Diogo Ives es investigador postdoctoral en el OIMC, en el IESP-UERJ, donde también es coordinador adjunto del Observatorio Político Sul Americano (OPSA). Doctor en Ciencias Políticas por el IESP UERJ, titular de un máster en Ciencias Políticas por la UFRGS y graduado en Relaciones Internacionales por la UFRGS.

Janaína Pinto es estudiante de doctorado en Ciencias Políticas en el IESP-UERJ, titular de un máster en Economía Política Internacional por la UFRJ y licenciada en Comunicación Social por la Universidade Federal do Ceará . Investiga la relación entre modelo de desarrollo y obstrucción climática en Brasil .

Arthur Facini está cursando un máster en Ciencias Políticas en el IESP-UERJ . Es licenciado en Relaciones Internacionales por la UERJ . Investigador colaborador del OIMC y del LABMUNDO, su trabajo se centra en la obstrucción climática y la política climática internacional.

Carlos R. S. Milani es Profesor Titular de Relaciones Internacionales del IESP-UERJ, investigador 1-B del CNPq y poseedor de la distinción científica “Científico de Nuestro Estado”, otorgada por la FAPERJ . Coordinador del Observatorio Interdisciplinar sobre Cambio Climático (OIMC) de la UERJ.

La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) es una de las principales preocupaciones para contener la crisis climática global. Los biocombustibles parecen ser la alternativa para disminuir el uso de combustibles fósiles. Sin embargo, estos biocombustibles están a merced de cuestiones geopolíticas, de la alta volatilidad de los mercados financieros de commodities y de seguros agrícolas onerosos.

Producción y consumo de biocombustibles

Los biocombustibles se producen principalmente a partir de la caña de azúcar, el maíz y aceites vegetales (extraídos en su mayoría de la palma, la soya y la colza). La producción de estas tres materias primas principales aumentó más de 15% cada una entre 2019 y 2021.

El etanol ha sido el principal biocombustible producido durante este periodo; es un derivado de la fermentación de plantas ricas en azúcar o almidón como la caña de azúcar, el maíz y la remolacha. Le sigue en importancia el biodiésel, fabricado a partir de aceites vegetales y grasas animales. Ambos biocombustibles se utilizan principalmente en la automoción como alternativa a la gasolina y al diésel. Asimismo, existen otros tipos de biocombustibles que incluyen el biogás (procedente de la descomposición de residuos orgánicos) y materiales menos convencionales, como las algas.

La producción de etanol está liderada por Estados Unidos, que lo obtiene principalmente del maíz. El segundo productor es Brasil, que lo procesa a partir de la caña de azúcar. Juntos, concentran alrededor de 80% de la producción total de este biocombustible. El consumo mundial de etanol ha seguido la misma tendencia ascendente que su producción de 2003 a 2021. Estados Unidos y Brasil han sido los mayores consumidores de este producto, representando 43% del consumo global. China y Unión Europea ocupan la tercera y cuarta posición en el consumo global de este biocombustible. Ambos consumen más etanol del que producen, lo que significa que dependen de su importación (gráficas y mapa).

En cuanto al mercado del biodiésel en 2022, los mayores productores fueron Unión Europea (30.7% del total global), Estados Unidos (18.4%), Brasil (13.1%), Indonesia (7.5%) y Argentina (3.5%), orden que coincide con los niveles de consumo de este producto.

De este modo, Estados Unidos, Brasil y Unión Europea son los actores clave de la economía internacional de ambos biocombustibles (etanol y biodiésel).

Geopolítica de los biocombustibles

Los principales participantes de la economía de los biocombustibles crearon en 2007 el Foro Internacional de Biocombustibles (FIB) en la sede de Naciones Unidas. Países y bloques como Brasil, Estados Unidos, la Comisión Europea, China, India y Sudáfrica fueron sus únicos integrantes. El objetivo era establecer patrones y normas internacionales para la producción y el comercio de biocombustibles, así como intercambiar información sobre infraestructura logística y tecnología. Ante el incremento internacional del precio del barril de petróleo, estos países declararon que los biocombustibles constituían una alternativa energética viable y que lo ideal era expandir su fabricación hacia países con alto potencial agrícola.

En 2023 se constituyó otra alianza: la Alianza Global de Biocombustibles (GBA, por su sigla en inglés), creada durante la cumbre del G20 de ese año. Aunque comparte objetivos con el FIB, la GBA se diferencia en que no pretende funcionar de forma temporal o por un solo año, sino constituirse como una plataforma de cooperación continua para asuntos de regulación, promoción y comercio de biocombustibles (dato crucial 1).

Financiarización del agro

El FIB surgió como respuesta a la incertidumbre generada por los elevados precios del petróleo en 2007, momento en que se demandaban alternativas más económicas para la generación de energía. El problema principal radica en que los precios de los cereales y de los aceites vegetales están fuertemente influenciados por el precio del petróleo, lo que dificulta mantener estos biocombustibles a bajo costo, ya que sus materias primas son muy susceptibles a las oscilaciones del mercado.

Las dificultades con los precios de las materias primas también están asociadas con movimientos especulativos y con las condiciones climáticas, puesto que la producción agrícola depende fuertemente de los ciclos naturales. Fenómenos como sequías e inundaciones desestabilizan los precios de estos insumos, encareciendo la elaboración de biocombustibles, provocando choques de oferta y elevando la volatilidad de sus precios.

Por esta razón, los países del Norte global pusieron en práctica la apropiación de tierras en el Sur global, específicamente en países de África y América Latina. Bajo la justificación de aumentar su capacidad mediante grandes inversiones, empresas y naciones del Norte influyen en la trayectoria de los precios internacionales de las commodities agrícolas al ampliar su control sobre la producción y los inventarios.

Hacer viables las materias primas agrícolas mediante procesos de acaparamiento de tierras (land grabbing) y acaparamiento verde (green grabbing), conceptos referentes a la apropiación de tierras del Sur por parte de actores del Norte, representa una modalidad de financiarización de la naturaleza. Estas corporaciones ejercen un amplio dominio sobre el agronegocio mundial, adquiriendo poder decisorio sobre qué, cómo, cuándo producir y cómo comercializar. Esto impacta significativamente en el costo de unas materias primas que no solo sirven para la generación de energía y biocombustibles, sino que constituyen también la base alimentaria de la población.

Frente al alza del precio internacional del petróleo, la producción de biocombustibles se incrementó, desviando commodities agrícolas de la producción de alimentos. Esto derivó en inflación alimentaria y desató una aguda crisis de inseguridad alimentaria global, evidenciando que la falta de control público sobre el sector agrícola expone al mundo a frecuentes crisis en este ámbito (datos cruciales 2 y 3).

Agronegocio y estado

A mayor apoyo económico recibido por las coporaciones del agronegocio, mayor es su capacidad para influir en la elección de representantes políticos en las distintas instancias del estado. Esta influencia les permite intervenir directamente en las políticas públicas y en el sector rural, facilitando u obstaculizando leyes según favorezcan o perjudiquen sus intereses corporativos. Esto plantea un serio obstáculo para el desarrollo de políticas ecológicas y socialmente justas, perpetúa la financiarización de la producción e impide la planificación democrática en el sector agrícola.

Entre las medidas para hacer que la economía de los biocombustibles sea más transparente y esté sujeta al control social destacan: la incorporación del impacto socioambiental en los estados de resultados de las empresas agropecuarias, una mayor protección a los derechos de los trabajadores del campo, el avance en la regularización y saneamiento de la tenencia de tierras, el incremento de recursos destinados a proyectos sostenibles en asentamientos rurales, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la facilitación del acceso a semillas de alta calidad, la racionalización en el uso del agua, la promoción y resguardo de la sociobiodiversidad.