Corporaciones y destrucción del ambiente

Raúl Ornelas^* y Diego Zermeño^**

En el paradigma de la globalización neoliberal, la corporación aparece como el principal vehículo del proceso económico, además de presentarse como la condición indispensable para el crecimiento y el desarrollo. En esa perspectiva, el rumbo y las modalidades de organización de las sociedades están estrechamente ligados a las estrategias y actividades corporativas.

Pero esto no siempre fue así. En los años sesenta del siglo XX se debatió ampliamente acerca de las consecuencias negativas de la expansión de las corporaciones transnacionales, al tiempo que se intentó establecer límites mínimos a sus actividades. La consolidación de estos poderosos sujetos sociales tras la Segunda guerra mundial suscitó reacciones defensivas de gobiernos y fracciones locales de las clases dominantes, en prácticamente todas partes del mundo. Entre ellas, destacaron las políticas proteccionistas en ámbitos comerciales y de inversión, así como el fomento de las inversiones locales en Europa occidental, Japón y los países semindustrializados de Asia, con Corea del Sur a la cabeza. Estas reacciones impulsaron negociaciones internacionales para establecer “códigos de conducta” que normaran el comportamiento de las corporaciones transnacionales, buscando que su expansión tuviese efectos benéficos para las economías anfitrionas, en particular: la transferencia de tecnología, la formación de trabajadores, la captación de divisas y la apertura de mercados externos. En México, este proceso tomó forma en la Ley de inversiones extranjeras de 1973, un instrumento legal de vanguardia que, no obstante, quedó en el papel, dado que la mayor parte de las disposiciones que limitaban la actividad transnacional nunca fueron aplicadas.

La contrarrevolución neoliberal de los años ochenta del siglo XX consiguió desalojar del debate público y de los trabajos de los organismos multilaterales, los intentos de regular las actividades de las corporaciones transnacionales. Las derrotas históricas de importantes sectores de las clases trabajadoras (mineros en Reino Unido, trabajadores de la industria automotriz en Estados Unidos, por ejemplo), aunada a la implosión del llamado bloque socialista en Europa oriental y Unión Soviética, abrieron el camino a una nueva versión de la organización capitalista de la sociedad, que colocó a las corporaciones como los sujetos con la capacidad de organizar en forma eficiente la producción de riqueza y permitir el progreso generalizado, incluso en escala global: tal fue la promesa de la globalización neoliberal.

En perspectiva histórica, el proceso de liberalización generalizada representó un cambio civilizatorio, que resituó al sujeto estatal, articulador histórico de los mercados y las naciones, así como al sistema interestatal que caracterizó al capitalismo desde el siglo XVII. En adelante, y hasta la actualidad, la organización social y las relaciones internacionales, ahora globalizadas, están determinadas por la acción corporativa. En términos generales, podemos decir que las clases dominantes han logrado instalar la idea de la empresa “socialmente necesaria y benéfica” como parte de su hegemonía en las sociedades contemporáneas. Parafraseando la fórmula clásica de Antonio Gramsci, en el capitalismo del siglo XXI la hegemonía nace de la corporación.

Los debates sobre la trayectoria del sistema capitalista (Hopkins y Wallerstein, 1996; Arrighi, 1999; Foster, 2019) y sobre la polarización y creciente desigualdad que priva en escala global (Wallerstein, 2015; Piketty, 2013), permiten afirmar que las promesas de la globalización no se realizaron. Todo lo contrario, la situación actual puede ser caracterizada como de estancamiento económico generalizado, caos ambiental, autoritarismo y polarización social crecientes.

Como parte del ejercicio crítico sobre la trayectoria del capitalismo y el neoliberalismo, se cuestiona el papel de las corporaciones como causantes de los grandes problemas que enfrentan las sociedades contemporáneas. Desde todos los ámbitos de la vida social, se establece la responsabilidad corporativa en la generación de las malas condiciones de vida y de trabajo de sus empleados; la destrucción del ambiente que implican sus actividades; la corrupción y las relaciones de complicidad con las instancias estatales, por mencionar algunos de los cuestionamientos más frecuentes (Graeber, 2018; Pfeffer, 2018; ICIJ, 2016).

En esa línea de reflexión, estudios de derecho y criminología señalan las contradicciones en que incurren los sistemas legales liberales de Occidente en la búsqueda de garantizar “los derechos de las corporaciones”. El fundamento de la adaptación de los sistemas legales a las necesidades y exigencias corporativas es el reconocimiento de las corporaciones como entidades similares a las personas, con derechos y obligaciones, creando un entramado legal que permite la impunidad y la evasión de responsabilidades, como respuesta a la magnitud del poder corporativo en cuestión (Kipping, 2003; Stern, 2017). La expresión “demasiado grandes para quebrar” (too big to fail), que refiere el imperativo sistémico de impedir la bancarrota de ciertas corporaciones que juegan un papel estratégico, resume el tratamiento diferenciado que reciben las corporaciones gigantes por parte de los poderes públicos, que aseguran a cualquier precio sus beneficios económicos y la impunidad ante sus crímenes, incluyendo la intervención gubernamental y la socialización de las pérdidas.

La criminología crítica propone analizar las actividades corporativas como parte de procesos de comisión de crímenes de todo tipo. Algunos de amplio conocimiento público y destacados por sus alcances globales, como los delitos financieros (fraudes, desfalcos, lavado de dinero); los delitos ambientales (contaminación del aire, agua y suelos); la corrupción corporativa y la compra de favores económicos y políticos (caso Odebrecht). Otros crímenes son menos conocidos, pero igualmente nocivos, como la comercialización de productos dañinos para la salud y el ambiente (uso de sustancias cancerígenas, venta de vehículos inseguros o que rebasan las normas ambientales); los asesinatos industriales y las enfermedades profesionales, siempre escamoteadas y de difícil reconocimiento por parte de empresas e instancias gubernamentales; e incluso el financiamiento y participación en la criminalización y asesinatos de defensores del territorio y los derechos humanos. La criminología crítica busca controvertir el sentido común, que ve en las empresas el vehículo de la modernización y el progreso, mediante el establecimiento de las consecuencias concretas de las actividades corporativas, dentro y fuera de las explotaciones capitalistas (Baars y Spicer, 2017; Bittle et al., 2018).

En este texto, retomamos la propuesta de Steve Tombs y David Whyte (2016) acerca del carácter criminógeno de las actividades empresariales,¹ para analizar la situación que vive Monterrey, uno de los principales feudos de la burguesía nacional y sede de grandes poderes corporativos. En ese territorio, el desarrollo del capitalismo afecta de manera profunda dos elementos básicos para la vida: el aire y el agua. A pesar de las evidencias sobre el empeoramiento de las condiciones de vida y los riesgos presentes, corporaciones y gobernantes se empecinan en seguir desarrollando las actividades e industrias altamente contaminantes. El proyecto de instalar una “gigafactoría” de Tesla para fabricar vehículos eléctricos con un uso intensivo de agua, en una región que ya vivió la escasez absoluta de esa riqueza natural, ilustra la tendencia criminal y suicida del capitalismo contemporáneo.

En la primera sección, se presentan algunos datos para situar la importancia de Monterrey como gran metrópoli; la segunda trata de los efectos de la actividad corporativa sobre el agua, y la tercera sobre el aire.

Panorama del Área Metropolitana de Monterrey

Según el INEGI, una zona “urbana” es aquella que tiene una población de más de 2 500 personas, lo que significa que 78.5% de la población en México vive en espacios donde predomina el imaginario de la ciudad. En ese marco, la denominación de Zona Metropolitana (ZM) refiere las ciudades con poblaciones mayores a 200 000 personas, que se expanden más allá de las fronteras municipales o estatales para convertirse en nodos estratégicos para la reproducción social del capitalismo (Sobrino, 2024). Saskia Sassen (2005) ha escrito sobre la importancia de las ciudades en el siglo XXI, tanto por ser los principales núcleos a partir de los cuales se proyectan las relaciones capitalistas, como por ser los espacios privilegiados para el funcionamiento del sistema. A partir de estos argumentos, es posible establecer la importancia de tres metrópolis clave a nivel nacional: 1) la metrópolis del Valle de México, que incluye a la capital, así como a múltiples municipios del Estado de México y otras entidades federativas; 2) la de Guadalajara; y 3) la de Monterrey.

Si bien Guadalajara es más reconocida que Monterrey por su proyección política e histórica, la metrópoli neolonesa es, según datos del Censo 2020 del INEGI, la segunda ZM más poblada del país, con 5 341 177 habitantes, que representan 92% de la población de Nuevo León (Secretaría de Economía de México, 2020). Está constituida por 18 municipios, algunos de ellos emergentes en crecimiento demográfico, debido a la llegada de inversión extranjera directa (IED) y la consecuente industrialización. Ejemplo de ello es el crecimiento acelerado del municipio de Pesquería, resultado de la presencia de la automotriz sudcoreana KIA Motors, que propició un crecimiento poblacional de 319% entre 2015-2019 (Sánchez, 2019). La ZM de Monterrey (ZMM) es considerada como la capital industrial y comercial del país, al contar con 1 695 parques industriales en funcionamiento en 2024, y con otros 200 en construcción, para atender la demanda del llamado nearshoring. Estas instalaciones industriales se ubican típicamente en los municipios periféricos de la capital: Pesquería, Apodaca, Santa Catarina, Escobedo y Salinas Victoria; lo cual se aúna a la actividad industrial existente en los municipios centrales como Monterrey o San Nicolás de los Garza.

Este panorama económico es una coordenada cultural destacada en la entidad. Desde el Porfiriato, la actividad económico-industrial de la ciudad fue central en el desarrollo de la vida material y de los marcos identitarios de sus habitantes. El imaginario del “regiomontano” intentó distinguirse del relato nacional a partir de una vida “de trabajo”, que puede resumirse en el lema que decoró al escudo municipal de Monterrey desde principios del siglo XX: “El trabajo templa el espíritu”. Fue durante el desarrollo estabilizador, de los años cuarenta y cincuenta del siglo XX, que se establecieron algunas de las empresas que hasta el día de hoy rigen la metrópoli, y cuyo impacto se profundizó a partir de la entrada en vigor del Tratado de libre comercio de Norteamérica en 1994 (Nuncio, 2023). De acuerdo con el Reporte 2022 de Resultados de Inversión Extranjera Directa del estado de Nuevo León, la entidad es la segunda con más IED a nivel nacional en el periodo 1999-2022, con una participación de 9.5% del total nacional (Tabla 1).

Esta inversión proviene principalmente de Estados Unidos. En 2022, el mayor origen de las inversiones fue de Estados Unidos, seguido por Argentina, Corea del Sur, España y China. El sector que recibió más IED fueron las industrias manufactureras, casi 85% del total, un rasgo distintivo respecto de la ZM de CDMX, que recibe sobre todo inversiones destinadas a los servicios. Le siguen los sectores comerciales, logísticos y financieros con 5.9%, 5.5% y 4.0%, respectivamente. Este tipo de inversiones es considerado como positivo por 51% de la población, que piensa que “contribuirán a la prosperidad económica de la ciudad” (Cómo Vamos Nuevo León, 2023).

A nivel social, la ZMM muestra una sociedad de contrastes extremos. De los 18 municipios que componen la metrópoli, dentro del imaginario de la población están los históricos seis que componen el núcleo de la industrialización: Monterrey, San Pedro Garza García (SPGG), Apodaca, Guadalupe, San Nicolás de los Garza (SNG) y Escobedo. Entre estos también hay diferencias que pueden ser analizadas por sus índices de desarrollo humano (IDH). Nuevo León es una de las entidades que reportan desempeños adecuados en atención a la salud y educación, así como mejores niveles de ingreso, con buenos resultados en los seis municipios mencionados. No obstante, la ZMM presenta fuertes contrastes entre los municipios que la conforman: si bien un municipio como SPGG puede presumir un IDH cercano al de Italia, otros municipios cuentan con índices similares a los de Libia o Sri Lanka (Tabla 2).

Tabla 2. Índice de Desarrollo Humano por municipio del AMM

Fuente: PNUD, 2023

Según la encuesta “Así Vamos 2023”, los principales problemas de desarrollo social en la ZMM eran la poca accesibilidad de los servicios de salud, el costo de estos servicios, la falta de insumos y la precariedad del ingreso familiar. El acceso a internet, indicador típico del avance social contemporáneo, ofrece algunos contrastes entre municipios: el promedio de personas que no tienen acceso a internet es de 14% en el conjunto de la ZMM, 5.3% en SPGG y 22.3% en Cadereyta (Cómo Vamos Nuevo León, 2023).

Por último, el empresariado regiomontano también ha tenido un rol protagónico en la construcción de la hegemonía en Nuevo León. Además de ser un actor económico de peso, el afamado Grupo de los 10 o Grupo Monterrey es reconocido por contar con una influencia política de alto nivel en el gobierno del estado y los ayuntamientos. Y no sólo eso; también ha consolidado al “empresario” como arquetipo ideal para la población, al punto que se comenta que ese estado es “tierra de empresarios” o “emprendedores” (Nuncio, 2024).

Considerando el enfoque teórico del cual parte este trabajo, este hecho es de gran importancia. El análisis pone atención en la caracterización de los “socios en el crimen” (partners in crime), habida cuenta de los nexos entre las corporaciones privadas y los gobiernos estatal y municipales, que ejercen su influencia en el territorio. Esto sirve para entender cómo las “familias empresariales” regias crean un entramado corporativo, político y matrimonial tan amplio, en el que no es extraño escuchar los apellidos de los próceres de la oligarquía regiomontana en todas las áreas de la vida pública de la ciudad, tales como la política local, los medios de comunicación, la sociedad civil organizada, la escena artístico-cultural y la academia (Cerutti, 2018). Todas estas prácticas aportan a la construcción de su hegemonía regional y una posición privilegiada en escala nacional.

Toda vez que hemos establecido la importancia de la ZMM para el contexto nacional, abordamos dos casos para hacer uso del marco presentado por Tombs y Whyte: 1) la crisis hídrica que Nuevo León ha sufrido por décadas, agudizada debido a la producción industrial; y 2) la intensa contaminación del aire. Cabe recalcar que estos no son los únicos casos conocidos de criminalidad corporativa; en la ciudad y en el estado, se registran en permanencia sucesos sobresalientes que dan cuenta del comportamiento criminógeno de las corporaciones. Como ejemplo de ello, podemos referir a los siguientes casos: 1) la precarización y represión contra los trabajadores de la empresa transnacional Polaris en mayo de 2023 (Carmona, 2023; Jamarillo, 2023); 2) las intervenciones sobre el lecho del Río Santa Catarina, territorio en disputa entre ambientalistas y el gobierno estatal (Nagel Vega, 2023); 3) la presión sobre la colonia Independencia por dos administraciones de los municipios de SPGG y Monterrey para incentivar la construcción de una interconexión vial entre ambas demarcaciones políticas (Villanueva, 2024); 4) la controvertida construcción de la obra Vía Zócalo en el Centro de Monterrey, una torre de departamentos de 39 pisos edificada al lado del Barrio Antiguo, que tiene denominación de zona de valor cultural. Además de los problemas relativos a la gentrificación y a las afectaciones al entorno urbano, el proyecto no cuenta con permisos de factibilidad ambiental, ni estudios de impacto sobre el drenaje y el agua (González, 2024).

“No hay agua, pero hay cerveza”: Crisis hídrica en Monterrey

En 2022, la ZMM sufrió una de sus crisis ambientales más severas. En abril inició un proceso de racionamiento del agua que afectó tanto a los municipios de la metrópoli como a los municipios de la zona rural del norte y sur del estado. En una conferencia en el Palacio de Cantera, el gobernador Samuel García declaró: “somos víctimas de nuestro éxito: como hay empleo, hay trabajo, cada vez llega más gente, más la natalidad propia de los neoloneses. Estamos creciendo mucho y llevamos décadas de gobiernos que no vieron a futuro, que no planearon y que no tenían una proyección hídrica” (ABC Noticias, 2022). Este supuesto “éxito” regiomontano, marcó la primera gran crisis de la administración de García.

Los problemas de Monterrey con el líquido vital son anteriores a los sucesos del 2022. Según Luis Sánchez, la ZMM comenzó a tener problemas con el abastecimiento del agua desde 1940. La primera vez que se impuso el racionamiento del agua fue en 1948, lo que dio lugar a la creación de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) y de la Comisión de Agua Potable de Monterrey (CAPM). Esta última fue desarrollada por el Grupo Industrial Monterrey, que también construyó la Presa de la Boca. Debido a los constantes racionamientos, se inició una carrera por el agua profunda del estado, otorgando a las empresas privadas “ventajas competitivas” que les permitieran seguir produciendo. Para ello se creó “un sistema de extracción que escapaba a cualquier forma de registro o control, al margen del sistema municipal y de la ley” (Sánchez, 2022).

En esta región, a menudo el abasto de agua deviene un tema político. Por ejemplo, durante la campaña electoral de Jaime “El Bronco” Rodríguez en 2015, uno de los temas principales fue el proyecto “Monterrey VI”, que tenía la intención de construir un acueducto de 368 kilómetros para llevar agua del Río Pánuco y garantizar el abasto a la ciudad de Monterrey. Una vez ganada la elección y tras varios reclamos de la sociedad civil por la falta de transparencia financiera y los eventuales impactos ambientales, el proyecto fue descartado.

Es así como se llega a la coyuntura de 2022: un nuevo gobierno que enfrenta la inacción de los anteriores. Al momento de esta crisis, Nuevo León contaba con tres presas: la Presa de la Boca, la Presa Cerro Prieto y la Presa El Cuchillo. En conjunto, ofrecían un depósito de agua que cubría a 99% de los habitantes de la capital, abasteciendo 60% de la demanda doméstica de la ZMM (Sánchez, 2022). El 40% restante se conseguía de pozos profundos y pozos someros (Delgado, 2021). Durante 30 años no se construyeron infraestructuras hídricas importantes en el estado, por lo que fue crucial la construcción de la Presa El Cuchillo, que contenía 63% de las reservas de agua (Tabla 3).

Tabla 3. Información sobre las cuatro presas actualmente existentes en Nuevo León

Fuente: SADM, 2023 y Gobierno de Nuevo León, 2023

En lo que respecta a los usos del agua, datos oficiales señalan que la producción agrícola concentra 71% del total en 2015 (FAMM, 2018). Otro 25% se utiliza para el abastecimiento público. Estas cifras no contabilizan las pérdidas por falta de medidores o por fugas. Asimismo, destaca el hecho de que no figuren los usos industriales, ya que las empresas industriales no recurren a la red estatal administrada por SADM, en cambio, reciben grandes concesiones del gobierno federal mediante la CONAGUA: casi 75% de los caudales de metros cúbicos por segundo para la industria vienen de estas concesiones. Este hecho es otra muestra del privilegio que se otorga a las corporaciones en esa región del país.

Las concesiones otorgadas a las empresas son muy cuantiosas. De acuerdo con datos de la Secretaría de medio ambiente y CONAGUA, más de 100 empresas recibieron concesiones para extraer cerca de 50 millones de metros cúbicos (mm3) de agua; 11 de ellas cuentan con concesiones superiores al millón de m3, entre las que destacan: la transnacional metalúrgica argentina Ternium (del consorcio Techint) con 9.8 mm3; Industria del Alcali (productos de sodio), con 4.4 mm3; Cervecería Heineken (anteriormente Cuauhtémoc-Moctezuma), con 3.6 mm3, y el Parque Fundidora, un espacio público que opera bajo un esquema semi-privatizado, y que sirve para la realización de festivales al aire libre, que cuenta con una concesión por 2.2 mm3 (El Financiero, 2022). Estas concesiones federales no incluyen los múltiples pozos acuíferos de la red local a la que estás empresas suelen tener acceso sin rendir cuentas al SADM (Sánchez, 2022; Robledo, 2022).

Según José Ordóñez, Monterrey tiene un déficit de 31 mm3 de agua para los consumos doméstico, industrial y agrícola (PUEC, 2023). Aunque la crisis de 2022 representó la peor situación percibida por la población, con algunas colonias sufriendo hasta tres semanas sin agua y posteriormente la disponibilidad del líquido únicamente 6 horas al día, esto no significa que el esquema de racionamiento haya terminado. De acuerdo con la encuesta “Así Vamos”, 89.3% de los habitantes de la ZMM sufrieron alguna clase de recorte de agua en 2023 (Cómo Vamos Nuevo León, 2023). Esta cifra debe ser matizada a partir de las diferencias socioeconómicas, al presentarse una menor frecuencia en SPGG y colonias de alto nivel económico en Monterrey, en comparación con el Centro Histórico del mismo municipio, barrios populares y otros municipios metropolitanos.

Frente a esta situación límite, la sociedad civil apenas se ha manifestado para cuestionar la continuación de este business as usual, con acciones que hasta ahora solo son anecdóticas (Martínez-Canales, 2023). El tráfico de permisos de vivienda, la producción de las industrias siderúrgica, cervecera y refresquera, así como los continuos problemas que presenta la crisis climática en una zona de alto estrés hídrico sólo empeoran la situación (Corrales, 2020).

La crisis de 2022 mostró un contraste nítido entre la opulencia corporativa y la escasez aguda para la mayoría de la población, al punto que las empresas fueron “invitadas a ceder” parte de sus reservas de agua, con el fin de paliar las necesidades de la población metropolitana (CAINTRA Nuevo León, 2022). Es en este contexto que se asiste a situaciones rayanas en lo distópico: ante la escasez, la administración municipal de Monterrey y la cervecera Heineken, distribuyeron latas de agua en barrios precarizados, en un claro mensaje de a quién recurrir si se necesita agua (Flores, 2022). Se difundieron profusamente mensajes como: “todos estamos en las mismas”, que sonaban completamente huecos al ver los enormes dispendios de agua en campos de golf, piscinas privadas e irrigación automatizada de jardines en SPGG y el sur de Monterrey, y que representaban un fuerte contraste con la situación de los hogares en barrios populares como la Colonia Independencia (Robledo, 2022). Finalmente, el gobierno del estado lanzó la campaña de “báñate en menos tiempo” y “sé un ciudadano de 100 litros” (SADM, 2022), en lugar de cambiar la gestión del agua con el fin de procurar la satisfacción de las necesidades humanas por encima de los consumos corporativos. Estos ejemplos muestran que, incluso en una situación de extrema urgencia, los gobiernos estatales y municipales fueron incapaces de tomar las medidas necesarias para atender las necesidades inmediatas de los hogares, afectando a las corporaciones que poseen las reservas de agua disponibles.

A finales de 2022, el gobierno estatal dio por terminada la crisis hídrica, tras la adopción de medidas que incluyeron las campañas mencionadas y el gasto de 135 millones de pesos en el bombardeo de nubes para generar lluvias de manera artificial (Padilla, 2023), sin alcanzar resultados significativos hasta la fecha.

Aún no se han establecido de manera rigurosa las causas profundas de la sequía, sin embargo, las palabras Agustín Breña (2022), ingeniero hidrólogo de la UNAM, aportan un panorama general del problema: “por un lado, el promedio de las condiciones actuales de las fuentes de abastecimiento de la ZMM se encuentra a niveles similares a aquellos registrados a principios del 2013, mientras que la cuenca del río Bravo sí ha alcanzado valores mínimos desde el 2021 hasta la fecha. A pesar de esta caída sustancial en la disponibilidad hídrica, en ninguna otra ciudad dentro de la cuenca se han presentado problemas de abastecimiento como aquellos observados en la ZMM […] la sequía antropogénica […] podría explicar la magnitud de esta crisis a nivel local”.

La situación de escasez y las carencias históricas en el acceso al agua por parte de amplios sectores de la población de la ZMM son un desmentido al mito del progreso capitalista en esa región. El ingreso cada vez más acelerado de inversiones privadas y extranjeras indican que esta situación se acentuará en el corto y mediano plazo, hasta que el “día cero” alcance a la segunda región industrial del país.

Contaminación del aire: responsabilidad pública y privada

En los últimos 10 años, Monterrey es identificada como una de las ciudades más contaminadas de México y América Latina, y acaso es la que tiene la peor contaminación del aire (Andrade, 2016). De acuerdo con Martínez Muñoz y sus colaboradores (2020), “desde el 2005, los registros de días con mala calidad del aire han estado por encima de los 200 días al año, a excepción de 2019, cuando se registraron 181 días con mala calidad del aire”. Poner en perspectiva este panorama implica la medición de diferentes contaminantes (Tabla 4): emisiones directas de material particulado (PM2.5 y PM10), monóxido de carbón (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2) y compuestos orgánicos volátiles (COV). Estos contaminantes tienen diferentes efectos nocivos en la salud de las personas, incluyendo afectaciones cardiovasculares, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, desbalances neurológicos, problemas reproductivos y metabólicos, así como cáncer, entre los más relevantes. Los estudios sobre el tema destacan también la vulnerabilidad a estos contaminantes de personas en proceso de gestación y de la primera infancia, ya que tienen la capacidad de alterar en forma permanente las posibilidades de desarrollo y aumentar las posibilidades de sufrir enfermedades crónico-degenerativas a lo largo de la vida (SEMNL, 2023: 133-134; Mayora 2019).

Tabla 4. Proporción de emisiones por tipo de fuente y contaminante en la ZMM. 2016

Fuente: Martínez Muñoz et al., 2020, p. 4

Los orígenes de estos puntos de emisión se categorizan en fuentes fijas, fuentes de área y fuentes móviles. La primera categoría se refiere a espacios estacionarios centralizados, tales como fábricas químicas y de refinación de combustóleo; la segunda, a emisiones dispersas de menor tamaño a las fijas, pero que en multiplicidad pueden ser problemáticas como los puntos de construcción de vivienda; por último, la tercera tiene que ver con la quema de combustibles fósiles de automotores de transporte público, privado individual y de carga. Estas últimas emisiones pueden agravarse debido a la congestión vial (Martínez Muñoz et al., 2020).

¿A quién responsabilizar directamente por los enormes costos en salud que hoy pagan los regiomontanos? Algunas de las acusaciones más difundidas son contra la refinería Ingeniero Héctor R. Lara Sosa, en el municipio de Cadereyta, propiedad de Pemex, que produce 145 000 barriles diarios de combustibles (gasolinas y diésel). La particularidad de esta refinería es que fue la primera en tener la capacidad de separar azufre de las gasolinas; también es considerada una de las más rentables del sistema de refinación de la paraestatal mexicana (Badillo, 2020). Esta planta es una de las fuentes más importantes de emisiones de dióxido de azufre en la metrópoli, responsable de emitir alrededor de 94% de este gas que aumenta el número de muertes prematuras diarias en 2.4%.² Además, la empresa no atiende su participación en la contaminación del aire en la ciudad: fue acusada de desacato, al impedir inspecciones de la Secretaría de medio ambiente estatal, tampoco se ha integrado a ninguna iniciativa para paliar los efectos de su actividad industrial (El Economista, 2024; Vázquez Herrera, 2024). El Centro Mario Molina (2019) señaló al sector petrolero y petroquímico como la “principal fuente de la emisión industrial”, y lo presentó como polo clave de las fuentes fijas de la contaminación del aire en Monterrey. La remoción de la refinería a otro espacio es uno de los reclamos más importantes de la sociedad civil de la ciudad, con varios intentos para llamar a una consulta popular al respecto, mismos que fracasaron por no recolectar las firmas necesarias (Maldonado, 2024).

Las acciones de Pemex no son las únicas que provocan la contaminación del aire. Existen otras empresas que contribuyen de forma significativa. Dada la relevancia social de las corporaciones privadas que operan en la ZMM, se observa que el escrutinio de los poderes públicos y de la sociedad civil, es menor respecto a la atención que se tiene sobre la refinería de Cadereyta, a pesar de que las empresas privadas participan en la contaminación del aire con niveles intolerables de emisión de contaminantes.

Ejemplo de ello es la empresa Zinc Nacional, dedicada a procesar la chatarra de la producción siderúrgica de origen estadounidense. En enero de 2025, un reportaje conjunto de The Guardian y Quinto Elemento Lab reveló que la empresa situada en SNG, emite plomo, cadmio, arsénico y otros contaminantes en cantidades mayores al máximo establecido en Estados Unidos para tomar acciones urgentes de cuidado de la salud. Estos residuos fueron detectados en el interior de los hogares y de una escuela alrededor de la planta. En los hogares el plomo registró en un nivel 60 veces superior al aceptado, y en la escuela hasta 1 700 veces (McCormick y García de León, 2025). El mismo reportaje detalla que en SNG es habitual un polvo amarillento difícil de quitar de los autos y de las casas, y es parte del panorama ambiental regiomontano desde los años noventa del siglo XX. También se reveló que 21 instalaciones de esta empresa fueron regularizadas por el gobierno del estado en 2024, aunque no contaban con manifestaciones de impacto ambiental. La regularización se hizo después de que la empresa entregó “una aportación económica” no divulgada al público (Reyes, 2025).

Otra ilustración de la responsabilidad corporativa sobre la contaminación del aire la aporta Julio Pilotzi (2024), que al referirse a la siderúrgica argentina Ternium afirma:

los reportes muestran que las emisiones de plomo pasaron de 78 kilos en 2020 a 482 kilos en 2022, mientras que el cadmio subió de 1.3 kilos a 8.3 kilos en el mismo periodo, con aumentos del 517% y 538%, respectivamente. Estas partículas, presentes en polvos y vapores, se esparcen en el ambiente. Asimismo, representan un grave riesgo para la salud, ya que, además de dispersarse en el aire con un característico brillo rojizo, generan una constante sensación de irritación en las vías respiratorias.

Según la SEMARNAT, la planta de Ternium en SNG emite casi 70 millones de toneladas de CO2 por año, y casi 190 mil toneladas anuales de NO2 desde su planta en Monterrey. Estas emisiones se hacen de noche, para disimular la responsabilidad de la empresa en la crisis ambiental (Garcino, 2023). Otras empresas que emiten volúmenes similares de contaminantes son Cemex, Nemak, Iberdrola, Álcali, Datile, John Deere, Holcim, entre otras, que son señaladas por dispersar al aire cadmio, benceno, mercurio, formaldehído, cromo, plomo y níquel, mientras hacen caso omiso a la petición estatal de alerta ambiental (Telediario, 2023; Marroquín, 2024).

Las acciones gubernamentales para atender el problema no tienen rumbo ni consistencia. Al inicio de su mandato, el gobernador Samuel García propuso un impuesto a las emisiones, que fue rápidamente abandonado. Desde entonces, el gobierno estatal se limitó a presentar el Plan integral de la gestión estratégica de la calidad del aire (PIGECA), con una inversión de 2 500 millones de pesos, destinados a 82 empresas para mejorar sus procesos y reducir la emisión de contaminantes. Sin embargo, este Plan no tiene sanciones vinculantes ni es de cumplimento obligatorio; tampoco incluye a la refinería de Pemex. Especialistas argumentan que las medidas gubernamentales no son difundidas entre el público general, lo que deja de lado a la población, cuya participación es fundamental para hacer frente a la contaminación del aire (Loredo, 2024).

A esta incapacidad para sancionar a los actores productivos que contaminan el aire, se suman los retrocesos en materia de movilidad aplicados en diferentes municipios, con discursos en contra de ciclovías y adecuaciones a los corredores viales en la ciudad, construidos para la convivencia peatonal con los automóviles (Magno, 2024). El sistema de movilidad en la ZMM privilegia al automóvil como objeto de estatus y desprecia al transporte público colectivo. Evidencia de este último punto es la columna de Fricasé en El Norte, a propósito de la “política cochista” (la política que prioriza el uso del auto individual), en la que se aplaudió la decisión del presidente municipal de SPGG de desplazar un monumento urbano para “agilizar” la circulación de los automotores. El autor sostiene que el mejoramiento de la vialidad es el objetivo más deseable para la ciudad, a fin de “lograr que al lugar de empleo lleguen a tiempo y al menor costo posible los insumos necesarios para producir valor”. Rubricando su apología del automóvil, también afirmó “que a nadie de nosotros nos van a bajar de ellos (de los coches) para andar ‘a pata’ o en bicicleta. Si DIOS quisiera que anduviéramos a pie no hubiese inventado el automóvil” (Fricasé, 2024). Estas afirmaciones serían solo una anécdota extravagante si no fueran reflejo de la mentalidad empresarial, que lejos de buscar alternativas de movilidad, bloquea e incluso remueve ciclovías y no invierte en el transporte público.

De esta forma, se crea un poderoso ciclo de retroalimentación que explica la creciente contaminación del aire en esta región de México; ciclo en el que convergen la movilidad basada en el auto particular, los estímulos gubernamentales y empresariales a los procesos productivos y su casi nula regulación, así como la continua expansión de la mancha urbana, que requiere de la industria pedrera para romper los cerros y preparar terreno de vivienda (Martínez Muñoz et al., 2020). Las consecuencias de esto fueron registradas mucho tiempo atrás, sin que las autoridades atendieran ni las causas ni los efectos de la contaminación del aire. De acuerdo con la Secretaría de medio ambiente del estado de Nuevo León (SEMNL), 2 500 personas murieron en 2023 debido a comorbilidades inducidas por los enormes excedentes de óxido de nitrógeno y óxido de sulfuro en la atmósfera; estimaciones más conservadoras cifran el número de muertes prematuras en al menos 1 700 casos (Medrano, 2023; SEMNL, 2023). Al considerar que los niveles de PM10 y PM2.5 llegaron a niveles históricos en 2024, se espera que estas cifras aumenten (Olguín, 2025).

Conforme los estudios sobre la contaminación del aire se multipliquen, aparecerá la responsabilidad de las corporaciones, la inacción y complicidad de los poderes públicos, la necesidad de frenar la actividad de las empresas contaminantes en la ZMM, y la urgencia de diseñar y aplicar estrategias de desconcentración urbana, remediación ambiental y atención a las enfermedades derivadas de los altísimos niveles de contaminación del aire.

Conclusión

La situación en la ZMM muestra el carácter orgánico de la destrucción del ambiente en el capitalismo. Mediante el estudio de las actividades corporativas y sus efectos ecológicos y sociales, es posible presentar interpretaciones que vinculen el enriquecimiento de las corporaciones (y sus dueños y accionistas), con las consecuencias, muchas veces brutales, para trabajadores, población en general, y hábitats. Por esa vía, es posible fundamentar procesos legales y de movilización social que confronten el consenso liberal según el cual, la empresa privada es el vehículo del progreso nacional.

El análisis de dos aspectos fundamentales de las condiciones de vida en esa región permitió mostrar el carácter sistémico de las relaciones entre la actividad corporativa y el deterioro de la calidad del aire, así como los problemas de acceso y la calidad del agua consumida. El ejercicio analítico puede ser prolongado a otros aspectos de la vida social, como la movilidad urbana, la salud pública, o temas políticos y sociales como la corrupción, la cultura antisindical y las alianzas entre autoridades, empresarios y grupos del crimen organizado. Ese panorama señalaría que, antes de cualquier consideración de orden colectivo, las corporaciones tienen como principal horizonte la obtención y el aumento de sus ganancias. Este tipo de análisis contribuye a apuntalar la necesidad de diseñar y construir alternativas civilizatorias que rompan nuestra dependencia respecto del capitalismo, abriendo vías de transformación ante el aparente callejón sin salida de las relaciones sociales imperantes.

Para ello, es preciso asumir que las corporaciones son el núcleo del problema y que, en el capitalismo, no hay maneras ni relaciones de fuerza que puedan limitarlas para que dejen de depredar lo humano y lo no-humano, en tanto la forma capitalista de crear riqueza material implica crecientes grados de destrucción ambiental y social. En palabras de Tombs y Whyte (2016):

la corporación no puede reformarse. Todas las razones expuestas en este libro demuestran que no podremos alterar el curso de la historia y evitar la destrucción del planeta a menos que encontremos una forma de frenar el poder político y económico de la corporación. La tarea política más acuciante de nuestro tiempo es la abolición de la corporación y los fundamentos económicos, políticos y jurídicos que la sostienen. De no lograrlo, las corporaciones seguirán engañando, mintiendo, robando, mutilando, matando y envenenando hasta extinguirnos.

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^* Investigador Titular del IIEc y coordinador del LET, raulob@iiec.unam.mx [52]
^** Posgrado de estudios latinoamericanos, zermeno.diegs@gmail.com [53]
¹ “(…) la corporación moderna puede ser entendida como un dispositivo criminógeno y externalizador. Criminógeno porque viola la ley de forma calculada y como parte de su modus operandi. Externalizador porque las corporaciones suelen socializar los costes reales de producción – hacia la pérdida de vidas humanas, las muertes prematuras, la transferencia de la riqueza del erario público al balance empresarial o una destrucción medioambiental que pone en peligro la existencia misma del planeta” (Tombs y Whyte, 2016: 15).
² El Plan Integral de gestión estratégica de la calidad del aire de Nuevo León, afirma que para 2019 se registraron 1 700 muertes relacionadas con la contaminación. En declaraciones para la prensa, el secretario de medio ambiente señaló que entre mayo de 2022 y abril de 2023 se registraron 2 500 muertes prematuras asociadas a la contaminación atmosférica. Ambas cifras ilustran la importancia y la gravedad de la contaminación del aire en la ZMM.