El International Panel of Experts on Sustainable Food Systems (IPES-Food) es un organismo dedicado a investigar, debatir e impulsar la transición hacia sistemas alimentarios más sostenibles, equitativos y saludables. Tiene sede en Bruselas y reúne especialistas de distintas disciplinas para elaborar informes, propuestas de política pública y análisis críticos sobre agricultura, alimentación, poder corporativo, medioambiente y justicia social.

Los peligros de las «soluciones tecnológicas» y por qué solo funcionan los cambios verdaderamente transformadores

En gran medida, las llamadas soluciones tecnológicas no corrigen la crisis de los sistemas alimentarios, sino que prolongan la dependencia de los combustibles fósiles. La digitalización de la agricultura acelera la expansión de centros de datos de alto consumo energético, conserva fertilizantes y pesticidas químicos de origen fósil, además de enlazar los datos con nueva maquinaria impulsada por esa misma base energética. Bajo la apariencia de innovación, permanece un modelo de cultivo intensivo en químicos que sigue recibiendo respaldo público y que, lejos de transformarse, se moderniza sin abandonar su núcleo destructivo.

La captura y almacenamiento de carbono para producir hidrógeno y amoniaco "azules" agrava ese problema, pues requiere nuevas infraestructuras de gran escala que afianzan la dependencia fósil durante más tiempo. Tampoco el amoniaco "verde" ni los bioplásticos resuelven el conflicto de fondo. El primero no reduce la contaminación por nitrógeno que deteriora aire, suelo y agua; los segundos no siempre se biodegradan y, en muchos casos, contienen sustancias químicas sintéticas vinculadas a daños sanitarios y medioambientales semejantes a los de los plásticos convencionales. A la vez, ambas alternativas dejan una fuerte huella sobre el suelo y los recursos naturales, con lo cual empeoran la competencia por la tierra y comprometen otras metas de sostenibilidad.

Detrás de esa ruta domina un paradigma de innovación sesgado y cada vez más privatizado. Los recortes a la inversión pública en investigación y desarrollo agrícola dejan ese campo en manos de la agroindustria y de las empresas tecnológicas, cuyas prioridades responden a la ganancia antes que al bien común. De ese modo, la innovación se orienta a mantener la demanda de insumos patentados, como agroquímicos y semillas modificadas genéticamente, en lugar de impulsar su abandono. Quedan relegados, por tanto, los enfoques que buscarían rediseñar los sistemas alimentarios mediante cambios tecnológicos, sociales y organizativos de mayor alcance.

La desregulación de productos y procesos profundiza todavía más ese sesgo. La supervisión pública pierde fuerza, la rendición de cuentas se debilita, además de que el margen para la decisión democrática se reduce. Equidad, sostenibilidad y resiliencia de largo plazo quedan fuera de una agenda dominada por intereses empresariales. Al mismo tiempo, las plataformas de agricultura digital, junto con las nuevas tecnologías de ingeniería genética y biología sintética, concentran poder en grandes corporaciones y amplían su control sobre la producción alimentaria.

Esa concentración se refuerza con la influencia política creciente de la agroindustria, las big tech y el sector de los combustibles fósiles. Tales actores ocupan espacios de decisión, apartan a las comunidades afectadas, obstaculizan avances regulatorios y recurren a tácticas de desinformación e intimidación para proteger sus intereses. Así, la política alimentaria y energética queda cada vez más sometida a alianzas corporativas que vacían de contenido el interés público.

Por eso no basta con sustituir un insumo por otro ni con maquillar el mismo modelo con herramientas nuevas. Hace falta una transformación integral de los sistemas alimentarios que cuestione las estructuras de poder que los sostienen, desmonte el complejo agropetroquímico, reduzca de manera drástica combustibles fósiles, agroquímicos y plásticos, además de recuperar el control público sobre la política alimentaria y energética. Solo un cambio estructural puede volver irrelevante la centralidad de los combustibles fósiles.

Dinámicas de los grupos de presión que echan por tierra los acuerdos mundiales sobre el clima y los plásticos

Conforme avanzaron las negociaciones mundiales sobre plásticos y clima, se hizo evidente la captura corporativa de espacios que deberían responder al interés público. El Tratado mundial sobre los plásticos fracasó cuando los países petroleros bloquearon límites a la producción, mientras la presión de los sectores fósil y químico desbordó la negociación. Las Conferencias de las Partes (COP) sobre cambio climático reprodujeron la misma distorsión. Los grupos de presión no solo ampliaron su presencia, sino que también obtuvieron acceso privilegiado mediante credenciales estatales.

Si bien en la Conferencia de las Partes número 28 (COP28) apareció un llamado a abandonar los combustibles fósiles en los sistemas energéticos, los sistemas alimentarios quedaron fuera. Por consiguiente, esa omisión protegió una esfera central de la dependencia fósil y confirmó que los acuerdos globales siguen moldeados por intereses empresariales capaces de frenar, diluir o desviar cambios de fondo.

Limpiar el sistema alimentario de combustibles fósiles pasa por una transición energética justa

En efecto, limpiar los sistemas alimentarios de combustibles fósiles obliga a pensar la transición energética como un problema de poder, infraestructura y reparto desigual de costos. No basta con electrificar procesos o expandir energías renovables. También hace falta garantizar electricidad limpia suficiente, redes capaces de sostenerla, almacenamiento adecuado y una distribución menos desigual. De otro modo, la desfosilización queda reducida a consigna, mientras el sistema energético sigue atrapado en sus viejas limitaciones.

La eficiencia energética ocupa un lugar decisivo, puesto que reduce presión sobre la infraestructura renovable, acelera el cambio y evita que el aumento de la demanda devore cada avance. A la vez, la expansión de baterías y la modernización de redes resultan indispensables para sostener la electricidad de origen eólico y solar. Con todo, la transición no llega limpia por definición. La producción, transmisión y almacenamiento de energía renovable dependen de minerales cuya extracción arrastra violaciones de derechos, conflictos por tierra y recursos, además de nuevas dependencias geopolíticas. El riesgo es brutal: sustituir la subordinación a los combustibles fósiles por otra forma de extractivismo revestida de verde.

Más grave aún, la desigualdad entre Norte y Sur globales endurece todavía más ese escenario. Los países de renta alta prometen liderar la salida de los combustibles fósiles, pero continúan otorgando licencias de petróleo y gas, mientras incumplen metas climáticas y escatiman financiamiento para las transiciones de los países de renta baja. Así, las grandes economías concentran la capacidad renovable, en tanto los territorios más empobrecidos cargan con los costos de la extracción minera y reciben pocos beneficios de la energía producida con esos materiales.

Tampoco puede separarse este proceso de la geopolítica mundial. El acceso a petróleo, gas, carbón y minerales críticos ya condiciona alianzas, garantías de seguridad y disputas entre potencias. Por consiguiente, una transición energética justa no consiste solo en cambiar la fuente de energía, sino en frenar la extracción fósil, acelerar electrificación, eficiencia y almacenamiento, además de impedir que el llamado giro verde reproduzca el saqueo, la desigualdad y la violencia sobre otros territorios.

Las grandes potencias fracasan en la eliminación de los combustibles fósiles

Las grandes potencias con mayor riqueza y con economías diversificadas no están encabezando la eliminación de los combustibles fósiles, sino su expansión. Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Noruega y Australia siguen otorgando licencias de petróleo y gas, mientras India y China mantienen al carbón como eje de su estructura energética, aunque expandan energías renovables. La fractura entre discurso climático y decisiones reales ya es inocultable.

El Acuerdo de París exige detener nuevos desarrollos fósiles y reducir con fuerza la producción, pero los gobiernos continúan ampliando extracción, subsidios e infraestructura. No falta capacidad técnica ni dinero para acelerar la energía eólica y solar. Lo que sobra es voluntad para seguir protegiendo intereses fósiles aun cuando eso vacía de sentido sus compromisos climáticos.

Marcos globales para una transición energética justa

Frente al bloqueo que domina la política climática internacional, los marcos globales para una transición energética justa intentan imponer una lógica de acción colectiva. Tuvalu y Vanuatu, dos países insulares del océano Pacífico, colocaron el problema en el centro al proponer en la Conferencia de las Partes número 27 (COP27) el Tratado de no proliferación de combustibles fósiles. La iniciativa plantea detener la expansión de la producción, reducir de manera equitativa la extracción ya existente y aumentar la inversión en energías renovables y en una transición justa. Su peso político radica en que enfrenta el pretexto que paraliza la acción climática: ningún estado quiere recortar su propia producción de combustibles fósiles mientras otros continúan ampliándola y conservan la ventaja económica.

Otro frente de esa discusión apareció con los minerales críticos para la transición energética. En 2024, Naciones Unidas formaron un panel para abordar problemas de equidad, transparencia, sostenibilidad y derechos humanos ligados a esos recursos. Ya no se trata solo de asegurar insumos para tecnologías renovables, sino de impedir que la transición reproduzca despojo, beneficios externos y nuevas jerarquías sobre los territorios que concentran esos minerales. Por eso la discusión incorpora creación de valor local, beneficios económicos para comunidades y países involucrados, además de una mayor coordinación internacional en normas e iniciativas.

Enfoques holísticos para eliminar los combustibles fósiles de nuestros sistemas alimentarios

Los enfoques holísticos para eliminar combustibles fósiles de los sistemas alimentarios exigen transformar de raíz la producción, la distribución y el consumo de alimentos. No bastan ajustes parciales. Hacen falta cambios profundos en prácticas, estructuras económicas e incentivos políticos, junto con el impulso de vías transformadoras ya existentes y de palancas capaces de vencer los obstáculos que aún frenan su adopción generalizada.

Transformar las prácticas agrícolas para abandonar gradualmente los combustibles fósiles

Desde luego, abandonar gradualmente los combustibles fósiles en la agricultura no depende de perfeccionar el mismo modelo industrial, sino de rediseñar la producción desde bases agroecológicas. Ese cambio permite reducir emisiones, restaurar la fertilidad del suelo, proteger ecosistemas y fortalecer la resiliencia climática mediante procesos ecológicos, en lugar de sostener la productividad con fertilizantes sintéticos, plaguicidas químicos o nuevas variantes "verdes" que conservan la misma dependencia externa.

A la vez, la reducción del uso de nitrógeno no pasa solo por volver más eficiente su aplicación. Reciclar nutrientes, diversificar cultivos, introducir leguminosas, ampliar rotaciones e integrar cultivos con ganadería permite disminuir de inmediato la presión de los insumos fósiles. Con todo, la eficiencia por sí sola no corrige la degradación del suelo ni rompe la subordinación de los agricultores a paquetes tecnológicos ajenos. Por eso la agroecología no ofrece un simple ajuste técnico, sino otra lógica de producción.

El problema de los plaguicidas revela el mismo límite. La gestión integrada de plagas puede reducir su uso, aunque con frecuencia queda atrapada por definiciones ambiguas y por la influencia de la industria agroquímica. En cambio, los sistemas sin pesticidas ni fertilizantes muestran que es posible sostener rendimientos sin reproducir la espiral química de la agricultura convencional. A ello se suma que las prácticas agroecológicas refuerzan seguridad alimentaria, nutrición, autonomía campesina y redes locales, puesto que reducen gastos en insumos y amplían el control sobre los medios de producción.

Por otra parte, dejar atrás los agroquímicos exige modificar también las dietas, sobre todo en las regiones donde el consumo de carne sigue siendo más alto. Sin ese desplazamiento, eliminar fertilizantes nitrogenados sintéticos empujaría a la escasez o la deforestación. De ahí que la agroecología no pueda separarse de una disputa más amplia por tierra, semillas, tecnología y conocimiento, en un contexto donde las subvenciones continúan favoreciendo de forma desproporcionada a la agricultura industrial.

Incluso cuando existen márgenes para integrar energías renovables en las explotaciones, persisten barreras económicas y riesgos para la seguridad alimentaria si la transición energética reproduce nuevas formas de despojo sobre el suelo agrícola.

la agroecología en acción, en todo el mundo

A partir de experiencias concretas en Cuba, India y Francia, la agroecología aparece no como consigna, sino como una práctica capaz de reorganizar la producción alimentaria desde otras bases. En Cuba, el Movimiento Agroecológico de Campesino a Campesino convirtió el intercambio directo de conocimientos entre productores en el motor de una transición que desplazó insumos sintéticos y avanzó hacia diversificación de cultivos y agrosilvicultura.

En India, el programa Andhra Pradesh Community-Managed Natural Farming empuja una agricultura natural que prescinde de insumos sintéticos y se apoya en semillas autóctonas, control biológico de plagas y conservación del suelo. En Val-de-Drôme, un municipio del sureste de Francia, la transición se construyó mediante cadenas ecológicas, circuitos cortos de distribución y una gobernanza participativa impulsada por actores locales.

Del mismo modo, estos procesos muestran que la agroecología no avanza solo por técnicas agrícolas aisladas, sino por estructuras colectivas que sostienen el cambio. Cooperativas, asociaciones, gobiernos locales, centros de investigación y redes de intercambio entre iguales permiten que la transición gane arraigo material y continuidad. Por consiguiente, abandonar agroquímicos y combustibles fósiles no depende de una receta única, sino de procesos situados que combinan saber local, organización social, respaldo institucional y control colectivo sobre la producción alimentaria.

Promesas y desafíos de la generación de energía en explotaciones agrícolas

Dentro de las explotaciones agrícolas, la generación de energía puede recortar costos y abrir ingresos adicionales, aunque su expansión sigue frenada por obstáculos económicos, técnicos y territoriales. La agrovoltaica combina actividad agrícola con energía solar y puede aportar ventajas para cultivos, pastos y ganado, pero sus resultados cambian según el contexto y todavía dependen de apoyo público.

Por su parte, la energía eólica puede incorporarse sin golpear de forma grave la producción agrícola, aunque suele favorecer más a explotaciones de gran escala. Respecto al biogás, su potencial suele magnificarse, porque requiere subsidios elevados y, en granjas industriales, muchas veces termina operando más como maquillaje ambiental que como transformación real.

Acciones en los eslabones intermedios para la reducción de combustibles fósiles

Frente a la dependencia de combustibles fósiles en la cadena alimentaria intermedia, la salida pasa por desmontar cadenas globalizadas controladas por grandes corporaciones y sustituirlas por redes territoriales y agroecológicas. Ese giro acerca producción, distribución y consumo, reduce trayectos que consumen energía de forma brutal y fortalece mercados más transparentes, estables y resistentes.

Para que ese cambio no quede en consigna, hacen falta plantas de transformación, centros logísticos, almacenamiento en frío e instalaciones mayoristas capaces de sostener alimentos frescos y poco procesados sin depender de circuitos largos e ineficientes. En zonas con redes eléctricas frágiles, la descentralización del frío también resulta clave para impedir que la precariedad de la infraestructura eche a perder alimentos ya producidos.

Otro punto crítico aparece en las pérdidas postcosecha, sobre todo en el Sur global. El desperdicio no se concentra principalmente en el consumo, sino durante la recolección, el manejo y el almacenamiento. Mejorar herramientas, secado, clasificación y contenedores puede reducir parte del daño, aunque el problema no se agota en la técnica. Persisten carencias de formación, infraestructura, acceso a mercados, financiación y respaldo político que siguen empujando el deterioro de los alimentos.

Junto con eso, las cadenas locales y cortas pueden recortar embalaje, facilitar recuperación de envases y volver más viable un transporte de corta distancia menos contaminante. Aun así, conviene no idealizarlas. Cuando la mejora de mercados llega con reubicaciones o exigencias formales, los vendedores informales quedan expuestos a exclusión y cierre. Bajo esa lógica, normas sanitarias y de seguridad pueden funcionar más como filtro social que como garantía real de acceso justo a alimentos frescos y asequibles.

Desde esa perspectiva, la transición depende de decisiones públicas más firmes. Compras institucionales a productores locales, criterios de sostenibilidad en la contratación pública, protección de tierras agrícolas, apoyo técnico y financiero a métodos agroecológicos, además de garantías de mercado, pueden sostener un cambio menos decorativo. También cuentan políticas de transporte orientadas a una logística multimodal y de bajas emisiones que reduzca de verdad la dependencia fósil en almacenamiento y distribución.

El envasado plástico exhibe otra deformación del sistema. En las cadenas largas pesa más la marca, la apariencia y la conveniencia comercial que la conservación real de los alimentos. En los hogares, el plástico no reduce de manera decisiva el desperdicio alimentario. En restauración y comida rápida, al desperdicio de alimentos se suma una masa de residuos de envases que agrava el problema.

Ante ello, los envases reutilizables, la eliminación de empaques innecesarios, los criterios de usos esenciales y la responsabilidad de las empresas sobre todo el ciclo de vida del plástico apuntan a una salida más seria. Lo que sostiene el problema no es solo un material, sino una cultura de usar y tirar que normaliza sobreproducción, consumo excesivo y basura.

Instalaciones comunitarias y descentralizadas de almacenamiento en frío en todo el mundo

El almacenamiento en frío también puede funcionar con soluciones comunitarias, descentralizadas y menos dependientes de energía externa. En África subsahariana, varias iniciativas usan energía solar para frenar pérdidas postcosecha. En otros casos, el aislamiento térmico natural permite conservar alimentos sin electricidad constante. Son alternativas territoriales más sobrias y menos rígidas que el modelo centralizado.

El desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles mediante políticas alimentarias integradas por parte de municipios de todos los tamaños

Los municipios pueden empujar sistemas alimentarios más sostenibles cuando articulan suelo, producción, compras públicas y acceso a alimentos dentro de una misma estrategia. Esa lógica rompe con políticas fragmentadas que atienden un problema aislado mientras dejan intacto el resto. Aquí, la intervención local protege territorio agrícola, refuerza producción sostenible y conecta abastecimiento con necesidades urbanas concretas.

En São Paulo, ciudad de Brasil, la política alimentaria vincula protección de áreas rurales, apoyo técnico a agricultores y acceso a mercados urbanos. En Mouans-Sartoux, municipio de Francia, la defensa del suelo agrícola se enlaza con producción ecológica y abastecimiento escolar.

En Ciudad Quezon, ciudad de Filipinas, la acción pública une agricultura urbana, compras alimentarias y reducción de residuos.

Visto en conjunto, el patrón es claro: cuando el municipio deja de tratar alimentación, urbanización y consumo como asuntos separados, el sistema alimentario gana arraigo territorial, capacidad de respuesta y mayor solidez comunitaria.

Cambios en el plano de la demanda para recortar de forma radical el uso de combustibles fósiles

Recortar combustibles fósiles desde la demanda exige cambiar dietas, reducir desperdicio alimentario y presionar a minoristas y fabricantes para que modifiquen prácticas de suministro y consumo de energía. La transformación no depende solo de producir de otra manera. También requiere frenar patrones de consumo que sostienen carne industrial, lácteos industriales y alimentos ultraprocesados, porque esos productos arrastran cadenas largas, insumos químicos, envases y alto gasto fósil.

El cambio alimentario, además, no puede reducirse a una consigna simple de comer mejor. El apartado distingue entre modelos de producción animal, cuestiona la dependencia de la ganadería industrial respecto de piensos químicos y energía fósil, y defiende dietas basadas en alimentos locales, de temporada y mínimamente procesados. A eso se suma la reducción del desperdicio, especialmente en el Norte global, donde gran parte del problema se concentra en la venta minorista y en el consumo.

Tampoco basta con responsabilizar al consumidor de forma aislada. El texto insiste en políticas que reordenen los entornos alimentarios, limiten la expansión de productos ultraprocesados y abaraten el acceso a alimentos saludables. Al mismo tiempo, introduce un matiz que no puede borrarse: cocinar en casa suele asociarse con una alimentación menos ultraprocesada, pero sigue siendo una tarea marcada por el género, de modo que la transición no puede descansar en más trabajo doméstico para las mujeres. Sin cambios sobre el poder corporativo, la regulación y la organización del mercado, la demanda seguirá empujando el mismo sistema que concentra ganancias y multiplica daño ambiental y sanitario.

América Latina encabeza la regulación de los alimentos ultraprocesados

América Latina encabeza una ofensiva regulatoria contra los alimentos ultraprocesados que no se limita al etiquetado. La región también restringe publicidad dirigida a la infancia, bloquea su presencia en escuelas, promueve alimentos mínimamente procesados en guías nutricionales y usa impuestos para encarecer parte de esos productos. Ese conjunto de medidas importa porque traslada el problema del terreno individual al terreno público.

Ya no se trata solo de pedir que la gente elija mejor, sino de recortar el margen de maniobra con el que la industria empuja consumo cotidiano, sobre todo entre niñas y niños. Los primeros resultados indican que esa presión regulatoria sí modifica compras y debilita la expansión normalizada de los productos ultraprocesados.

El texto señala la existencia de alternativas reales y viables al sistema agroalimentario predominante, cuyo expansión requiere de acciones de múltiples sujetos y en el conjunto de producción y consumo de alimentos.