Soumya Karlamangla es reportera de The New York Times en San Francisco y cubre los principales temas de California. Antes trabajó ocho años en Los Angeles Times, donde reportó sobre política, cultura, salud y la pandemia de Covid-19. En 2021 fue finalista del Livingston Award por su cobertura local.

Imperial County, condado del extremo sureste de California junto a la frontera con México, aparece como una zona de abandono, desempleo, infraestructura deficiente y deterioro ambiental. El centro de esa crisis es el Salton Sea, lago del sur de California cuyas aguas tóxicas y cuyo lecho expuesto agravan la contaminación del aire en las comunidades cercanas. En ese paisaje áspero, la posible extracción de litio desde la salmuera subterránea se presenta como salida económica para una región que carga una historia larga de promesas incumplidas.

Imperial Valley, valle agrícola que abarca parte de Imperial County y Riverside County, surgió como espacio fértil gracias al agua desviada del río Colorado por medio de un canal. Esa obra volvió a la zona en un espacio clave para la producción agrícola, pero no corrigió el rezago social del condado. Michael Luellen, alcalde de Calipatria, ciudad desértica conocida sobre todo por su prisión estatal, resume esa frustración al recordar que la industria geotérmica y la solar también ofrecieron prosperidad sin cambiar la vida cotidiana de fondo. Por eso el nuevo discurso sobre “Lithium Valley” no despierta confianza automática, sino cansancio y recelo.

Ese malestar toma forma en varias voces del texto. Jazmin Rodriguez, trabajadora agrícola de Calexico, muestra la falta de alternativas fuera del trabajo extenuante en el campo. Roberto Talavera, residente de El Centro, teme que el nuevo impulso industrial añada más contaminación a una región que ya respira el costo ambiental del lago. Jordon Salyards, habitante del área, acepta la necesidad de inversión, pero rechaza que la comunidad vuelva a cargar con los daños mientras otros reciben los beneficios. El panorama es el de una población obligada a elegir entre precariedad persistente y otro experimento industrial que también puede salir mal.

La apuesta por el litio adquiere peso nacional porque Estados Unidos depende de importaciones procedentes de América del Sur, Australia y China. Bajo esa lógica, el área del Salton Sea deja de verse como periferia olvidada y pasa a venderse como reserva estratégica. RAND Corporation sostiene que esa industria podría convertirse en el principal motor regional de empleo, mientras Ryan Kelley, supervisor de Imperial County, la defiende como vía para reparar obras básicas que el condado no puede seguir postergando. Aun así, el conflicto no desaparece, solo cambia de escala.

La extracción propuesta se basa en la llamada extracción directa de litio, método que bombea salmuera desde acuíferos profundos para separar el metal en la superficie. Sus defensores la presentan como alternativa menos destructiva que otras formas de minería, pero sus críticos advierten que no prueba todavía su eficacia industrial y que puede agravar la presión sobre el agua. James J. A. Blair, profesor de California State Polytechnic University, Pomona, duda que el proyecto convierta realmente a la zona en un polo de energía limpia y sospecha que puede servir como cobertura para nuevas cargas industriales. Esa inquietud crece porque el plan del condado también contempla deshuesaderos de automóviles, centros de reciclaje y un gran centro de datos.

Controlled Thermal Resources, empresa interesada en desarrollar la extracción en la región, encarna la postura favorable a acelerar el proyecto. Su director ejecutivo, Rod Colwell, sostiene que el valle necesita avanzar. Del lado opuesto, Earthworks cuestiona la revisión ambiental aprobada por el condado y Jared Naimark, uno de sus directivos, insiste en que el problema no es el litio por sí mismo, sino repetir una lógica extractiva donde Imperial County pone territorio, agua y salud para que la ganancia quede fuera. El texto queda atravesado por esa disputa brutal entre necesidad económica y riesgo ambiental, entre la promesa de rescate y la sospecha de otro despojo.