Alan Rappeport tiene maestrías en London School of Economics y en Columbia University, se graduó en periodismo y actualmente es reportero de política económica en The New York Times, él escribe sobre impuestos, comercio y asuntos fiscales. También llegó a trabajar en Londres en The Economist.

Los líderes mundiales hicieron una revisión al sistema tributario internacional con el fin de financiar a los ministros de las 20 economías más grandes del mundo, basándose en terminar con los paraísos fiscales e imponer nuevos gravámenes a las empresas trasnacionales. Si este plan se lleva a cabo, se alterarían los lugares en los que las compañías puedan operar, así como el cobro de impuestos y los incentivos para atraer inversión. Sin embargo, la resistencia de las empresas continúa aumentando en contra de facturas por impuestos más altos.

Los funcionarios de estos 20 países acordaron que el impuesto mínimo global sería del 15%, y que empresas como Facebook o Amazon pagarían impuestos en los países donde se venden sus bienes y/o servicios incluso aunque no tengan presencia ahí. Argumentando que era un acuerdo de fiscalidad internacional más justa y estable. Este enfoque revierte las políticas económicas con bajos impuestos, con la finalidad de atraer inversiones que impulsen el crecimiento. Estos países creen que deben financiar más infraestructura y bienes públicos, así como prepararse para futuras pandemias, incrementando su disposición fiscal.

El acuerdo del sistema tributario internacional también ha sido negociado en la Organización de Cooperación Económica y de Desarrollo (OECD por sus siglas en inglés).

Algunos de los obstáculos a los que se enfrenta este grupo de 20 países es la negación a la jurisdicción de impuestos, especialmente en Irlanda, Hungría y Estonia, ya que estos países se siguen negando a firmar el pacto. Hungría y Estonia argumentan que este acuerdo podría violar las normas de la Unión Europea. Irlanda teme que el modelo económico en su país cambie y la inversión extranjera disminuya. Hungría ha atraído a los principales fabricantes europeos (especialmente los fabricantes de vehículos), con sus bajas tasas de impuestos.

En caso de que no exista una aprobación unánime entre los 28 miembros de la Unión Europea, el acuerdo quedaría estancado, por eso los países miembro del G20 planearon reunirse con los representantes de Irlanda, Hungría y Estonia para tratar de persuadirlos.

Se espera que la tasa de impuestos para empresas de Estados Unidos y Francia sean superiores al 15%, sin embargo, aún se está negociando cuáles empresas estarán exentas de este incremento, hasta ahora se ha acordado que las empresas con servicios financieros, las industrias extractivas (petróleo y gas), quedarían exentas del incremento, y algunas otras tratan de cubrir todos los requisitos para quedar exentas de igual forma.

Otro reto es la política interna, ya que los países que han firmado el acuerdo intentan convertirlo en una ley. Los intereses de las grandes empresas también se ven conflictuados, diciendo que este pacto podría poner en desventaja a las compañías.

La idea principal de este acuerdo es evitar que las empresas busquen países con impuestos más bajos que en su país de origen, ya que a la vez, están privando a su país de estos ingresos. Estados Unidos ha sido uno de los países que más se ha visto favorecido por este modus operandi, y su participación en el acuerdo es crucial para que se lleve a cabo. Por su parte, el representante Kevin Brady de Texas, cree que la administración del presidente Joe Biden nunca aprobará el acuerdo, y que en dado caso de que este acuerdo fuese aprobado, terminaría beneficiando más a las empresas y trabajadores extranjeros.

Janet Yellen, la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos mencionó que los demócratas planean aprobar la mayor cantidad de cambios posibles a través de la conciliación, ya que no se requiere tanta aprobación por parte de los republicanos. También argumentó que la actual administración está lista para hacer los cambios pertinentes y reiteró que el acuerdo no busca perjudicar a las empresas estadounidenses, añadiendo que no son tasas impositivas mínimas, sino una muestra de capacidad laboral y de innovación.

Existe otra propuesta en la cual se propone que las empresas más rentables (aquellas con un margen mayor al 10%), paguen un impuesto extra, la cual sería del 20%, sin embargo esto aún está en discusión. Y por su parte, los países en vías de desarrollo quieren una garantía de que será un trato justo.

Las empresas estadounidenses también han expresado su inconformidad, pues sus ganancias se verían disminuidas 21% en el extranjero, si su competencia solo paga el 15% de impuestos. Sin contar que la administración del presidente Joe Biden también planea aumentar la tasa impositiva en las corporaciones nacionales del 21% al 28%.

En la cumbre del G20, se alentó a los países faltantes de firmar el acuerdo a que lo hicieran, sin embargo, surgieron opositores argumentando que la situación no es igual para todos los países y que cada uno tiene que estar preparado para poder comprometerse.