Destrucción del ambiente, corporaciones transnacionales y conflictos socioambientales en México

Destrucción del ambiente, corporaciones transnacionales y conflictos socioambientales en México

Por: Paola Jiménez de León[*]

Sequías, incendios forestales, derrames petroleros, afectaciones a la salud por la minería; estos son algunos de los rasgos que definen el panorama de la destrucción del ambiente en México. En Ecocidio en México: la batalla final es por la vida, Víctor Manuel Toledo describe los que considera son los 10 principales problemas ecológicos en México: la escasez del agua, la contaminación de costas y mares, la extracción minera, la deforestación, la mala calidad de los alimentos, la conservación de la biodiversidad, los combustibles fósiles, el maíz transgénico, la autosuficiencia de los hogares y el cambio climático (2015). Toledo identifica el papel de las corporaciones transnacionales (CTN) en estas problemáticas, al ser responsables de acciones como la sobreexplotación y tendencia privatizadora del agua, la expansión de los grandes proyectos turísticos, la minería, el cambio de uso del suelo, la tala ilegal, así como el fomento de los cultivos transgénicos.

Las CTN drenan y destruyen las riquezas y los ciclos naturales de los ecosistemas en el país. Un ejemplo de ello es lo que pasa con la situación de sequía en la que incide el uso desmedido de agua por parte de empresas como Coca-Cola FEMSA y Pepsi (Velázquez, 2021). Las amenazas a las áreas naturales protegidas, así como a las regiones rurales y las zonas silvestres por las prácticas de las empresas mineras en México (Enciso, 2021). O la contaminación de ríos por desechos industriales en entidades como Jalisco y Tlaxcala, lo que provoca el aumento de enfermedades en poblaciones circundantes (Usi, 2020).

Como respuesta al embate del capital contra los ecosistemas efectuado por las CTN en México, existen en el país un gran número de conflictos socioambientales (CSA). Al año 2019, la Secretaría de medio ambiente y recursos naturales (Semarnat) contabilizaba 560 de ellos (Vergara, 2019). El número de estos se duplicó de 1990 a 2010 (Tetreault, 2012). En este texto se indaga sobre los CSA que reaccionan a la actividad de las CTN en México, con el objetivo de ofrecer una radiografía sobre este tema.

En primer lugar, se expone la importancia de estudiar la destrucción del ambiente desde la acción de las CTN y a los CSA como respuesta. Posteriormente, se realiza un ejercicio descriptivo de los datos proporcionados por el Atlas de Justicia Ambiental sobre los CSA en México. Este ejercicio nos permite, en la conclusión, ofrecer un resumen de las principales características de este tópico.

Corporaciones transnacionales: ¿por qué estudiarlas como parte de la destrucción del ambiente?

Las corporaciones transnacionales son las grandes protagonistas de la destrucción del ambiente. Esto no es fortuito, el daño se corresponde con la estructura histórico-material de la dinámica del capitalismo: la acumulación infinita de capital. En la dinámica de valorización del capitalismo contemporáneo, las CTN sobresalen como los agentes que articulan y dirigen los procesos estratégicos de producción. De acuerdo con Raúl Ornelas, la CTN se convirtió en “la principal articuladora de las relaciones sociales” (2020: 103), al ser el principal actor generador de ganancias en el neoliberalismo. Su preeminencia se basa en “la incesante concentración de todo tipo de recursos: capital de inversión, tecnologías, trabajadores, conocimientos, instalaciones, riquezas naturales, influencia política y social, control territorial” (2020: 103).

Las CTN permean con su actuación el dominio económico y político de distintas esferas de la sociedad; entre ellas, la relación de los humanos con la naturaleza. De esta manera, las condiciones ambientales a las que nos enfrentamos, bajo las que la reproducción de la vida humana y no-humana se encuentra en riesgo, son moldeadas, en gran medida, por las CTN:

La destrucción del ambiente por parte de las corporaciones trasnacionales no es consecuencia de fallas institucionales o de fallas de mercado, sino un resultado necesario de la lógica y dinámica del sistema capitalista, del cual las corporaciones son protagonistas, que al buscar la generación incesante de ganancias y la acumulación de capital ad infinitum, tiende a aumentar y acelerar el consumo productivo de la naturaleza, así como a modificar la forma y el contenido del metabolismo sociedad-naturaleza (Reyes y García, 2020: 318).

En términos concretos, la forma en que las CTN modifican la relación de los humanos con la naturaleza es a partir del tamaño de sus operaciones, la concentración de recursos materiales, así como la posibilidad de controlar, diseñar y dirigir de manera privada “los alcances tecnológicos y organizativos del proceso global de la producción y reproducción social en escala planetaria” (Reyes y García, 2020: 320). Las CTN también influyen en los modelos y ritmos de consumo y en las respuestas a la catástrofe ambiental. Estudios recientes como los de Petitjean (2015) y Sapinski (2015) demuestran que las CTN son responsables de emitir la mayor parte de los gases de efecto invernadero, basan sus procesos productivos en energías fósiles, al tiempo que promueven “soluciones” de mercado a la catástrofe ambiental que lo único que logran es propiciar la acumulación sin atender a las causas estructurales de la crisis ambiental.

Dado lo anterior, resulta pertinente el estudio de la destrucción del ambiente a partir de las actividades de las CTN. No obstante, en el curso de sus actividades, estas se topan con resistencias que evidencian y se oponen a sus prácticas de producción. Un ejemplo de ello son los CSA.

Conflictos socioambientales y Atlas de Justicia Ambiental

Fruto de la destrucción del ambiente y como respuesta a la actividad de las CTN, emergen actores no gubernamentales que resisten a la degradación o pérdida de su salud, sus medios de subsistencia o su identidad. Las comunidades rurales, indígenas y ciudadanas se convierten en una creciente oposición a la embestida del capital contra la naturaleza, encarnada en las CTN. “Las luchas territoriales se han convertido en una de las principales batallas contrahegemónicas en el mundo” (Toledo, 2015: 45).

Frente a la proliferación de estos escenarios, se recurre al concepto de “conflictos socioambientales” (CSA) para su estudio. Los CSA son definidos como: “movilizaciones de comunidades locales y movimientos sociales, los cuales pueden incluir el apoyo de redes nacionales o internacionales contra determinadas actividades económicas, la construcción de infraestructura y la gestión/contaminación de residuos, en las que los impactos ambientales son un elemento clave de las quejas” (Temper et al., 2015). En la actualidad, las causas de los CSA se centran, sobre todo, en “la afectación o el riesgo de afectación socioambiental que generan las modalidades de apropiación y explotación en la era global-neoliberal” (Paz Salinas, 2012: 28). Los CSA ponen en evidencia algunas de las riquezas naturales utilizadas por las corporaciones trasnacionales, así como los riesgos para la subsistencia de la vida humana y no humana que su actividad representa.

Ante la creciente visibilización de la embestida del capital sobre el territorio, no sorprende que los conflictos socioambientales también cobren mayor espacio en los medios de comunicación y en la investigación. De manera gradual, se crean instrumentos más complejos y con más información para el estudio de los CSA, por ejemplo, las herramientas creadas para documentar, sistematizar y visibilizar los conflictos socioambientales en el mundo, como el Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas)[2] coordinado por Joan Martínez-Alier y Leah Temper en el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Barcelona.

El EJAtlas tiene como propósito documentar y catalogar los conflictos sociales en torno a cuestiones ambientales ante las injusticias infligidas por las actividades empresariales y estatales. Su objetivo es visibilizar los reclamos y testimonios, así como ofrecer información para aquellos que trabajan temas de justicia ambiental (Temper et al., 2018). El EJAtlas se basa en el trabajo de un gran número de colaboradores: académicos, ciudadanos, comités informales, organizaciones no gubernamentales (ONG), activistas, entre otros. Por el momento, el proyecto de Martínez-Alier y Temper cuenta con el financiamiento del Consejo Europeo de Investigación y del Consejo Internacional de Ciencias Sociales (una organización no gubernamental asociada a la UNESCO).

Dado que la información proporcionada por el EJAtlas es extensa y diversa, su impacto también es amplio. Esta herramienta se utiliza en distintos campos como el activismo ambiental, el periodismo, la investigación académica, la enseñanza universitaria de distintas disciplinas e incluso en la economía empresarial (Martínez-Alier, 2020). Por cada conflicto socioambiental, el EJAtlas genera una localización en un mapa interactivo, acompañado de una ficha informativa con los datos del conflicto: nombre y descripción del conflicto, ubicación, fecha de inicio, nombre de las compañías, investigación académica, empresas estatales, actores gubernamentales y organizaciones de justicia ambiental involucradas –cuando sea el caso–, así como una clasificación del conflicto según sus impactos –ambientales, en la salud y socioeconómicos– y por su tipo. Los 10 principales tipos de conflictos socioambientales son: nuclear; minerales y materiales para la construcción; manejo de residuos; conflictos de biomasa y tierra; combustibles fósiles y justicia climática/energética; manejo del agua; infraestructura y entorno construido; recreación turística; conflictos de conservación de la biodiversidad; conflictos industriales y de servicios públicos.

EJAtlas, conflictos socioambientales en México y corporaciones transnacionales

Para el caso de México, el EJAtlas documenta 149 CSA, que representan 4.3% de la cantidad total de casos en el mundo (3 437).[2] De estos 149 CSA en México, 87 tienen o tuvieron entre sus actores involucrados a una corporación transnacional (59% del total). El periodo en que estos conflictos tuvieron lugar va de 1965 a 2020; 25 de ellos son clasificados bajo el estatus de “conflicto detenido” y 14 de ellos como “conflicto terminado”, por lo que se documentan 48 CSA activos.

Las entidades federativas que concentran mayor número de CSA con corporaciones transnacionales involucradas son: Yucatán (9), Zacatecas (8), Puebla (8), Oaxaca (6) e Hidalgo (5). Estos 5 estados concentran 41% de los CSA, a pesar de que hay registro de ellos en 26 de las 32 entidades federativas (Tabla 1). Cabe resaltar que en la tabla se excluyó un CSA cuyo registro de localización en el EJAtlas que se presenta a nivel federal: la lucha contra el maíz transgénico.

Los CSA en México en los cuales participa una corporación transnacional son de carácter muy diverso. De las 10 categorías establecidas por el EJAtlas, nueve son ocupadas para los casos en México (Tabla 2). Los relacionados con minerales y materiales para la construcción, así como combustibles fósiles y justicia climática, suman 55 CSA, más de la mitad del total de la muestra (87). Les siguen aquellos relacionados con la construcción de infraestructura y entorno construido (9). Por otro lado, no se documenta ningún CSA relacionado con energía nuclear que cuente con participación de CTN.[3]

La concentración de los CSA en las dos primeras categorías de la tabla guarda relación con la ubicación de estos. En Yucatán, la mayoría de los CSA están relacionados con la generación de energía renovable; por un lado, las autoridades de esta entidad federativa impulsan la transición a las “energías limpias” (EF Península, 2019) y, por el otro, la costa yucateca fue calificada por la Secretaría de energía como una zona con un “gran potencial de energía solar y/o eólica” (Sener, 2021). Por su parte, Zacatecas es reconocida históricamente como una de las entidades federativas con mayores yacimientos minerales, por lo que no sorprende que la mayoría de sus CSA estén clasificados en la categoría de “minerales y materiales para la construcción”. En el caso de Puebla, los CSA documentados en su territorio son de diversas categorías, aunque el mayor número de ellos también están relacionados con minerales y materiales para la construcción.

Las CTN que se encuentran involucradas en mayor número de CSA son aquellas que se dedican a la minería y la construcción, así como a los combustibles fósiles, tales como Grupo México (7), Petróleos mexicanos (Pemex) (7), ICA (5), Cementos de México (Cemex) (4) y Carso Infraestructura y Construcción (CICSA) de México –perteneciente a Grupo Carso– (3). Cabe resaltar que estas son corporaciones transnacionales mexicanas (Tabla 3). Después, aparecen empresas de capital extranjero dedicadas a la minería, a las energías renovables y la biotecnología; estas son: Goldcorp (3), Monsanto (3), Iberdrola (3) y Enel (3).

Los actores gubernamentales están presentes en casi todos los CSA en México. De los 87 conflictos analizados, solo uno de ellos no reporta la intervención de algún actor gubernamental. Los actores gubernamentales que aparecen involucrados en mayor número de conflictos son: la Secretaría del medio ambiente y recursos naturales (Semarnat) (46), la Procuraduría federal de protección del medio ambiente (Profepa) (23), la Secretaría de energía (Sener) (12) y la Comisión nacional del agua (Conagua) (10). En muchos de los CSA, los gobiernos estatales y municipales también están presentes. Cabe destacar que, con los datos disponibles, no es posible encontrar alguna correlación entre la participación de instancias de gobierno con los tipos de CSA o las CTN involucradas. Lo anterior, a pesar de las distinciones que estos CSA puedan tener debido al tamaño de las CTN que participan o del financiamiento, de los tipos de recursos en disputa, etc.

De igual manera, las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones internacionales participan ampliamente en los CSA en México. De los 87 conflictos de la muestra, 11 son caracterizados como conflictos terminados o detenidos en los cuales hubo justicia ambiental; todos ellos, a excepción de uno, contaron con la asistencia de organizaciones de la sociedad civil o de organizaciones internacionales –ya sea gubernamentales o no gubernamentales–. Tres de las organizaciones internacionales involucradas en los conflictos que culminaron de manera exitosa para las comunidades o ciudadanos en resistencia son: Amnistía Internacional, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en ingles) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Finalmente, las instituciones financieras están involucradas en cinco CSA; estos casos corresponden a megaproyectos de infraestructura –como el Tren Maya y el Proyecto Integral Morelos–, así como a proyectos de energías renovables y construcción con participación de gran cantidad de corporaciones transnacionales –tal es el caso del Corredor Eólico en el Istmo de Tehuantepec, el Proyecto Inmobiliario City center en Guanajuato y el Parque Solar Villanueva en Coahuila–. Las instituciones financieras más relevantes involucradas son: Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y Banco Nacional de México (Banamex).

Un CSA que reúne todos los elementos destacados de las variables analizadas –ubicación, tipo, CTN involucradas, actores gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil o internacionales, así como instituciones financieras– es el Corredor Eólico en el Istmo de Tehuantepec, que, hasta la fecha, se encuentra sin concluir. El potencial eólico que ofrece la parte sur del istmo por la existencia de un corredor de viento entre el Golfo de México y el Golfo de Tehuantepec ha propiciado la instalación de parques eólicos desde 2004. Sin embargo, desde su instalación estos parques han despertado preocupación por “la disrupción del territorio, las economías locales y las identidades sociales” de grupos Zapotecos y Huaves que habitan la zona, así como por los impactos ambientales que generan. De esta forma, organizaciones locales como la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) se han articulado con organizaciones internacionales de distintos países para oponerse a los proyectos de energía eólica en la región; incluso, han utilizado la expresión “neocolonialismo” para denominarlos. Las empresas involucradas en este CSA –ya sea porque son generadoras de energía eólica en la zona o porque hacen uso de esta energía– son Iberdrola, Electricité de France, Enel, Acciona, Grupo México, Industrias Peñoles, Coca-Cola FEMSA, Gamesa Eolica y CEMEX. A la postre, diversas instituciones financieras internacionales y nacionales han invertido en los proyectos energéticos en el Istmo, tales como BM, BID, Bancomext y el Banco Europeo de Inversiones (EIB por sus siglas en inglés). Finalmente, los actores gubernamentales que han intervenido son Semarnat, Sener, el Gobierno Federal, el Gobierno estatal de Oaxaca, entre otros.

Conclusión

La destrucción del ambiente efectuada por las corporaciones transnacionales es producto del desarrollo histórico capitalista, lo que las convierte en agentes preminentes en este ámbito. En este contexto, los conflictos socioambientales CSA se presentan en muchas ocasiones como una respuesta a las dinámicas destructivas del ambiente y/o la propiedad, gestión o uso de los recursos naturales por parte de las CTN. El escenario en México da cuenta de esta situación: las CTN están presentes en 59% de los CSA.

En cuanto a las características de los CSA en México. La mayoría de ellos responden a actividades relacionadas con la minería, la generación de energías fósiles o renovables y la construcción de infraestructura. Las entidades federativas que registran mayor cantidad de conflictos, así como el giro de las corporaciones que están involucradas en más casos, dan cuenta de esta concentración. De igual manera, estos tipos de CSA son los que cuentan con participación de instituciones financieras en México.

Por un lado, las CTN que se encuentran mayormente involucradas en CSA en México son aquellas en las que predomina el capital nacional; estas se dedican principalmente a la minería y la construcción. Destaca la participación de Pemex, empresa productiva del Estado mexicano y Grupo México, ya que solo estas dos CTN participan en 16% de los CSA. Por otra parte, las CTN con capital extranjero más involucradas están orientadas, especialmente, a la producción de energías renovables. Un caso singular dentro de las CTN participantes es Monsanto –cuyo giro es la biotecnología–, dado que es la única involucrada en un CSA que alcanza el nivel federal: la lucha contra el maíz transgénico.

Finalmente, los actores gubernamentales, así como las organizaciones de la sociedad civil e internacionales, intervienen en gran parte los CSA en México. Respecto a estos dos últimos agentes, el caso de México apunta que podrían ser un contrapeso importante de las corporaciones transnacionales, ya que asistieron a casi todas las comunidades que han alcanzado objetivos de justicia ambiental en el país.

Bibliografía

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Enciso, Angélica [2021], "Proyectos mineros amenazan 59 áreas naturales protegidas", La Jornada, México, 8 de abril, https://www.jornada.com.mx/2021/04/08/politica/014n1pol
Martínez Alier, Joan [2020], “Una experiencia de cartografía colaborativa. El Atlas de Justicia Ambiental”, Nuso, (286), Marzo-Abril 2020, https://nuso.org/articulo/una-experiencia-de-cartografi-colaborativa/
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Petitjean, Olivier [2015], “¿Las multinacionales son compatibles con el clima?”, Pasarelle, Ritimo, (13):31-36.
Reyes, Cristóbal y Josúe García [2020], “Las corporaciones trasnacionales en el centro de la destrucción del ambiente en el siglo XXI. El caso de la industria petrolera”, Raúl Ornelas, coord., Estrategias para empeorarlo todo, México, UNAM-IIEc. pp. 315-359.
Sapinski, Jean Philippe [2015], "Climate capitalism and the global corporate elite network", Environmental Sociology, Londres, 1(4): 249-268.
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Temper, Leah et al. [2018], “The Global Environmental Justice Atlas (EJAtlas): ecological distribution conflicts as forces for sustainability”, Sustainability Science, 13(3): 573-584.
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Usi, Eva [2020], "México: ríos muertos con tal de atraer inversión", Deutsche Welle, Bonn, 18 de noviembre, https://p.dw.com/p/3lUtT
Velázquez, Karina [2021], “En México no falta agua, sobra chatarra”, Bocado, febrero, https://bocado.lat/en-mexico-no-falta-agua-sobra-chatarra/
Vergara, Rosalía [2019], “Semarnat tiene registrados 560 conflictos socioambientales”, Proceso, 4 de septiembre, https://www.proceso.com.mx/nacional/2019/9/4/semarnat-tiene-registrados-560 conflictos-socioambientales-230608.html


Notas

[*] Egresada de la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Correo electrónico: paola.deleon@politicas.unam.mx

[1] Sitio del EJAtlas: https://ejatlas.org/?translate=es

[2] Al ser el Atlas de Justicia Ambiental una herramienta colaborativa en constante elaboración, nuevos conflictos se añaden de manera continua (o se modifican los ya existentes), por lo que el número de conflictos socioambientales documentados para México puede cambiar de un día para otro, al igual que sus datos. La información aquí mostrada corresponde al día 5 de marzo de 2021.

[3] La única planta nuclear del país es propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, empresa productiva del Estado.