Una empresa es dueña del agua en Quintana Roo. Desde Salinas: 1993. Pero la gente está ya muy harta
Olvera, Dulce [2021], "Una empresa es dueña del agua en Quintana Roo. Desde Salinas: 1993. Pero la gente está ya muy harta", Sin Embargo, 30 de enero, https://www.sinembargo.mx/30-01-2021/3927256
Dulce Olvera es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente es reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía.
La empresa Aguakan de Jorge Ballesteros Franco (demandado en Estados Unidos en 2001 por abuso de información privilegiada) da el servicio de agua, drenaje y saneamiento al norte de Quintana Roo desde 1993, en la época de privatización del salinismo. La concesión dura hasta 2053, pero por las irregularidades del otorgamiento y los cientos de denuncias ante la Profeco por cobros indebidos, autoridades locales buscan anularla mediante un recurso jurídico y una consulta ciudadana.
Autoridades locales han interpuesto un recurso jurídico ante el Tribunal de Justicia Administrativa estatal y organizaron una consulta ciudadana que se celebró el 6 de junio de 2021 para votar sobre la anulación de la privatización durante el salinismo.
El motivo principal de las quejas existentes de acuerdo con Profeco, es por cobros indebidos, la negativa a la entrega del servicio (limitación del servicio). Las denuncias y la consulta ciudadano se atribuyeron a fines electorales y populistas de cara a las elecciones estatales de junio de 2021.
La inversión permanente es necesaria para garantizar el abasto a la población y el mantenimiento de un servicio integral. Aguakan se formó en julio de 1990 y opera en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) desde diciembre de 2014. La empresa justifica que desde la década de los años noventa la “escasez” de presupuesto público para invertir en sistemas de agua dieron lugar a nuevos esquemas para “resolver el grave rezago”.
Las empresas riegan el agua del país como quieren y Conagua exige nueva Ley que moderará esto. El Procurador Ricardo Sheffield aseguró en abril de 2019 que Aguakan es el “rey de las denuncias” interpuestas por los quintanarroenses por cobros indebidos, ya que le da por “facturar aire”. Ricardo Sheffield expuso que “primero irían por la vía del diálogo y si no, irían por los tribunales” puesto que el problema con la compañía radica “desde sus contratos de adhesión” para la prestación de los servicios, irregularidad en la que coincide la alcaldesa de Solidaridad Laura Beristain Navarrete.
Desde 2018 la Presidenta Municipal presentó al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo un recurso para anular la concesión por incumplir la Ley, el cual continúa en proceso.
Jesús, residente de Cancún le dijo a la Senadora Marybel Villegas Caché que había hecho su pago en un supermercado, pero no se reflejó en la compañía de Aguakan. La alcaldesa de Solidaridad Laura Beristain aseguró que el cobro “es desmesurado” por brindar un servicio deficiente, además afecta el ecosistema a través de la contaminación del agua y de mantos freáticos.
El gerente comercial y de comunicación de Aguakan argumentó que la compañía no ha violado ningún ordenamiento ni Ley. Él dice que “en cada proceso electoral surgen discursos y voces que distorsionan la información. Señalan la dureza del agua o hablan de mala calidad”.
El periodista Pedro Canché quien fue encarcelado de 2014 a 2015 por cubrir un bloqueo en las instalaciones de la Comisión de Agua de la Ciudad de Felipe Carrillo Puerto, comunicó que el dueño de Aguakan tiene “un largo historial de empresas quebradas”, pero sus finanzas personales no se ven afectadas e incluso forma parte del Consejo de Kimberly Clark.
Caché dice que el Gobierno federal “lo ha rescatado una y otra vez” desde la época de Carlos Salinas y además de la concesión del agua en el norte de Quintana Roo le otorgó la construcción de la Autopista del Sol e infraestructura en Acapulco.
En el sexenio de Ernesto Zedillo, la familia Ballesteros fue de las más favorecidas por las operaciones del Fobaproa a través de su Grupo Mexicano de Desarrollo, de acuerdo con Caché. Jorge Eduardo Ballesteros Franco y otros compraron miles de acciones usando fideicomisos en el extranjero bajo nombres falsos (de Nalco Chemical Company), antes del anuncio público del 28 de junio de 1999 de que la empresa sería comprada por la firma francesa Suez-Lyonnaise des Eaux.
La ampliación hasta 2053
El 10 de noviembre de 2014 José Antonio Salazar Guevara y Paul Andrew Rangel Merkley solicitaron al Gobierno estatal de Roberto Borge Angulo, así como a los gobiernos municipales de Benito Juárez (desde 2015 también Puerto Morelos), Isla Mujeres y Solidaridad, y a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) un único título de concesión para los municipios, extenderlo a Solidaridad y prorrogarlo hasta el 31 de diciembre de 2053.
El Bando de Gobierno para el Municipio de Solidaridad en su artículo 45 prohíbe expresamente la concesión de los servicios públicos como el agua y alcantarillado a particulares.
El otorgamiento también violó el artículo 126 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, ya que no se realizó la convocatoria por parte del Consejo Directivo de la Comisión de Agua Potable con las bases ni licitación para optar por la mejor opción financiera y de calidad para el municipio.
Caché escribió que “Fue el contubernio de Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo; Mauricio Góngora, exedil de Solidaridad, ambos encarcelados por desvío de recursos públicos; Paul Carrillo de Cáceres, exedil de Benito Juárez; y Agapito Magaña Salazar, exedil de Isla Mujeres los que le abrieron la puerta a Jorge Eduardo Ballesteros para que pudiera extorsionar a los quintanarroenses del norte con la empresa Aguakan”.
El Cabildo de Solidaridad aprobó por unanimidad que este derecho humano pasará de la gestión de la Comisión de Agua Potable a esta compañía, esto fue el 8 de diciembre de 2014. El Cabildo justificó, de acuerdo con el Acta de la Décima Segunda Sesión Extraordinaria en diciembre de 2014, que la concesión representaría múltiples beneficios de calidad y cobertura para los usuarios. Laura Beristain afirmó que en Solidaridad las proyecciones de inversión y de la correcta prestación del servicio de agua potable y alcantarillado en el municipio, no se han cumplido.
Denuncia “sin fundamento”
La Alcaldesa de Solidaridad, Laura Esther Beristain Navarrete presentó en junio de 2018 al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo un recurso para anular la concesión de Aguakan. La empresa informó a sus inversionistas en la Bolsa Mexicana de Valores que “Desarrollos Hidráulicos de Cancún considera que la demanda se encuentra infundada y que existen argumentos sólidos para obtener una resolución favorable, por lo que conjuntamente con su equipo de abogados externos promoverá los recursos legales correspondientes”. En septiembre de 2016, como Diputada presentó un exhorto al Ayuntamiento para revertir la concesión ya que viola la Ley.
El artículo 115 constitucional expone que son los municipios los que deben otorgar el servicio de agua potable y alcantarillado; y el artículo 147 de la Constitución de Quinta Roo establece que los municipios, solo con arreglo a la Ley, pueden aprobar concesiones a particulares. Ella expuso en su exhorto que existía una violación a la Ley por parte del antiguo presidente municipal de Solidaridad José Mauricio Góngora Escalante y del Cabildo del Ayuntamiento de Solidaridad.
El gerente comercial y de comunicación concluyó diciendo que “Aguakan ha sido respetuosa de los diversos mecanismos de participación ciudadana, además de conservar una postura de diálogo abierto con la ciudadanía”.
1. En México, 52% no tiene drenaje ni agua constante. La empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakan), subsidiaria de la constructora Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), tiene un título de concesión integral hasta el 2053 para otorgar los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en el norte de Quintana Roo en los municipios turísticos de Benito Juárez (Cancún), Isla Mujeres y Puerto Morelos desde 1993 y de Solidaridad (Playa del Carmen) desde 2015 por 1 055 millones de pesos.
2. De los 210 procedimientos iniciados, 84 de ellos continúan en trámite y en espera de ser conciliados a favor del consumidor, por lo que el monto de la multa puede ascender hasta 4 millones 877 mil pesos. Gastón Borda, gerente comercial y de comunicación de Aguakan expuso que el promedio de quejas mensual es de 8.7 por mes, lo que representan 0.00002% del total de sus 428 mil clientes y explicó que en ocasiones no se percatan de fugas en tinaco, cisterna o baños, lo cual aumenta sus tarifas.
3. Borda dijo que se necesita un esquema de participación público-privada como se tiene en 4 municipios, porque si no el Estado tendría que generar deuda pública.
4. En 1991 en el sexenio de Salinas, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) estatal y la empresa realizaron un primer proyecto de coinversión en infraestructura y el 20 de octubre de 1993 se otorgó la concesión, ampliada por 30 años en el 2014 durante el Gobierno estatal de Roberto Borge Angulo quien fue detenido por desvío de recursos públicos.
5. En mayo de 2014, durante el Gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, en Puebla también se privatizaron los servicios de agua y de drenaje a la empresa Concesiones Integrales “Agua de Puebla” la cual reconoció 46 mil cortes en el municipio de Puebla por adeudos de 2016 a julio de 2019. La Asamblea Social del Agua (ASA), un colectivo local de abogados, calcula que son 100 mil al año en promedio, ya que los incrementos de tarifas fueron de 400% en el último lustro.
6. Marybel Villegas Canché juntó más de 50 mil firmas para llamar a una consulta ciudadana sobre la concesión en los cuatros municipios donde opera la empresa.
7. Jesús, residente de Cancún dijo que después de hacer un pago que no se reflejó, pasaron alrededor de 5 meses y le cortaron el agua. Él abrió su llave a las 7 de la mañana y no tenía agua, sin embargo la empresa le insiste para que realice su pago.
8. En Estados Unidos, la Comisión de Valores demandó a Jorge Ballesteros en 2001 y a otras 15 personas por un “amplio y altamente lucrativo” abuso de información privilegiada, con lo que obtuvieron ganancias por más de 3.7 millones de dólares.
9. Paula Guadalupe, antigua directora general de la Comisión de Agua, la Secretaría de Finanzas del Gobierno estatal y la empresa firmaron un contrato el 5 de diciembre de 2014 donde se acordó el pago de una contraprestación por única ocasión de mil 055 millones de pesos por parte de Aguakan y que la vigencia de la concesión se ampliara del 20 de octubre de 1993 al 31 de diciembre de 2053.
10. Las bases para el otorgamiento de la concesión que dio el Cabildo en 2014 piden a la empresa satisfacer la demanda de agua potable y drenaje en 100% en un plazo máximo de cinco años (cumplidos en 2019) y seis años (cumplidos en 2020). Además, el título de concesión obliga a la compañía a destinar al menos 11.40% de sus ingresos en inversiones de infraestructura. De 1994 a 2014 se incrementó la cobertura de agua potable de 61 a 100% en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres, según los datos de la empresa.
Este artículo es un ejemplo de cómo la corrupción en México puede contribuir a la crisis climática. El dueño y los encargados de administrar a la empresa Aguakan han hecho mal uso del agua en México y esto ha provocado descontentos sociales y deficiencias en el servicio. Esto muestra el balance del neoliberalismo que se tuvo en la época del salinismo y de cómo las élites políticas y económicas del país han contribuido a la destrucción del medio ambiente. Poner en juego un recurso vital como el agua es una acción inhumana y totalmente antiética, lo que hace que nos cuestionemos en manos de quién está el control de los recursos mexicanos.