprender el poder coercitivo de hoy en día.

Este texto tiene el objetivo de examinar el sector de las EMSPs que proporcionan personal para los servicios militares y de seguridad. Dicha dinámica es resultado de la desregulación de las funciones de seguridad y eso les ha permitido expandirse drásticamente en décadas recientes.

Asimismo, se considera que las EMSPs son esencialmente un nuevo tipo de mercenario. Se diferencian del mercenario tradicional por tres razones:

1) Son, por su propia naturaleza, empresas privadas registradas en un Estado, pero que a menudo trabajan en otro, ofreciendo sus servicios a través de sitios web corporativos y con redes internacionales de oficinas e instalaciones.

2) Su personal puede ser extranjero o nacional del país en el que opera la EMSP.

3) Ofrecen una amplia gama de servicios: desde tareas de seguridad como la protección de espacios físicos y patrullaje de áreas públicas o privadas, hasta funciones militares (incluyendo participación en combate, apoyo operativo, inteligencia, logística, etc).

Las EMSPs se caracterizan por su alcance internacional y su vasta capacidad operativa (incluido el equipo militar, como armas pesadas, helicópteros de combate y tanques blindados), equiparable a la de cualquier ejército moderno.

Esta capacidad hace que las EMSPs sean esenciales para muchos gobiernos ya que se utilizan tanto para misiones internacionales en zonas de conflicto como para proporcionar servicios de seguridad nacional junto o en lugar de las propias fuerzas de seguridad del Estado, por ejemplo: control de fronteras, protección de infraestructura crítica o gestión de seguridad penitenciaria.

Aunque Estados Unidos y Reino Unido han dominado históricamente el mercado de las EMSPs, en los últimos años han llegado a tener protagonismo empresas con sede en países como China, Rusia o Turquía. Lo que se resalta es que sus actividades parecen acompañar las ambiciones geoestratégicas de estos países y su impulso para expandir su influencia económica y política.

La subcontratación de la política exterior a través de Empresas Militares y de Seguridad Privadas

En esta breve sección se apunta que los esfuerzos de los Estados para promover sus intereses geopolíticos usualmente se han basado de manera principal en el poder militar. No obstante, las EMSPs se han convertido en un actor clave en la política exterior actualmente debido a que son actores funcionales, flexibles y polifacéticos.

Además, son capaces de desplegar sus servicios en los nuevos tipos de conflicto armado -asimétrico e híbrido-. Esta peculiar dinámica parece contradecir una de las premisas que supuestamente caracterizan al Estado moderno, es decir, el monopolio exclusivo de la violencia.

Por otra parte, los nuevos entornos operativos en los que estas empresas prestan sus servicios las han llevado a desarrollar una doble naturaleza: en primera instancia las EMSPs son meros "instrumentos" al servicio de los Estados que las contratan para implementar una agenda política específica. En segunda instancia, se han convertido en actores armados no estatales independientes, muchas veces amparados por Estados frágiles que los contratan para desempeñar muchos roles que antes desempeñaban sus propias fuerzas de seguridad pública.

Empresas Militares y de Seguridad Privadas y el extractivismo

Para explicar el auge de las EMSPs, el artículo se remonta al final de la Guerra Fría que detuvo la acumulación militar de Estados Unidos y la URSS. Eso dejó sin un propósito vastas instalaciones de defensa y arsenales de equipo y material, así como grandes ejércitos.

Aunado a lo anterior, el fin de varios conflictos nacionales tuvo un resultado similar (por ejemplo el fin del gobierno del apartheid en Sudáfrica, que había desarrollado estructuras de represión estatal). Así, fue inevitable una transformación de la industria militar y de seguridad: el superávit militar fue reabsorbido por empresas privadas, lo que contribuyó al surgimiento de las EMSPs.

Ejemplos de lo anterior son Executive Outcomes y la empresa británica Sandline, consideradas los primeros ejemplos de EMSPs modernas. Éstas cobraron protagonismo en la década de 1990 por su papel activo en las guerras civiles de Sierra Leona y Angola. Posteriormente, la implicación de Blackwater en la ocupación de Irak hizo que la atención pública se volviera a centrar en estas empresas, reavivando el debate académico y gubernamental sobre el uso de mercenarios en las guerras.

Las EMSPs se han convertido en una extensión del aparato de seguridad del Estado en conflictos nacionales e internacionales y algunos gobiernos han intentado justificar este hecho diciendo forma parte de una estrategia para reducir el gasto militar. No obstante, el artículo señala que en realidad el uso de EMSPs permite a los gobiernos intervenir en conflictos armados evitando el escrutinio público y aprovechando las "zonas grises" de la regulación internacional.

Las recientes guerras en Libia y Siria, han sido un terreno fértil para el uso de EMSP en conflictos internacionales, en las que terceros países participan contratando a estos actores armados no estatales. Por ejemplo, los medios informaron que cientos de empleados de Wagner Group habían muerto en un ataque aéreo en la región de Deir Ezzor en Siria en febrero de 2015. No obstante, las autoridades rusas negaron cualquier conexión con los mercenarios rusos.

La participación encubierta de las EMSPs, a través de contratos con gobiernos o empresas transnacionales (ETN), les permite asegurar el control de territorios geoestratégicos para la explotación de recursos naturales. El artículo recalca que la dinámica de la contratación refuerza la lógica económica extractivista en muchos conflictos armados (ver Dato crucial 1). La guerra en Libia y la participación del grupo Wagner en ese conflicto ha permitido que ésta extienda su control sobre las instalaciones petroleras, lo que revela el interés de sus clientes en los recursos energéticos de Libia.

Evadir la supervisión

Como ya se observó, Wagner Group es una de las EMSPs que más participa en conflictos y tensiones en los países africanos. Las EMSPs chinas también tienen un rol en estos escenario bélicos; a este respecto el general estadounidense Thomas Waldhauser menciona que "los chinos traen el dinero y los rusos el músculo".

No obstante, China y Rusia han tomado caminos muy diferentes con respecto a la regulación y el control de sus empresas. China ha firmado el Documento de Montreaux de 2008, mientras que Rusia se niega a hacerlo. Esto hace imposible que el sistema internacional ejerza algún control sobre las acciones de las EMSPs rusas.

Así, la contratación de estas empresas también se debe a que la legislación nacional e internacional que las rige es extremadamente laxa. No existe un sistema vinculante para responsabilizarlas, ni transparencia en los servicios que realizan, debido a su carácter privado y al carácter confidencial de sus contratos.

Esta opacidad tiene sus ventajas debido a que políticamente es menos costoso para los gobiernos que contratan a estas empresas, pues de esta manera se evita tener grandes bajas militares. Además, el Estado que contrata las EMSPs puede evitar el escrutinio de su respectivo parlamento o congreso, así como un escándalo público, al tiempo que logra sus objetivos operativos.

El texto sugiere comprender al mercado de servicios militares privados de Rusia como híbrido, debido a la participación del gobierno ruso, aunque oculta, en las misiones de las EMSPs. De esta manera, el actual vacío legal que ha llevado a los Estados a contratar en secreto a EMSPs hace que sea enormemente difícil responsabilizarlas por los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por sus empleados.

El ejemplo último de esta impunidad es el indulto de Trump a los empleados que trabajaban para Blackwater (ahora Academi) que cumplían una pena de prisión por la masacre de civiles en la plaza Nisour en Irak.

Policía privada

Después de las invasiones a Afganistán e Irak, las respectivas instituciones gubernamentales de esos países recuperaron el control mientras sus fuerzas de seguridad nacional tomaron el control de su territorio. En consecuencia, las principales EMSPs, que estuvieron desplegadas en Afganistán e Irak, comenzaron a centrarse en otros sectores emergentes en el ámbito de la seguridad.

Esos sectores se basaron en las “nuevas amenazas” a la estabilidad nacional, por ejemplo: el terrorismo, los ciberataques o la migración. Entonces, las EMSPs expandieron su oferta de servicios relacionados con la protección de la infraestructura crítica, la gestión de los flujos migratorios, las cárceles, centros de detención de migrantes, ciberseguridad e inteligencia nacional.

El artículo se enfoca en un ejemplo donde esta expansión de los servicios de las EMSPs se puede atestiguar: en el contexto de las protestas públicas generalizadas en Francia, empresas como Groupe DCI proporcionaron formación y servicios de asesoramiento a las fuerzas de seguridad del gobierno francés. Esta empresa también brindó información y asesoramiento a la policía antidisturbios, desde Estados Unidos hasta Bahréin.

Asimismo, las EMSPs también han sido un instrumento en la “guerra contra las drogas” financiada por Estados Unidos y cristalizada en el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida de 2006 en México. También continúan desempeñando tareas de capacitación, provisión de apoyo logístico y equipamiento a los actores estatales, que en algunos casos violan derechos humanos.

Es necesario resaltar que estas empresas toman un papel activo en el mantenimiento del orden público. Por ejemplo, algunos barrios de mayoría judía en Jerusalén, están protegidos por EMSPs (como Modi'in Ezrachi), que desempeñan funciones de las fuerzas de seguridad pública.

Otro caso es el de Ciudad del Cabo, donde el ejercicio de la seguridad pública a menudo sigue reflejando las desigualdades de la era del apartheid. Ahí, empresas de seguridad privada como Professional Protection Alternatives no solo patrullan los barrios blancos ricos, sino también las zonas públicas como las playas; a veces llevan a cabo operaciones de desalojo de personas en espacios públicos.

El artículo señala que esta situación desafía el monopolio estatal de la fuerza, pero al mismo tiempo, el Estado tiene una actitud permisiva al respecto.

Festejando el castigo

El artículo observa que la privatización de la seguridad abre nuevos espacios de valorización para las EMSPs; en este sentido, se resalta la privatización de prisiones y centros de detención de migrantes como esos nuevos espacios para valorizar el capital. La industria tiene un valor de miles de millones de dólares al año e implica entregar la administración de las cárceles estatales al sector privado.

Este es el aspecto de su implicación en la seguridad pública que despierta mayor oposición y alarma entre los defensores de derechos humanos. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre el uso de mercenarios publicó, en 2017, un informe sobre los impactos para los derechos humanos de la privatización de cárceles y centros de detención de migrantes.

El informe señaló que las EMSPs involucradas en el encarcelamiento provienen de varios países (Austria, Australia, Francia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Sudáfrica, España, Reino Unido y Estados Unidos). En el caso estadounidense, las tres EMSP que dominan el mercado son CoreCivic, Geo Group y Management and Training Corporation; éstas tienen un largo historial de denuncias sobre tratos degradantes, trabajo forzoso, abuso, violencia, agresión sexual en cárceles, correccionales y centros de detención (que albergan a niños y migrantes).

Las ganancias que obtienen al encerrar a los migrantes han dado lugar a importantes campañas de promoción y protesta civil lideradas por organizaciones como Worth Rises, que ha logrado notables victorias. El artículo resalta el ejemplo de la ciudad de de Denver en 2019; ahí no se renovó el contrato de 10.6 millones de dólares con GEO Group y CoreCivic.

Estas privatizaciones crecieron durante la segunda administración de Obama y se intensificaron con las políticas anti-migratorias de Trump. Asimismo, la pandemia empeoró aún más esta situación, dejando la salud y la seguridad de los migrantes a merced de EMSPs como MVM Inc. A raíz de la pandemia, los hoteles utilizados para detener niños para ser deportados son supervisados por EMSPs, dato revelado por The New York Times en agosto de 2020.

A pesar de los numerosos escándalos en las cárceles y centros de detención de migrantes, la privatización continúa, gracias a la percepción de una relación de beneficio mutuo entre el sector público y el privado, mediante la cual las empresas obtienen contratos altamente rentables con el sector público mientras que los gobiernos subcontratan funciones sensibles de seguridad pública.

Los casos de abusos y violaciones de derechos humanos ponen el foco en la empresa y no en las autoridades públicas responsables de la subcontratación. A continuación se brinda un ejemplo al respecto. En octubre de 2020, la empresa británica G4S, adquirida muy recientemente por la PMSC Allied Universal, con presencia en 90 países, se adjudicó un contrato para administrar la mega prisión de Wellingborough durante 10 años, a pesar que se hicieron públicas las imágenes de presos atacados y agredidos (ver Dato crucial 2).

Además, gracias a una campaña centrada en la participación de G4S en los territorios ocupados en Israel, se obligó a la empresa a retirarse de las cárceles israelíes. En éstas, la empresa brindaba el suministro de equipos a los puestos de control israelíes, donde los palestinos suelen sufrir violaciones de sus derechos.

De la inteligencia tradicional a los cibermercenarios

Después del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos invirtió masivamente en trabajo de inteligencia como parte de la lucha contra el terrorismo internacional e intensificó gradualmente la subcontratación de estos servicios a las EMSPs (ver Dato crucial 3).

Que las agencias de inteligencia gubernamentales contraten a corporaciones que producen tecnologías de vigilancia no es nada nuevo; no obstante, según el artículo, lo inusual es la contratación de personal especializado para labores de inteligencia y seguridad nacional (ver Dato crucial 4).

Estos servicios han evolucionado con el uso de nuevas tecnologías y ahora también incluyen amenazas del ciberespacio. Por tanto, estas empresas suministran y mantienen la tecnología de software y los sistemas de hardware; recopilan y analizan datos relacionados con la seguridad nacional, producen informes de evaluación de riesgos para el alto mando militar, etc.

Algunas EMSPs también han creado sus propios departamentos de ciberseguridad para cumplir con los nuevos requisitos de sus clientes. Por ejemplo, Booz Allen Hamilton, uno de los principales contratistas de inteligencia de Estados Unidos, ofrece servicios de ciberseguridad que le permiten realizar ataques en el ciberespacio.

Otras empresas, como la francesa Amarante International, la danesa Risk Intelligence, y ​​la británica Control Risks, han desarrollado sofisticadas herramientas de big data para producir informes de seguridad internacional que identifican riesgos específicos para sus clientes.

En el artículo se argumenta que la participación de las EMSPs en el análisis de datos las coloca en una posición ideal para influir en las percepciones de las amenazas que enfrentan sus clientes gubernamentales, lo que significa que también pueden influir en las políticas públicas o los planes de seguridad.

En consecuencia, el ciberespionaje se ha convertido en uno de los servicios clave de las EMSPs. Lo anterior implica la contratación de un gran número de hackers, o lo que el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre el uso de mercenarios llama cibermercenarios.

La subcontratación de los servicios de inteligencia a las EMSPs refuerza la lógica de la impunidad, disminuye la supervisión y la rendición de cuentas y complica deliberadamente el control democrático de estas operaciones. Estos servicios incluyen un trabajo muy delicado y controvertido, ya que las EMSPs se utilizan como representantes para evadir el escrutinio público e inmiscuirse en los asuntos internos de otros países.

De esta manera, las EMSPs brindan servicios ofensivos como defensa cibernética activa o piratería para recuperar información robada e interrumpir redes de infraestructura enemigas. Las EMSPs también realizan tareas de forma remota; se destaca la utilización de drones para realizar reconocimientos a miles de kilómetros de distancia, por ejemplo.

Al mismo tiempo, la cooperación en el campo de la inteligencia implica que las EMSPs tengan acceso a información sensible relacionada con la seguridad nacional y a las bases de datos de las agencias gubernamentales que contienen información personal de los ciudadanos, lo cual tiene un impacto en los derechos civiles y políticos.

En este sentido, las investigaciones realizadas por The Intercept revelaron actividades de inteligencia de la empresa Tiger Swan que recopiló datos infiltrándose en el movimiento indígena y ambiental de Standing Rock que protestaba contra el proyecto del oleoducto de la empresa Energy Transfer en Dakota del Norte.

La privatización de la inteligencia tiene consecuencias graves: las empresas de seguridad privada podrían trabajar para el mejor postor, ya sea una empresa, otro gobierno o un magnate privado. A este respecto se observó que en 2019 un exagente de la NSA descubrió el proyecto Raven, una unidad de inteligencia establecida por los Emiratos Árabes Unidos y dotada de ciber-mercenarios.

El proyecto Raven pasó años monitoreando a disidentes y otros críticos del gobierno de Abu Dhabi, como la periodista británica Rori Donaghy, el activista emiratí Ahmed Mansoor y Tawakkol Karman, líder de las protestas de la Primavera Árabe en Yemen.

Amenazas a los derechos civiles y políticos

En el último apartado del artículo, se discuten las amenazas que las EMSPs representan, no sólo para los ciudadanos, sino también para los movimientos sociales, sindicalistas, activistas, periodistas y de líderes indígenas. Éstos son frecuentemente blanco de ataques de gobiernos, empresas transnacionales y agencias de inteligencia privadas.

Lo alarmante es que ese trabajo ahora puede ser realizado por alguna EMSP. Existen numerosos casos de empresas transnacionales que contratan los servicios de EMSPs para espiar a activistas. Por ejemplo, Texaco Chevron contrató a Kroll en Ecuador; Academi (antes Blackwater) se convirtió en el departamento de inteligencia de Monsanto y Stratfor trabajó para Coca-Cola.

Los servicios de inteligencia de las EMSPs contribuyen a identificar a los líderes de movimientos sociales, como consecuencia, se crean las plataformas necesarias para hacer campañas para desacreditarlos. Estas prácticas están muy extendidas en América Latina, donde se llevan a cabo por orden de empresas petroleras y mineras.

Además, la relación entre gobiernos, élites económicas y EMSPs ha dado lugar a escándalos que involucran conflictos de intereses y puertas giratorias con los altos mandos de las agencias de inteligencia gubernamentales que van a trabajar para las EMSPs y viceversa.

Pero más preocupante aún es el alineamiento político e ideológico entre el sector público y el privado, que lleva a una interpretación de la seguridad internacional que favorece los intereses geoestratégicos de los gobiernos.

Este alineamiento se puede ver con la relación orgánica entre los Estados y las principales empresas transnacionales con sede en su jurisdicción. Los gobiernos priorizan la seguridad económica promoviendo y protegiendo a sus empresas y esto conduce a la lealtad empresarial.

La connivencia entre las élites económicas y políticas en el ámbito de la privatización de la seguridad se vio claramente durante la administración Trump en Estados Unidos. El magnate estadounidense Sheldon Adelson, cercano a Trump, utilizó su influencia para espiar a Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres a través de la firma española Undercover Global S.L.

Finalmente se resalta que detrás de estas relaciones y estructuras, existe una alineación con la agenda neoliberal, que ve la esfera pública únicamente como una oportunidad económica para ser explotada. La subcontratación de la seguridad por parte de los gobiernos y sus agencias no se basa simplemente en la eficiencia, ya que sigue un sesgo ideológico.

En conclusión, la privatización de la seguridad pone en peligro la integridad física de las personas en las situaciones de conflicto armado donde operan las EMSPs, pero también los derechos civiles y políticos de quienes viven en los estados que las contratan.

Datos cruciales: 

1. En la guerra civil de Libia han participado EMSP desde 2014. Las fuerzas armadas del gobierno oficial contaban con entre 3 000 y 6 000 mercenarios sirios, anteriormente prestando sus servicios al gobierno turco y entrenados por las EMSP Sadat turcas. Por otra parte, Khalifa Haftar (general libio que pretende dar un golpe de Estado) cuenta con el apoyo de 200 combatientes del Grupo Wagner financiados por Emiratos Árabes Unidos y equipados con armas rusas.

2. G4S ha estado involucrado en múltiples escándalos y acusado de repetidas violaciones de derechos humanos en Reino Unido y en otros países. G4S es una de las EMSP más criticadas, y se enfrenta a la resistencia de organizaciones como el movimiento Palestino de Boicot, Desinversión, Sanciones (BDS) y la ONG británica War on Want.

3. Tim Shorrock, autor de Spies for Hire: The Secret World of Intelligence Outsourcing, afirma que 70% del presupuesto de inteligencia de Estados Unidos en 2007 se subcontrató a empresas de seguridad. Un año después, una investigación de The Washington Post descubrió que 1 931 empresas privadas colaboraron en tareas de seguridad nacional, antiterrorismo e inteligencia desde 10 000 lugares de Estados Unidos.

4. La base de datos de la red Shock Monitor registra 216 EMSPs, de un total de 770, que brindan servicios de inteligencia a gobiernos, ETN y clientes privados.

Cápitulos relevantes para el proyecto: 

Este artículo pone de manifiesto el ascendente papel que las Empresas Militares y de Seguridad tienen en la provisión de servicios de seguridad. Una de las condiciones necesarias para su auge es la privatización de la seguridad que provoca el desplazamiento del monopolio de la fuerza estatal al sector privado.

Así, nuevos espacios de valorización de su capital se abren paso al generarse nuevos ámbitos donde éstos pueden actuar (desde la logística, la participación en el conflicto armado, hasta la ciberguerra). Sin embargo, este actuar no ocurre en un vacío, sino en la disputa hegemónica, donde diferentes actores estatales y privados se disputan mercados y recursos. Es ahí donde resulta estratégica la contratación de este tipo de corporaciones.