Desde hace tres décadas se instaló en las políticas públicas globales un problema que en lugar de resolverse se agudiza con el paso del tiempo: la violencia. Todo empezó en la vuelta de siglo, en el momento de resolver las ruinas de la guerra fría. El establecimiento mundial del modelo neoliberal implicó varios ajustes en todos los campos, no sólo en el económico y político; también el control social requirió de mudanzas que hicieran posible la recomposición del poder de clase y la nueva racionalidad. La disolución de la conflictividad contra una amenaza comunista, transitó hacia la construcción de una nueva enemistad: la delincuencia criminal, el paradigma de la violencia. Desde entonces, la lucha contra la violencia y la criminalidad son parte de la renovada razón de estado en la mayoría de los países del mundo.

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A partir de estos posicionamientos, la violencia dejó de presentarse como un proceso material, en particular como resultado de acciones entre ejércitos o grupos políticos; en cambio, empezó a concebirse como una relación entre personas individuales en medio de “debilidades institucionales”. Estas perspectivas, aparentemente inconexas, sentaron las bases del sentido común dominante para definir a la violencia: un acto patológico de personas sin valores, que generalmente son consumidoras de sustancias tóxicas, que viven en situaciones de pobreza y experimentan falta de oportunidades, como resultado del fallido funcionamiento de las instituciones y del desgarramiento social. La respuesta: prevenir y erradicar por todos los medios posibles, en especial los policiacos, con acciones multiescalares, desde lo local hasta lo transnacional. A partir de entonces, la violencia se entiende como una patología social, producto de personas anormales, que existen por los defectos de los marcos normativos y por la ausencia de igualdad de condiciones para competir en el mercado.

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