El informe fue realizado con la participación de más de 130 organizaciones y grupos de derechos humanos. Entre ellas se encuentra la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la república mexicana.

El proceso de información y documentación de abusos de empresas fue acompañado por la ONG internacional Peace Brigades International México (PBI) .

La compilación corresponde a Karen Hudlet, integrante del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH).

Disponible en: https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/Informe_M...

Introducción

El presente es un informe de la Coalición de organizaciones de la sociedad civil presentado al Grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU en el marco de su visita oficial a México, del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016 (p. 6).

En esta coalición participaron más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos e interesadas en el tema de la responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos (p. 6).

Este informe tiene por objetivo abordar la situación de las empresas y los derechos humanos a nivel nacional. Para ello se toman como referencia 68 casos documentados, donde se identifican patrones de violaciones y de abusos a los derechos humanos por parte del Estado y de las empresas de diferentes sectores. Lo anterior permite percibir el grado de implementación de los Principios Rectores sobre Empresa y Derechos Humanos por parte del Estado mexicano y de las empresas asentadas en el país (p. 6).

El informe se estructura en cuatro apartados:

a) Temas prioritarios en materia de empresas y derechos humanos en México;

b) Patrones y abusos más frecuentes relacionados con la actividad empresarial;

c) Conclusiones y recomendaciones para el Estado y las empresas;

d) La compilación de 68 casos que evidencian abusos cometidos por parte de las empresas y el Estado en materia de derechos humanos y la no reparación del daño a las víctimas (p. 6).

Temas prioritarios en materia de empresas y derechos humanos en México

Hoy en día, México atraviesa por una profunda crisis en materia de derechos humanos. Distintos Relatores de Naciones Unidas han emitido posicionamientos respecto a la sistemática violación a los derechos humanos ocurrida en el país.

En su reciente informe del presente año (2016), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que “en México existen niveles críticos de violencia, inseguridad e impunidad, que contrastan con los avances legislativos y las políticas públicas que promueve el gobierno mexicano”. Asimismo, señaló que los grupos de la delincuencia organizada y elementos del Estado, favorecen a que prevalezca esta crisis. Aunado a esta crisis en el informe se señala que México es un país extremadamente desigual.

Bajo este escenario de violencia, desestabilidad y crisis institucional operan las empresas en México, mismas que se han beneficiado de la impunidad y el contexto antes señalado, dificultando así el cumplimento de los Principios Rectores por parte del Estado y de las empresas.

Captura del Estado: complicidad, corrupción e impunidad

En México, por ejemplo, los procesos de protección y cumplimiento de los derechos humanos se ven debilitados debido a la influencia corporativa que está presente en todos los niveles del gobierno en favor de los intereses empresariales. Esto trae implicaciones graves para los derechos humanos; la fuerza pública se utiliza para reprimir a las comunidades que se oponen a la implementación de proyectos empresariales.

Estos proyectos empresariales son implementados sin consultar a las comunidades. Se ha documentado el respaldo que autoridades locales dan a proyectos extractivos (mineros, energéticos, agroindustriales, entre otros), mismos que generan impactos negativos para las comunidades y el medio ambiente (p. 8).

En contraste, se evidencian las irregularidades en el cumplimiento de la ley e impartición de justicia por parte del Estado mexicano. Los responsables de los abusos e impactos negativos de las empresas permanecen en la impunidad; se agilizan y resuelven casos en favor de las empresas y en contra de opositores; se dilatan los procesos de denuncia en contra de los proyectos empresariales (p. 8).

Reformas estructurales que debilitan la protección de los DDHH

Este fenómeno se agudiza más con la aprobación de las recientes reformas estructurales diseñadas por el gobierno mexicano para favorecer los intereses empresariales, pues debilitan y contradicen las obligaciones del Estado en la protección de los derechos humanos (p. 8).

En diciembre de 2013 se aprobó una reforma energética “con la finalidad de eliminar la exclusividad del Estado mexicano en la exploración y explotación del petróleo y demás hidrocarburos e incorporar al sector privado nacional y trasnacional a estas actividades, así como a otras del sector eléctrico” (p. 8).

Este proceso de aprobación de la reforma se caracterizó por tener diversas irregularidades y se realizó violando algunos derechos de la población mexicana (p. 8). Algunas de éstas son: información insuficiente y deficiente e inaccesibilidad para la población; no se permitió la participación de la ciudadanía ni hubo algún proceso de consulta para tomar esta decisión; se violó el derecho de acceso a la información, consustancial a otros derechos humanos (p. 8).

La reforma energética tiene diversas consecuencias negativas y contradice “el derecho a la consulta y a la pluriculturalidad al ignorar los impactos sociales y ambientales negativos de la explotación de recursos naturales para las comunidades indígenas. […] los recursos naturales, así como la ruta de diversos proyectos de infraestructura necesarios para la implementación de la Reforma Energética, coinciden con tierras y territorios indígenas” (p. 9).

Una situación bastante similar ocurre con la Ley Minera que, desde su entrada en vigor, facilita el acceso para que empresas inviertan en territorio mexicano y otorga facilidades a la “nueva minería” o “minería a cielo abierto”. Este tipo de minería se caracteriza por el uso de nuevas tecnologías para la extracción de minerales a través de excesivas cantidades de agua y químicos de frotación, lixiviación por cianuro o mercurio. Todo ello se realiza sin considerar sus implicaciones negativas, que provocan catástrofes ambientales: la destrucción de la naturaleza y la contaminación de los mantos acuíferos, representando así el mayor de los problemas para los pueblos y comunidades indígenas. Esta ley tampoco cumple con los estándares internacionales del derecho a la consulta y ha sido utilizada en diversas ocasiones para despojar a las comunidades de sus territorios (p. 9).

Sumado a las implicaciones que se producen sobre el medio ambiente, se encuentran las violaciones a los derechos laborales, derechos colectivos de los pueblos indígenas y en general a los derechos humanos, mismos que se intensifican con la aprobación reforma laboral de 2013 (p. 9). Con todo lo anterior, se puede observar cómo las nuevas leyes contradicen el derecho a la consulta y a la autodeterminación de los pueblos (p. 10).

Falta de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, de debida diligencia y la proliferación de megaproyectos

Como resultado de las reformas a las legislaciones energéticas y mineras se han fomentado e impulsado un mayor incremento de proyectos mineros y energéticos en el país, con impactos negativos en materia de derechos humanos (p. 10).

“Un tema fundamental en México es la falta del deber del Estado de proteger y garantizar el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada y la falta por parte de las empresas de respetar este derecho con relación a megaproyectos” (p. 10).

Se debe tomar en cuenta que aún en los casos de consulta que se llegan a presentar se han identificado diversos patrones de abusos, irregularidades y violaciones al derecho a la consulta. En estos procesos se han documentado una serie de intimidaciones y amenazas contra opositores a los proyectos empresariales. Cabe señalar que en México los estándares y regulaciones en materia ambiental son muy endebles y están por debajo de los estándares internacionales (p. 10).

La falta de acceso a la justicia e incumplimiento de normas y sentencias

Una gran diversidad de factores son los que explican la dificultad para la impartición de justicia de las víctimas de abusos empresariales en México. Algunos obstáculos son inherentes a las deficiencias del sistema judicial en México, pero se complica aún más cuando algún(os) miembro(s) de una comunidad presentan alguna denuncia contra una empresa y/o contra el Estado; los intereses de la empresa generalmente son los favorecidos (p. 10).

De esta forma se observa el gran desequilibrio de fuerzas entre los actores. Las empresas se valen de una serie de estrategias contra quienes denuncian irregularidades y con la influencia que tienen en las instituciones del estado tienden a desgastar a las comunidades y logran tener un escenario casi completamente a su favor por diversas razones: “cuentan con un amplio acceso a recursos, representación jurídica, […] espacios para poder incidir en las posturas de las y los jueces. Lo anterior, contrasta con los recursos económicos y políticos limitados de las víctimas y sus representantes. Otro obstáculo es la dilación en el acceso a la justicia que juega en contra de las comunidades o las personas quienes ya enfrentan los impactos negativos de las actividades de las empresas y quienes cuentan con recursos limitados para continuar el litigio durante un plazo extendido de tiempo” (pp. 10-11).

Reducción de espacios de participación y abusos contra defensores y defensoras de Derechos Humanos

A nivel internacional, México es uno de los países más peligrosos garantizar la protección de los derechos humanos, así lo han documentado diversos informes de organizaciones nacionales e internacionales. “Muchos de estos abusos son contra defensores ambientales que defienden a sus comunidades contra diferentes proyectos empresariales, otros son contra aquellas personas que exigen sus derechos laborales (p. 11).

Se ha identificado cómo el estado ha incumplido con su deber de dar protección a las y los defensores de derechos humanos y de prevenir abusos contra los mismos. El trabajo de las y los defensores se ve minado debido a las campañas mediáticas de desprestigio que se realizan en su contra por parte de las empresas, además de las denuncias penales que las empresas presentan en su contra. Por si fuera poco, las empresas también se valen de estrategias para fragmentar y dividir comunidades sembrando un ambiente de hostilidad contra sus opositores (p. 12).

Patrones de violaciones y abusos a los derechos humanos

“Este informe documenta casos en donde se reportan abusos a derechos humanos relacionados con las actividades empresariales de diferentes sectores: minería y cementeras (11 casos); hidrocarburos (9 casos); producción de energía mediante hidroeléctricas y parques eólicos y abusos relacionados con los consumidores (8 casos); construcción de infraestructura (9 casos); agroindustria y forestal (6 casos); maquilas y corredores industriales (4 casos), y otros sectores (8 casos) incluyendo abusos de empresas de seguridad privada, la exportación ilegal de arma a zonas de conflicto, turismo, entre otros” (pp. 12-13).

A partir del análisis de los 61 casos, se logró identificar algunos patrones sobre el tipo de abusos cometidos y que atentan contra los derechos humanos que involucran actividades empresariales de los sectores anteriormente descritos. “Es importante mencionar que los casos nos permiten tener una imagen de la situación en México al momento de la visita del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos” (p. 13) .

De acuerdo al informe del Grupo de Trabajo los abusos a los derechos humanos más comunes son los siguientes:

Abusos al derecho a la tierra y el territorio (32 casos)

Falta de acceso a la información (28 casos)

Abusos al derecho al medio ambiente sano (22 casos)

Impactos negativos a la salud (17 casos)

Falta de cumplimiento de los derechos indígenas (17 casos)

“[…] en 32 casos se documentaron diferentes formas de intimidación y amenazas en contra de las y los opositores de un proyecto empresarial. Lo anterior, equivale al 52% de los casos. En varios casos, dichas amenazas estuvieron acompañadas de agresiones, incluyendo detenciones arbitrarias y asesinatos”.

Los casos documentados permiten observar que tanto empresas extranjeras con actividades en México, como empresas nacionales y empresas productivas del estado (Comisión Federal de Electricidad y PEMEX, entre otras) fueron mencionadas como actores posiblemente involucrados en los abusos. En muchos casos, un proyecto incluía diferentes empresas. En el 50.5% de los 61 casos se identificaron como actores involucrados en los impactos negativos a empresas nacionales, en 41.4% a empresas extranjeras con actividades en México. En 8.8% de los casos las empresas identificadas fueron empresas productivas del estado. La empresa que fue mencionada con mayor frecuencia fue la Comisión Federal de Electricidad (en 5 casos).

Conclusiones y Recomendaciones

"Como se describe anteriormente, las organizaciones y movimientos de la sociedad civil identifican como temas prioritarios: la captura del Estado; las reformas estructurales que debilitan la protección de los derechos humanos y favorecen a las empresas; la falta de consulta y consentimiento previo, libre, informado, culturalmente adecuado y de buena fe y la proliferación de megaproyectos con diversos impactos negativos para los derechos humanos; la falta de acceso a la justicia, y los abusos en contra de defensores y defensoras de derechos humanos" (p. 18).

"Dichas prioridades coinciden con la situación en el país y con los patrones identificados sobre el tipo de abusos y los impactos negativos más frecuentes de las actividades empresariales. Esta información nos refleja que los derechos más vulnerados son: el derecho a la tierra y el territorio, el derecho al acceso a la información, el derecho al medio ambiente sano, entre otros. Adicionalmente, la preocupación por la reducción del espacio público y por la continua intimidación y agresión a defensores y defensoras se refleja en que en más del 50% de los casos documentados hubo alguna forma de intimidación y amenaza contra los opositores de un proyecto" (pp. 18-19).

Con base en el escenario previamente descrito, se presentan diez recomendaciones:

1. Que el Grupo de Trabajo reconozca la crisis de derechos humanos en el país y el papel de las empresas así como la importancia de la visita de éste y otros grupos de la ONU y de organismos internacionales de derechos humanos (p. 18).

2. Hacer un llamado a las empresas y sus cadenas de valor para respetar los derechos humanos e implementar políticas en esta materia (p. 18).

3. Garantizar protección de los derechos humanos. El Estado debe velar por la protección de los derechos humanos de manera integral y universal, incluyendo los relacionados con tierra, territorio y ambiente (p. 18).

4. Fortalecer los procedimientos de inspección de todas las autoridades a nivel nacional y estatal en proyectos de gran escala y de la industria extractiva; prevenir abusos a los derechos humanos. Garantizar sanciones en casos de incumplimiento (p. 19).

5. Implementación de mecanismos de reclamación judiciales y no judiciales, en coordinación con una posible Agencia Independiente, que documente información sobre el seguimiento de los procesos de denuncia pasados (p. 19).

6. El Estado y las empresas deben cumplir con sus obligaciones de respetar los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes afectados frente a proyectos extractivos y de infraestructura, y su derecho a la consulta (p. 19).

7. El Estado y las empresas deberán reconocer la importancia del trabajo de los defensores de derechos humanos y evitar cualquier acción para criminalizar o amenazar su trabajo, de lo contrario deberán suspender y considerar la cancelación del proyecto (p. 19).

8. Incrementar recursos para el Programa Nacional de Protección de los Derechos Humanos, y garantizar el cumplimiento de los Mecanismos para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos y de Periodistas (p. 19).

9. Adoptar medidas específicas de protección para aquellos defensores de derechos humanos que están en riesgo por participar en procesos de investigación para la impartición de justicia (p. 19).

10. El Estado deberá investigar y castigar a actores empresariales acusados de violar de alguna manera los derechos de quienes defienden los derechos humanos (p. 19).