La estrategia de seguridad del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador ha sido cuestionada nuevamente después del asesinato de dos jesuitas en la región de Urique en la Sierra Tarahumara. En tres años y medio el gobierno de López Obrador ha superado la marca de 120 mil asesinatos del gobierno de Felipe Calderón.

La justificación del gobierno es que se ha revertido la tendencia pues los homicidios dolosos crecieron 140% con Felipe Calderón 41% con Peña Nieto y con López Obrador han disminuido 7.8% (Dato crucial 1).

La estrategia de López Obrador se centra en atender las causas sociales que llevan a los jóvenes a formar parte los grupos delictivos, sin embargo, ha sido insuficiente y no ha sido complementada con medidas que erradiquen a los grupos criminales, de acuerdo con el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero Santa Fe el gobierno carece de metodología para la contención de grupos criminales, además, el fiscal Gertz Manero no ha presentado un plan de política criminal que por ley tendría que tener.

La ausencia del Estado de derecho y el no cumplimiento de sus funciones de seguridad ha dado paso al sometimiento de la población, el pago de dobles impuestos, el cobro de protección a negocios, entre otros. Los grupos criminales han diversificado sus actividades hasta controlar todos los negocios instalados en su territorio.

México requiere que se acepte el problema de seguridad, que se creen compromisos políticos para la transformación de las estructuras de seguridad del Estado, se necesita complementar a las políticas sociales con políticas de seguridad y justicia.