Elena Arengo es codirectora ejecutiva de Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), organización de la sociedad civil regional que busca rendición de cuentas empresarial. Tiene más de 15 años de experiencia en rendición de cuentas empresariales y derechos laborales.

La crisis medioambiental que ya se venía visibilizando cada vez más, se ha exacerbado tras dos años de pandemia por COVID-19. El papel de las empresas ha sido crucial para agudizar los efectos en la sociedad, la salud y el medio ambiente. Los intereses de las empresas no se han limitado a pesar de las fuertes crisis que nos azotan hoy en día. Ya que son respaldados por un modelo económico que beneficia a una élite mientras genera desigualdad, violencia e injusticia para el resto de la población.

Mientras que para el grueso de la población mundial la pandemia ha costado la vida de sus familiares, la pérdida de sus ingresos y el recrudecimiento de sus problemas, para las grandes empresas se tradujo en ganancias sin precedentes. Si bien nadie se ha podido exentar de los efectos que la pandemia ha tenido sobre la vida, han sido muy diferentes las condiciones de afrontar la crisis sanitaria.

El sistema económico con el que se conjugó la pandemia para seguir beneficiando a unos pocos vive por la acumulación de capital. Bajo esta racionalidad, las empresas farmacéuticas encontraron en la pandemia un negocio sumamente lucrativo. A la par se ha producido más desigualdad, ya que a pesar de que recibieron fondos públicos y garantías de compras anticipadas para eliminar el riesgo, estas empresas han privilegiado la venta y distribución a los países ricos.

Se ha negado la transferencia tecnológica para la producción de vacunas en el Sur Global y la desigual distribución de la vacunas ha provocado que 98% de la población de países de bajos ingresos no tengan a la fecha su esquema de vacunación completo.

Si bien las empresas señalan conducirse a través de un marco normativo regulado por Naciones Unidas, en la práctica sus acciones transgreden a gran nivel los derechos humanos. No son transparentes con sus costos de producción y utilizan la necesidad de la población para asegurar sus intereses en los negocios con los Estados. Además, se oponen a cualquier iniciativa para relajar las normas de la propiedad intelectual, como han propuesto los gobiernos de India y Sudáfrica en la Organización Mundial del Comercio, lo cual permitiría la producción amplia de vacunas en los países del Sur global.

Esta misma dinámica productora de desigualdad e injusticia es la que nos ha condenado al colapso medioambiental. Las empresas tienen una gran responsabilidad frente a las transformaciones que está viviendo el mundo por el cambio climático, ya que sus emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación del agua, las toneladas de desechos y la pérdida de la biodiversidad por sus actividades productivas son las principales causas de la crisis ambiental.

Numerosas organizaciones de la sociedad civil, defensores y defensoras de la tierra y una cantidad importante de académicos se unieron para publicar una carta abierta a las grandes corporaciones y líderes mundiales para exhortarlos a priorizar los derechos humanos en la generación de políticas y acuerdos en torno al medio ambiente, previo a la Conferencia de las Partes en Glasgow.

Es imperante reformular la dinámica en que el sector privado se ha beneficiado a costa de los derechos humanos de la población. Las empresas y los Estados deben conducir su actividad a partir de legislaciones vinculantes que obliguen a identificar y remediar los daños ambientales que impactan en la salud, seguridad y bienestar de la población.