Azfar Shafi es un investigador cuyas líneas son la seguridad y la lucha contra el terrorismo. Trabaja para la organización CAGE, con sede en Reino Unido.

The 9/11 complex. The political economy of counter-terrorism

De manera paralela a la invasión de Irak en 2003, se llevaban a cabo, una serie de reajustes políticos y de seguridad a nivel global, regional y local. Con esta post-Guerra Fría, las frágiles democracias de los Estados del Sur han sido destrozadas por las políticas económicas y militares del Norte.

Los marcos de “seguridad nacional” y “lucha contra el terrorismo” han servido para mantener la jerarquía global de los Estados y para contener las consecuencias humanas dentro del Sur; estos facilitan la construcción de los aparatos internacionales de seguridad en donde se consolida el poder estatal, principalmente del Norte.

En Gran Bretaña, este proceso tomó la forma de una guerra interna contra el “Terrorismo islámico” dentro de la “Guerra contra el terror” que inició el 11 de septiembre de 2001. Esto fue permitido por el establecimiento de una serie de leyes que, en nombre de la seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo, han devenido en una violencia exacerbada y muchas violaciones silenciosas de la dignidad de la población.

Si bien la reciente organización en contra de la militarización policial ha tenido un importante desarrollo, con algunas excepciones ha logrado abordar la política de la “lucha contra el terrorismo”. A pesar del crecimiento de los medios a través de los cuales el Estado se securitiza.

Parte de la dificultad para afrontar las políticas de la lucha contra el terrorismo subyace en que, frecuentemente, la resistencia ha permanecido en el ámbito legal, oponiéndose a violaciones a los derechos o a los protocolos. U confrontando las políticas únicamente en la medida en que son racistas y/o islamofóbicas. Estos acercamientos son insuficientes; se debe conectar a la lucha contra el terrorismo a la cuestión de la seguridad en general.

“La ‘lucha contra el terrorismo’ es un conjunto de políticas, una ideología, un proyecto político y, cada vez más, una industria”. Este ensayo rastrea el desarrollo del Estado moderno de seguridad en Gran Bretaña, mapea la economía política de la lucha contra el terrorismo y ofrece posibilidades para estrategias de organización en contra de esta política.

El complejo de la Guerra contra el terror
Las reformas a las leyes de inmigración, asilo y nacionalidad en Gran Bretaña han sido algunas de las políticas introducidas en este país bajo el paraguas de la “lucha contra el terrorismo” o la “lucha contra el extremismo. Estos cambios han expandido los poderes del Estado para vigilar y controlar la inmigración, así como a grupos e individuos.

El ámbito de la lucha contra el terrorismo se expande más allá de la esfera criminal. Hoy en día, incluso ver cierto contenido en línea o poseer determinados documentos puede ser catalogado como “terrorismo”.

La actual lucha contra el terrorismo en Gran Bretaña
La columna central del vasto complejo de la Guerra contra el terror en Gran Bretaña es la Ley de lucha contra el terrorismo, establecida en el año 2000. Desde ese año, el complejo antiterrorista ha crecido sin precedentes en ámbitos, alcances y capacidades. La enorme inversión dedicada a la lucha contra el terrorismo está acompañada del fracaso de sus objetivos declarados: detener terroristas (ver datos cruciales 1, 2 y 3). Incluso, muchos actos de verdadera violencia se han llevado a cabo frente a las agencias de seguridad por individuos conocidos por ellas.

Mapa 1

No obstante, el marco de seguridad opera bajo la infalsificable lógica de que la securitización es la única vía para la defensa, bajo la cual, el fracaso de las políticas es llamado para su expansión y fortalecimiento.

Más allá de permanecer en el mismo terreno discursivo del Estado, o argumentar sobre la mala o deficiente aplicación de las medidas de securitización, los oponentes deben analizar la política y economía política que las impulsa.

El proyecto político de la lucha contra el terrorismo
El proyecto de la lucha contra el terrorismo en Gran Bretaña ha servido para securitizar y vigilar las contradicciones entre la política interna de los sucesivos gobiernos y las ambiciones imperialistas. Lo hace mediante la organización de un complejo de vigilancia policial y aparatos ideológicos que permiten calificar a una serie de políticas como “extremistas” o “terroristas” y a secciones de población como “amenazas”, así como sometiendo a ambos a poderes disciplinarios, coercitivos y punitivos.

“El crecimiento de la lucha contra el terrorismo es inseparable de los regímenes contemporáneos de capitalismo y globalización que ayuda a gobernar”.

Década de 1990: surgimiento del consenso de seguridad posterior a la Guerra Fría
Durante la década de 1990, el liderazgo del G7 y la recién formada Unión Europea (UE) establecieron un consenso político sobre las “amenazas internas clave a la seguridad” a las que el mundo posterior a la Guerra Fría se enfrentaba. Entre estas amenazas se encontraban los refugiados y disidentes que provenían de Estados del Sur Global.

Gran Bretaña, líder tanto en el G7 como en la UE, reorganizó sus arreglos de seguridad en dos frentes. Primero, justificó el fortalecimiento de sus fronteras y las violaciones de derechos de los solicitantes de asilo y migrantes. Segundo, desplegó la política antiterrorista en contra de los disidentes extranjeros como muestra de lealtad política a sus aliados internacionales.

Estos reajustes también se tradujeron en toda Europa como una creciente imbricación de los controles migratorios con la lucha contra el terrorismo.

9/11 y la Guerra global contra el terror
A partir de 2001, la Guerra global contra el terror marcó el comienzo de la permisividad hacia la violencia estatal y los marcos de securitización internacionales. Gran Bretaña y muchos otros países expandieron masivamente sus capacidades policiales, de vigilancia y expulsión.

Finales de la década de 2000: políticas de austeridad y autoritarismo
La crisis económica de 2008 fue seguida de una aceleración de las tendencias ultranacionalistas en Europa y otras regiones del mundo, frecuentemente acompañadas de islamofobia, xenofobia y un monoculturalismo exacerbado.

Estos reajustes surgieron en Gran Bretaña con la llegada de gobiernos conservadores después de 2010. Estas administraciones intensificaron la lucha contra el terrorismo, conjuntándola con las políticas nacionalistas. Uno de los resultados fue la enmienda al Acta de Inmigración, que amplió los poderes para la privación de la ciudadanía.

2016 al presente
Desde el 2016 el consenso político se pierde, las tendencias de ultra-derecha surgen en todo el mundo, la inestabilidad es constante en los países en donde se libró la lucha contra el terrorismo y existe una mayor polarización geopolítica.

En este contexto, las políticas antiterroristas en Gran Bretaña han alcanzado su conclusión lógica; al tiempo que se sobre extienden, colapsan ideológicamente en sí mismas. De manera creciente, el Estado británico justifica sus medidas de la lucha contra el terrorismo mediante el señalamiento de actividades e individuos como “extremistas”.

La seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo no son sólo un medio de acumular poder estatal, sino que constituyen, de manera creciente, el idioma hablado por el Estado, el cual los convierte en parte de los programas sociales y políticos. Una serie de programas han circunscrito sectores de lo público bajo la “lucha contra el terror”. De esta manera, las políticas se seguridad nacional se filtran en la política interna.

Así, la seguridad nacional se vuelve, cada vez más, el medio a través del cual las políticas son administradas, filtradas y controladas. De forma paralela, estos cambios han consolidado una opaca red de “securócratas” al centro del poder estatal, con participación de thinktanks, lobbies, y agencias.

La economía política de la securitización
A través de la última década y de forma progresiva, la lucha contra el terrorismo se ha trasladado al ámbito de la colaboración entre lo público y lo privado. El trabajo anti-terrorista es delegado a terceros y a agencias estatales, quienes promueven sus agendas a través de cabildeo y promoción pública. El resultado es el fomento de la securitización.

Mapa 2

La lucha contra el terrorismo en Gran Bretaña es impulsada por la relación mutua entre órganos, políticas de securitización, legislaciones, poderes beneficiados y practicantes. Estos agentes están mediados por una serie de “nodos”, como los medios de comunicación, las relaciones públicas, organizaciones de cabildeo, thinktanks, grupos de investigación académicos y diversas fuentes de financiamiento. Todos estos elementos son centrales para ampliar y reproducir las políticas de securitización.

Este giro hacia la colaboración público-privado dio paso a la penetración de las empresas tecnológicas y emergentes en el campo de la seguridad.

Mapa 3

The Henry Jackson Society es un ejemplo de thinktank en Gran Bretaña que promueve la securitización. Este logró consolidar varias tendencias del neoconservadurismo, militarismo, islamofobia y sionismo agresivo en propuestas y políticas. Su personal ha pasado por puertas giratorias entre varias organizaciones a favor de la seguridad y sus proyectos proveen de información a quienes ejecutan las políticas anti-terroristas.

Es a través de estas dinámicas y relaciones que los fundamentos ideológicos del complejo de la Guerra contra el terror se materializan. Estas acciones aparecen como “sentido común” gracias los medios y los aparatos estatales.

Sociedad civil
Con la transformación de las funciones del Estado bajo el neoliberalismo, la sociedad civil ocupa un rol importante en el motor del cambio social.

En Gran Bretaña, mientras algunas organizaciones han limitado los excesos del complejo de la Guerra contra el terror, otras han contribuido al avance de las políticas anti-terroristas.

Mapa 4

Existen muchos grados en la complicidad entre organizaciones de la sociedad civil y el régimen de la lucha contra el terrorismo; esta va desde la dependencia al patrocinio y el apoyo activo de las políticas antiterroristas. Esto sucede gracias a las disposiciones particulares de las organizaciones, así como el modo de relación entre el gobierno y la sociedad civil desde el 2000.

En Gran Bretaña, a partir de esta fecha, el gobierno buscó aliarse con las organizaciones musulmanas “moderadas” y subordinar al resto, calificándolas de “extremistas”. La coalición liderada por los conservadores en 2010 siguió una línea más dura en esta relación; excluyó a muchas de las organizaciones contempladas anteriormente y subordinó al resto a su proyecto político definido.

Durante este periodo, estos cambios en la política coincidían con el comienzo de la austeridad y la reestructuración del neoliberalismo. En estos, se amplió la gestión estatal del “tercer sector” de la sociedad civil.

Estos procesos, junto a la falta de financiamiento para las organizaciones de la sociedad civil, fruto de la austeridad, generaron una nueva dinámica de dependencia entre éstas y el gobierno, quien buscó disciplinarlas ideológicamente y expandió sus poderes para mantenerlas bajo control.

A partir de 2015, el gobierno británico produjo su primera Estrategia contra el extremismo, en la cual, colocó mayor énfasis en el trabajo de la sociedad civil en la lucha contra el terrorismo. “Es a través de esto que el gobierno ha comenzado una construcción activa de una ‘sociedad civil’ que esté en sintonía con sus objetivos”.

Aquellas organizaciones de la sociedad civil que mantienen una postura crítica respecto a la lucha contra el terrorismo son constantemente blancos de ataques y descalificaciones, dado que se les cataloga como “extremistas”.

“El impacto de todo lo anterior es que la sociedad civil está siendo progresivamente absorbida por la maquinaria del Estado de seguridad y es menos capaz de actuar como defensora en los casos de abuso y extralimitación estatal”.

Estrategias contra la securitización
“En Gran Bretaña, la lucha contra el terrorismo forma parte del andamiaje histórico de violencia estatal que liga el control migratorio con la vigilancia”.

"Afrontar el complejo antiterrorista necesariamente significa confrontar a bloques de poder consolidados, grupos de interés acomodados y a un Estado capaz y dispuesto a ejercer todas las formas
de instrumentos coercitivos en su defensa". Requiere, por lo tanto, una reconsideración de las estrategias.

Arsenal táctico
El arsenal táctico de las organizaciones contra la securitización, conformado usualmente de demandas legislativas, campañas mediáticas y defensa de los derechos legales, ha demostrado, en los últimos 20 años, ser insuficiente frente a la expansión del Estado de seguridad.

Por ejemplo, los derechos legales no pueden, por su naturaleza, ser en última instancia el medio para trascender la matrix de dominación del Estado hacia su población. Las campañas que abogan por lo derechos a menudo hacen diferencias entre “buenos” y “malos” ciudadanos, inadvertidamente siguiendo la línea estratégica del Estado de calificar sujetos como “valiosos” o “no valiosos”.

Las campañas en contra de la securitización deben recobrar la solidaridad para avanzar en la soberanía popular. Mapear la economía política detrás de la lucha contra el terrorismo puede ayudar a desmitificar las relaciones, instituciones y circuitos por medio de los cuales esta política se materializa y dar pistas sobre hacia dónde dirigir los esfuerzos.

Programa político
Tal vez la única gran limitación de la sociedad civil tradicional es que, en la medida en que se ve forzada a responder ante una serie de ataques, solo puede enfocarse en el presente y no articular una visión política para el futuro, para una sociedad post-seguridad.

El hecho de que las políticas antiterroristas y la seguridad nacional han acaparado, gradualmente, el espacio de los programas para la democracia y el bienestar social es un síntoma de “profunda decadencia política”. Los problemas sociales están siendo abordados como problemas de seguridad, lo que conlleva a la prevalencia de la fuerza política por encima de la soberanía popular.

La atmósfera de “mutua sospecha” que se articula en torno a la lucha contra el terrorismo funciona como proyecto cultural de la misma, ya que fomenta el individualismo por encima del colectivismo.

Se necesitan esfuerzos que vayan más allá de la simple oposición a las políticas antiterroristas. Solo así se podrán confrontar las contradicciones que la lucha contra el terrorismo busca silenciar y criminalizar: el desafecto generalizado, la privación de derechos, la naturaleza ruinosa del capitalismo y la devastación provocada por el imperialismo.

“Desafiar al Estado de seguridad debería ser una tarea en la creación del mundo y una cura para el sufrimiento que vivimos actualmente”.