Luis Daniel Vázquez Valencia es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política. Sus temas de investigación incluyen la teoría jurídica del Derecho Internacional de los Derechos Humanos; los estudios sobre democracia, derechos humanos y mercado; y la relación entre corrupción, impunidad y derechos humanos.

Prólogo

Las élites políticas y económicas que usan al Estado de acuerdo a sus intereses son conocidas en todo el mundo. Los grupos criollos de América Latina ya realizaban esto desde antes de la formación de los Estados en la región.

El idealismo de Simón Bolívar no pudo hacerle frente a esta realpolitik que daba inicio a la privatización de los Estados en América Latina independiente. La evolución del Estado de bienestar y de derecho ha cambiado las metas normativas en la región garantizando el bienestar y los derechos humanos de todos los ciudadanos. Las fuerzas democráticas querían terminar con los regímenes dictatoriales de América Latina y evitar conflictos hasta finales del siglo XX.

La democracia parecía una salida para superar las consecuencias del autoritarismo e instalar un régimen de bienestar y un Estado de derecho, y más tarde se crearon y reformaron instituciones políticas y jurídicas como garantes esta democracia. Después de a primera fase de democratización se demostró que la separación de poderes no garantizaba la democratización ni su persistencia. Es posible tener una institucionalización moderna manteniendo en función el patrimonialismo clientelista sin distinción entre lo público y lo privado que caracteriza a Latinoamérica. La continuidad patrimonial conlleva el recrudecimiento de la desigualdad, de la corrupción y esto borra la distinción entre lo legal y lo ilegal.

Muchos latinoamericanos tienen la percepción de que "nada cambia" porque se basan en la normatividad del Estado que debe garantizar bienestar, derechos y seguridad de las personas. El Estado no puede ni quiere crear un sistema de tributación progresiva y justa, por ello la desigualdad social tampoco disminuye. Gobiernos latinoamericanos considerados populares y progresistas fracasaron garantizando una buena calidad de vida y seguridad. Esta ha generado desconfianza y la gente ha optado por elegir gobiernos autoritarios y populistas.

Este es el contexto que se utiliza para realizar el trabajo que se presenta. La fundación Heinrich Böll, que participó en el proyecto, es una fundación política verde alemana vinculada al Partido Verde en Alemania y financiado por el gobierno federal alemán.

La democracia sigue teniendo valor orientador y normativo para la Fundación. La idea de democracia como concepto y forma concreta de gobierno y organización del Estado no debe ser abandonada debido a sus fallas, y se deben rescatar sus ideales. En el trabajo se considera a la democracia como un orden liberal y político como utopía y una promesa que va más allá.

Las observaciones e inquietudes sobre la democracia se han compartido en reuniones y discusiones desde 2016 entre las oficinas de la Fundación en la región para Brasil, México/Centroamérica y Cono Sur, y luego con las oficinas nuevas para Centroamérica y Colombia.

Los resultados arrojan que la desigualdad social en los países, que se tomaron como casos de estudio, las élites políticas, económicas y los grupos del crimen organizado cooptan y capturan al Estado. El proyecto regional que se presenta tiene los siguientes objetivos:

1. Ampliar el debate sobre el estado de la democracia en América Latina.

2. Analizar y denunciar los mecanismos de cooptación o captura del Estado, así como la influencia de redes ilegales de poder que realizan la captura donde algunos elementos del Estado pueden distorsionar los procesos democráticos.

3. Promover el intercambio de conocimientos entre organizaciones de la sociedad civil y actores clave que buscan los retrocesos autoritarios.

La Fundación entiende por captura del Estado a que grupos de interés que disponen de recursos políticos en forma de contactos personales, poder e influencia institucional, medios financieros y potencial de violencia los emplean de forma ilegítima e ilegal para influir y obligar a las instituciones y los representantes a aplicar procedimientos a favor de sus intereses.

El bien común y la adecuada representatividad por medio de procesos políticos transparentes se dejan de lado. Los principios básicos de la democracia no se toman en cuenta. El caso mexicano hace que los límites de los conceptos de captura y cooptación se entiendan mejor, ambos pertenecen al ideario liberal que presupone una separación de Estado, economía y política, e incluso de crimen organizado.

La separación de estas esferas no existe en la realidad y tampoco existe el “Estado”. El Estado es más un campo de relaciones sociales diverso que un monolito institucionalizado. Una institucionalidad o tener funcionarios calificados no son signos de democracia. La atención sobre algunos temas puede ser muy discrecional, la institución puede actuar muy poco para algunos y para otros sólo fingir que está actuando.

La perspectiva mexicana ayudó a entender que la captura del Estado y la cooptación del mismo no es suficiente para entender la realidad de varios países. Un gobierno en México es un poder legal y constitucionalmente constituido y legitimado, pero al mismo tiempo puede ser promotor y coactor de poderes fácticos que capturan, usurpan y cometen abusos con el Estado.

El presente trabajo, analítico y didáctico, es una contribución para quienes trabajan con el fenómeno mencionado anteriormente, desde una perspectiva de utilidad política queriendo introducir cambios concretos.

Los poderes fácticos que operan en cada país de Latinoamérica se están fortaleciendo. La captura del Estado por parte de una élite económica no siempre genera los mismos fenómenos que cuando lo hace la clase política o un grupo criminal.

Los poderes fácticos pueden ser actores legales como la Iglesia, los militares, el empresariado, la clase política o ilegales como el crimen organizado. En el proyecto se analiza la expansión del crimen organizado, al Estado, el encarcelamiento masivo de pobres, el sistema penitenciario, la privatización de seguridad y la guerra contra las drogas en Río de Janeiro y São Paulo.

El problema se complica cuando actores legales e ilegales se conectan en redes. El trabajo ha usado la metodología de análisis de redes sociales o redes de macrocriminalidad. Esta metodología identifica relaciones e interacciones y mide sus intensidades.

Los resultados muestran que elementos clave del Estado son la parte más activa de la red, la instancia que la organiza, constituyendo sus nodos centrales. La descaptura debe empezar con el propio Estado. La parte final del trabajo da pistas sobre cómo disminuir la captura y la efectividad de las redes ilegales de poder en México.

Una herramienta útil para combatir las redes ilegales sería la implementación de instituciones de justicia transicional que daría a organizaciones de la sociedad civil y mecanismos internacionales independientes un papel importante para controlar las entidades estatales.

México cuenta con organizaciones de derechos humanos profesionales, fuertes y comprometidas. El gobierno federal mexicano electo en 2018 declaró el combate a la corrupción y a la convivencia del Estado con el crimen y actividades ilícitas como una prioridad. Es difícil desmantelar redes de poder en las que el Estado esté involucrado de manera sistémica, pero también es imposible hacerlo sin él.

Lo que se expone en el presente trabajo es un work in progress. El trabajo muestra fuentes secundarias que pueden ser consultadas. Conceptos como neopatrimonialismo, sultanismo, Estado metastásico, y “Estado profundo”, usado en Turquía, pueden introducir aspectos interesantes para entender redes de poderes fácticos.

La Fundación trabaja las diferencias que la violencia, la inseguridad, las desapariciones y las desigualdades económicas y sociales producen sobre la vida de mujeres y hombres. La Fundación Heinrich Böll ha trabajado con Luis Daniel Vázquez y su equipo de investigación en este proyecto con el objetivo de impactar en procesos políticos y sociales.

Introducción

Origen y objetivos de la investigación

En el siglo XX se desarrollaron poderes fácticos que violan derechos humanos como grupos guerrilleros; paramilitares en Colombia; pandillas como la Mara Salvatrucha en Centroamérica; empresas mineras, eólicas, o hídricas; compañías que violentan los derechos laborales en Latinoamérica y bandas de crimen organizado. Las bandas de crimen organizado suelen aliarse en México con la clase política y conforman redes de macrocriminalidad que capturan al Estado. Los tres principales objetivos del texto son:

1. Analizar la formación de redes de macrocriminalidad integradas por estructuras empresariales, criminales y políticas.

2. Investigar de qué manera estas redes logran capturar al Estado.

3. Reflexionar sobre cómo desmantelar esas redes y descapturar al Estado.

Uno de los aspectos centrales de la investigación es observar la interacción entre los poderes fácticos y el gobierno en el proceso que genera la violación a los derechos humanos. El análisis puede hacerse en dos momentos, al realizarse la violación de derechos humanos y después de que suceda. Las cuatro obligaciones generales en materia de derechos humanos son respetar, garantizar, proteger y promover los derechos y ellas deben tomarse en cuenta en el análisis. El Estado es reconocido como único violador de derechos y siguiendo esa lógica, policías o presidentes pueden violar derechos humanos, pero no los actores privados.

La teoría dice que el Estado debe prevenir las violaciones a derechos por parte de particulares como de órganos estatales, además debe garantizar su seguridad. El problemas de México es que el crimen organizado actúa en connivencia con otros actores que pueden ser estatales. Esto demuestra que existen estructuras criminales, estatales y empresariales que colaboran para violar derechos humanos. La actuación conjunta de estas tres redes se llamará en el trabajo redes de macrocriminalidad. Esta es la primera parte donde se genera de forma directa la responsabilidad en materia de derechos humanos.

La segunda parte trata de que el Estado investigue y sancione a los culpables de la violación de los derechos. La captura estatal llega cuando la macrocriminalidad incluye actores estatales y aumenta la impunidad. Surgen preguntas secundarias a partir de la pregunta sobre cómo interaccionan los poderes fácticos y los órganos estatales en la violación de derechos humanos. Una de las preguntas es sobre el significado de los poderes fácticos y su relación con el Estado. Otra es de las redes que se trazan entre dos o más poderes fácticos y se plantea un ejemplo donde interviene una empresa minera, un gobierno, crimen organizado, empresas que lavan dinero y la impunidad que otorga el gobierno a todos estos actores cuando cometen violaciones a derechos.

La red de macrocriminalidad también es tema principal de una de las preguntas secundarias y con ello se plantea el principal problema que existe con las redes de macrocriminalidad que es la captura del Estado. La última pregunta es sobre las acciones que el gobierno puede realizar para fortalecer la democracia. La conformación de redes de macrocriminalidad y la captura estatal en Coahuila se analizan tomando el periodo de 2007 a 2017. Coahuila tiene una posición geoestratégica por estar cerca de la frontera con Estado Unidos y además cuenta con una zona rica en carbón. Esto ha hecho que el Coahuila no sea una entidad federativa pobre.

Coahuila no es la entidad más violenta y tampoco ha podido tener una transición democrática. El cártel de los Zetas ha dominado Coahuila. Las disputas entre cárteles se dieron especialmente durante el mandato de dos gobernadores, los hermanos Humberto y Rubén Moreira, con un pequeño interinato de Jorge Torres López entre enero y noviembre de 2011 cuando ocurrió la masacre de Allende. Coahuila es una entidad que llama mucho la atención para analizar la relación entre gobierno y crimen organizado; lo cual ha sido documentado por organizaciones mexicanas y extranjeras. Las razones por las cuales se han hecho tantos estudios de la zona se desconocen, pero el hecho de que el Partido Revolucionario Institucional haya gobernado desde 1929 podría ser un motivo. Otra de los motivos podría ser la presencia de los Zetas, quienes se caracterizan por su alta violencia.

Una razón más a tomar en cuenta es la relación entre el crimen organizado y el gobierno observada en hechos como la masacre de Allende o el uso de reclusorios locales como centros de operación y control absoluto del crimen organizado.

Las personas que elaboraron el presente trabajo decidieron usar fuentes secundarias para obtener información debido al nivel de peligro que correrían, si usaban fuentes primarias. Una fuente que se usó fueron las entrevistas a actores especializados en el tema que se mantuvieron en anonimato. El periodo que se estudia es el de 2007-2017, se partió del 2007 porque fue el año donde Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico.

El periodo 2007-2012 muestra un aumento en la intervención del crimen organizado en las elecciones. Las particularidades geográficas, sociales, económicas y políticas de Coahuila se desarrollan en el capítulo cuarto. Las redes de macrocriminalidad vinculadas con las violaciones a derechos humanos y con la minería se abordan en los capítulos quinto y sexto, y en el capítulo séptimo se analiza la red de macrocriminalidad en todos sus aspectos. Este proyecto genera un marco conceptual que funciona como herramienta analítica que le propone al lector una investigación que genere teoría para la acción.

El estudio tiene una metapregunta y es "¿cómo se puede recuperar o reconstruir el Estado democrático y social de derecho y aminorar la capacidad de incidencia de las redes de macrocriminalidad?" De cada caso depende la respuesta a esta pregunta, por lo que se puede incluir a analizar lo siguiente:

- El tipo de poderes fácticos;

- Los recursos políticos que ostentan;

- Su historia;

- El tipo de red que hayan construido;

- Las conexiones con la clase política;

- Las áreas estatales que hayan sido capturadas por los poderes fácticos;

- La construcción y fortaleza o debilidad del Estado en cuestión.

El Estado puede estar capturado por distintas redes desde diferentes espacios o arenas de política pública, por ello su recuperación supondrá demostrar varias redes en diferentes áreas. Esta razón conduce a que se recurra a un segundo proceso donde se reúna la información empírica suficiente para identificar la red que capturó al Estado con todos sus elementos.

La complejidad del texto: teoría para la acción

La complejidad de la empresa que conlleva este documento se infiere de las preguntas que surgen del texto y cada una se ha desarrollado en marcos teóricos distintos.

- La definición de Estado se obtendrá gracias a la reunión de reflexiones sobre la teoría del Estado.

- El estudio de los poderes fácticos se ha desarrollado en gran medida desde la teoría liberal, en específico desde el análisis del pluralismo con una tendencia más estructural.

- La teoría de redes ha crecido como reacción a los límites explicativos de las teorías estructurales como el pluralismo o el marxismo.

- El concepto de macrocriminalidad ha prosperado en el ámbito penal internacional, pero no es tan útil para la observación empírica del fenómeno. La prioridad será la convergencia entre estudios de macrocriminalidad y teoría de redes.

- Los conceptos de captura y cooptación se explican desde los estudios de corrupción porque este fue su marco analítico donde se generaron. Estos conceptos son insuficientes para comprender los fenómenos latinoamericanos, por ello se profundizan y reelaboran desde la literatura antropológica proveniente de los estudios del Estado.

La siguiente figura representa el conjunto de teorías de donde se desprenden los conceptos utilizados en el documento.

Teorías que conforman el marco conceptual

Cada teorías tiene diferentes precondiciones, axiomas y niveles analíticos. Por ello se le propone al lector considerar esta interacción de teorías y de conceptos de forma pragmática y no como ultima ratio.

Los conceptos de cada una de estas teorías se recuperan para observar aspectos específicos del fenómeno social y las interacciones. El objetivo de esta obra es servir como documento de consulta para quienes toman forma de centros de investigación aplicada. Se desarrollan directrices para analizar la forma en que los poderes fácticos repercuten en las decisiones políticas vinculantes, formas redes de macrocriminalidad, capturan o cooptan al Estado o disputan la soberanía estatal.

El documento permite analizar escenarios como la guerrilla o los paramilitares en Colombia, las pandillas en El Salvador, el crimen organizado en México, o empresas que explotan recursos naturales. El lector encontrará recuadros con información como la siguiente:

a) Preguntas clave que los equipos de investigación deben hacerse al echar a andar su investigación.

b) Directrices para que la investigación llegue a buen término.

c) Ejemplos prácticos.

Método deductivo, hallazgos inesperados y reconstrucción teórica

Se usó un método deductivo, partiendo de teorías generales para recuperar conceptos, problematizarlos y construir el marco teórico para hacer el análisis de redes y el impacto de las redes de macrocriminalidad en la captura estatal y la disputa por la soberanía.

La red de macrocriminalidad de Coahuila arrojó nodos centrales políticos y no criminales como se esperaba. Esto planteó un nuevo problema, ya que se encontraba envuelto el gobierno y no se sabía se se trataba de una captura estatal o una lucha por la soberanía. La disputa a la soberanía implica dos entes diferenciados que son un poder fáctico y un ente estatal, en donde la disputa supone el desplazamiento del Estado por parte del poder fáctico.

Uno de los principales hallazgos del libro es que se miran los dos fenómenos en dos niveles distintos, por un lado se observa que en lo municipal se nota una disputa por la soberanía en donde los grupos del crimen organizado desplazan de manera clara a las autoridades municipales.

El otro es respecto a las interacciones donde se incluyen a los actores de la entidad federativa y los federales y se observa que ya no se enfrenta un fenómeno de disputa por la soberanía, sino de captura por la red de macrocriminalidad donde los entes estatales tienen mayor participación en la captura y capacidad de administración de la red.

A partir de esto se recupera y problematiza el fenómeno de la captura estatal y de la disputa por la soberanía a partir de otros conceptos, esta reflexión se presenta en las conclusiones.

Estructura del texto

El libro está conformado por ocho capítulos. El primero explica lo que se entiende por Estado y poderes fácticos. El segundo se hace un análisis de redes a la par que se explica lo que es una red de macrocriminalidad. El tercero complejiza lo que se entiende por captura estatal realizada por una red de macrocriminalidad y por el concepto que proponen los autores que es disputa por la soberanía.

El cuarto capítulo analiza el contexto territorial, socieconómico y político de Coahuila. El quinto y sexto estudian las estructuras de las redes de macrocriminalidad relacionadas con las violaciones graves a los derechos humanos y con la actividad minera. El séptimo suma ambas redes para mirar la integralidad de la red de macrocriminalidad de Coahuila. El último es sobre las acciones que puede realizar el gobierno para “descapturar” al Estado.