Daniel Castrejón e Ivette González son investigador y asociada senior de la vinculación estratégica, respectivamente, en Proyectos sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER).

Recientemente, los casos de corrupción, evasión fiscal y lavado de dinero de las empresas se han hecho públicos alrededor del mundo, sin embargo, los beneficiarios reales (personas físicas que en última instancia se favorecen económicamente de los proyectos empresariales privados y/o ejercen control directo, o indirecto, en la toma de decisiones de una empresa) continúan siendo anónimos.

La incógnita de la identidad de los beneficiarios reales (BR) favorece la ejecución de prácticas corporativas ilícitas y promueve el fenómeno de captura corporativa del Estado, ya que ambos son resultado de la compleja estructura corporativa y de falta de transferencia.

Por lo anterior es fundamental emprender acciones respecto a las grandes empresas para combatir las violaciones a la ley y a los derechos humanos, así como formular estrategias para implantar la rendición de cuentas y transparencia en la cultura empresarial. La construcción de mecanismos que nos permitan alcanzar dichos objetivos requiere el esfuerzo conjunto del sector público y privado.

Algunas de las acciones que están siendo impulsadas son la creación de registros de BR como fuente de información para las autoridades fiscales y la promoción de grupos de divulgación de información financiera como el Grupo de acción financiera internacional (FATF, por siglas en inglés), de la cual México es miembro desde 2017. Por su parte, la Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) junto con la Alianza para el Gobierno abierto, y la divulgación de los beneficiarios reales incluidos las personas políticamente expuestas, pueden generar un registro público de BR para el 2023.

Debe alertarse que el objetivo de crear un registro público de BR es que estos sean personas físicas identificables con titularidad y que ejerzan control sobre la entidad.

Por otro lado, existen retos que deben ser superados como el openwashing, es decir, las prácticas corporativas en las que la empresa cumple con el mínimo requerido en cuanto divulgación de información, pero en la realidad sus esfuerzos para que la información sea sustancial son menores que el estándar.

Por ejemplo, “en los umbrales de participación, las inversiones en el sector extractivo suelen ser sumamente lucrativas, por lo que si se establecen umbrales altos de titularidad se corre el riesgo de que algunas empresas reporten solamente un número muy limitado de sus beneficiarios reales o incluso a ninguno”. En la industria extractiva organizaciones como Open Ownership y Global Witness recomiendan “establecer umbrales bajos a fin de incluir a la mayoría de los beneficiarios reales, incluso aquellos que cuentan con acciones por debajo del 5%”.

En México, el artículo segundo de la Ley general de sociedades mercantiles, que separa la personalidad jurídica de los socios y de la sociedad mercantil, es conocido como el velo corporativo porque a través de él, las empresas históricamente se han protegido de rendir cuentas en materia derechos humanos y ambientales. A nivel internacional han surgido marcos regulatorios como la Ley de prácticas corruptas en el extranjero de Estados Unidos y la Ley contra el soborno de Reino Unido que tienen el fin de penetrar el velo corporativo y aumentar la responsabilidad de la empresa con respecto a las actividades y afectaciones de sus subsidiarias.

A nivel nacional hay dos instituciones realmente interesadas en el desarrollo de un registro de BR para “impulsar a nivel federal la implementación de los Principios de transparencia para la divulgación de los beneficiarios finales”. Por un lado, se encuentra “la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que busca cumplir con sus compromisos con Grupo de Acción Financiera Internacional y evitar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Por el otro lado, está la Secretaría de la Función Pública que debe de cumplir con los compromisos al ser uno de los siete países que conforman el Grupo de Liderazgo sobre transparencia del Beneficiario Final (BOLG, por sus siglas en inglés)”.

Al formar parte del BOLG, México asume la responsabilidad de tener un registro para 2023, con datos abiertos que sean accesibles, actuales y adecuados, así como tener “marcos legales adecuados internos y para la cooperación internacional”, esto último incluye sanciones a las entidades por incumplimiento de información verídica, tergiversada y desactualizada.

Uno de los mayores beneficios de implementar tales marcos jurídicos es el reforzamiento de las capacidades de las comunidades y pueblos impactados negativamente en materia ambiental cuando actividades como la extracción de petróleo, gas y minerales se lleva a cabo, además de que será posible contrarrestar el fenómeno de captura corporativa del Estados.

Con la salida de Irma Eréndira Sandoval de la Secretaría de la función pública y la llegada del nuevo subsecretario, Roberto Salcedo, se espera que se retome la agenda de “bajar el umbral de propiedad, tener el registro en tiempo y forma, mantener la subida de peldaños en el índice global de percepción de la corrupción y de la transparencia internacional, comunicar al público que esta información está a su alcance, fortalecer la lucha contra la captura corporativa del Estado y seguir con el compromiso de gobierno para contar con la colaboración interinstitucional y con la sociedad civil”.