Anabel Hernández es una periodista y escritora mexicana especializada en la investigación en materia de narcotráfico. En 2020 recibió el Premio a la Libertad de expresión por el periódico Deutsche Welle.

El 6 de junio de 2021 se llevaron a cabo en México elecciones estatales, en las cuales el partido de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), mismo en el poder ejecutivo, triunfó en 11 de las 15 gobernaturas en disputa. De acuerdo con fuentes de información de la autora, el reacomodo electoral del país es fundamental para el plan de “pacificación” con los cárteles de droga del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El objetivo del plan de AMLO consiste en disminuir los homicidios dolosos y algunos tipos de criminalidad a cambio de que el gobierno federal permita el negocio de la producción y tráfico de estupefacientes.

Las negociaciones del Estado-mafia y Estado-cárteles de la droga en distintos niveles del gobierno son herencia del anterior partido en el poder, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que de ser materializadas en el sexenio de AMLO se convertirían en “la expresión más clara de la política de ‘abrazos no balazos’ pronunciada al inicio de su mandato”.

La autora señala que el presidente busca hacer ver o creer es que su plan de pacificación funciona, “incluso se plantea la entrega voluntaria de miembros de algunos grupos criminales a cambio de una amnistía y de que no sean extraditados”. El 25 de febrero de 2021, AMLO declaró que la política se inventó para evitar la confrontación, pero cuando se declara la guerra al narcotráfico, la política se va al carajo y lo que anhela su gobierno es la paz.

El primer intento fracasó

El plan de pacificación de AMLO necesariamente requiere encabezar el gobierno federal y los gobiernos estatales, ya que son los principales responsables del combate al narcotráfico. Así, entre mayor número de gobernaturas, el gobierno está en mejor posición de negociar. Con las elecciones del 6 de junio, MORENA y sus aliados sumaron 18 de las 32 entidades federativas, lo que aumenta considerablemente las probabilidades de una pax mafiosa.

Bajo la orden de AMLO de ‘hacer lo que sea para pacificar al país’, Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de gobernación, nombró en mayo de 2019 a Ricardo Peralta Saucedo como subsecretario de la misma institución, solo después de ocupar la dirección de la Administración general de aduanas y dejarla por presuntos sobornos millonarios a cambio de dejar entrar a México sin complicaciones mercancía de origen legal e ilegal. Fuentes directas afirman que, como subsecretario, Peralta ha sido enviado a reuniones con Ismael ‘El Mayo’ Zambada, líder del cártel de Sinaloa, para negociar la paz en nombre de la 4T.

“Peralta Saucedo se presume tiene buenos contactos con bandos como Los Zetas y el cártel del Golfo a través del abogado Juan Pablo Penilla, socio de otro licenciado llamado Sergio Ramírez Muñoz, amigo de Peralta Saucedo y quien se hace llamar el abogado de la 4T”.

Ramírez Muñoz también posee vínculos con el crimen organizado, ya que en 2018 fue fotografiado con Roberto Mollado o ‘El Betito’, líder del cártel Unión Tepito que opera en la Ciudad de México.

Sin embargo, Peralta no es único servidor publico en reunirse con ‘El Mayo’, ya que Rubén Rocha Moya, candidato a la gubernatura en Sinaloa por MORENA, se reunió con el narcotraficante para recibir apoyo. El 6 de junio, Rocha arrasó en las elecciones mientras que sus contrincantes fueron amenazados y secuestrados.

Por último, en agosto de 2020 Peralta Saucedo dejó su posición como subsecretario de la Secretaría de gobernación, al ser acusado de amenazas por el alcalde de Tijuana. Sin embargo, Sánchez Cordero comentó que su separación del cargo se debía a las medidas de austeridad fiscal de AMLO.

Por lo que dejan entrever los anteriores acontecimientos, las negociaciones con el crimen organizado se llevarán a cabo directamente con el poder federal central, no obstante, se desconocen quienes serán los encargos de negociar la pax mafiosa.

El viejo espejismo

El largo gobierno del PRI, de 1970 a 1999, permitió la repartición del territorio mexicano por las organizaciones criminales, dejándoles ejercer la violencia libremente y gozar de impunidad.

Los gobiernos de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), ambos presidentes por el Partido de Acción Nacional, intentaron negociar mediante un solo interlocutor y controlar de manera más sencilla el país.

“El Cártel de Sinaloa (CS) fue este intermediario, sin embargo, tuvo que pagar millonarios sobornos por el favoritismo, tal es el caso de Genaro García Luna, titular de la Agencia Federal de Investigación con Fox, y secretario de seguridad pública federal con Calderón, hoy encarcelado en Nueva York acusado de traficar drogas y trabajar para el CS de 2002 al 2019”.

Lo anterior podría explicar la victoria aplastante de MORENA en la región donde opera el cártel de Sinaloa, al conocer ya las estrategias del gobierno de AMLO.

Por otro lado, las negociaciones serán más complejas en estados donde existan más de una organización criminal, como Michoacán y Guerrero.

El plan de pacificación del gobierno federal difícilmente dejará satisfecha a la sociedad mexicana y al narcotráfico, pues la carta de negociación son las vidas de los mexicanos. El gobierno de la 4T se enfrenta a la potencial corrupción de sus funcionarios en el proceso de negociación, a la violencia ejercida por distintas organizaciones criminales en todo el país y la repartición del territorio por las mismas.

Tan solo en 2020, 5 de los 11 estados ganados por MORENA el 6 de junio, encabezaron la lista de las 10 entidades con mayor índice de homicidios dolosos en México: Baja California, Sonora, Zacatecas, Michoacán y Guerrero.