Carlos Fernández-Vega columnista del periódico La Jornada.

El artículo retoma el derrame tóxico provocado por la mina Buenavista del Cobre – propiedad del conglomerado Grupo México– como ejemplo de la protección gubernamental y de la impunidad que rodea a las empresas en México.

El 6 de agosto de 2014, el consorcio encabezado por el empresario Germán Larrea, derramó 40 millones de litros de sustancias tóxicas al río Sonora, afectando a nueve municipios sonorenses.

A casi tres años del desastre ecológico, los directivos de Grupo México aún se empeñan en evadir su responsabilidad, regateando en los gastos de remediación ambiental y de reparación de daños e incumpliendo con los pagos al fideicomiso que se creó para atender a las víctimas.

En las negociaciones que Grupo México ha tenido con instancias gubernamentales, ha “propuesto” abandonar la construcción de la clínica de atención a las víctimas y reducir de 27 a nueve, las plantas de tratamiento para sanear el río. El argumento de la empresa es que los estudios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), han demostrado una disminución los niveles de metales pesados en las aguas del río.

Según cálculos de Carlos Fernández-Vega, las utilidades netas de Grupo México representan más del doble del presupuesto de 2017 aprobado para la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y en sólo 28 días la empresa podría reunir el monto del Fideicomiso Río Sonora, que hasta la fecha no ha terminado de pagar.

Aunque en su momento, el derrame fue calificado por el gobierno federal como “el peor desastre ambiental minero”, las instancias gubernamentales han reducido paulatinamente las sanciones impuestas a Grupo México, contribuyendo a que los daños sigan sin ser subsanados.