Breviario.
Como en muchos de los proyectos mineros en México, el conflicto en San Miguel del Progreso comenzó cuando sus pobladores se enteraron que su territorio había sido concesionado por la Secretaría de Economía a la empresa inglesa Hochschild Mining. A partir de ese momento, la comunidad, con apoyo del Centro de Derechos Humanos de La montaña “Tlachinollan”, emprendió una disputa legal contra las concesiones y contra la Ley Minera. Esta lucha además de conseguir la cancelación del proyecto minero, puso en cuestión todo el esquema jurídico e institucional que, contraviniendo la protección ambiental y los derechos humanos más elementales, aprueba a nivel nacional proyectos social y ecológicamente destructivos.

* Información obtenida de las concesiones emitidas por la Secretaría de Economía. Existen otros cálculos que señalan un territorio concesionado de 59 mil hectáreas, o 49 mil 739 hectáreas.

Eventos relevantes.

2011

• El pueblo de origen me’phaa (tlapaneco) de San Miguel del Progreso se entera, de forma no oficial, que su territorio ha sido concesionado para un proyecto minero.
• 17 de abril. De forma preventiva, la asamblea de los pobladores de San Miguel del Progreso firman un acta donde declara su rechazo a la minería.

2013

• 28 de mayo. El presidente del Comisariado de Bienes Comunales solicita al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) le notifique sobre posibles concesiones en el territorio de San Miguel del Progreso.
• 25 de junio. El Secretario Técnico del Comité de Información de la Secretaría de Economía, confirma la existencia de dos concesiones que incluyen territorio de la comunidad Júba Wajíin.
• 11 de julio. La comunidad de Júba Wajíin decide en asamblea comenzar la disputa legal para invalidar las concesiones mineras otorgadas por la Secretaría de Economía (SE).
• 15 de julio. La comunidad de San Miguel del Progreso interpone una demanda de amparo contra las concesiones, contra la Ley Minera y contra las instituciones gubernamentales que las aprobaron y las ponen en práctica.

2014

• 12 de febrero. La comunidad obtiene el amparo contra las concesiones, sin embargo, el juez de distrito considera improcedente la solicitud para analizar la inconstitucionalidad de la Ley Minera.

2015

• 11 de febrero. La Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señala que el cuestionamiento de la comunidad sobre la inconstitucionalidad de la Ley Minera es de trascendencia por vincularse a la interpretación y aplicación de preceptos constitucionales y legales.
• 15 de mayo. El Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT) declara el rechazo a los proyectos mineros en la región.
• 24 de noviembre. Se publica en el Diario Oficial de la Federación, la declaratoria de libertad de las concesiones “Corazón de Tinieblas” y “Reducción Norte de Corazón de Tinieblas” a fin de que otras empresas puedan adquirirlas.
• 11 de diciembre. El Juzgado Séptimo de Distrito admite la demanda de amparo de San Miguel del Progreso contra la declaratoria de libertad de las concesiones y determina que la SE no podrá admitir solicitudes sobre las concesiones de los lotes liberados hasta que exista una resolución del juicio.

Descripción del conflicto.

Desde 2011, el rumor de una concesión minera operando en los territorios de San Miguel del Progreso era una preocupación latente para sus habitantes. La incertidumbre y el historial de violaciones a derechos humanos vinculados a proyectos mineros en la región y en el país, motivaron a que la comunidad me’phaa de San Miguel del Progreso y demás núcleos agrarios afectados actuaran de modo preventivo. De tal forma que, en ese mismo año, por lo menos 15 núcleos agrarios llevaron a cabo asambleas comunitarias donde los pobladores externaron su rechazo a la minería, con la finalidad de dejar constancia ante el Registro Nacional Agrario (RAN) organismo que, en caso de que existiera alguna concesión, les daría validez jurídica a las consultas a fin de conseguir un amparo.

El 17 de abril de 2011, los pobladores de San Miguel del Progreso (Júba Wajiín en tlapaneco) acordaron en Asamblea General de Comuneros rechazar cualquier actividad de exploración o explotación minera. La resolución de esta asamblea y su registro en el RAN fue vital para la disputa legal que le siguió, pues fue de una de las pocas actas aceptadas por dicha instancia.

Fue el 25 de junio de 2013, que el rumor se hizo realidad, cuando el Secretario Técnico del Comité de Información de la Secretaría de Economía, en respuesta a una solicitud de información realizada por el Presidente del Comisariado de Bienes Comunales, reconoció que se había cedido a la empresa minera Hochschild Mining casi el 84% del territorio de San Miguel del Progreso por un lapso de 50 años. Al conocer esta información, la comunidad indígena de origen me’phaa decidió en asamblea impugnar las concesiones que de manera ilegal y sin previa consulta había otorgado la SE.

El 15 de julio del 2013, los pobladores de San Miguel del Progreso, con la asesoría del Centro de Derechos Humanos de la montaña “Tlachinollan”, interpusieron una demanda de amparo contra la concesión “Corazón de Tinieblas” de 37 537.6344 hectáreas, ubicada en el municipio de Zapotitlán Tablas y la concesión “Reducción Norte de Corazón de Tinieblas” de 3 394 hectáreas ubicada en los municipios de Malinaltepec, Tlacoapa, San Luis Acatlán y Zapotitlán Tablas. Asimismo, se exigió que la Ley minera fuera sometida a revisión para determinar si sus disposiciones eran o no inconstitucionales y opuestas a lo promulgado por los tratados internacionales ratificados por el estado mexicano, específicamente la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Además de señalar los derechos violentados por la Ley Minera y su aplicación, se responsabilizaba a los funcionarios que autorizaron las concesiones y a los poderes ejecutivo y legislativo que aprobaron la ley, demandando a un total de 17 autoridades dentro de las que destacaban: la Secretaría de Economía, la Dirección General de Regulación Minera, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y el presidente de la República. De este modo, los habitantes de Júba Wajiín trascendieron la demanda local de suspender las concesiones sobre sus territorios, planteándose un objetivo de lucha de alcance nacional: la anulación de la Ley minera.

El 12 de febrero del 2014, los pobladores de San Miguel del Progreso obtuvieron una resolución favorable del juicio de amparo contra las concesiones, sin embargo, el señalamiento respecto a la inconstitucionalidad de la Ley Minera fue declarado improcedente. En respuesta, el 26 de febrero de 2014, la comunidad solicitó se turnara el expediente a la SCJN como última instancia para la revisión de la ley.

Por su parte, el 13 de marzo del mismo año, la Secretaría de Economía (SE) impugnó el resultado del juicio de amparo, argumentando que la comunidad sabía del proyecto minero desde el 2011 y lo había aceptado, que no era una comunidad indígena y por tanto no era beneficiaria del Convenio 169 de la OIT y que la propiedad del subsuelo sólo correspondía al estado mexicano. La respuesta de la SE además de evidenciar el desconocimiento institucional de los pueblos indígenas y de sus derechos, muestra el uso tendencioso de la ley a fin de favorecer al capital privado. En el caso de la minería, es común que se utilice la potestad del estado sobre los recursos del subsuelo para despojar a las comunidades de sus territorios y dejar el campo libre a empresas nacionales y extranjeras.

El 11 de febrero de 2015, la Primera Sala de la SCJN decidió abordar el caso por ser un asunto vinculado a la interpretación y aplicación de preceptos constitucionales y legales.

La trayectoria que había tomado el caso fue motivo de preocupación para las corporaciones mineras nacionales y extranjeras, puesto que la revisión de inconstitucionalidad de la Ley Minera implicaba la posibilidad de ponerle un freno al negocio del extractivismo minero en México. Esta oportunidad fue anulada cuando el 9 de octubre de 2015, se le notificó a la comunidad de San Miguel del Progreso que el Ejecutivo Federal había solicitado la cancelación del juicio de revisión de la Ley Minera, debido a que la empresa Hochschild Mining había renunciado a sus concesiones y éstas se encontraban canceladas.

La estrategia gubernamental fue sacrificar el negocio de la empresa Hochschild Mining, detener el análisis de la Ley Minera y así proteger al sector minero en su conjunto. Aunque en primera instancia parecía que se había logrado anular las concesiones, el gobierno mexicano mostró que el interés por ceder dichos territorios seguía vigente. El 24 de noviembre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de libertad de las concesiones “Corazón de Tinieblas” y “Reducción Norte de Corazón de Tinieblas”. De este modo, las concesiones impugnadas quedaban libres para que cualquier capital privado pudiera adquirirlas.

Frente a este nuevo ataque, Tlachinollan y los pobladores de San Miguel del Progreso interpusieron un amparo contra las declaratorias de liberación de las concesiones. El 11 de diciembre de 2015, el Juzgado Séptimo de Distrito admitió la nueva demanda de amparo y determinó que la SE no podía admitir solicitudes sobre las concesiones de los lotes liberados hasta que hubiera resolución del juicio.

Aprendizajes para la lucha social.

El conocimiento sobre sus derechos como comunidades indígenas y campesinas, la comprensión del contexto regional y estatal, la solidaridad del Centro de Derechos Humanos de La montaña “Tlachinollan”, el acercamiento con núcleos agrarios cercanos en espacio y compatibles en exigencias, la amplitud de su demanda y la profundidad de su crítica, fueron algunos de los elementos que hicieron de la resistencia de los pobladores de San Miguel del Progreso un referente jurídico y político para las luchas socio-ambientales en general y antimineras en particular.

Ante los rumores de una posible concesión de su territorio y considerando la avanzada de proyectos extractivos en la región y el estado, la decisión de la comunidad de San Miguel del Progreso de pronunciarse precautoriamente contra cualquier actividad minera fue sumamente acertada pues, en lugar de esperar, organizó asambleas a fin de recolectar la opinión de sus comuneros, se formó en el 2012 el Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, el cual actualmente integra a 21 núcleos agrarios en cinco municipios de Guerrero, todos en contra de la minería. Estas medidas ayudaron (y ayudan) a que se tuviera (y se tenga) la capacidad de emprender la disputa legal y la movilización social para resistir ante el embate gubernamental y corporativo.

Además de reclamar la cancelación de las concesiones en su territorio, los pobladores de San Miguel del Progreso cuestionaron el esquema legal en que se enmarcan los proyectos mineros a nivel nacional. La amplitud de la demanda, implicó que el enemigo a vencer no fuera únicamente la corporación sino todo el aparato jurídico e institucional que permite la realización de proyectos social y ambientalmente destructivos. La exigencia de analizar la inconstitucionalidad de la Ley Minera puede considerarse una de las razones por que se prefirió sacrificar el proyecto de la empresa Hochschild Mining antes que poner en juego el negocio minero en su conjunto.

Retos
Una creciente demanda de minerales, un marco jurídico que favorece el saqueo, gobiernos que actúan en favor de las corporaciones, y un contexto altamente militarizado y violento son parte de las amenazas que seguirán acechando a la comunidad de San Miguel del Progreso y demás pueblos guerrerenses que guardan en su subsuelo riqueza minera. Como muestra, el Centro de Derechos Humanos de la montaña “Tlachinollan” contabilizaba en diciembre de 2016, 44 concesiones mineras que abarcan 142 430 hectáreas en las regiones de La Montaña y Costa Chica del estado de Guerrero, de las cuales cabe señalar que 22 fueron canceladas por las propias empresas a raíz de la protesta y la organización de las comunidades.

La comunidad de San Miguel del Progreso, tal y como lo expresó en su lucha, sabe que un obstáculo a vencer es el marco jurídico que privilegia a la actividad minera frente a los derechos colectivos y la protección ambiental, legalizando el despojo y la devastación ecológica. En ese sentido, la declaración de inconstitucionalidad de la Ley minera vigente es una tarea pendiente para el movimiento antiminero nacional.

Fuentes.

1. Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” [2016], JÚBA WAJIÍN. Una batalla a cielo abierto en la Montaña de Guerrero por la defensa del territorio y la vida, México, Fundación Heinrich Böll, 93 pp. https://mx.boell.org/sites/default/files/tlachinollan_web.pdf, 04 de abril de 2017.
2. Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” [2014], Informe XX. La Montaña de Guerrero: Destellos de justicia y esperanza, México, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, 254 pp. http://www.tlachinollan.org/20-aniversario/informe-xx-la-montana-de-guer.../, 04 de abril de 2017.
3. Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” [2016], ¡Pueblo indignado! Resistir por el corazón por delante, México, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, 280 pp. http://www.tlachinollan.org/wp-content/uploads/2016/08/%C2%A1Pueblo-Indi..., 04 de abril de 2017.
4. Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil [2016], México: Empresas y Derechos Humanos, México, 164 pp. http://m.greenpeace.org/mexico/Global/mexico/Docs/2016/Informe_Mx_Empres..., 04 de abril de 2017.
5. Díaz, Gloria Leticia [2013], “Denuncian abuso de mineras en la Montaña de Guerrero”, Proceso, México, 14 noviembre, http://www.proceso.com.mx/357926/denuncian-abuso-de-mineras-en-la-montan..., 04 de abril de 2017.
6. Díaz, Gloria Leticia [2013], “San Miguel del Progreso. Rebelión antiminera”, Proceso, México, 30 de noviembre, http://www.proceso.com.mx/359292/san-miguel-el-progreso-rebelion-antiminera, 04 de abril de 2017.
7. Hernández Navarro, Luis [2014], “El corazón de las tinieblas guerrerense”, La Jornada, México, 06 de mayo, http://www.jornada.unam.mx/2014/05/06/opinion/017a1pol, 04 de abril de 2017.