El internet se ha convertido en un sistema en constante evolución y ha sido víctima de distintos peligros y amenazas que exhibieron su fragilidad y accesibilidad para sustraer cualquier tipo de datos. Esta situación ha despertado el interés para diseñar una política que descentralice el internet con el objetivo de restringir cualquier intento de monopolio. El objetivo es en crear una plaza digital que demuestre la diversidad tecnológica.

Efectivamente, en años anteriores varias empresas tecnológicas se han doblegado a la ley anti-monopolio. En 1956, un decreto de consentimiento obligó a AT&T, el monopolio telefónico de Estados Unidos, a aceptar licenciar todas sus patentes pasadas de forma gratuita. En 1969, el software de PC de IBM, empresa multinacional estadounidense de tecnología y consultoría, fue acusada de monopolizar los ordenadores centrales, situación que permitió comercializar las computadoras y sus programas por separado, una movida que creó la industria del software. En la década de 2000, Microsoft acordó no discriminar a los navegadores rivales y licenciar información técnica que permita que otros sistemas operativos funcionen fácilmente.

Este fenómeno de descentralización presiona a los grandes emporios tecnológicos para que compartan parte de su tecnología e información para un desarrollo ágil y eficaz de los nuevos competidores. Un estudio de caso útil podría ser la Segunda Directiva del Servicio de Pagos de la Unión Europea, que entró en vigor a principios del año 2018, pues ahora los grandes bancos deben dar acceso a otras empresas a los datos e informar las transacciones correspondientes The Economist.

Esta situación podría representar un conflicto, los emporios tecnológicos estarían obligados a un intercambio extenso de datos, mismo que prestarse a la expropiación y chocaría con parámetros de privacidad. Acerca de la privacidad, la razón por la cual los datos sobre decenas de millones de estadounidenses se filtraron de Facebook antes de las elecciones presidenciales de 2016 fue que las aplicaciones en la plataforma de la empresa tenían acceso a los gráficos sociales de los usuarios. En efecto, este problema debe ser canalizado por mecanismos políticos que hallen una legislación sobre la aparición de alternativas de descentralización. Esta situación podría significar el origen de una nueva demanda que satisface la oferta de los nuevos mecanismos de descentralización. Pero también significa eliminar la regulación que termina fortaleciendo a los emporios en línea existentes.

En Estados Unidos, la ley de derechos de autor Digital Millennium Copyright, sanciona con prisión cualquier acto de fraude y abuso informático, con el objetivo de que firmas externas se conecten a las plataformas de los gigantes en línea. Esta pena puede parecer hostil, se deben hacer excepciones para aquellos que están claramente destinados a impulsar nuevos tipos de servicios. Esta situación demuestra la complejidad política que poseen las legislaciones y reglamentos reguladores de internet. No obstante, flexibilizar estas normas podría ser contraproducente, pues la creación de una red neutra (tratar todo tipo de tráfico tele-comunicativo por igual, sin distinciones) les dará a los grandes operadores un mayor control sobre la red y les permitirá extraer mayores rentas económicas.

Dicho esto, la descentralización es en última instancia una cuestión de democracia. A medida que la tecnología digital penetra cada vez con mayor profundidad en la sociedad y ambos se entrelazan cada vez más, las reglas del primero gobernarán cada vez más a este último. Y cuanto más Internet, junto con sus aplicaciones y todo lo que está conectado a él, sea controlado por titanes tecnológicos menos libre será, concluye The Economist.