Tras la crisis financiera de la década pasada, las regulaciones que tienen el objetivo de frenar el lavado de dinero se han vuelto mucho más estrictas en todo el mundo. Las multas para los bancos implicados en crímenes financieros se han disparado, tanto en número como en magnitud. Por ejemplo, la década pasada en Estados Unidos –el país más punitivo– los bancos multados pagaban penalizaciones por decenas de millones de dólares al año; actualmente, pagan miles de millones de dólares anuales en multas. La historia se repite en Francia y Alemania, donde los grandes bancos han estado implicados en lavado de dinero y otras violaciones de sanciones en Rusia, Sudán e Irán.

La consecuencia de las regulaciones más estrictas y de las multas draconianas es que las acciones emprendidas por los bancos son motivadas por el miedo. Los bancos globales se han visto obligados a reducir su riesgo deshaciéndose de clientes que están en lugares o sectores que representan un alto riesgo de irregularidades como el lavado de dinero, la evasión de sanciones o el financiamiento del terrorismo. Los “bancos corresponsales” [“correspondent” banks] –grandes bancos internacionales que liquidan las transacciones denominadas en moneda extranjera de los pequeños bancos por medio de los grandes centros financieros– han abandonado numerosos países. Aunque estos cambios han sido aplicados por los bancos y el número de relaciones con los bancos corresponsales ha disminuido en todas las regiones del mundo, el tráfico continúa aumentando.

En Letonia, por ejemplo, todos los grandes bancos “corresponsales” –salvo el Deutsche Bank, que ha emprendido una retirada paulatina– han dejado de operar en el país aun cuando ha mejorado la supervisión financiera en el país y los reguladores han hecho auditorias contra el lavado de dinero a docenas de bancos locales. En países como Belice y Liberia incluso los bancos centrales han perdido los servicios de los bancos corresponsales. Esto puede tener consecuencias nefastas para la economía mundial: el Fondo Monetario Internacional sostiene que la retirada de los bancos corresponsales “ha vuelto más frágil al sistema financiero global al concentrar los flujos transfronterizos” en una menor cantidad de bancos.

Lo más grave es que estas medidas emprendidas por los grandes bancos globales no han afectado únicamente a los bancos locales sospechosos de lavado de dinero, sino también a empresas de transferencia de divisas y a organizaciones de beneficencia (y, en consecuencia, a las familias de migrantes que reciben remesas, así como a las poblaciones afectadas por conflictos bélicos). Al cerrar las cuentas de las empresas de envío de divisas, los bancos estaban siguiendo las recomendaciones de la Financial Action Task Force, un foro intergubernamental para el diseño de políticas contra el lavado de dinero, que sostenía que esos clientes eran de alto riesgo. Las remesas hacia los países en vías de desarrollo disminuyeron en 2015 y 2016 –la primera caída de dos años consecutivos en tres décadas– en parte porque las empresas de transferencia de divisas hicieron más difícil y costoso para los migrantes enviar dinero a sus lugares de origen.

Las organizaciones de beneficencia atraviesan por una situación aún más complicada. “Dos terceras partes ha experimentado problemas financieros tales como el retraso de transferencias la cancelación de cuentas. El miedo a ser atrapados financiando al terrorismo ha hecho que los bancos sean particularmente cautelosos con las organizaciones de beneficencia activas en zonas de conflicto”. Efectivamente, algunas de estas organizaciones han sido usadas como fachadas por los terroristas, pero muchas personas han sido gravemente afectadas cuando las donaciones no llegan a su destino. En algunos casos, la cancelación de cuentas o el bloqueo de transferencias han tenido consecuencias fatales, como niños muertos debido al desabasto de medicinas y equipo en los hospitales en Siria y la muerte por congelamiento de personas en Afganistán, donde las transferencias para comprar cobijas nunca llegaron.

Una paradoja es que las medidas emprendidas para reducir el riesgo están de hecho aumentando el riesgo de que se cometan crímenes financieros, al incrementar el uso de canales y redes financieras informales que no están reguladas. Las organizaciones caritativas, además, están optando por utilizar efectivo, lo que en zonas de conflicto eleva el riesgo de que el dinero no llegue a su destino.

Los bancos sostienen que sus acciones están justificadas pues están reaccionando racionalmente frente a una regulación que muestra tolerancia cero. Incluso el FMI ha descrito las expectativas de los reguladores como “usualmente poco claras, inconsistentemente comunicadas e implementadas de forma errática”. Hasta hace poco, los reguladores habían ignorado las críticas sobre los daños colaterales de sus medidas. Pero cuando la opinión pública comenzó a cuestionarles por la muerte de personas en las zonas de conflicto y por los obstáculos al financiamiento y al desarrollo en los países pobres, comenzaron a abrirse a la crítica. Actualmente, los reguladores están intentando mejorar su orientación. Se han suavizado las afirmaciones sobre que las organizaciones de beneficencia y las empresas de transferencia de divisas estaban usualmente involucradas en el financiamiento al terrorismo. El FMI, por su parte, está colaborando con los reguladores en los países más afectados por la salida de los bancos para mejorar su supervisión financiera. Asimismo, algunos países como México, que han sido fuertemente afectados por el lavado de dinero están implementando formas creativas de rastrear con mayor facilidad el origen y el destino del dinero y que permitan a los reguladores ubicar patrones sospechosos.

La utilización de sistemas de pago y de información mejores y más baratos daría la posibilidad de verificar la identidad de los clientes y de que los bancos les vuelvan a dar servicio a aquellos que fueron desechados porque no eran suficientemente rentables para compensar los riesgos que implicaban.

Actualmente se observan algunas tendencias favorables en los grandes bancos estadounidenses: sólo uno de cada diez espera reducir el número de sus pequeños socios extranjeros el próximo año; entre sus pares europeos, más de la mitad esperan reducir el número de sus socios. Todo indica que los bancos estadounidenses, que fueron los primeros en tomar medidas para reducir el riesgo, están en vías de suavizar sus medidas y de asumir nuevos riesgos. Se espera que el resto de los grandes bancos del mundo sigan esta tendencia. Además, los grandes bancos han mostrado una mayor disposición para dar sus servicios a pequeños bancos en zonas “riesgosas” como África y el Caribe. Estas señales de recuperación son tentativas. Los costos de las multas por lavado de dinero son todavía muy altos: 60 millones de dólares para un banco de tamaño promedio y son mucho mayores para los bancos más grandes. Además, las medidas de monitoreo emprendidas por los bancos distan mucho de ser perfectas. Los esfuerzos deben mantenerse y profundizarse.

Muchos bancos están aún preocupados de que asumir riesgos nuevamente podría conducir a una nueva ronda de pesadas multas. Las medidas de los bancos no son sino una respuesta a las severas medidas regulatorias. Tanto los reguladores como los bancos están actuando racionalmente frente a un problema real: los unos, imponiendo regulaciones más estrictas para evitar los crímenes financieros; los otros, reduciendo el riesgo para evitar ser sancionados. “Ambos están actuando racionalmente, pero combinados crean un problema que parece inextricable”.