La tercera orden ejecutiva firmada por Donald Trump tras asumir la presidencia de Estados Unidos es sobre el sistema financiero y su regulación. Entre los principios básicos se incluyen: evitar rescates pagados por los contribuyentes, mejorar la posición estadounidense en las negociaciones internacionales y corregir la regulación federal.

El principal objetivo de la orden ejecutiva es la ley Dodd-Frank, la normativa de 848 páginas que regula al sistema financiero estadounidense. Algunos críticos señalan que la ley es tan engorrosa que 111 de 390 requerimientos aún no han sido cumplidos. No obstante, la ley ha hecho más seguro el sistema bancario: mejoró la proporción entre capital y activos riesgosos de menos 8% antes de la crisis a 12-14% en 2010. Además, obligó a los bancos a prepararse para la bancarrota y les prohibió negociar con valores en su propio beneficio, una restricción conocida como la regla Volcker.

Gary Cohn, el jefe del consejo económico de Trump, dice que la ley es deficiente y que mantiene los préstamos en manos de los reguladores evitando que el dinero llegue a los bancos. En coincidencia, la American Banker Association señala que los pequeños bancos están restringiendo el crédito a clientes nuevos o marginales, para evitar multas de los reguladores. Lo que a su vez, concentra los préstamos en pocos sectores: hipotecas, familias y agricultura.

A pesar de los dichos del presidente y de su gabinete, la derogación de la ley no es sencilla. Aunque ambas cámaras del congreso están en manos de republicanos, faltan votos para aprobar el cambio.

Aunque es posible alcanzar un acuerdo bipartidista si se aprueba elevar el umbral para que un banco se considere “institución financiera sistemáticamente importante” (SIFI, por sus siglas en inglés), de 50 mil millones de dólares (mmd) a 250 mmd. Las SIFI están sujetas a revisiones anuales de capital.

También podrían ser impulsadas medidas que afecten el gasto público. Por ejemplo, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor quedaría bajo el financiamiento del Congreso, y no de la Fed como ahora. Asimimsmo, podría eliminarse el procedimiento de liquidación con fondos de los contribuyentes.

Otros congresistas apuestan por una negociación con los bancos: menos regulación, incluida la eliminación de la regla Volcker, a cambio de una mayor tasa de apalancamiento (10%). En junio de 2016, el promedio de la tasa de apalancamiento de los 8 mayores bancos del país fue 5.75%.

Para The Economist, las señales indican que las modificaciones serán de alcance limitado. Una regulación simplificada mejoraría la posición de los pequeños bancos, pero implicaría menos capital para los grandes, lo que seguramente no tendrá apoyo.