Breviario

A partir de que en 2012 la empresa Monsanto recibió el permiso para la siembra de soya transgénica en diversas regiones de la República Mexicana, entre los cuales se encuentran los tres estados pertenecientes a la Península de Yucatán, diversas organizaciones mayas, campesinas, apícolas y ambientalistas se han organizado para detener y denunciar la contaminación producida por los efectos de la siembra, producción y consumo de la soya transgénica.

Características generales del conflicto

Eventos relevantes

2012, abril. Se presenta una propuesta pública firmada por 32 comunidades indígenas de Bacalar, Quintana Roo, durante la Feria de las Semillas Nativas del Poniente de Bacalar, para que este municipio sea declarado “Zona Libre de Transgénicos”.

2012, mayo 24. Representantes del pueblo maya de los tres estados de la Península, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, interponen demandas de amparo en contra del permiso que otorgó la SAGARPA a la empresa de origen estadounidense Monsanto, para sembrar soya transgénica en una fase comercial.

2013, noviembre 9 y 10. En el marco del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), diversas comunidades mayas reciben el dictamen de la Preaudiencia sobre Políticas de exterminio contra su pueblo, a través del despojo de sus territorios y la ejecución de proyectos como el de la soya transgénica.

2014, abril. Se confirma la existencia de polen de soya transgénica en la miel de Yucatán.

2014, marzo. El Juzgado Segundo de Distrito del estado de Campeche otorgó una resolución favorable del amparo 753/2012 a las comunidades mayas de Pac-chen y Cancabchén, municipio de Holpechén, en contra del permiso otorgado por Sagarpa y la Semarnat para la siembra de soya transgénica.

2015, noviembre 4. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decide a favor de las comunidades mayas, suspendiendo provisionalmente los permisos de siembra de soya transgénica, en tanto se realiza una consulta.

2016, octubre. El juicio de amparo de las comunidades afectadas por soya transgénica de Quintana Roo es atraído por la SCJN, una vez que el juzgado sexto de distrito de Chetumal y el tercer tribunal colegiado en Cancún omitieron pronunciarse contundentemente al respecto.

2016, octubre. Apicultores mayas denuncian ante el tribunal de La Haya a Monsanto por las violaciones a los derechos humanos que violenta con sus productos y prácticas.

2016, octubre. Respondiendo favorablemente a la solicitud de diversas comunidades indígenas, campesinas y apicultoras de Yucatán, el gobernador del estado emitió un decreto que declara este territorio libre de transgénicos.

2016, diciembre 13. el presidente Enrique Peña Nieto solicita a la SCJN que invalide el decreto del gobernador de Yucatán.

Descripción del conflicto

Tan sólo entre 2006 y 2015, las autoridades mexicanas otorgaron a PHI México, Bayer y Monsanto, 48 permisos para la siembra piloto, experimental y a escala comercial de soya transgénica modificada en el país. El proyecto más importante de estos fue la concesión a Monsanto en 2012, de 253 500 hectáreas en Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz para la siembra de dicho cultivo. Tan sólo 47,000 de esas hectáreas se concentraron en los tres estados de la Península de Yucatán.

Sin haber existido una consulta previa a la cual tienen derecho las comunidades indígenas, e incluso sin que el gobierno realizara un aviso, las comunidades se enterraron de que estaba siendo sembrada soya transgénica en su región una vez que fueron regresadas de la Unión Europea cerca de 40 mil toneladas de miel que había sido exportadas por los apicultores de la Península de Yucatán, debido a que se había detectado su contaminación con polen de soya transgénica, como resultado de las pruebas piloto que había realizado la empresa Monsanto con anterioridad a la liberación de los permisos comerciales. Fue esta la manera en que se activó la primera alerta para los pueblos de esta región.

En un inicio fueron comunidades mayas de apicultores y organizaciones defensoras del medio ambiente y derechos humanos de Campeche y Yucatán, quienes promovieron un amparo contra los permisos que otorgó la Sagarpa a Monsanto. El alegato de las comunidades iba en el sentido de que se estaba violando el derecho a un medio ambiente sano; se había hecho caso omiso al principio precautorio; y se había vulnerado su derecho a una consulta libre, previa e informada, de acuerdo a lo que establece el Artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas.

Desde 2012 inició la batalla jurídica de estos pueblos para defenderse, y a pesar de que en distintas ocasiones se habían dado sentencias a su favor por parte de juzgados estatales, en todas las ocasiones la empresa Monsanto, en conjunto con la Sagarpa y la Procuraduría General de la República, impugnaron cada una de ellas, lo que hizo que el caso se fuera a la SCJN a fin de que determinara una resolución con apego a los derechos constitucionales.

En total, desde 2012 hasta 2015, las comunidades de Yucatán, Campeche y Chiapas interpusieron ocho juicios de amparo, hasta que por fin en noviembre de éste último año, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo aceptó por unanimidad, destacando que había violaciones, por lo que ordenó la suspensión provisional de la siembra de soya transgénica, en tanto se llevaba a cabo un proceso de consulta a las comunidades afectadas, que hasta ahora tiene lugar en diversas localidades mayas de Yucatán y Campeche. También se reconoció que a pesar que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y el entonces Instituto Nacional de Ecología (INE), habían prevenido sobre los riesgos ambientales de la soya transgénica, la Sagarpa omitió las sugerencias y otorgó a la empresa Monsanto los permisos.

Estos hechos motivaron a diversas comunidades de Quintana Roo a defenderse también de las afectaciones provocadas por la empresa Monsanto, especialmente cuando se dieron cuenta de los impactos que estaban teniendo por la contaminación, así como por la disminución creciente de la producción debido a la muerte de las abejas, debido al uso de diversos agrotóxicos como el glifosato. Así es como también la comunidad de Bacalar y del municipio de Othón P. Blanco iniciaron su defensa jurídica, perdiendo el primer amparo, pero fortaleciendo su lucha que se agrupó en el llamado Consejo Regional Maya del Poniente de Bacalar y el Colectivo de Semillas Much’Kanan I’naj.

La demanda de estas comunidades para ampararse contra la liberación para siembra comercial de soya transgénica tolerante al glifosato, fue rechazada en 2014 por el Juzgado de Distrito que llevó el caso en Quintana Roo, negando la cancelación del permiso y ofreciendo a cambio una celebración de una consulta a destiempo, motivo que los llevó a solicitar a la SCJN que tomara el caso, entregándole los argumentos y pruebas para demostrar las afectaciones y solicitar el respeto a sus derechos.

El día 5 de abril de 2017 los ministros de la Segunda Sala de la SCJN emitieron su pronunciamiento sobre el caso, omitiendo de nueva cuenta todas las demandadas y solicitando únicamente una consulta que además de darse posteriormente a la permisividad gubernamental de las prácticas e impactos por parte de Monsanto, desatiende derechos elementales de los pueblos indígenas y del medio ambiente. Las comunidades han denunciado que el hecho de que sólo se les otorgue la suspensión temporal para llevar a cabo la consulta, tiene como fin dar le legitimidad al proceso de despojo y violencia de sus territorios; además, ya en los casos de Yucatán y Campeche se ha demostrado que las consultas se están realizando en un clima de intervención por parte de la empresa y el gobierno, y por tanto lo importante es que se prohíba por completo la siembra de la soya transgénica, debido a los riesgos ambientales y los impactos negativos e irreversibles sobre la salud.

Aceptando que las consultas en Yucatán y Campeche se han hecho bajo presión, actos de ilegalidad (por parte del gobierno, poblaciones menonitas y productores pro-transgénicos), así como con el uso de amenazas a las comunidades, ya se han llevados algunos casos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la ONU, y aunque son logros relativos, las comunidades han logrado visibilizar su lucha y detener temporalmente la siembra de soya transgénica.

Lecciones

Debido al poderío económico, político y policial con el que cuentan empresas como Monsanto, así como por la anuencia de diversos órganos de gobierno, las comunidades de la Península de Yucatán han mostrado la importancia del establecimiento de alianzas de lucha entre ellas y con otros sectores como organizaciones de la sociedad civil, académicos, científicos y abogados con los que es posible construir una resistencia que hasta ahora ha permitido detener temporalmente la siembra de soya transgénica.

A pesar de las deformaciones y vacíos jurídicos en muchas de las leyes, o incluso de la corrupción e impunidad que están sembradas en el sistema judicial de países como México, y que favorecen a las grandes empresas transnacionales, estos casos ejemplifican que las leyes siguen siendo una importante herramienta para la defensa de los derechos culturales, políticos, económicos, sociales y humanos de los pueblos indígenas, de la población y del medio ambiente. Asimismo, las instancias internacionales juegan un papel importante, una vez que la complicidad legislativa con las empresas cierra los canales para la búsqueda de la justicia.

Una vez que ha quedado claro que el mecanismo de consulta a las comunidades (de conformidad con el artículo 108 de la Ley de Bioseguridad), no es suficiente para que se cumplan realmente los derechos humanos, estos pueblos continúan organizándose, ampliando los mecanismos de lucha contra los transgénicos e intercambiando sus semillas criollas mediante ferias de semillas nativas.

Fuentes

Aranda, Jesús [2017], “La SCJN no ha frenado actividad de Monsanto”, La Jornada¸ 23 de marzo de 2017. http://www.jornada.unam.mx/2017/03/23/sociedad/039n2soc

Boffil Gómez, Luis A. [2016], “Apicultores mayas denuncian ante el tribunal de la Haya a Monsanto”, La Jornada, 17 de octubre. http://www.jornada.unam.mx/2016/10/17/capital/035n2soc

Ita, Ana de [2016], “El territorio maya contra la soya transgénica”, La Jornada, Opinión, 26 de diciembre. http://www.jornada.unam.mx/2016/12/26/opinion/018a2pol

Mendoza, Elva [2015], “PGR, Sagarpa y Monsanto litigan a favor de soya transgénica”, Contralínea, 27 de octubre. http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2015/10/27/pgr-s...

Pérez U., Matilde [2015], “Permisos para sembrar soya transgénica ‘desaparecieron hectáreas de selva virgen’ ”, La Jornada, 06 de octubre. http://www.jornada.unam.mx/2015/10/06/sociedad/032n2soc

_______________ [2015], “Campesinos y apicultores se amparan contra soya transgénica en Bacalar, QR”, La Jornada, 08 de diciembre. http://www.jornada.unam.mx/2015/12/08/sociedad/038n1soc

S/A [2017], Video “Entrevista a Don Juan Pat, de Paraíso, Bacalar”, Subversiones. https://www.youtube.com/watch?v=Ja5N3Bm1Cpg&feature=share

Tourliere, Mathieu [2015], “Otorga la SCJN amparo a apicultores mayas contra Monsanto”, Proceso, 04 de noviembre. http://www.proceso.com.mx/420004/otorga-la-scjn-amparo-a-apicultores-may...