Víctor Manuel Quintana Silveyra es político y académico mexicano miembro del Movimiento Regeneración Nacional.

Martín Solís B. es escritor y articulista contemporáneo cuya obra se caracteriza por un agudo análisis de la realidad social, cultural y política.

El texto analiza los principales desafíos de diseñar nueva legislación hídrica en México, debido a la falta de una reforma oficial en la Ley General de Aguas (ley pendiente de aprobación que busca sustituir la actual Ley de Aguas Nacionales) y en la Ley de Aguas Nacionales (regula la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales.

El primer desafío consiste en reconocer los daños ambientales, sociales e institucionales que implica el régimen hídrico neoliberal activo desde 1992 que permitió la sobreexplotación de los acuíferos (fuente vital de agua dulce para el consumo humano, la agricultura y la industria, además son cruciales para los ecosistemas), debido al aumento de pozos ilegales y la autorización de extracción de agua por encima de su tasa de renovación.

La Comisión Nacional del Agua carece de autoridad y recursos para frenar este deterioro ya que solo cuenta con 200 inspectores para más de 186 000 concesiones, lo que ocasiona impunidad y corrupción.

Otro obstáculo es el incremento en el consumo energético producido por la extracción de agua subterránea para riego (dato crucial 1). Esto ha elevado el apoyo financiero estatal (subsidios) para el pago de la electricidad en el riego. (dato crucial 2).

También se identificaron pozos agrícolas ilegales que, en 2024, consumieron energía a un costo elevado (dato crucial 3). El texto destaca que el manejo comercial del agua ha favorecido a agroindustrias exportadoras que cultivan productos como alfalfa, aguacate, agave, nuez, mango y espárrago en grandes extensiones de terreno, lo que impacta negativamente el abasto interno y vulnera el derecho a la alimentación.

Para esto propone una planeación hidro agroalimentaria que vincule la gestión del agua con la producción de alimentos y la forzosa intervención de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Sustituir la fragmentación institucional neoliberal por una coordinación efectiva y articulada.

El artículo también destaca la importancia de regular las zonas de libre alumbramiento, es decir, aquellas áreas donde los propietarios de terrenos pueden extraer agua del subsuelo sin necesidad de permisos o concesiones. Se propone la regulación de los acuíferos nacionales, especialmente aquellos que están sobreexplotados, y la obligación de que los productores informen sobre el volumen de agua que utilizan y la cantidad de producción obtenida.

Finalmente, la nueva legislación debe fortalecer los sistemas comunitarios de agua potable y establecer un límite claro sobre la cantidad de agua necesaria para cubrir las necesidades básicas de consumo y la producción de alimentos, garantizando así los derechos humanos al agua y a la alimentación.

Los artículos transitorios deben incluir un programa urgente para el cierre de pozos ilegales, el reordenamiento de concesiones (los permisos que una autoridad pública otorga a particulares o empresas para explotar un recurso o servicio por un tiempo determinado) y el rediseño del subsidio eléctrico. La nueva ley debe erradicar el modelo neoliberal de gestión hídrica, no limitarse a una reforma parcial, para asegurar la implementación efectiva de los derechos humanos al agua, a la alimentación y a un medio ambiente sano.