La Unión Europea ha decidido endurecer las medidas en contra de los sobornos llevados a cabo por sus empresas fuera del continente. En relación a décadas pasadas hay avances claros para conseguir la reglamentación correcta, aunque en algunos casos las alianzas con los países del Tercer Mundo y sus gobiernos han jugado un papel fundamental para que este tipo de prácticas de "cuello blanco" continúen. Varias compañías han sido objeto de investigación pero aún no se abarcan la mayoría de los casos. En el mismo sentido, se puede inducir que las medidas contra las prácticas corruptas -sobre todo en países menos desarrollados económicamente- se han convertido en tema de agenda de la Unión Europea solo tras la crisis.

Entre los casos más destacados que en los últimos tiempos han sido objeto de investigación por prácticas corruptas y soborno para la obtención de contratos The Economist reporta a LafargeHolcim[1], Novartis, Eni y Shell. Dentro del artículo se menciona que sus investigaciones son evidencia del inicio de una nueva etapa en la legislación de sus movimientos poco trasparentes. “La era en que las empresas europeas podían hablar de ‘códigos éticos’ en casa y comportarse mal en el exterior ha terminado”.

Uno de los casos más resonados de pago de sobornos, como ya se mencionaba, es el que involucra a la empresa LafargeHolcim, que ha salido a la luz gracias a Sherpa (un grupo activista legal) y el periódico francés Le Monde. Siendo un gigante de la industria cementara ha sido acusada de haber abastecido durante 2016 de recursos económicos a grupos armados que controlan los caminos y puntos de control alrededor de una fábrica en Siria; estos recursos podrían haber contribuido al financiamiento del Estado Islámico. El seguimiento a esta compañía ha sido un gran paso para romper con el molde de códigos éticos en el discurso de los miembros de la Unión Europea y su olvido en los denominados países del “Tercer Mundo" donde se vinculan a estas prácticas con gran facilidad. Atrás han quedado los años de corrupción corporativa. Los políticos e investigadores judiciales cada vez operan con menor tolerancia, advierte The Economist: “Atrás quedaron los días en que la ley alemana contaba los sobornos pagados por los campeones industriales del país como deducibles de impuestos”.

Dicha empresa no ha sido la única; Novartis también aparece dentro de las lista de corporaciones que han recurrido a este tipo de prácticas, en su caso por comprar mediante sobornos a políticos acceso a información privilegiada para mejorar su situación comercial dentro de Estados Unidos y en Grecia[2].

Un tema similar es el del acaudalado empresario francés Vicent Bolloré quien, acusado de pagar dentro de los países africanos de Togo y Guinea una década atrás para ganar contratos en dos puertos, fue detenido durante dos días para hacerle interrogatorios.
Este último ha sido un caso paradigmático en Francia, país que hasta hace poco se ha caracterizado por vendarse los ojos ante los casos de corrupción de sus empresas en el exterior. Alemania, por su parte, pese al resonado caso de Siemens [3]-y en parte gracias al cual no ha reincidido- ha buscado seguir al pie las medidas con respecto a la prohibición de sobornos y actos de corrupción. Por lo anterior se puede decir,que aunque de forma lenta, los resultados de las medidas, como las sanciones por sumas exorbitantes, para el seguimiento de casos de soborno en Europa han dificultado su incidencia.

Mientras en Europa se han perseguido relativamente pocos casos de corrupción en los últimos años [4], la mayor parte de las multas aplicadas desde 1970 han sido por parte del gobierno de Estados Unidos a empresas extranjeras de origen europeo (incluidas las de mayor peso económico) gracias a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) de este país.

En este mismo orden, la legislación local de distintos países que conforman la Unión Europea y Gran Bretaña se encuentra poniéndose al día. El gobierno francés acaba de aprobar la ley Sapin II (en junio del año pasado) que faculta a las cortes para enjuiciar casos de soborno en países menos desarrollados económicamente "da a las cortes la jurisdicción de tratar a las empresas para el soborno en los países en vías de desarrollo, aun si ningún Estado lo ha pedido". A este esfuerzo se suma el endurecimiento de la Ley anti-soborno británica de 2010 (la cual tomó forma en la convención anti-corrupción de la OCDE, acordada en 1997).

Entre otras medidas que se encuentran catapultando nuevos hábitos, a nivel Unión Europea, son las leyes anti-lavado y las reglamentaciones nuevas como Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID, por sus siglas en inglés)[5] que entró en vigor en enero de este año, la cual tiene como tarea hacer públicos los movimientos de cada empresa, a quién se paga y qué se paga. Se advierte en el mismo artículo que este tipo de medidas de carácter preventivo pueden buscar evitar el auge de empresas de propiedad anónima.

Aun cuando los esfuerzos impulsados desde la Unión Europea son vitales para la regulación de este tipo de prácticas son los grupos de activistas (a quienes se debe el seguimiento y el discernimiento de importantes casos de corrupción que involucran a corporaciones como las tres mencionadas al inicio) tales como Sherpa (agrupación activista étnica de las montañas de Nepal) y Global Witness quienes claman para que otro de los pilares para abatir el problema sea buscar una mejor preparación y fomentar una mejor disposición de investigadores, fiscales y otros que los refuerzan.

Existen algunos esfuerzos en países emergentes, que se encuentran cooperando con las autoridades de la Unión Europea para el seguimiento e investigaciones de casos de soborno en los que incluso se ha constatado que los dirigentes de los países se encuentran cooperando con estas redes tales como Sudáfrica. Un ejemplo claro de ello es la investigación que alegó el pago de las subsidiarias sobre el tratado de armas que envuelve al actual presidente sudafricano Jacob Zuma.

Entre los factores que han entorpecido el correcto funcionamiento de las diferentes leyes que buscan reducir la corrupción se mencionan los acuerdos de enjuiciamiento diferido (DPAs, por sus siglas en inglés), que después de su auge en Estados Unidos han permitido negociar la suspensión de juicios si las corporaciones pagan y cooperan con otras investigaciones. [6]

Otro de los factores de riesgo es el auge de los gobiernos nacionalistas, principalmente el de Donald Trump que ha declarado en varias ocasiones el apoyo a sus grandes empresas en el extranjero y ha calificado la FCPA como “una ley horrible”.
Gran Bretaña es otro elemento que preocupa a la Unión Europa, pues se cree que podría dar marcha atrás en sus medidas anticorrupción y tomar la misma postura laxa que Francia con tal de demostrar su grandeza (económica y política) tras el Brexit.

Algunas otras variables independientes de la situación actual pero que comprometen los esfuerzos sugeridos son Rusia y China, quienes fuera de los marcos de reglamentación de la Unión Europea no hay forma de controlarlas más que por reglamentación interna volviendo a sus empresas competidores potenciales en Europa, ante ello la presencia en África(en donde hasta años anteriores el ejercicio de sobornos y corrupción ha tenido un gran auge) preocupa a Occidente.