GRAIN es una organización internacional sin fines de lucro que trabaja apoyando a campesinos y agricultores en pequeña escala y a movimientos sociales en sus luchas por lograr sistemas alimentarios basados en la biodiversidad y controlados comunitariamente. El apoyo de la organización consiste en producir investigaciones y análisis independientes, impulsar la vinculación y el tejido de redes a nivel local, regional e internacional, y cultivar nuevas formas de cooperación y construcción de alianzas. Casi todo su trabajo se orienta hacia África, Asia y América Latina y se concreta en esas regiones.

Introducción

El libro está compuesto por artículos escritos por separado a lo largo de los tres años que preceden a su publicación. Están organizados en cuatro temas: alimentos y cambio climático; los “hambrientos de la tierra” (dedicado a dar cuenta de la contribución de los pueblos indígenas y los campesinos a la alimentación de la población mundial); la lucha por las semillas; y el control del sistema alimentario. Los “artículos relacionados con el cambio climático […] proporcionarán a las personas que lo lean una información sólida acerca de cómo provoca cambio climático el sistema agroalimentario industrial, de cómo se evaden las corporaciones agrícolas y alimentarios y de qué se puede hacer para darle la vuelta a esta situación. Otros capítulos proporcionarán un retrato cercano de la expansión de este sistema agroalimentario que devasta las condiciones climáticas al consolidar su control corporativo sobre la tierra, las semillas y los mercados. Por supuesto que encontrarán también relatos de la resistencia que crece para frenar estas nocivas tendencias” (p. xi).

Capítulo 1

El capítulo 1, “Alimentos y cambio climático: el eslabón olvidado”, está conformado cinco por artículos que tienen por objetivo dar cuenta de la relación entre la producción agroindustrial de alimentos y el cambio climático, así como de las alternativas en marcha para hacer frente al cambio climático por parte de los campesinos.

El primer artículo de este capítulo se titula “Cómo contribuye el sistema alimentario agroindustrial a la crisis climática”. En este artículo, contra el consenso existente en las negociaciones internacionales sobre cambio climático de que la agricultura contribuye entre 10 y 15% de la emisión antropogénica de gases con efecto invernadero (GEI), GRAIN nos invita a mirar el panorama completo y a captar de forma total el sistema alimentario industrial: desde la deforestación asociada a la ampliación de la frontera agrícola hasta el desperdicio alimentario, pasando por el uso de fertilizantes, el transporte global de alimentos, la refrigeración y el procesamiento y empacado. Visto el panorama completo, tenemos que “el sistema agroalimentario global actual, impulsado por una poderosa industria alimentaria trasnacional, es responsable de cerca de la mitad [entre 44% y 57%] de todas las emisiones de GEI producidas por humanos” (p. 8). Sin embargo, aun cuando se tomara por cierta la cifra parcial de que la agricultura contribuye sólo con 10-15% a las emisiones de GEI, dicha cifra puede ocultar más de lo que dice y puede conducir a recargar las responsabilidades sobre la devastación ambiental homogéneamente sobre la agroindustria y los campesinos, cuando en realidad la mayor parte de las emisiones directamente vinculadas a los procesos agrícolas “son generadas por las prácticas de cultivo industrial que se basan en fertilizantes químicos (con nitrógeno), maquinaria pesada que funciona con gasolina, y en operaciones industriales de crianza animal altamente concentradas que bombean a la atmósfera desechos de metano” (p. 6).

Fuente original: GRAIN (2014) La soberanía alimentaria

En el segundo artículo se plantean cinco acciones para hacer frente al sobrecalentamiento planetario y a la pobreza alimentaria en que se haya hundida buena parte de la humanidad:

1) recuperar las prácticas agroecológicas empleadas por las comunidades campesinas (policultivo, diversificación, etc.) para reintegrar en pocas décadas la materia orgánica que se ha destruido por las prácticas agrícolas vinculadas a la agroindustria y a la llamada revolución verde, cuya pérdida da cuenta “de entre 25 y 40% del exceso actual de CO2 en la atmósfera” (p. 12);

2) recuperar las prácticas agroecológicas de policultivo y diversificación propias de la producción campesina para aumentar la fertilidad de los suelos, evitar la erosión, prescindir del uso de los nocivos agroquímicos y aumentar la producción de alimentos;

3) reorientar la producción y el consumo de alimentos hacia los mercados locales y los alimentos frescos para reducir las emisiones de GEI vinculadas al desmonte, al transporte global de alimentos, a su refrigeración y procesamiento, entre otros;

4) restituir la tierra a los campesinos -que producen la mayor parte de los alimentos del mundo- y frenar la siembra de soya, palma aceitera, canola y caña de azúcar, cuyas inmensas plantaciones generan ingentes cantidades de GEI;

5) “hacer un viraje del sistema agroalimentario industrial gobernado por las corporaciones a los sistemas alimentarios locales que están en manos de las comunidades campesinas”, en lugar de atender a las falsas soluciones -como los mercados de carbono, la geoingeniería, los cultivos transgénicos, etc.- propuestas por los gobiernos y las corporaciones, quienes tienen “nula voluntad política de desafiar el modelo dominante de producción y distribución industrial de los alimentos” (p. 13).

Si se toman este tipo de medidas, sostiene GRAIN, las emisiones globales de GEI pueden reducirse a la mitad en unas cuantas décadas. “No necesitamos ni mercados de carbono ni remiendos técnicos. Necesitamos políticas adecuadas y programas que desechen el actual sistema alimentario industrial y creen un sistema alimentario que en verdad sea sustentable, equitativo y productivo” (p. 14).

Se apunta también que la sustitución de la materia orgánica por fertilizantes químicos ha provocado que los suelos cultivados pierdan entre 30 y 75% de su materia orgánica durante el siglo XX. Esto no sólo ha provocado una grave disminución de la fertilidad y productividad del suelo -consecuencia de la erosión- sino que también ha contribuido enormemente al sobrecalentamiento planetario: “se calcula que debido a la destrucción global de materia orgánica se han liberado a la atmósfera por lo menos entre 200 mil y 300 mil millones de toneladas de CO2. En otras palabras, entre 25 y 40% del exceso actual de CO2 en la atmósfera proviene de la destrucción de los suelos y su materia orgánica” (p. 15). El uso continuo de prácticas propias de la agricultura campesina como la diversificación de cultivos produciría una mayor incorporación de materia orgánica al suelo y “permitiría la reversión de entre 24 y 30% de la actual emisión de GEI”, a la par que se incrementaría -en un círculo virtuoso- la fertilidad del suelo, su capacidad de captación de agua y la producción de alimentos.

El tercer artículo de este capítulo, de gran relevancia para el proyecto, se titula “Los Exxons de la agricultura”. En este artículo se denuncia que, a pesar de que el uso de fertilizantes químicos es la mayor fuente de emisiones de GEI procedentes de la agricultura, “las trasnacionales de los fertilizantes han tenido grandes facilidades para infiltrarse en la política del cambio climático” (p. 18).

Dos de las compañías de fertilizantes más importantes del mundo, Yara (de Noruega, con una amplia influencia en el Foro Económico Mundial y con una larga trayectoria de promoción del fracking en Europa) y Mosaic (Estados Unidos), forman parte del comité directivo de la Alianza Global para la Agricultura Climáticamente Inteligente, que es la única iniciativa intergubernamental para abordar la relación entre agricultura y cambio climático en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

De acuerdo con GRAIN “hoy, 60% de los miembros del sector privado de la Alianza provienen de la industria de fertilizantes” (p. 18). Es evidente que si las grandes corporaciones transnacionales de los fertilizantes participan del diseño de políticas sobre cambio climático harán todo lo posible por bloquear las acciones significativas para hacer frente al sobrecalentamiento planetario que pudieran implicar una reducción de sus ganancias y por posicionarse a sí mismas como parte necesaria de la solución al problema.

Es probable que el éxito de la industria de los fertilizantes para colarse en las decisiones de política sobre cambio climático no se deba sólo al cabildeo sino también a que su importancia para el cambio climático es poco entendida y en general subestimada. La producción de fertilizantes, que requiere elevadas cantidades de energía para su fabricación, representa entre el 1 y 2% del consumo global de energía y genera la misma proporción de emisiones de GEI. Sin embargo, la mayor parte de la contaminación generada por los fertilizantes no está vinculada a su producción sino más bien a su uso: el IPCC de la ONU “calcula que de cada 100 kilos de fertilizante nitrogenado que se aplica al suelo 1 kilo termina en la atmósfera como óxido nitroso, un gas 300 veces más potente que el CO2 como gas con efecto invernadero, la sustancia más importante en la destrucción de la capa de ozono. […] Nuestras investigaciones muestran, no obstante, que estas alarmantes cifras son 3 a 5 veces más bajas que las cifras reales. Es probable que el uso de fertilizantes químicos en 2015 genere más emisiones de gases con efecto de invernadero que el total de las emisiones procedentes de todos los automóviles y camiones que circulan en Estados Unidos” (p. 19).

En forma similar a lo argumentado en el artículo anterior, la eliminación de los fertilizantes químicos y su sustitución por prácticas agroecológicas tendrían efectos inmediatos y significativos en la reducción de los GEI. Estas acciones efectivas para afrontar el sobrecalentamiento planetario y el hambre en el mundo, sostiene GRAIN, sólo podrán llevarse a cabo cuando la industria de los fertilizantes deje de controlar las negociaciones y el diseño de política sobre cambio climático.

En este artículo se apunta también que la industria de fertilizantes está dominada por un puñado de corporaciones que controlan el mercado global de fertilizantes nitrogenados, de potasio y de fosfatos. Las corporaciones de la industria de los fertilizantes se han aliado con otras grandes empresas relacionadas con el sector agrícola (como Nestlé, Pepsico, Kellog's, Syngenta y Monsanto) para cabildear en favor de sus intereses en lo relacionado a las políticas sobre cambio climático. “Todas estas mismas corporaciones, agencias, grupos de fachada y alianzas han confluido en un esfuerzo común para promover la 'agricultura climáticamente inteligente' como la respuesta oficial al cambio climático. Es un concepto abstracto que se basa en nociones igualmente abstractas, promovidas anteriormente por la industria de fertilizantes para presentar a los fertilizantes químicos como parte de la solución al cambio climático, tales como 'desarrollo agrícola climáticamente compatible' e 'intensificación sustentable'” (p. 23).

Fuente original: GRAIN (2015) Las Exxons de la agricultura

El cuarto artículo del primer capítulo se intitula “Cómo debilitan los proyectos REDD+ a la agricultura campesina y las soluciones reales para enfrentar el cambio climático” y busca mostrar cómo las iniciativas para reducir las emisiones de GEI urdidas por las poderosas corporaciones y los gobiernos que buscan proteger la agricultura industrial, lejos de contribuir a hacer frente de forma efectiva al cambio climático, tienen como uno de sus resultados el debilitamiento y destrucción de la agricultura campesina -que es una de las soluciones reales para revertir el sobrecalentamiento planetario- “al afirmar que las prácticas tradicionales de agricultura -especialmente los cultivos itinerantes- son la principal causa del cambio climático y la deforestación, y al despojar a los campesinos del acceso a la tierra y a los bosques o restringir lo que los campesinos pueden hacer con sus tierras” (p. 36).

Para abordar el contenido del artículo es necesario partir de dar algunas definiciones. REDD es el acrónimo del programa de “Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques” y es el término bajo el cual se discuten en las reuniones de la ONU la deforestación y la pérdida de bosques. REDD fue diseñado para países -como Brasil e Indonesia- con alta deforestación y tiene el objetivo de financiar a los países para fomentar la reducción de sus tasas de deforestación. REDD+, por otra parte, es un programa posterior diseñado para países con grandes extensiones de bosque pero baja tasa de deforestación con la finalidad de que esos países tuvieran acceso al financiamiento de tal forma que no aumentaran la deforestación futura proyectada; el signo + da cuenta de la intención de aumentar los niveles de carbón acumulado en los bosques y de lograr el manejo sustentable de los mismos. En ambos casos, si reducen sus tasas de deforestación o si reducen la deforestación proyectada, los países reciben bonos de carbono que pueden ser vendidos a los países contaminadores.

En las iniciativas de REDD y REDD+ en marcha se ha limitado el acceso y uso del bosque por parte de los campesinos para el cultivo itinerante, la recolección y otros usos de subsistencia; asimismo, se ha restringido severamente la caza, la pesca, el pastoreo y el corte de algunos árboles para la construcción de casas o canoas. Una consecuencia inmediata de ello es que estos proyectos dañan la producción local de alimentos, generan inseguridad alimentaria en las comunidades y debilitan el control de las comunidades sobre sus tierras, de las que dependen su sustento y su modo de vida. Además, en la mayoría de los proyectos de REDD+ se ha señalado -falsamente, pues no hay evidencias sólidas y los argumentos son sesgados- a la agricultura campesina como la principal responsable de la deforestación. “Al mismo tiempo, los causantes de la deforestación a gran escala, como la tala industrial, la expansión de la palma aceitera, de la soja, las plantaciones de árboles, los mega-proyectos de infraestructura, la minería, las grandes represas hidroeléctricas y, sobre todo, la agricultura industrial que se expande hacia los bosques, continúan sin restricciones” (p. 36).

Los proyectos de REDD+ no sólo no han dado solución al cambio climático sino que, lejos de ello, “REDD+ refuerza el sistema corporativo de producción de alimentos y de agricultura industrial que es en gran medida responsable de la crisis climática, que ha despojado a muchas comunidades y pueblos del bosque de sus territorios y que debilita los sistemas campesinos e indígenas de agricultura y producción de alimentos que son los que pueden enfriar el planeta” (p. 37).

En cuanto a los mercados de carbono, la realidad ha sido menos bondadosa que lo que las halagüeñas promesas sostenían: el precio de los bonos de carbono ha venido en picada desde 2008 y “el desempeño financiero de los mercados de carbono es tan malo que el Banco Mundial dejó de emitir su 'Informe del estado del mercado de carbono' en 2012, porque ya no hubo forma de mostrar al menos alguna evolución positiva en tales mercados” (p. 44). Lo más problemático es que ni siquiera cuando los proyectos de REDD+ generan algún ingreso las comunidades campesinas resultan beneficiadas: en general las ganancias de estos proyectos, que supuestamente deberían estar destinadas a las comunidades, son apropiadas por las consultoras, los intermediarios de los bonos de carbono, los dueños de los proyectos y los grupos de conservación internacional.

El quinto y último artículo del primer capítulo del libro, cuyo título es "Los tratados comerciales agravan la crisis climática: el factor alimentario", trata sobre el impacto climático que tienen los tratados comerciales internacionales, en específico las partes de los tratados relativas al sector agroalimentario. En él se enfatiza que justo cuando los gobiernos del mundo están discutiendo las medidas para hacer frente al cambio climático, muchos de estos gobiernos están negociando a la par nuevos tratados comerciales, cuya puesta en marcha volvería inviable lograr los objetivos de reducción de las emisiones de GEI. Las consecuencias negativas de los tratados comerciales sobre el clima no se reducen al hecho de que se incrementará el consumo de combustibles fósiles para transportar las mercancías entre países. Por el contrario, uno de los aspectos de mayor importancia en este sentido es la incorporación a estos acuerdos de la producción de alimentos y la agricultura.

Según GRAIN, la inclusión de las actividades agroalimentarias -que vistas de forma amplia contribuyen a generar aproximadamente la mitad de las emisiones de GEI- en los tratados comerciales, y traerá consigo un incremento en el comercio de alimentos, puede también tener graves efectos sobre la crisis climática de siete formas:

1) Aumentará la producción, comercio y consumo de alimentos en general pero en particular de alimentos en cuya producción se emiten grandes cantidades de GEI, como la carne y los lácteos.

Fuente original: GRAIN (2015) Los TLC impulsan el cambio climático: el factor alimentario

2) La producción industrial de alimentos en los países desarrollados -que está altamente subsidiada y genera mayores emisiones de GEI que la producción doméstica y en pequeña escala- hará concurrencia a la pequeña producción agrícola y ganadera de los países periféricos, que será incapaz de resistir la competencia vía precios, lo que conducirá a una expansión de la agricultura industrial altamente contaminante.

3) Se expandirán las grandes cadenas de supermercados, lo que traerá consigo un aumento de la producción, comercio y consumo de alimentos procesados, en cuya producción, procesamiento, empaquetado y transporte global se generan enormes cantidades de emisiones de GEI.

4) Puesto que los tratados comerciales facilitan el traslado de la producción de alimentos hacia países con bajos salarios y pocas restricciones ambientales, es probable que buena parte de los alimentos que se consumen en los países desarrollados se produzcan en los países periféricos; esto tiene como resultado un “fraude climático”: “los países donde estos productos son consumidos aparentan tener una reducción de las emisiones cuando en realidad estas emisiones simplemente han sido transferidas hacia los países donde ahora se producen los bienes” (p. 63).

5) Aumentará la producción de agrocombustibles y por tanto se incrementarán la tala y el desmonte asociados a su producción.

6) Habrá un menor apoyo a la producción local de alimentos y probablemente un menor consumo local de los mismos, ya que las políticas que fomentan el consumo local son consideradas discriminatorias y distorsionadoras del 'libre comercio'.

7) Medidas implementadas por los gobiernos para garantizar la seguridad alimentaria (como compras públicas de alimentos en tiempos de crisis, la compra a los agricultores para generar reservas o la creación de sistemas de distribución con miras al bienestar público) podrán ser tachadas de ilegales por las corporaciones, las cuales pondrán en marcha recursos legales para echarlas abajo.