Luis Zambrano es biólogo y doctor en Ecología Básica por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde es investigador del Instituto de Biología. Fue curador de la Colección Nacional de Peces y durante cuatro años fue el encargado de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Ha dado clases de ecología para urbanistas en la Facultad de Arquitectura.

Desde los debates presidenciales antes de ser electo, Andres Manuel Lopez Obrador apoyó una idea de desarrollo ligada al siglo pasado. Esta idea se basa en la creencia de que los recursos de México son abundantes y deben ser aprovechados para lograr la soberanía nacional. Una de las promesas de campaña que sí cumplió el ex-presidente fue el aumento de la capacidad de Pemex, en términos de extracción de petróleo y procesos de refinado. En cuanto a energías renovables se habló de las plantas hidroeléctricas sin considerar la destrucción ambiental que ocasionan en ríos. Además, a lo largo de su presidencia constantemente descalificó a académicos y organizaciones que tuvieran un interés en la protección de la naturaleza. Todo esto en medio de la amenaza de un colapso ambiental a nivel global.

Áreas Naturales Protegidas y conservación de los ecosistemas

A pesar de que López Obrador creó más Áreas naturales protegidas (ANP) (dato crucial 1), hay un debate sobre qué tanto esto aportó a la protección del medio ambiente. Para que las ANP funcionen necesitan un trabajo con las comunidades que las habitan, lo cual solo se realizó en el caso de los pescadores del Golfo Sur. También se necesita presupuesto para las actividades de monitoreo e investigación, así como para el pago de guardabosques que eviten la tala ilegal, el tráfico de especies, la caza furtiva, etc. El problema radica en que durante el sexenio de AMLO se redujo la asignación presupuestal de la Comisión nacional de áreas naturales protegidas (Conanp) (dato crucial 2).

Por otro lado, durante este sexenio presidencial también se endureció la relación entre el gobierno y la sociedad civil. En sexenios anteriores, técnicos y funcionarios tendían puentes de comunicación y negociación con la sociedad para llegar a acuerdos. En el gobierno de AMLO se cambiaron los programas de las ANP sin discusión alguna, para darle viabilidad a las obras impulsadas por el gobierno. Tales son los casos de la construcción de una carretera que divide la reserva de la biosfera de Sian Ka'an y el hotel militar en la reserva de Calakmul.

El gobierno trató como enemigos a las organizaciones y académicos que se preocupaban por el medio ambiente, y utilizó categorías ambientales como la de conservación para fines políticos. Así, las cuestiones ambientales quedaron subordinadas a los proyectos del gobierno.

El papel de la Secretaría del medio ambiente y recursos naturales

El desinterés por las problemáticas ambientales se expresó en los tres directores de la Semarnat. La primera de ellas fue Josefa González Blanco Ortiz, conocida por mantener colmillos de elefantes en su casa y tener que renunciar por retrasar un vuelo comercial. El segundo fue Víctor Toledo Manzur, un académico que sí entendía de medio ambiente pero que tuvo que renunciar por presiones externas. Finalmente estuvo María Luisa Albores, ingeniera agrónoma quien fue la más comprometida con las ideas desarrollistas anticuadas del siglo XX para el manejo ambiental.

Esta secretaría sirvió más para legitimar los proyectos del gobierno que para la defensa del medio ambiente. Esto no era nuevo en la carrera política de AMLO, ya que también cuando fue jefe de gobierno utilizó la Secretaría de Medio Ambiente de la CDMX para legitimar sus obras de infraestructura. Quien entonces dirigía esta Secretaría era la actual presidenta Claudia Sheinbaum, quien dio el visto bueno para la construcción del segundo piso del periférico. Esta obra promovió la movilidad en automóvil, cuando este era inaccesible para gran parte de la población de la ciudad. Además, el proyecto aumentó la contaminación por tráfico y cambió el paisaje urbano para peatones y ciclistas.

A pesar de la participación de la actual presidenta en la aprobación de este tipo de proyectos, hay ciertas esperanzas en la política ambiental durante su sexenio. Esto último debido a la asignación de Alicia Bárcena como líder de la Semarnat. Bárcena posee conocimientos tanto en materia ambiental como en materia política. Por ende se espera que tenga espacio para negociar en defensa del ambiente, dialogando con académicos y la sociedad civil.

La pérdida de la Conabio y del INECC

Otra de las pérdidas en materia ecológica del sexenio pasado fue la destrucción del Instituto nacional de ecología y cambio climático (Inecc) y de la Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad (Conabio). En ambos organismos trabajaban académicos en torno a temas de la complejidad de los ecosistemas y el cambio climático, además de proponer políticas públicas para el desarrollo sustentable. Los institutos apoyaban las decisiones a nivel nacional y fundamentaban las posiciones gubernamentales informadas ante los organismos internacionales en materia ambiental.

El Inecc pasó de ser un organismo autónomo a ser una dependencia de la Semarnat, en forma de la Dirección general de políticas para la acción climática. Esta transición implicó que contara con mucho menos presupuesto, además de que redujo a un mínimo las comitivas que discutían y negociaban con otras naciones sobre cambio climático. Por otro lado, la Conabio dejó de ser un organismo intersecretarial, para pasar a depender de la Semarnat como organismo público descentralizado, extinguiendo el fideicomiso que fondeaba sus investigaciones anuales y reduciendo su presupuesto.

La fallida transición energética

El gobierno de AMLO se agregó a la lista de países que incumplieron los acuerdos del tratado de París. En este sentido, el último sexenio incrementó los fondos que recibía Pemex apoyando a la empresa a pesar de su poca rentabilidad. Por otro lado, se destruyó todo proyecto de energías renovables atacando a las empresas que apoyaron la transición energética. En vez de hacer que estas energías sustentables sean económicamente accesibles, se les satanizó.

A pesar de que la actual presidenta ha propuesto un límite a la producción petrolera, miembros de la coalición que la llevó al poder han propuesto en la Cámara de diputados eliminar la obligación del estado en torno a la disminución de la emisión de CO2. Además, la reforma energética que se ha propuesto desde el gobierno busca aumentar la dependencia en torno a los combustibles fósiles y el gas natural. También está el problema con la modificación del régimen constitucional de CFE y Pemex, pasando de ser "empresas productivas del estado " a "empresas públicas del estado", lo cual implicaría que ya no tienen la obligación de ser rentables. Esto significa que los ciudadanos mexicanos tendrían que sostener a empresas contaminantes que ni siquiera son rentables.

Adaptación al cambio climático

Las pocas regulaciones de adaptación al cambio climático también fueron eliminadas el sexenio anterior. En lugar de fortalecer el Fondo de desastres naturales (Fonden) para apoyar regiones que hubieran sufrido eventos de este tipo, lo eliminaron para financiar una refinería y dos trenes. Comunidades como las que habitan Acapulco, que han vivido huracanes de manera recurrente, ahora dependen de la buena voluntad del gobernante en turno para recibir apoyo en caso de desastres naturales.

El huracán Otis era una oportunidad para cambiar el uso de suelo para la regeneración de ecosistemas que alivien los efectos de futuros huracanes. En vez de eso se buscó la recuperación económica rápida sin considerar futuros desastres. Meses después las desventajas de esta estrategia se mostraron con el huracán John. Tampoco hay un plan para lidiar con las sequías causadas por el cambio climático, las cuales han devastado la mitad de la producción agrícola y amenazan al suministro de agua en las ciudades. Otro problema son los incendios forestales, los cuales son cada vez más recurrentes.

Dos Bocas, Tren transístmico, Tren Maya y Sembrando Vida

Las tres grandes obras del sexenio pasado devastaron ecosistemas protegidos en el sureste mexicano. Estos fueron la refinería Dos Bocas en Tabasco, el Tren transístmico y el Tren Maya.

La construcción de Dos Bocas arrasó un manglar afectando el equilibrio hídrico de la zona, esto en una de las regiones en mayor riesgo por el alza del nivel del mar debido al cambio climático. El Tren transístmico busca competir con el Canal de Panamá, ocasionando destrucción ecosistémica a través de la especulación en territorios circundantes. Finalmente, el Tren Maya llevó a la destrucción de los hábitats de Yucatán, no sólo a través de su construcción sino también por los cambios de uso del suelo. El Tribunal internacional de los derechos de la naturaleza ya ha declarado esta última obra como un ecocidio y etnocidio.

Para compensar los efectos de estas megaconstrucciones se implementó el proyecto Sembrando Vida. Este último es bastante similar a la Revolución Verde aplicada por Luis Echeverría, buscando utilizar la mayor cantidad de terrenos para sembrar cultivos productivos (milpa, soya, árboles frutales) y maderables. El problema con este tipo de asistencialismo es que no considera la complejidad de las dinámicas naturales y de los ecosistemas, a pesar de que Sembrando Vida se dice ecológico por “sembrar árboles”.

Otro resabio de la lógica desarrollista del siglo XX es la manera en que se justifican estos megaproyectos. Por ejemplo, la lógica para justificar la construcción del Tren Maya es que el área ya estaba devastada desde antes. Esto último encaja muy bien con el modelo del desarrollo del siglo XX ya que en ese tiempo no se comprendían los procesos de restauración y la ventaja de los servicios ecosistémicos en el manejo de recursos.

Mecanismos de protección ambiental

Varios empresarios suelen pensar que los mecanismos de protección ambiental son un obstáculo para la inversión, y una lógica similar ha sido sostenida por el gobierno planteando que son un obstáculo para el desarrollo. En este sentido, López Obrador publicó un decreto que elimina los trámites de evaluación de los impactos que genera una obra y así acelerar el ritmo en el que se daban los permisos. Cuando la Suprema Corte de Justicia invalidó el decreto, el presidente insistió en otro decreto con las mismas condiciones.

Ésto último ha llevado a casos como el Hotel Militar de Calakmul, que presentó la manifestación de impacto ambiental después de haber sido construido. Otro ejemplo fue el del puente que destruyó el área natural protegida de Xochimilco, el cual consiguió el permiso gracias a que la entonces Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, eximió a los proyectos gubernamentales de hacer manifestaciones de impacto ambiental. A pesar de que el poder judicial dictó sentencias contra la construcción de estas obras, el desprecio del poder ejecutivo de estas dictaminaciones permitían que los megaproyectos siguieran adelante.

Minería y Transgénicos

La única posición firme a favor del medio ambiente que mantuvo AMLO fue contra la minería de cielo abierto y los transgénicos. El ex-presidente realizó una reforma de la ley de minería para que ya no se otorguen concesiones extractivas a minas de cielo abierto, lo cual ha reducido parcialmente la devastación minera.

En el caso de los transgénicos, la acción fue menos firme ya que el gobierno en parte apoyaba la implementación de éstos por sus ideas desarrollistas. Al mismo tiempo, a lo que se oponía era al monopolio por parte de compañías transnacionales. Esta dicotomía llevó a una indefinición en torno al asunto. El gobierno actual de Claudia Sheinbaum ha sido más claro en torno a la oposición contra los transgénicos. Sin embargo, los diputados retiraron la discusión de la reforma que llevaría a la cancelación de los transgénicos en México.

Toda destrucción del andamiaje institucional para la protección ambiental también ha sido posible por un débil contrapeso por parte de la sociedad. Por ende, es difícil generar esta presión social ya que sin ella los pocos funcionarios con conocimientos sobre la problemática no tendrán oportunidad de actuar. El carácter catastrófico de la crisis ambiental demanda la unidad más allá de fobias y filias políticas.