James Goodman es licenciado en Ciencias políticas y sociales por la Universidad de Tecnología de Sydney, Australia y dirige el Centro de investigaciones de justicia climática de la Universidad de Tecnología de carbón.

James Anderson es geógrafo por la Universidad de Qurrnd Belfast, Irlanda del Norte y profesor emérito en la misma Universidad.

El artículo analiza las campañas de desinversión y la política oficial diseñada para acomodar las finanzas globales a los riesgos climáticos, al mismo tiempo que aborda las fuerzas sistemáticas contra la acción climática efectiva, identificando fisuras e impulsores en el edificio socio político. Un primer hallazgo revela que los impulsores políticos y sociales son los mecanismos de alimentación más importantes porque son producto de la presión sociopolítica sobre la economía y del resultado de la estrategia y movilización.

El cambio climático es un producto de la dinámica socioecológica del desarrollo capitalista durante los últimos 200 años, denominada capitaloceno (Moore, 2016). En el modo de producción capitalista, el cambio climático es un aspecto de la dinámica socioecológica donde las relaciones biofísicas se combinan y chocan con las relaciones capitalistas. En este proceso el clima se ha convertido en un producto de la sociedad, pero igualmente la sociedad se ha climatizado y remodelado por la alteración del clima.

El proceso biofísico de quemar combustibles fósiles libera tanto energía como dióxido de carbono, es decir, gases de efecto invernadero. Lo anterior resalta la contradicción dentro del capitalismo, entre la lógica actual del desarrollo económico y la estabilidad socio ecológica. Para los autores,las contradicciones internas tienen efectos destructivos como transformadores.

Existe una correlación directa entre el crecimiento económico global en el modelo actual, con el uso intensivo del carbono, y el aumento de las temperaturas globales, así como la alteración climática. La creciente politización del desarrollo intensivo en carbono ha generado nuevos antagonismos y transformaciones económicas. Por ejemplo, ha surgido una brecha cada vez mayor entre las economías de combustibles fósiles y las economías con energías renovables, provocando conflictos en el centro del capital financiero.

Treinta y cinco de los bancos más grandes del mundo han invertido 27 millones de dólares estadounidenses en combustibles fósiles desde el acuerdo de París. JP Morgan es el mayor inversor en combustibles fósiles con alrededor de 70 000 millones de dólares anuales, resulta contradictorio que la institución ha reconocido en privado que el mundo se encuentra en una trayectoria de calentamiento de 3.5°C sin una solución a la vista y sin la capacidad de comprender los impactos económicos.

La retroalimentación sobre su política debe formar nuevas formas de "riesgo de transición" en las economías de los combustibles fósiles. En los últimos 30 años, la agenda sociopolítica se ha inclinado a emprender esfuerzos climáticos, un ejemplo es el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático creado en 1988. No obstante, la agenda sociopolítica requiere una nueva forma de conciencia histórica, lejos de los intereses en los combustibles fósiles.

¿Retroalimentación clima-economía?
Superar los intereses sobre los combustibles fósiles requiere de una retroalimentación sociopolítica fuerte y sustentable. Harvey (2015) comenta que la disrupción climática y la política climática crean un bloqueo en el circuito del capital. La política climática requiere la destrucción de activos de combustibles fósiles y la creación de nuevas relaciones descarbonizadas. Puesto que la amenaza climática es un fenómeno de largo plazo, para la mayoría de los capitalistas preocupados por las ganancias inmediatas, las medidas correctivas pueden parecer eternas.

A diferencia de la crisis de COVID-19, el cambio climático lleva décadas construyéndose y no es un fenómeno de corto plazo, sus efectos se presentan de forma fragmentada y con episodios separados en tiempo y espacio.

Retroalimentación y 'socialización'
Una característica del capitalismo es que es excepcionalmente bueno para producir problemas ecológicos, pero excepcionalmente incapaz de lidiar con ellos. La incapacidad del modo de producción apunta a la necesidad de nuevos modelos sociales. O’Connor (1998) señala que se requiere de un proceso de socialización de la crisis climática para abordar la contradicción naturaleza-capital a través de una propiedad social y una acción estatal más efectiva.

En la actualidad, no existe un agente o acuerdo global capaz de producir el cambio en todo el sistema para sustituir a los combustibles fósiles por energía renovable. Los esfuerzos de Naciones Unidas demuestran que las preocupaciones se intensifican, pero los acuerdos siguen siendo inadecuados o insuficientes.

Las fuerzas productivas pueden transformarse mediante una nueva economía renovable, y solo si las consecuencias de la inacción conllevan consecuencias más que destructivas sobre el clima.
Desde esta perspectiva el ámbito político y social pasa a primer plano, es decir, debe manifestarse presión social y política, suficientes, para superar el poder del capital fósil.

El problema no es la falta de retroalimentación, sino la incapacidad para responder. La falta de acción solo agudiza la contradicción y alimenta la inestabilidad política. Los estados y las corporaciones se ven obligados a reconocer el cambio climático antropogénico, pero se demuestra que son incapaces de actuar en consecuencia. ¿Quién debe hacerse cargo de la transformación? El problema se reduce a uno de legitimidad.

Hasta ahora, la capacidad de trazar los impactos biofísicos en términos del fracaso de las políticas se ha convertido en un recurso estratégico, ya que las fallas en la disminución de las emisiones y en la prevención del cambio climático abren un proceso de cascada de profundización de la politización y la socialización. Si las soluciones de ayer se convierten en fallas el día de hoy todo apunta a la necesidad de una acción de mayor alcance.

La brecha de legitimidad exige respuestas estratégicas basadas en la acción estatal eficaz y aún más importante en un proceso de socialización de la crisis climática como una prioridad pública. En pocas palabras, se necesita de un nuevo modelo de autoridad estatal democratizada.

¿Socializar el riesgo climático?
Los combustibles fósiles eran sin dudar el activo económico más valioso, actualmente con el cambio climático se refuta esta idea y se les ve más bien como un pasivo. El cambio de activo a pasivo se debe principalmente a la retroalimentación sociopolítica de la alteración del clima a la actividad económica.

El fracaso de la cumbre de la ONU en Copenhague en 2009 se debió a que los activistas temáticos se habían desencantado cada vez más con la política climática global liderada por los estados. En su lugar buscaron abordar el problema desde la fuente y apuntar a la industria global de los combustibles fósiles.

Los hechos clave ayudaron a reorientar este cambio estratégico. El primero fue la investigación publicada en Nature en 2009, que estimó el potencial de emisiones de las reservas de combustibles fósiles existentes contra el presupuesto global de carbono para limitar el calentamiento global a 2°C por encima de los niveles preindustriales. Después, el activista climático Bill McKibbon elaboró un “Carbon Tracker” y trazó un nuevo camino para el activismo climático.

En segundo lugar se encuentra la investigación de Heede de 2014, que se centró en las fuentes de emisiones globales y encontró que 75% de las emisiones mundiales entre 1751 y 2010 habían sido producidas únicamente por 90 entidades, de las cuales dos tercios eran corporaciones. En 2017 el Informe sobre las grandes empresas del carbón encontró que sólo 100 corporaciones fueron responsables de 71% de las emisiones desde 1988.

Detener los combustibles fósiles y promover las energías renovables ha generado nuevos movimientos y alianzas, desde las comunidades afectadas hasta las empresas de energía renovable. Lo más importante es que ha generado un ímpetu político centrado en la justicia. Por un lado, las empresas están volviendo más sensibles a la amenaza del cambio climático y a las huelgas de los inversores y consumidores. Se observa que las firmas han adoptado un conjunto de normas y compromisos climáticos para reducir su huella de carbono las emisiones.

Sin embargo, la regulación privada interempresarial previene la intervención estatal y refleja la doctrina neoliberal de la elaboración de reglas de mercado. Con la intensificación del cambio climático dichos mecanismos pueden extenderse e incluso politizarse. Los códigos en sí mismos son respuestas a fallas regulatorias y paradójicamente demuestran ser insuficientes. Diller (1999) encontró que los códigos laborales privados ofrecen una forma de apalancar los esfuerzos públicos.

En este contexto, ha surgido una preocupación para las empresas por su reputación climática. Al día de hoy, la preocupación se ha extendido a las grandes empresas de combustibles fósiles, que son más visibles y que por su magnitud atrae gran cantidad de inversionistas, tales empresas al no ser transparentes en materia de riesgos climáticos comienzan a ser consideradas como no buenas inversiones.

Campañas de desinversión
Las campañas de desinversión empresarial se han centrado generalmente en empresas particulares en lugar de un sector. Para mejorar la retroalimentación económica de la crisis climática en el sector empresarial es necesario aprovechar la gobernanza mundial.

La campaña de desinversión busca generar presión para la descarbonización dentro del sistema económico en su conjunto. En realidad, esta estrategia está orientada a deslegitimizar el sector de los combustibles fósiles, es decir, desvincularlo de intereses económicos más amplios y permitirá una respuesta política más contundente.

La campaña de desinversión también produjo una contra respuesta política por parte de las empresas a favor de los combustibles fósiles. Uno de los argumentos es que los combustibles fósiles nunca quedarán varados ya que la política climática nunca forzará a una eliminación gradual, otras defensas argumentan que el comercio de exportación de combustibles fósiles aumenta el acceso a la energía y reduce la pobreza energética, a esto se añade que la desinversión constituye un imperialismo verde.

Los contrargumentos también brindan oportunidades para un debate más intenso y polarizado entre los protagonistas, lo que obliga a una deliberación pública más aguda. Si la desinversión induce a una contienda por la legitimidad, el debate debe extenderse más allá de las instituciones y empresas, debe politizarse la crisis climática hasta la sociedad. Quizá a nivel material, los efectos de la desinversión pueden ser menores, pero en términos ideológicos pueden ser extensos. A partir de este, es la esfera política la que impulsa la retroalimentación económica.

Modelos de riesgo y divulgación
Después del acuerdo de París de 2015 los esfuerzos de retroalimentación política han sido mayores, desde la creación de un cronograma por la eliminación gradual de emisiones en el sector de combustibles fósiles hasta la construcción de nuevos marcos regulatorios cuasi legales diseñados para re-estabilizar la legitimidad del sector empresarial ante presiones de desinversión y des carbonización.

Ante la crisis climática, el riesgo de transición parece ser mucho más sustancial y generalizado de lo que se creía. En 2015 Grupo Mercer, un gestor de activos en Estados Unidos no vinculado al financiero conservadora estadounidense Robert Mercer, identificó cuatro factores de riesgo, i) cambio tecnológico, ii) escasez de recursos, iii) el impacto de los eventos climáticos y iv) riesgo político en términos de política climática. Su análisis posicionó a la política como el factor de mayor impacto en todos los sectores.

El informe Mercer encontró que bajo el escenario mínimo necesario de la ONU de no más de 2°C de calentamiento, la reducción de emisiones dependía de que la política se convirtiera en el factor de riesgo dominante del cambio climático. En su modelo esquemático el riesgo político para el resultado de 2°C era 10 veces más importante que la escasez de recursos o los impactos climáticos directos. Para 2019 el mismo informe identificó nuevos riesgos como el gasto en transición, la política de transición, los impactos del cambio climático y la disponibilidad de recursos.

En 2015 por iniciativa del Banco de Inglaterra y después del acuerdo de París, la Junta de seguridad financiera del Banco de pagos internacionales creó un grupo de trabajo sobre divulgaciones financieras relacionadas con el clima (TCFD, por sus siglas en inglés). La intención era evitar un colapso del clima financiero a través de una corrección de precios, lo que permitirá una asignación más eficiente de capital y contribuirá a una transición ordenada a una economía baja en carbono.

La evaluación del riesgo climático es necesariamente contingente. Según las recomendaciones finales del TCFD los riesgos relacionados con el clima y los impactos financieros se clasifican en riesgo de transición y riesgo físico. Los riesgos de transición abarcan una amplia gama de aspectos, incluida la política y los litigios, las tecnologías climáticas emergentes y la sustitución resultante, riesgos de mercado y comportamiento del consumidor, y riesgos de reputación.

TCFD también ha llegado a informar que 40% de las empresas más grandes del mundo por sector habían adoptado tales objetivos para la reducción de emisiones, principalmente sobre la base de la regulación de políticas anticipadas. La iniciativa se extendió a diversos ámbitos, incluidos organizaciones internacionales del sistema financiero, bancos de reserva, organismos de bolsas de valores, seguros prudenciales, organismos de normas de contabilidad y auditoría.

Sin embargo, a pesar de que los principales bancos (Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Bank of America) anunciaron que realizarían un análisis de la huella de carbono de sus inversiones, la divulgación del análisis siguió siendo opaca.

Por último, ninguna de estas medidas es suficientemente adecuada para el desafío que plantea el cambio climático, ni siquiera están cerca de los objetivos del Acuerdo de París. El informe Banktrack de 2020 estipulaba que el sector financiero tenía que prohibir todo financiamiento para todos los proyectos de expansión de combustibles fósiles y al mismo tiempo comprometerse a eliminar gradualmente todo el financiamiento para la extracción e infraestructura de combustibles fósiles, ello coadyuvaría alcanzar el objetivo de calentamiento global de 1.5°C. Ninguno de los grandes jugadores se ha apuntado a eso, por lo tanto no existe evidencia de que la inversión en combustibles fósiles se haya desacelerado desde el acuerdo de París.

Conclusiones
El proceso de politizar los combustibles fósiles y socializar el proceso del establecimiento de una economía renovable es sin duda un proceso muy reñido y continua, representa una batalla existencial, tanto para las empresas de combustibles fósiles como para la sociedad en general. Como se pretende en este artículo abordar los desafíos de la emergencia climática y ecológica debe superar los límites y barreras de la economía dominante. Como se ha argumentado, es el proceso de movilización política y social, la estrategia y acción asociadas lo que ha forzado a un ajuste de cuentas para los combustibles fósiles.