Júlia Martí es doctora en Estudios sobre Desarrollo, investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), milita en el movimiento feminista de Euskal Herria y forma parte de Anticapitalistas y de la redacción web de viento sur.

Flora Partenio es activista feminista argentina e integrante de DAWN, una red de mujeres del Sur global que trabaja por un desarrollo alternativo.

La crisis de legitimidad de los espacios multilaterales y la intervención del sector privado en estas dinámicas se han profundizado durante la pandemia. En el texto se reconstruyen los antecedentes de esta crisis, las tensiones pospandemia y de una economía de guerra. Asimismo, se señala la falsa confrontación entre un capitalismo autoritario-nacionalista-conservador y un capitalismo global que apuesta por la recuperación en clave verde, azul y morada.

Una gobernanza corporativa teñida de verde y morado

Las cumbres del G20 mostraron cómo el capitalismo global intentaba legitimar sus espacios de decisión antidemocráticos y pro corporaciones con un manto feminista, que no conseguía encubrir su agenda mercantilizadora, privatizadora y autoritaria. Históricamente, la incorporación de las agendas de inclusión y empoderamiento de las mujeres, que buscan impulsar una serie de políticas a escala global, inicia en 2017 con los gobiernos de Islandia, Sierra Leona, así como el Centro de Comercio Internacional que impulsaron una declaración sobre la mujer y el comercio en la Organización Mundial de Comercio (OMC). Esta declaración se justificó con el “fin de ayudar a las mujeres a alcanzar su pleno potencial en la economía mundial”.

Los gobiernos apoyaron la “Declaración Conjunta sobre Libre Comercio y Empoderamiento Económico de las Mujeres” basada en una visión reduccionista y binaria del empoderamiento económico de las mujeres, con principios del neoliberalismo.

Las cumbres del G20 y G7 se celebraron en un escenario de prepandemia y preguerra de Ucrania en el que los liberales aún podían pretender defender una vía liberal verde y morada frente al proteccionismo y autoritarismo. Ya se advertían las diferencias entre un capitalismo proteccionista y conservador y un capitalismo liberal; pero ese fenómeno tenía más de escenificación que de diferencias materiales reales. Las políticas impulsadas por el G20 seguían profundizando el endeudamiento y la precarización de las mujeres.

En el caso de las cumbres del G20 se evidenciaron los vínculos entre el régimen económico y el resurgir de gobiernos neoliberales y políticas conservadoras. Para el caso de América Latina, las políticas alentadas se encontraban en línea con las políticas implementadas en sus países miembros. A pesar de que se confrontaran las propuestas proteccionistas con las del libre comercio, lo que verdaderamente buscaban era mejorar las posiciones de las empresas de cada país en una nueva guerra comercial motivada por el auge de China y asegurarse el acceso a recursos cada vez más escasos.

Nuevo escenario: guerra y pandemia

En un contexto de crisis, tenía sentido impulsar una recuperación verde y morada de la economía que atajara la crisis de cuidados, así como la crisis ecológica, al final, se trató de transferir grandes cantidades de fondos públicos al sector privado, para rescatar las empresas e impulsar el capitalismo verde y digital como una apuesta del poder corporativo que pretende resolver el agotamiento energético y la crisis climática.

La guerra en Ucrania impulsó una economía de guerra que destapó la crisis energética, extractivismo, encarecimiento de la vida y de los alimentos, endeudamiento, autoritarismo, etc. La inflación, la subida de las tasas de interés y las consiguientes crisis de deuda, el resurgimiento de la apuesta fósil y la alianza con los complejos industrial-militares o la aceleración de la política comercial se justifican por la guerra.

En este contexto, grandes empresas siguen aumentando su poder y beneficios, mientras que los compromisos climáticos se debilitan más y los derechos humanos desaparecen. En territorios del Sur global, los meses de confinamiento y aislamiento social han sido solo para las personas, pero no para la actividad económica de proyectos extractivos como la plataformización que transforma la producción, la distribución y la reproducción social, de manera que refuerza la concentración del poder económico y social en manos de las corporaciones y los países del Norte global.

Esta expansión ha ampliado la brecha digital por género y ha acelerado la exclusión de las mujeres, poniendo de manifiesto las disparidades socioeconómicas. Este oportunismo del confinamiento ha demostrado que el capital siempre tiene una opción de salida. Y es especialmente preocupante en términos de compromisos climáticos lo sucedido durante la pandemia en materia de expansión de megaproyectos extractivos.

A pesar de que la pandemia evidenció los riesgos de la expansión de megaproyectos extractivos sin regulación, el nuevo escenario no ha supuesto un punto de inflexión para transformar la gobernanza global, sino que ha servido para dar un paso más en su consolidación.

Guerra y reajustes en el comercio global

La pandemia evidenció un régimen que facilitó la privatización de servicios públicos, incrementó la dependencia de las importaciones, salvaguardó la protección de la propiedad intelectual por encima del derecho a la salud y profundizó la destrucción de ecosistemas. Sin embargo, se sigue promocionando la firma de tratados económicos como una estrategia para superar la crisis económica. Se da así una huida hacia adelante en la internacionalización económica. Además, la retórica de la guerra justifica la política comercial por la necesidad de consolidar los bloques.

En 2020, China logró la firma de la Asociación Económica Integral Regional. La Unión Europea ha avanzado negociaciones con Vietnam, México, Chile, Australia, Nueva Zelanda y Mercosur. Estados Unidos renovó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y recondujo la guerra comercial con China con la firma de un acuerdo comercial. Estas políticas demuestran un reajuste de las políticas comerciales de las grandes potencias motivado por tensiones y la necesidad de reposicionar los capitales nacionales fortaleciendo la política de bloques.

La competencia interimperialista tiene consecuencias graves para los países del Sur global, que son quienes terminan asumiendo los impactos de las subidas de precios y las políticas financieras y monetarias. Una de las consecuencias más evidentes en el nuevo contexto abierto por la guerra de Ucrania es la escalada de precios de la energía y de los cereales, con graves consecuencias para gran parte de la población mundial.

La proliferación de tratados bilaterales y regionales hizo que la OMC dejara de ser el eje central de las políticas comerciales. De esta forma, las principales potencias económicas utilizaron la OMC para la protección de la propiedad intelectual o como estructura base para la coercibilidad del derecho comercial global. Y, principalmente, librándose de tener que aprobar medidas como las regulaciones antidumping que promovían los países del sur.

La pandemia ha puesto encima de la mesa el papel clave de la OMC en la defensa de los intereses de las corporaciones europeas y estadounidenses, con unas negociaciones sobre la liberalización de las patentes de las vacunas y tratamientos contra la COVID en las que ha primado el interés comercial por encima del derecho a la salud.

Captura corporativa de la gobernabilidad global

La evolución de espacios claves para la gobernabilidad global como la Organización de las Naciones Unidas, muestra cómo más allá de los discursos sobre los derechos humanos, la equidad de género o la acción climática, el poder de las grandes corporaciones se hace cada vez más evidente. Dichos espacios no se caracterizan por sus dinámicas democráticas o la lucha por los derechos humanos. Esta incapacidad para abordar los principales retos globales se hace más notable.

La evolución de las Naciones Unidas muestra que, a pesar de instaurarse como la organización multilateral internacional que debería asegurar la gobernabilidad en un mundo globalizado, en la práctica este objetivo queda lejos de la realidad. En primer lugar, por configurarse en base a una estructura obsoleta, fruto del escenario de posguerra, que institucionaliza las jerarquías entre Estados.

Y, en segundo lugar, han fallado en la puesta en práctica de mecanismos de prevención y garantía de los derechos humanos y la imposibilidad de aprobar mecanismos de regulación de las empresas transnacionales. Ello se debe a la captura corporativa de las Naciones Unidas que instauró la cooperación entre los órganos de Naciones Unidas, empresas transnacionales y sociedad civil.

Este modelo de gobernanza compartida, se trata de una lógica perversa que obvia los conflictos de intereses y la asimetría entre actores, además de desplazar el multilateralismo, que supone que son los gobiernos quienes tienen el mandato de tomar decisiones. De esta forma, se crean nuevas articulaciones multipartes que legitiman la captura corporativa de la toma de decisiones. Además, gracias al poder ganado por parte de los corporativos, las grandes empresas han conseguido frenar varios intentos de regular su actuación a escala internacional.

Asimismo, hoy en día aparece un nuevo concepto, “la diligencia debida”, como un nuevo atajo para evitar la creación de mecanismos de control fuertes, a semejanza de lo que en su día fueron la responsabilidad social corporativa y los códigos de conducta, que sirvieron para desviar la atención sobre la necesidad de regular a las corporaciones. La Comisión Europea ya está avanzando en esta línea, sin embargo, solo se obliga a las corporaciones a elaborar planes empresariales sobre los riesgos relativos a los derechos humanos, sin mecanismos efectivos para su seguimiento y control. Y en ningún caso se vincula esta norma con el cumplimiento de los derechos humanos.

Se trata de una propuesta de derecho blando que se basa en la autorregulación y no resuelve la necesidad de contar con instrumentos jurídicos internacionales efectivos para controlar los impactos sociales, económicos, laborales, ambientales y culturales de las actividades económicas de las empresas transnacionales. Por lo que las obligaciones de las grandes corporaciones seguirán siendo remitidas a unos ordenamientos nacionales que han sido desregulados y adaptados a las lógicas neoliberales, sin capacidad para enfrentarse de forma efectiva a las grandes corporaciones.

Todo ello se debe a la creciente influencia de las grandes empresas que participan de las cumbres como un actor legitimado más. Así, vemos cómo las cumbres se celebran gracias al patrocinio de las grandes empresas, que se convierten en la alfombra roja perfecta para desplegar su marketing verde, pero eso solo es la punta del iceberg.

Otro ejemplo es la captura corporativa que se refleja en la intervención del sector privado en la esfera pública, invadiendo todos los aspectos de la vida de las personas, es decir, el avance de la privatización de la vida y derechos básicos, como la salud, la energía, la educación, y el acceso al transporte, infraestructura, saneamiento y tierra para cultivo. El contexto atravesado por la pandemia muestra serias advertencias sobre las dificultades que representa dejar la provisión de servicios de acceso a la salud y la creación de hospitales como nicho de mercado.

Conclusiones

Las grandes transnacionales, a través de la gobernanza multipartes, se apropian de la gestión de las crisis, lo que pone en juego su solución. Es necesario que los espacios de disputa se fortalezcan. También se debe de trabajar pot la construcción de narrativas que interpelen los discursos hegemónicos y rompan con la desinformación. Para lograr lo anterior, es necesario recurrir a los planteamientos del ecosocialismo, el ecofeminismo o la decolonialidad.