Victor Manuel Godínez Zuñiga es socio director del Sistema de información regional de México y dirige la Revista de economía mexicana de la Facultad de economía de la Universidad Nacional Autónoma de México.

1. Un contexto en movimiento: la pandemia, año uno

“La pandemia del COVID-19 ha dejado al descubierto la fragilidad que padece la estructura económica y social de México ante choques externos” (p. 3) y la incapacidad de las autoridades para mitigar el daño sanitario y económico.

Hasta junio de 2021, la crisis sanitaria se ha caracterizado por la incertidumbre. En poco de más de doce meses la pandemia ha experimentado cuatro momentos clave sin llegar a ser determinantes. El primero es una fase de aceleramiento en julio de 2020 con un promedio de 6 mil 500 casos diarios; el segundo se sitúa de agosto a noviembre de 2020 con 4 mil 900 casos diarios; el repunte de casos ascendió a 14 mil 100 casos diarios en enero de 2021, este tercer momento es el punto más crítico de la pandemia; finalmente, de febrero a mayo de 2021 el número de casos diarios se ha reducido sustancialmente a 2 mil 200, siendo el momento más bajo desde que inició la pandemia.

A pesar de que en la última fase de la pandemia el promedio de los casos diarios ha sido el más bajo desde que inició la crisis sanitaria, existen factores de presión que fácilmente revertirían la tendencia. El principal es el escaso número de pruebas realizadas a la población, por lo que el número de casos confirmados es por mucho menor al número real. Un estudio comparativo internacional también ha señalado que México tiene una de las tasas más altas del mundo de infecciones no detectadas.

“El Modelo Centinela seguido en México consiste en el seguimiento de una muestra representativa de pruebas que se practican en cierto número de hospitales, clínicas y centros de salud” (p. 5). Es decir, genera un sistema de información incapaz de detectar brotes, por lo tanto, subestima la velocidad de propagación del COVID-19 y resta efectividad a las medidas de mitigación.

El Modelo centinela tiene grandes vulnerabilidades. La primera es que no realiza pruebas masivas, la segunda es que se concentra en los casos sospechosos y tercero, en él no se considera los casos de sintomatología leve ni los casos asintomáticos. La estrategia que México ha seguido es clara: evitar la saturación del sistema hospitalario, a diferencia de los países exitosos en el control de la pandemia que siguieron una estrategia activa de detener la propagación del virus y eliminarlo.

El desempeño de México frente al combate de la pandemia ha dejado un elevado costo social y humano. A quince meses del inicio de la crisis sanitaria México tiene una de las tasas de fatalidad más altas del mundo: las muertes por cada 100 casos confirmados de 2.6 veces mayor a Hungría y Perú; en el número de acaecidos por cada 100 mil habitantes, México se encuentra en séptimo lugar, solo por debajo de Brasil, Estados Unidos e Italia. De acuerdo con las “cifras oficiales” al 9 de mayo de 2021 México está en cuarto lugar en el registro de número de muertes acumuladas a nivel mundial.

El Grupo de trabajo interinstitucional fue creado por las autoridades para estimar diferencias estadísticas con las cifras oficiales. El número corregido de exceso de fallecimientos revela que en 2020 el exceso de mortalidad fue de 45.1%, es decir, 326 mil 610 vidas. El resultado se obtiene del producto del factor de muertes por 100 casos confirmados y el número de casos confirmados. El Instituto de medidas y evaluación de la salud señala que el factor debería ser de 2.83, lo arrojaría una cifra de 621 mil 961 fallecimientos en exceso, de esta manera México ocupa el tercer lugar el mayor número de persona fallecidas por el COVD-19, por debajo de India y Estados Unidos. Cabe destacar que la población de Estados Unidos e India es 2.6 y 11 veces mayor, respectivamente, a la población mexicana.

Entre las causas que señala Godínez de la ineficiencia de la estrategia ante el COVID-19 es la reforma del sistema de salud llevada a cabo en 2019 y 2020, en la cual el INSABI (Instituto de salud para el bienestar) ofrecería servicios y medicamentos gratuitos unificando a los diversos organismos de salud en una sola institución. El proceso genero problemas de organización que afectaron la gestión técnica y de recursos del sistema de salud.

Las carencias del sistema de salud mexicano son el resultado acumulativo de la falta de formación bruta de capital fijo, no solo en el sector salud sino en la economía en su conjunto. De 2010 a 2018 México destinó 0.1% del PIB anualmente a gastos de capital fijo, la mitad de Chile, un tercio de Turquía y cinco veces menos que Estados Unidos.

Asimismo, ninguna reforma desde 1980 hasta la actual administración ha logrado “una ampliación real de los recursos de capital necesarios para incrementar la acumulación de activos del sistema, condición financiera y material para mantener, mejorar y potenciar sus capacidades” (p. 13). El gasto real de México en salud por habitante es el más bajo, según la Organización para la cooperación de desarrollo económico (OCDE), al mismo tiempo tiene el costo administrativo más alto de los países de la OCDE.

Después de la crisis sanitaria, corregir los defectos estructurales del sistema de salud será una tarea compleja. En primer lugar, no existe información homogénea sobre el desempeño del sector salud en 2020, ya que los informes ofrecen evidencia fragmentada y distintos alcances temporales en cuanto a atención del COVID-19, tasas de letalidad entre hospitales públicos y privados, carencias de equipo y especialistas, etc.

Por otro lado, el elemento más crítico del desempeño del sistema de salud es el acceso a los servicios de salud. En 2018, 20.2 millones de personas (mdp) no tenían acceso a los servicios de salud y 51.5 millones adicionales carecían de servicios de seguridad social. El Consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo social (CONEVAL) señala que la proporción de la población que cuenta con acceso al sistema de salud se enfrenta a desigualdades de costos, coberturas, calidad, geográficas y oportunidades de servicio.

Por ahora, el sistema de salud debe concentrarse en “asegurar una salida eficiente de la contingencia”, reduciendo las pérdidas de vidas humanas y manteniendo un nivel bajo de casos de infección y de hospitalizaciones.

El proceso de vacunación resulta fundamental para mitigar al COVID-19, sin embargo, economías emergentes como México enfrentan restricciones en el abastecimiento de vacunas, ya que la oferta de las mismas está determinada por un pequeño grupo de empresas que concentran la producción.

Al cabo de las primeras veinte semanas de la campaña de vacunación, México contó con un total de 28.1 millones de dosis, de las cuales 26.9 millones fueron aplicadas. El proceso de vacunación se aceleró en abril y mayo de 2021, mes en el que México se posicionó como el décimo país en el mundo con más dosis aplicadas, aunque en el porcentaje de inmunización de la población continúa siendo bajo. En Latinoamérica, el caso de México se asemeja a Argentina y Brasil.

La lentitud del proceso de vacunación muestra una brecha constante y considerable entre la disponibilidad de vacunas y su administración. La brecha tiende a ampliarse desde la segunda mitad de febrero, de manera que el inventario de vacunas no aplicadas habría fluctuado entre 5 y 8 millones diarias en algunos momentos en los meses de abril y mayo de 2021.

Uno de los factores del retraso son las brigadas especiales de vacunación, un “esquema que en la práctica desplazó al Programa Nacional de Vacunación Universal, que es el órgano colegiado del sector de la salud con facultades de coordinación en la materia y una experiencia acreditada”, y que no utilizan la capacidad instalada ni la experiencia acumulada del sistema nacional de vacunación universal.

En resumen, el grado de velocidad en la administración de vacunas depende de la oferta internacional y de la eficiencia de las brigadas especiales.

Godínez comenta que “al final de las primeras 21 semanas epidemiológicas de 2021, a 15 por ciento de la población nacional […] para mantener la velocidad de vacunación alcanzada entre el 28 de marzo y 29 de mayo de 2021 se requeriría disponer de un total de 75.1 millones de dosis en lo que resta del 2021, ello equivale a multiplicar por 2.5 veces el número de las vacunas administradas hasta mayo” (p.20). Si tal escenario se cumple al finalizar el 2021, 40% de la población habrá sido vacunada.

Respecto a la oferta internacional, aunque el suministro de vacunas no se ha desvanecido existe un sesgo de nacionalismo sanitario por parte de los productores, además de que países como México no tiene entregas seguras en cuanto a cantidad de dosis y plazos de suministro.

La incertidumbre crece y se hace más compleja, en un entorno general en el que el número diario de nuevos casos confirmados y de defunciones durante los primeros cinco meses de 2021 mantuvo en el mundo valores muy superiores a lo que se registraron durante todo 2020. En la segunda mitad de 2021, México y el resto de los países debe redoblar esfuerzos en el proceso de vacunación y en promover la prevención de los efectos del virus, particularmente en los sectores más vulnerables.

2. El desplome económico y social y la negación no benigna

La desaceleración de la economía comenzó en 2019 y con la pandemia las tendencias se precipitaron a final del primer trimestre de 2020 debido a las normas de distanciamiento social y el cierre de actividades económicas no esenciales.

De diciembre de 2019 a febrero de 2020, Godínez afirma, el volumen de la producción descendió sectorialmente en proporciones excepcionales que fluctuaron entre 10 y 70%. Se produjo así, inducido por razones exógenas, un choque de la oferta agregada.

El punto mínimo de la recesión por COVID-19 fue durante el segundo trimestre de 2020: variables como el desempleo y la desocupación se dispararon mientras que los ingresos de los hogares y el consumo cayeron considerablemente, entonces se conformó una espiral descendente en la caída de la demanda y la oferta.

Los choques de oferta y demanda afectaron de inmediato a los sectores de la economía, aunque con diferente grado de intensidad y persistencia. Los sectores más afectados fueron los servicios de transporte, los servicios culturales, deportivos y de esparcimiento, la hostelería y, en general, aquellos intensivos en la interacción social. En el sector secundario las industrias más afectadas fue la industria de la construcción, editorial, textil y de bienes muebles.

Los índices de actividad económica en estas industrias cayeron entre 6 y 39 puntos porcentuales al final de 2020 respecto al inicio de mismo año. El conjunto de las actividades mencionadas equivale a 22% del PIB y el segundo segmento del aparato productivo, más numeroso y con mayor peso relativo es igual a 57% del PIB.

El segmento industrial integrado por la manufactura, servicios de educación, finanzas, comerciales, etc., e industrias básicas como el sector energético, quedaron semiparalizados: los índices de cayeron entre 20 y 80% de la actividad económica. La reclasificación de actividades no esenciales en mayo de 2020 facilitó el repunte de la economía.

Por otro lado, la industria alimentaria y el sector agropecuario, el consumo de equipos de cómputo y comunicación, entre otros, se tornaron en herramientas indispensables para el trabajo en el hogar, puesto que son actividades esenciales, por lo que resistieron mejor la caída en el segundo trimestre de 2020. En específico, las regiones con mayor producción primaria sufrieron una menor caída.

El relajamiento de las restricciones permitió una significativa recuperación al finalizar el tercer trimestre de 2020: el valor de la producción se recuperó en diez puntos porcentuales. Los datos del último trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021 muestran una desaceleración de la recuperación económica. Sin embargo, el desempeño de la economía está lejos de una recuperación homogénea entre los sectores.

“En términos del producto agregado, la pandemia profundizó el curso declinante del ciclo económico, dando lugar en 2020 a la mayor contracción del producto agregado desde 1932” (p. 25). Godínez comenta que la recesión actual cuyo curso fue magnificado por la pandemia, tiene sobre todo un origen estructural (la insuficiencia de largo plazo de la formación de capital) que se explica en gran medida por la postura restrictiva que mantuvieron en este renglón de la política económica los últimos gobiernos, incluyendo el actual.

Salvo que en el transcurso de 2021 llegará a producirse una contracción, es muy probable que la duración del actual episodio recesivo –con todo y ser el más severo– no sea diferente al del patrón temporal de los ciclos económicos de México desde principios de la década 1980 (p. 26).

El mercado laboral ha sido el más afectado por la emergencia sanitaria, la personas en edad de trabajar (15 años en adelante) que han tenido alguna relación laboral o buscan un empleo del primer trimestre de 2020 al segundo trimestre de 2021 se redujeron se redujo en 1.6 millones de personas. “La desocupación se disparó a partir del confinamiento económico y social, alcanzando su valor más elevado en el tercer trimestre de 2020”, aunque ha mejorado el nivel permanece alto en el primer trimestre de 2021, siendo de 4.4% (p. 29).

La tasa de subocupación (ocupados que trabajan menos tiempo del que están dispuestos a laborar), que venía experimentando incrementos paulatinos desde el segundo trimestre de 2020, observó una subida extraordinaria: casi se triplicó entre el primero y el segundo trimestres de 2020, y aunque en los siguientes tres trimestres tiende a ser menor, la porción de la PEA en esta situación es una de las mayores de la historia económica reciente, 13.2% en el primer trimestre de 2021, cinco puntos porcentuales o casi dos terceras partes más en comparación con la tasa de un año antes (p. 30).

Un factor alarmante fue el crecimiento de la población no económicamente activa (quienes no buscan empleo en forma activa, pero tienen disponibilidad de trabajar) y la parte de la PEA en condiciones críticas de ocupación (ocupados que trabajan menos de 35 horas a la semana por razones de mercado, que trabajan más de 35 horas con ingresos menores al salario mínimo, o más de 48 horas, pero percibiendo menos de dos salarios mínimos).

Cabe destacar que la tendencia descendente del empleo formal, medido por el número de afiliados al IMSS, inició desde fines de 2018, debido a la pérdida de dinamismo en la industria manufacturera, industria de la construcción y a ramas vinculadas a las cadenas globales de valor.

La reducción de la PEA y el aumento del subempleo, así como de la ocupación en condiciones critica conlleva preguntas repercusiones sobre los derechos laborales y sociales. Cifras del CONEVAL muestran que los trabajadores subordinados y remunerados representaban 70% de la ocupación total en el primer trimestre de 2021, de los cuales 77% carece de la prestaciones laborales y seguridad social. “La población que trabaja por cuenta propia, 23% de la ocupación total, carece por completo de prestaciones sociales”.

"Por tanto, tres cuartas partes de la población ocupada de México está marginada de prestaciones laborales, incluida, en primer término, la seguridad social […] la combinación nada virtuosa entre la privación histórica de prestaciones básicas de la mayor parte de la fuerza de trabajo y los severos efectos de la pandemia sobre el mercado laboral tiene consecuencias distributivas inmediatas y repercuten en los ámbitos de la pobreza y la desigualdad" (p. 34).

Las vulnerabilidades del sistema económico se encuentran en constante interacción con los resultados adversos de la pandemia. En conjunto con los precarios resultados de la política social y las instituciones, la economía mexicana ha generado un déficit histórico en materia de inclusión, derechos humanos y laborales.

Los costos de la crisis económico-sanitaria se han concentrado de una forma desproporcionada en los sectores económica y socialmente más vulnerables: “[…] es un hecho estilizado de los esquemas de desarrollo sin redes sólidamente institucionalizadas de protección social, como lo es en gran medida el mexicano, que en los momentos de contracción económica tienden a desaparecer las ganancias materiales y de bienestar que hubieran podido obtener en las fases previas de expansión los sectores ubicados en la parte baja de la distribución” (p. 36).

En los próximos años se espera un mayor grado de marginación para los sectores de alto rezago económico y desigualdad de ingreso y derechos universales para la población pues la pandemia se ha convertido en un factor acumulativo de las fallas estructurales de la economía. A pesar del número creciente de estudio sobre el impacto de la prolongación de la crisis sanitaria, el riesgo continúa siendo desconocido a mitad del año 2021.

Aunque a nivel internacional la política económica dio un giro de 360 grados, al suministrar enormes cantidades de liquidez a la economía por parte de los bancos centrales y en algunas economías, otorgar al sector privado generosos estímulos fiscales, en México la respuesta dejó bastante que desear.

El esfuerzo fiscal fue de 0.7% del PIB en 2020, el presupuesto asignado a los programas de apoyo para contrarrestar los estragos económicos y sociales en 2020 no aumentó respecto 2019. La postura de la administración actual ha preferido mantener el déficit primario, que fue de 1% del PIB, cifra muy por debajo de las principales economías de la OCDE. La prolongación de la disciplina fiscal se encuentra muy lejos de mitigar las repercusiones de la pandemia.

Godínez considera fundamental incluir las siguientes acciones en materia de política económica: nuevas políticas de ingreso y de trabajo (pensión universal, ingreso mínimo de retiro e invalidez, seguro de trabajo contributivo, renta básica ciudadana), realizar intervenciones concertadas con los actores del mercado para la seguridad alimentaria de los hogares, fortalecer los servicios de salud en los tres órdenes administrativos de gobierno y mejorar la infraestructura en materia de educación.

La instauración de una red social para reducir la exposición de la población a oscilaciones del ciclo económico requiere, obligatoriamente, mayor flexibilidad en la política fiscal.