Más allá de la retórica anti-neoliberal: ofensiva extractivista y megaproyectos en tiempos de la Cuarta Transformación

Cita: 

Navarro, Mina y Lucia Linsalata [2020], "Más allá de la retórica anti-neoliberal: ofensiva extractivista y megaproyectos en tiempos de la Cuarta Transformación", Bajo el Volcán, (2): 329-366, mayo-octubre, http://www.apps.buap.mx/ojs3/index.php/bevol/article/view/1604/1476

Fuente: 
Artículo científico
Fecha de publicación: 
2020
Tema: 
La ofensiva extractivista y megaproyectos durante la administración de AMLO
Idea principal: 

Mina Navarro es socióloga y profesora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Es integrante del Grupo de Trabajo “Ecología Política del Extractivismo en América Latina” de CLACSO.

Lucia Linsalata es doctora y maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en Relaciones Internacionales y Diplomáticas por la Universidad de Trieste (Italia). Sus investigaciones se han centrado en el estudio de lo comunitario-popular en Bolivia y México y en el análisis de la cultura política de los sectores indígenas y populares de América Latina.


El 2 de julio de 2019 Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ganó las elecciones para la Presidencia de México con más del 50% de la votación nacional. El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) también ganó la mayoría de los escaños en el Congreso y Senado.

La amplia ventaja de AMLO y Morena fue reflejo del “profundo hartazgo” respecto al régimen neoliberal. Los partidos que hasta entonces habían ejercido el poder en el país fueron perdiendo legitimidad debido a la creciente violencia, inseguridad e impunidad, así como la “guerra” contra el narcotráfico y el aumento de la corrupción.

En este contexto, la llegada de un partido nuevo al poder representó un “proceso de cambio” denominado como la 4T (Cuarta Transformación). De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, la 4T corresponde a “un mandato social y popular producto de una sublevación legal, pacífica y democrática que busca poner fin al desarrollo privatizador impuesto por el neoliberalismo”. La 4T se ha presentado como un “tiempo antineoliberal y posneoliberal” (p. 331).

Las autoras argumentan que la retórica antineoliberal planteada por la administración de AMLO no ha realizado una problematización de corte estructural, ni ha roto con el modelo económico capitalista, ni mucho menos con el patrón extractivista primario exportador.

El primer semestre del gobierno de López Obrador se caracterizó por la continuidad de patrones permeados por el modelo económico capitalista y el lanzamiento de una “renovada ofensiva extractivista” con ciertos matices benefactores y compensatorios. La ofensiva extractivista está “dirigida a ampliar las capacidades de control y subsunción de los territorios y, garantizar un pacto de estabilidad con el capital” (pp. 331-332). Al mismo tiempo, la ofensiva extractivista ha propiciado e intensificado los conflictos sociales en diversas zonas del país.

La ofensiva extractivista en América Latina

La ofensiva extractivista es una modalidad de la acumulación capitalista que ha tenido lugar desde los tiempos de la conquista del continente americano. En los últimos años, la ofensiva extractivista se ha intensificado en América Latina, región caracterizada por la subordinación, la periferia y la dependencia en el sistema mundo.

Las autoras entienden por extractivismo “aquel régimen [...] que reordena y ocupa los territorios, removiendo intensivamente y a gran escala grandes volúmenes de bienes primarios (petróleo, gas, minerales, monocultivos) para ser exportados generalmente al mercado internacional, sin procesamientos previos significativos”. Se trata de una lógica de valorización que tiende a “la monoproducción y a la expansión de las fronteras extractivas hacia nuevos territorios” (p. 332).

El extractivismo siempre está acompañado de la violencia y el despojo. El capitalismo históricamente ha propiciado una lógica de “expansión y apropiación constante de la naturaleza humana y no humana para convertirla en valor y garantizar su propia reproducción”, (p. 333). Bajo la concepción del desarrollo y el progreso y por medio de la violencia, el capitalismo garantiza sus ganancias y externaliza o transfiere los costos sociales y ecológicos a terceros.

Dentro de la geografía del imperialismo, a diferencia de los países industrializados, América Latina ha pagado los costos sociales y ecológicos. En el marco del neoliberalismo, los gobiernos latinoamericanos han apostado por el extractivismo para competir en el mercado internacional a través de la exportación de bienes primarios y alcanzar el desarrollo de las naciones. En el contexto del “boom de los commodities”, la exportación de bienes primarios se ha presentado como una “ventaja comparativa” para las naciones menos desarrolladas, sin importar las externalidades negativas que implica este patrón.

Dichas externalidades negativas han propiciado la emergencia de diversos movimientos sociales que buscan evidenciar las amenazas y los impactos socioecológicos del extractivismo. De acuerdo con las autoras, en el marco del régimen neoliberal, “se ha ido consolidando una relación directamente proporcional entre extractivismo y violencia” (p. 334).

Las reformas neoliberales en México y el despojo masivo de los bienes comunes

La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y las reformas constitucionales de 1992 al artículo 27 constitucional dieron inicio a una “reconfiguración neoliberal” que impulsó el despojo masivo de bienes comunes naturales, así como la privatización y venta de tierras que hasta entonces “no eran enajenables y abarcaban una superficie correspondiente a la mitad del territorio nacional” (p. 335).

La promulgación de la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales y la Ley de Inversión Extranjera, tuvo como fin último incentivar la inversión de los capitales privados en todo el territorio nacional. En este sentido, de acuerdo con dichas leyes, la extracción de minerales se constituyó como una actividad preferente y de utilidad pública; se promovió la privatización de los servicios hídricos; y se anularon los límites o restricciones a la inversión de capital extranjero en México.

Este marco normativo propició e incentivó el despojo de los territorios y la explotación de bienes naturales. De acuerdo con las autoras, una manifestación de dicho despojo y explotación han sido los llamados “megaproyectos de muerte” y el aumento de los conflictos socioambientales, (Dato crucial 1).

Políticas extractivas y megaproyectos en tiempos de la 4T

La llegada de AMLO al poder se visualizó como una oportunidad de cambio y ruptura en medio de un contexto permeado por el aumento de la violencia generalizada y el despojo provocado por el modelo económico neoliberal. Así, desde su campaña y una vez que llegó a la presidencia, AMLO declaró que “no se permitiría ningún proyecto económico, productivo, comercial, turístico o método extractivo que afectara al medio ambiente y agotara las vertientes de agua” (p. 337).

Asimismo, con relación al extractivismo, AMLO reconoció la violencia del actual modelo extractivo minero y se comprometió a “priorizar la conservación del territorio para el sustento y beneficio colectivo de la nación, además de proteger y defender a las comunidades afectadas por acciones que vulneren sus territorios” (p. 337).

Una de las acciones que contradijeron la retórica anti-extractivismo con la que se presentó AMLO fue el nombramiento de Francisco Quiroga como subsecretario de Minería. Quiroga igualmente fue funcionario de la Secretaría de Minería durante los gobiernos de Zedillo y Fox y posteriormente empleado de diversas mineras y comercializadoras de hierro.

De igual forma designó a Laura Díaz Nieves como titular de la Dirección General de Minas. Desde 2013 Díaz Nieves fue integrante del consejo directivo de la minera canadiense Goldplay Exploration. También se presentaron una serie de megaproyectos regionales estratégicos para el sexenio como la construcción del Tren Maya; el Corredor Transístmico; la Refinería Dos Bocas; el Aeropuerto “Felipe Ángeles” y el Proyecto Integral Morelos.

El Tren Maya

El Tren Maya “está anunciado como el más importante proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo del presente sexenio” (p. 338), con la intención de aumentar la derrama económica del turismo en la Península de Yucatán a la par de la creación de empleos y el impulso del “desarrollo sostenible, proteger el medio ambiente de la zona [...] y propiciar el ordenamiento territorial de la región” (p. 339). Asimismo, se contempló la realización de consultas para que los pueblos y comunidades originarias aprobaran o no el proyecto.

A pesar de las declaraciones gubernamentales, existe una fuerte oposición en contra del proyecto, la cual ha señalado que la “consulta popular” realizada en todo el territorio nacional sobre el Tren Maya contravino el “derecho a una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada” estipulado en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Cabe destacar que la consulta fue realizada previo a que AMLO asumiera formalmente la presidencia.

La oposición también ha evidenciado que la iniciativa gubernamental carece de estudios de impacto ambiental adecuados. La comunidad científica ha señalado que el “impacto que el tren podría tener sobre la flora, la fauna y los delicados equilibrios de éstos y otros ecosistemas de la región podría ser [...] catastrófico” y “provocar un colapso ecológico en la Península” (p. 340), debido a que el proyecto atravesaría dos de las áreas naturales protegidas más importantes de México.

De acuerdo con las autoras, el proyecto del Tren Maya no consiste únicamente en la construcción de un tren, sino en "un proyecto de reordenamiento fronterizo, que aspira a crear con una parte del territorio mexicano (y otros territorios regionales al sur), un nuevo espacio global, en el cual el orden y gestión del territorio dejan de ser propiedad soberana del Estado para ponerse a disposición del capital extranjero, de las mejores prácticas, de los proyectos por el desarrollo verde y sustentable”[1] (p. 341).

En este sentido, las organizaciones mayas de la península de Yucatán se han pronunciado en contra de los proyectos de “reorganización económica de la región”, ya que éstos buscan cambiar el rostro de la península. Las organizaciones mayas buscan defender su autodeterminación, su memoria, su identidad y su cultura.

El Corredor Transístmico

Con la intención de impulsar el crecimiento de la economía regional a través del Corredor Multimodal Interoceánico, y como alternativa al Canal de Panamá, se aprovechará la posición del Istmo de Tehuantepec para la movilización de mercancías a través de diversos medios de transporte.

Para ello se realizarán una serie de modernizaciones en ferrocarriles, puertos, carreteras e infraestructura necesaria para ofrecer servicios de carga, transporte, almacenaje, embalaje y servicios logísticos diversos y proveer los insumos necesarios para la población trabajadora y la realización de las actividades de cada una de las empresas.

De acuerdo con lo señalado por las autoras, el proyecto del Corredor Transístmico tendrá diversos impactos sociales y ambientales en toda la región debido a su enorme riqueza ecológica de la zona y a la que constituye uno de los lugares con mayor presencia indígena del país.

El gobierno realizó una consulta a los pueblos indígenas en marzo de 2019. No obstante, dicha consulta no fue libre ni informada, ya que fue convocada pocos días antes de su realización, no se brindó información y no se presentaron estudios de impacto ambiental. Además, la consulta se realizó a un número reducido de los pobladores de las comunidades indígenas, mismas que se encontraban alejadas de las áreas de impacto. Ante este escenario, “múltiples organizaciones indígenas han expresado su rechazo a la consulta y al proyecto en su conjunto” (p. 343).

Refinería Dos Bocas

En el marco de una “política gubernamental de rescate del sector energético”, específicamente de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se propuso la inversión de 8 000 millones de dólares para la construcción de la refinería Dos Bocas en un plazo de tres años. Ante esta propuesta, una de las principales críticas se encuentra relacionada con la inversión y el tiempo previstos para la construcción de la refinería, pues “la obra requiere recursos y tiempos de realización significativamente superiores” (p. 345).

Asimismo, para la aprobación de la obra se realizaron estudios de impacto ambiental deficientes y en un tiempo limitado. Lo anterior ha quedado en evidencia mediante pronunciamientos de organizaciones no gubernamentales como Greenpeace, la cual ha señalado que “El proyecto de refinería en Dos Bocas NO cuenta con la autorización de impacto ambiental que requiere para iniciar las obras” (p. 346), por lo cual su construcción va en contra de la legislación ambiental, el Estado de derecho y los derechos humanos.

Otro elemento importante es la aprobación de la “Ley Garrote”, la cual “busca evitar cualquier tipo de chantaje o sabotaje al proyecto de la Refinería Dos Bocas […] que va a generar gran cantidad de empleos en Tabasco”[2]. Con la Ley Garrote se pueden imputar hasta 20 años de prisión a quienes protesten bloqueando vías de comunicación en el estado de Tabasco.

El Aeropuerto “Felipe Ángeles”

Con la construcción del Aeropuerto “Felipe Ángeles” en Santa Lucía, Estado de México, se ampliará la infraestructura aeroportuaria del centro del país. Su construcción se ha enfrentado a una fuerte oposición por parte de organizaciones sociales “quienes temen que la construcción de este nuevo megaproyecto los dejará sin agua y agravará la crisis hídrica que hoy sufre el Valle de México” (p. 347). Estas organizaciones han realizado una campaña de información y una estrategia de defensa legal que ha impuesto una serie de amparos debido a que el proyecto vulnera los derechos de los pobladores de “múltiples formas”.

Asimismo, se ha cuestionado que el proyecto no cuenta con un plan maestro ni un proyecto ejecutivo. Únicamente se cuenta con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la cual debe ser aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y presenta “múltiples errores y omisiones”, debido a que el documento no cuenta con un análisis detallado y claro sobre los efectos que la obra podría tener en los acuíferos de la zona y no reconoce a los pueblos originarios de los municipios que sufrirán los impactos del proyecto. En este sentido, la consulta gubernamental realizada en las localidades de Xaltocan y Nextlalpan excluyó a diversos pueblos originarios.

El 17 de junio de 2019 el Poder Judicial de la Federación suspendió la construcción del aeropuerto como resultado de los amparos interpuestos por las organizaciones civiles. La obra se reanudaría hasta que el gobierno federal presentara los permisos necesarios para la construcción.

Proyecto Integral Morelos

A la infraestructura del Proyecto Integral Morelos (PIM), (Dato crucial 4) se le suma la construcción y ampliación de autopistas, la rehabilitación de las vías de ferrocarril, la creación de zonas habitacionales y la ampliación de corredores industriales, entre otros. Dado que este proyecto afecta a diversas comunidades de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, existe una fuerte resistencia para su desarrollo. Una de las principales afectaciones es que “el trazo del Proyecto se encuentra dentro del mapa de riesgo volcánico del volcán Popocatépetl, lo cual puede afectar a 82 comunidades de los tres estados” [3].

Durante la campaña electoral, AMLO prometió la cancelación del proyecto. No obstante, en enero de 2019 anunció que el proyecto continuaría principalmente para promover la inversión privada y brindar certeza jurídica al respetar los contratos existentes. La oposición fue acrecentada con el asesinato del activista y opositor a la termoeléctrica, Samir Flores Soberanes.

Según los resultados de la consulta popular, el proyecto fue aprobado con 59.5% de los votos a favor. Sin embargo, se ha señalado que dicha consulta tuvo diversas irregularidades debido a que se consultaron a ciudades que se encontraban alejadas de la zona afectada, la pregunta realizada fue sumamente ambigua, no se brindó la información necesaria y no se respetaron los usos y costumbres locales, por lo cual se ha incitado a los jueces a aceptar el amparo por mal uso de la consulta.

Además, de acuerdo con las autoras, el gobierno ha difundido un discurso de estigmatización contra los opositores de PIM que incluye el proceso penal que abrió la Comisión Federal de Electricidad por el delito de daño a bienes de la nación contra dos activistas.

La cortina de humo del extractivismo “benefactor”

Según lo planteado por las autoras, en el actual panorama nacional de la 4T, “el Estado [...] está jugando un activo papel, presentándose como un actor que está recuperando su protagonismo, que atiende el bien común y que busca separarse del poder económico” (p. 350) en concordancia con el precepto constitucional de soberanía.

Las presentaciones de los proyectos se han dado en el marco de una narrativa desarrollista que contempla un “desarrollo con bienestar” y un “progreso con justicia social”. Asimismo, la administración de AMLO ha considerado al desarrollo sostenible como uno de los ejes rectores de su Plan Nacional de Desarrollo y busca un impulso en el “crecimiento económico sin provocar afectaciones a la convivencia pacífica, a los lazos de solidaridad, a la diversidad cultural, ni al entorno”[4]. No obstante, la administración de AMLO no ha mostrado ningún interés por explorar alternativas post-extractivistas.

Por el contrario, la administración ha negado las “negativas y violentas consecuencias de la reconfiguración de los territorios con el avance del extractivismo” (p. 351) y ha impulsado los megaproyectos violentando sistemáticamente la legislación vigente en materia de evaluación socio-ambientales y los derechos colectivos sobre los modos de vida y territorios de las comunidades potencialmente afectadas por los proyectos.

Las autoras afirman que “el reiterado desconocimiento de la capacidad de autodeterminación de los pueblos, ha sido la premisa bajo la cual se han llevado a cabo las consultas realizadas hasta el momento” (p. 352). De esta manera se ha violentado el derecho de las comunidades a la consulta previa libre e informada. Las consultas realizadas han constituido mecanismos de “simulación” democrática, cuando en realidad representan “prácticas profundamente autoritarias y centralistas” (pp. 352-353).

La estigmatización y criminalización de los opositores ha sido una constante durante los primeros meses de la administración de AMLO que ha conseguido “elevar el clima de polarización social, en tanto se ha fomentado la construcción de un imaginario del ‘otro subversivo’, como aquel que detenta contra el interés general y que es presentado como amenaza al orden social” (p. 353).

Como una estrategia de mitigación del conflicto, el gobierno de AMLO ha optado por implementar “programas de desarrollo, empleo y bienestar” que buscan disminuir las disidencias, dividir a las comunidades y “compensar” las externalidades negativas de los megaproyectos. Entre los programas de desarrollo, empleo y bienestar se encuentran a) Sembrando vida; b) Jóvenes construyendo el futuro; c) Programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez; d) Programa nacional de becas para el Bienestar Benito Juárez; e) Programa de pavimentación de caminos a cabeceras municipales; f) Programa para el bienestar de los adultos mayores y g) Tandas para el bienestar.

Con el fin de evitar la corrupción, la asignación de recursos de todos estos programas sociales llega de forma directa a los beneficiarios. Para la implementación de los programas se ha realizado un gran “despliegue publicitario”, lo cual, de acuerdo con las autoras, da cuenta del esfuerzo del gobierno por redistribuir los recursos hacia los pueblos indígenas y sectores más desfavorecidos de la población, a pesar de que los recursos asignados a cada beneficiario son muy limitados y se carece de una política estructural a largo plazo.

No obstante, debido a la multiplicidad de programas sociales, el gobierno ha logrado proyectar una imagen de honestidad y beneficencia para la “gente más pobre”. Las autoras señalan su preocupación con relación a que “esta orientación benefactora esté asociada a la invisibilización y negación de las voces de las comunidades afectadas y los impactos socioecológicos de las nuevas políticas desarrollistas y de los proyectos extractivos” (p. 356).

Con el avance del extractivismo en América Latina, diversas investigaciones han documentado la relación existente entre los programas asistencialistas y la intención de los gobiernos por lograr el consentimiento y así avanzar en la implementación de megaproyectos. El “matiz benefactor y compensatorio del extractivismo” desconoce las externalidades negativas de este modelo y las naturaliza. “Bajo esta lógica, los efectos sociales y ambientales se dirimen en el plano económico, es decir, el criterio económico toma el control sobre otras formas de valoración” [5] (p. 357).

Las autoras retoman el análisis de Eduardo Gudynas y al respecto mencionan que la política compensatoria ha funcionado en varios países “como una forma de apaciguar las demandas sociales locales y generar o profundizar procesos de división social al interior de las comunidades afectadas, así como aislar y debilitar a los grupos de opositores” (p. 357). De tal forma, es una tendencia que las medidas de compensación económica se vuelvan mecanismos de control.

Es preciso mencionar que las políticas impulsadas en el marco de la 4T apuntan a los mecanismos de control, tal y como lo ha evidenciado el despliegue de la Guardia Nacional en zonas económicamente estratégicas. Este hecho da continuidad a la creciente militarización del país desde el inicio de la “Guerra contra el narcotráfico” y el modelo fallido de seguridad durante las administraciones predecesoras.

A manera de conclusión

El texto buscó “avanzar en la caracterización de la 4T y la política extractivista” que ha implementado la administración de AMLO. La 4T estrictamente no busca dar continuidad a las administraciones anteriores, pero tampoco busca ni plantea “un proyecto de orientación anticapitalista”, dado que no hay una renuncia al modelo desarrollista que beneficia e incentiva la acumulación del capital, ni problematiza las externalidades negativas del mismo.

El patrón extractivista en México y en América Latina se profundiza debido a la división internacional del trabajo. La región provee mano de obra barata y materias primas para satisfacer las necesidades de los centros capitalistas. La política de la 4T no cuestiona la acumulación del capital, sino que busca “moderar y compensar” las afectaciones del modelo de desarrollo a través de una “política compensatoria”. Además, las políticas y mecanismos de la 4T han negado las voces y los derechos de las comunidades afectadas a través de la realización de consultas previas desinformadas, desconociendo las “capacidades de autonomía y autoorganización de los pueblos” (p. 359).

En este contexto, han surgido y se han activado diversas resistencias para exigir la cancelación de los megaproyectos y evidenciar los riesgos socioambientales de los mismos. Las resistencias frente al extractivismo evidencian “los límites y el carácter violento e insustentable del desarrollo capitalista, y de los progresismos” (p. 360). De acuerdo con las autoras, la continuidad de las políticas extractivistas acrecentarán la dependencia y subordinación de México frente a otros países y la vulnerabilidad frente al colapso ecológico.

En tanto la 4T siga priorizando lo económico por encima de lo ambiental, es un hecho que el ciclo de conflictividad socioambiental se intensificará, al mismo tiempo que “se profundizará la degradación ecosistémica y las condiciones para encarar los efectos de la crisis civilizatoria serán aún más desalentadoras” (p. 360).

Para hacer frente a la degradación socioecológica, es necesario cuestionar el actual modelo económico, criticar las relaciones de dependencia y las “lógicas violentas, destructivas, depredadores e insostenibles del desarrollo capitalista con su contenido patriarcal y colonial” (p. 361).


[1] Prieto Díaz, Sergio [2019], “Lo que esconde el Tren Maya: la ‘cuarta transformación’ de las fronteras mexicanas”, Contralínea, México, 13 de junio, https://contralinea.com.mx/lo-que-esconde-el-tren-maya-la-cuarta-transfo...
[2] Redacción Animal Político [2019], “Ley que castiga bloqueos es para evitar sabotajes contra Dos Bocas: Polevnsky”, Animal Político, México, 29 de julio, https://www.animalpolitico.com/2019/07/ley-garrote-sabotaje-dos-bocas-ye...
[3] Flores, Juan Carlos y César, Samantha [2014], “La defensa de los pueblos del Popocatépetl ante el despojo del Proyecto Integral Morelos”, Composto, Claudia y Navarro, Mina Lorena (Comps.), Territorios en disputa: Despojo capitalista, luchas en defensa de los bienes comunes naturales y alternativas emancipatorias para América Latina , Ciudad de México: Bajo tierra ediciones.
[4] Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, México, https://lopezobrador.org.mx/temas/plan-nacional-de-desarrollo-2019-2024/
[5] Gudynas, Eduardo [2015], Extractivismos: Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la Naturaleza, Cochabamba: CLAES/ CEDIB
Datos cruciales: 

1. De acuerdo con el investigador Victor Toledo, actual secretario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los conflictos relacionados con cuestiones agrícolas, biotecnológicas, energéticas, forestales, hidráulicas, mineras, turísticas y de residuos peligrosos ascendieron a 420 casos a nivel nacional en 2016.

2. El Tren Maya tendrá un recorrido de 1 525 kilómetros, pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo e interconectara las principales ciudades y sitios turísticos de la Península de Yucatán. Para su construcción se requerirán entre 120 mil y 150 mil millones de pesos.

3. Como consecuencia de la cancelación del proyecto aeroportuario en Texcoco y la decisión de edificar una nueva terminal en la actual base aérea militar de Santa Lucía, se ahorrarán alrededor de 100 mil millones de pesos.

4. El Proyecto Integral Morelos consta de dos centrales termoeléctricas ubicadas en la comunidad de Huexca, Morelos; un gasoducto de aproximadamente 160 kilómetros de longitud que pretende transportar diariamente 9 mil millones de litros de gas natural, para dichas termoeléctricas, pasando por las faldas del volcán Popocatépetl y a través de más de 60 comunidades campesinas de los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos; una línea eléctrica de 20 km de longitud a la subestación Yautepec; y un acueducto que pretende trasladar 50 millones de litros de agua diaria a las termoeléctricas y cuyo trazo va del municipio de Ayala a Huexca, Morelos con una longitud de 12 km.

Trabajo de Fuentes: 

Acosta, Alberto [2012], “Extractivismo y neoextractivismo: dos caras de la misma maldición”. Ecoportal,https://www.ecoportal.net/temas-especia-les/mineria/extractivismo_y_neoe... la_misma_maldicion/

Composto, Claudia y Navarro Trujillo, Mina Lorena (Coords.) [2014], Territorios en disputa. Despojo capitalista, luchas en defensa de los bienes comunes naturales y alternativas emancipatorias para América Latina, México: Bajo Tierra Ediciones.

Gómez, Magdalena [2018], “Extractivismo y pueblos indígenas en México”, Revista el Cotidiano, no. 210, julio-agosto, México: UAM-Azcapotzalco, http://www.elcotidianoenlinea.com.mx/pdf/21012.pdf

Gudynas, Eduardo [2015], Extractivismos: Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la Naturaleza, Cochabamba: CLAES/ CEDIB

Machado Aráoz, Horacio [2013], “Crisis ecológica, conflictos socioambientales y orden neocolonial. Las paradojas de NuestrAmérica en las fronteras del extractivismo”, Revista Brasileira de Estudios Latinoamericanos REBELA, no. 3, 1 de octubre, pp. 118-155.

Navarro Trujillo, Mina Lorena [2019], “Una perspectiva socioecológica para pensar el despojo múltiple y las separaciones del capital sobre la vida”, Pérez Roig, Diego; Barrios García, Gonzalo; Acsebrud, Ezequiel (Comps.), Naturaleza, territorio y conflicto en la trama capitalista contemporánea, Buenos Aires: Extramuros Ediciones, Theomai Libros.

Seoane, José [2012], “Neoliberalismo y ofensiva extractivista: actualidad de la acumulación por despojo, desafíos de Nuestra América”, Theomai, 26, noviembre, Buenos Aires.

Svampa, Maristella [2019], Las fronteras del neoextractivismo en América Latina: conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias, Alemania: Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales.

Nexo con el tema que estudiamos: 

La industria extractiva es una de las principales actividades que propicia la degradación del medio ambiente y la perpetuación de conflictos sociales. A pesar de esto, uno de los campos de valorización del capital en la economía mexicana durante décadas ha sido la industria minera. Dado que los conflictos entre las comunidades locales, gobiernos y empresas se suscitan bajo condiciones desiguales de poder, es probable que la violencia y represión en las comunidades vaya en aumento, al mismo tiempo que tiene lugar la superposición de los megaproyectos por encima de otras actividades económicas. En este sentido, el presente artículo evidencia la relación existente entre la acción de las grandes empresas, la evolución de la economía mexicana, la destrucción del ambiente y el fortalecimiento del autoritarismo en México.