Durante la primavera de 2026, el Sureste de Estados Unidos enfrentó una combinación de sequía severa, incendios y lluvias torrenciales. En Georgia y las Carolinas ardieron árboles derribados por el huracán Helene, que permanecieron secos y se convirtieron en combustible (dato crucial 1). La alternancia entre sequías extremas y lluvias intensas también endurece el suelo, aumenta las inundaciones y favorece deslaves después de los incendios. Estos fenómenos ya no ocurren como hechos aislados, sino como una cadena de desastres que deja poco tiempo para recuperarse antes del siguiente impacto.

Según Juliette Kayyem, especialista en gestión de desastres y exfuncionaria del gobierno de Barack Obama, los sistemas de recuperación se construyeron bajo la idea de que las catástrofes eran excepcionales y que las comunidades podían reconstruirse una sola vez. Esa lógica resulta insuficiente cuando un nuevo desastre llega antes de que termine la recuperación anterior, porque las autoridades restauran lo destruido sin modificar las condiciones que aumentaron el riesgo (dato crucial 2).

A pesar de que la transición energética avanza y las emisiones globales dejaron de crecer al mismo ritmo, el calentamiento continúa y empuja al mundo hacia umbrales cada vez más peligrosos. Por eso, los desastres no deben entenderse únicamente como tragedias o fallas de gobierno. También deben servir para adaptar las viviendas, reforzar la infraestructura, modificar las rutas de evacuación y preparar los servicios públicos para las condiciones que vienen.

Los seguros suelen financiar la reconstrucción en el mismo lugar, los propietarios buscan regresar cuanto antes y las autoridades locales necesitan que las viviendas, los comercios y las actividades económicas vuelvan a funcionar para recuperar sus ingresos. El transporte y los servicios sociales también responden a las necesidades de la comunidad anterior. Además, casi nunca existe una autoridad responsable de coordinar toda la recuperación, por lo que las comunidades deben tomar decisiones complejas sin suficiente capacidad técnica ni acceso directo al gobierno federal (dato crucial 3).

Bajo la Ley Stafford, que regula la ayuda federal para desastres, durante décadas se impulsó la reconstrucción de los edificios destruidos sin cambiar su ubicación ni sus características. Aunque la legislación incorporó recursos para mejorar la resiliencia, la presión por recuperar rápidamente la normalidad mantiene el mismo impulso. Algunos casos muestran otra posibilidad. Moore, Oklahoma, incorporó cambios sencillos después de varios tornados y sus nuevas construcciones resistieron el siguiente desastre. Houston mejoró sus mapas de inundación e infraestructura después de varias tormentas, mientras Nueva York construye barreras contra inundaciones en Lower Manhattan tras el huracán Sandy.

De acuerdo con los análisis de recuperación, el éxito no consiste en reconstruir rápido, sino en reducir el riesgo futuro. Para lograrlo, las comunidades necesitan recursos previos, planes listos, autoridades responsables y fondos flexibles que permitan adaptar viviendas, reubicar a quienes viven en zonas peligrosas y modificar los seguros para que no incentiven la reconstrucción en áreas de riesgo. Como los desastres ocurren con mayor frecuencia y la atención federal dura menos que la recuperación, las comunidades locales asumen más responsabilidades.

Más allá de la reconstrucción, las catástrofes también pueden beneficiar intereses privados, como ocurrió después del huracán Katrina con la privatización de servicios públicos. Sarah Labowitz y Katie Mears proponen una alternativa basada en utilizar cada desastre para transformar positivamente las comunidades. Esa transformación puede incluir ayuda directa, reubicación de familias, reconstrucción de zonas seguras y protección de las personas por encima del valor de las propiedades. Si el gobierno destina grandes cantidades de dinero a la recuperación, debe utilizar esos recursos para reducir el riesgo futuro y no solo para reconstruir el mismo escenario.