Desde la reforma al artículo 27° constitucional para la venta de terrenos ejidales, solo se ha disminuido 5% el carácter de propiedad social en México, de acuerdo con Registro Agrario Nacional (RAN), resaltando la venta de solo 5 millones 294 mil 556 hectáreas en espacios de zona de riego, turísticas y de expansión; no obstante, las tierras en mejores condiciones las acaparan particulares mediante contratos de arrendamiento, uso, usufructos y hasta mecanismos ilegales. Asimismo, un factor a considerar es que al utilizar los terrenos ejidales desde una renta no es necesario su registro al RAN, por lo que deja sesgada la información y las condiciones nacionales
(Dato Crucial 1,
2).

Esto tiene sus antecedentes legales con las modificaciones al artículo 27° constitucional en 1992 con el gobierno príista Carlos Salinas de Gortari (1888-1994), que puso fin al reparto agrario; autorizando el aprovechamiento de terceros en tierras ejidales y comunales, y la facilidad para transmitir derechos parcelarios y la adquisición para convertirse en propiedad privada.

De esta forma, toma relevancia el "rentismo parcelario" por la falta de condiciones óptimas para comercializar productos agrícolas, como de créditos y un régimen ejidal estable. Como evidencia de esta situación está la decadencia de la Financiera Rural que junto con la propiedad social, están en riesgo. Además, se denuncia la existencia de infiltrados que buscan obtener cesiones de derechos.

El panorama es distinto en los 31 estados. En Jalisco es atractivo la renta de parcelas por la agroindustria y su enfoque en la plantación de agave, frutos rojos y aguacate, alterando el cultivo tradicional. Mientras, en el sur de Sonora, zona del Valle del Yaqui y Valle del Mayo con 300 mil hectáreas son arrendadas por grandes consorcios con objetivos de producción de granos como trigo, maíz, cárcamo, ajonjolí, calabaza y hortalizas. Por su parte, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, el capital extranjero proveniente de Holanda, España, Francia y Japón han mostrado interés "potencial" en el territorio para la generación de energía eólica.

La investigación de la ONG Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, nos genera un panorama más amplio al afirmar que de las 32 mil hectáreas ocupadas en tierras de propiedad social se concentran cerca de 29 parques eólicos.

En los últimos 30 años las áreas de siembra han decrecido, esto debido en gran medida al crecimiento de la mancha urbana, así como por las complejidades para los ejidatarios, ya que es más fácil vender que cultivar con recursos escasos y sin apoyos monetarios. Por ello, Morelos, Chihuahua, Guerrero, Colima y Nayarit son muestra de las amenazas y disturbios a la propiedad social por las empresas mineras; mientras en Puebla, Nuevo León y Guanajuato los conflictos son mayores con inmobiliarias; además de las compañías de vocación turística que acaparan espacios en Quintana Roo, Campeche y Yucatán.