Estados Unidos ha realizado 108 ataques aéreos en Somalia desde 2017, matando a unas 800 personas. El Pentágono afirma que todos eran yihadistas. Sin embargo, Amnistía Internacional, una organización de derechos humanos, no está de acuerdo con tal afirmación. Ha reunido evidencia detallada que sugiere que en solo cinco ataques recientes mataron a 14 civiles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a la Casa Blanca prometiendo terminar con las guerras que enfrentaba el país. No obstante, algunos conflictos bélicos han escalado: la campaña en Somalia contra al-Shabab, un grupo yihadista alineado con Al-Qaeda que controla una parte del país, vio triplicada la cantidad de ataques aéreos de 14 en 2016 a 45 durante 2017. Barack Obama había decretado que los comandantes en lugares como Somalia y Pakistán, fuera de las zonas de guerra formal como Irak, exigían "casi la certeza" de que un objetivo era un terrorista de alto rango, que no matarían ni herirían a ningún civil excepto en "circunstancias extraordinarias", y las decisiones se informarán mediante consultas interinstitucionales. En 2017, el presidente Trump, no solo diluyó las restricciones especiales de Obama en las guerras secretas sino que también permitió que países específicos fueran declarados "áreas de hostilidades activas".

Durante la administración de Obama, en Somalia, esto significaba que los comandantes ahora solo necesitaban una certeza razonable, de que un objetivo estaba presente, y podían tomar su decisión sin recurrir a los funcionarios de su país. Esto aumentó el riesgo de que los civiles fueran identificados erróneamente como combatientes.

Las disputas sobre el costo en términos de vidas de civiles de las campañas aéreas van mucho más allá de Somalia. Más bombas y misiles estadounidenses cayeron sobre Afganistán en 2018 que en cualquier otro año desde que comenzaron los registros hace una década; los bombardeos fueron cinco veces más que en 2015. Las muertes de civiles por ataques aéreos aumentaron 87% entre 2017 y 2018 a 463, según el informe de Action on Armed Violence (AOAV). Eso incluye bombas lanzadas por la fuerza aérea afgana. Pero la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA), cuyas estimaciones son similares a las de AOAV, dice que 62% de las víctimas aéreas fueron infligidas por la coalición liderada por la OTAN, cuyo poder aéreo es en gran parte estadounidense. La OTAN acepta solo 62 de esas muertes, una pequeña proporción del total de la UNAMA, aunque está de acuerdo en que otras 68 están en disputa.

En marzo de 2019, la coalición liderada por Estados Unidos que luchaba contra el Estado Islámico en todo Irak y Siria había registrado al menos 1 257 muertes de civiles desde el comienzo de la guerra. Airwars, una ONG con sede en Londres, dice que la cifra es probablemente seis veces mayor, más de 7 500, un promedio de una muerte de civiles cada cuatro ataques. Airwars es particularmente mordaz de la afirmación de Gran Bretaña de haber matado a solo un civil entre 4.000 o más enemigos. Gran Bretaña, dice, es "aparentemente incapaz de detectar víctimas civiles de su acciones urbanas".

En la mayoría de sus campos de batalla, pequeños grupos de fuerzas especiales estadounidenses y aliadas dirigen silenciosamente los ataques aéreos con guía láser y otros métodos de alta tecnología. Estados Unidos también subcontrata el trabajo a los aliados regionales, como los rebeldes kurdos en Siria y las unidades paramilitares secretas formadas por afganos. Muchos de estos representantes locales pueden convocar ataques aéreos, pero no tienen la inclinación ni la experiencia para llevar a cabo investigaciones detalladas de las consecuencias sobre el terreno. En algunos casos, la gente en el terreno, ya sea al-Shabab en Somalia o la agencia de inteligencia de Pakistán, confunde deliberadamente los asuntos, manteniendo a la prensa alejada de las áreas bombardeadas. Larry Lewis, un ex funcionario que dirigió siete estudios del Pentágono sobre cómo evitar víctimas civiles en Afganistán, señala que el proceso de ataque previo de Estados Unidos para estimar el daño colateral, aunque riguroso, "nunca se ha calibrado con datos del mundo real para probar su precisión”.

En febrero de 2019, el Pentágono desclasificó parcialmente un estudio de 2018 sobre las bajas civiles causadas en los tres años anteriores. Dicho estudio insistió en que existía una "prioridad generalizada para minimizar las víctimas civiles desde los niveles más altos hasta los más bajos", pero descubrió que la coalición contra el Estado Islámico se había subestimado sistemáticamente. El informe afirma que 58% de las víctimas civiles consideradas "creíbles" provienen de denuncias externas, no de fuentes internas. Airwars ahora está en estrecho contacto con las fuerzas estadounidenses, y ambas partes intercambian datos de forma regular. "Progresivamente, a lo largo del tiempo, hemos visto mejoras en nuestra relación y el estándar de sus evaluaciones y las nuestras", dice Chris Woods, fundador y director de Airwars. Woods dice que los estadounidenses han sido "pioneros" en abordar el daño a los civiles, "muy por delante de los europeos". Eso, sugiere, es el resultado de la presión de la legislación y el interés bipartidista del Congreso. El 1 de mayo, el Pentágono publicará un informe ordenado por el Congreso sobre las bajas civiles mundiales.

En marzo de 2019, el presidente Trump revocó una orden ejecutiva de su antecesor Barack Obama que había requerido que los oficiales de inteligencia hicieran públicas las víctimas civiles en zonas de guerra no declaradas como Pakistán y Yemen, principalmente de ataques con aviones no tripulados de la CIA. En contraste con los recientes esfuerzos del Pentágono por mejorar la transparencia, la decisión de la Casa Blanca es un paso desalentador concluye The Economist.