El artículo de The Economist compara los derrames petroleros deliberados provocados por Irak durante la primera guerra del Golfo en 1991, con riesgos similares en el actual conflicto de la región. Durante la primera Guerra del Golfo las tropas iraquíes en Kuwait abrieron las válvulas de petroleros, terminales y una refinería como táctica de guerra, generando un incendio masivo de pozos petroleros y una contaminación que tardó décadas en limpiarse y dejó daños ecológicos permanentes (dato crucial 1). En el conflicto actual hasta ahora no se ha producido un desastre de esa magnitud, aunque un derrame reciente cerca de la isla de Jarg, la principal terminal petrolera de Irán, se hizo visible desde el espacio (dato crucial 2) y generó temores de que la guerra pudiera derivar en una catástrofe ambiental aún más difícil de contener que lo sucedido en 1991 .

Existen varias vías por las que podría producirse un daño mayor. La primera de ellas sería un ataque directo a la infraestructura petrolera de la isla de Jarg. Estados Unidos ya ha atacado instalaciones militares en la isla y Donald Trump ha amenazado con destruir por completo la infraestructura petrolera. La segunda vía sería el impacto sobre embarcaciones cisterna con grandes cargamentos de petróleo. Un ejemplo de lo último ocurrió con una explosión, posiblemente causada por un ataque iraní, reportada en un buque de bandera griega frente a la costa de Omán (dato crucial 3), aunque en ese caso se evitó el desastre. Finalmente otra posible fuente de derrames se encuentra en el hundimiento de buques militares iraníes, como un portaaviones de drones que ha seguido filtrando combustible pesado al mar desde que fue atacado, además de numerosos buques navales hundidos que representan focos potenciales de contaminación (dato crucial 4).

A diferencia de derrames en tiempos de paz, actualmente uno grave en el estrecho de Ormuz sería mucho más difícil de gestionar. Normalmente el derecho marítimo internacional prevé la cooperación de barcos cercanos, autoridades portuarias y estados costeros para contener un derrame, con el asegurador del buque afectado cubriendo la limpieza. Pero en una zona de guerra activa, actores terceros se muestran reacios a prestar ayuda dado que pueden sufrir ataques de graves consecuencias. Un ejemplo de ello fue el ataque contra un remolcador de salvamento, resultando en víctimas mortales entre su tripulación. Las soluciones diplomáticas también son más difíciles de alcanzar mientras persisten las hostilidades, ya que ni Arabia Saudita ni Irán estarían dispuestos a participar en esfuerzos conjuntos antes de un acuerdo de paz duradero, por temor a que las ofertas de cooperación se hagan de mala fe y expongan a las partes beligerantes a más ataques.

Otro factor que complica la limpieza es el uso creciente por parte de Irán de la llamada "flota fantasma": buques que ocultan su identidad para evadir sanciones, cuyo número ha ido en aumento a medida que se prolonga el conflicto. Esto disuade a buques y empresas de salvamento legítimas de intervenir, por temor a ser acusadas de incumplir las sanciones ayudando a estos buques. Además, estos barcos suelen estar en peor estado de mantenimiento, lo que incrementa el riesgo de fugas si son alcanzados o encallan, y al ser difíciles de identificar y no estar asegurados, ningún gobierno asumiría la responsabilidad de un derrame ni se haría cargo de financiar la limpieza.

Los riesgos ambientales ligados a los derrames son altos, amenazando la vida marina y los arrecifes de coral del estrecho. El costo humano podría ser aún mayor, ya que buena parte de la población de la región depende de plantas desalinizadoras para obtener agua potable (dato crucial 5). Esto último es relevante ya que el petróleo podría contaminar el agua marina con sustancias que propician leucemia, otros cánceres y daños hepáticos y renales. Lo anterior sería una situación comparable a los derrames de 1991, donde se inutilizó durante años la capacidad de desalinización de Kuwait.

Finalmente, el artículo señala que aunque el derrame actual cerca de Jarg no parece lo bastante grande como para obstaculizar el tráfico marítimo, uno de mayor escala podría complicar la reanudación normal del flujo petrolero una vez reabierto el Estrecho de Ormuz, ya que los petroleros contaminados por el crudo podrían a su vez propagar la contaminación y verse impedidos de atracar en ciertos países. El artículo cierra con la reflexión de que, mientras los derrames de 1991 fueron deliberados, hoy un accidente resulta más probable, pero las consecuencias podrían ser igual de graves.