Lo que aconteció en febrero de 2019 en Butembo, una ciudad en la parte noreste de República Democrática de Congo (RPD), es un acto que se está volviendo común hacia clínicas y voluntarios que luchan contra el Ébola en el Congo, los cuales han sido atacados casi 200 veces durante 2019. No obstante para los extranjeros tal violencia no tiene sentido. Las clínicas no solo tratan a los enfermos, sino que también controlan la propagación de un virus que causa fiebre, sangrado y muerte. Por lo que tales acciones lucen contradictorias cuando se ataca algo que busca el bien común y no la destrucción.

El brote actual en el Congo es el segundo peor de todos los tiempos. Unos 2 700 casos han sido contabilizados, y 1 700 personas han muerto por ello. Por lo que el 17 de julio, la Organización Mundial de la Salud lo declaró emergencia mundial, debido al temor de que se propague hacia Uganda, Ruanda y Sudán del Sur.

Las clínicas y vacunas financiadas por donantes son la mejor defensa del mundo contra el Ébola. Por desgracia, muchos congoleños no lo ven así. Después de tantos años de cleptocracia y guerra civil, de su gobierno solo se esperan abusos. Después de haber sido saqueado por nueve ejércitos distintos, desconfían de los extraños. Por eso cuando los trabajadores humanitarios llegaron a Butembo, muchos lugareños no los vieron como salvadores sino como extraños en elegantes vehículos. Asumieron que estas personas se estaban enriqueciendo deshonestamente.

El personal de mantenimiento de la paz de la ONU que vigilaba a los enfermeros, patrulló por la ciudad en vehículos blindados. En ocasiones, la seguridad congoleña detiene a los enfermos a punta de pistola y los obligan a ingresar a centros de salud, de los cuales algunos no salen con vida. La versión oficial de esas muertes, que habían sucumbido al Ébola, an sido ampliamente cuestionada. Casi 40 por ciento de los locales no creen que el Ébola exista, dice Justus Nseo, el coordinador de la respuesta al Ébola en Butembo. Algunos políticos locales son responsables de difundir este peligroso mito.

El recién electo presidente Tshisekedi tendrá que pelear en múltiples frentes para traer bienestar al país, entre estos lidiar con amos de la guerra, políticos corruptos y una población difícil de controlar. Además de no contar con una gran popularidad, ya que su llegada al poder se da después de una extensión de dos años en el mandato de Kabila, y de que en diciembre de 2018, Martin Fayulu ganara los anteriores comicios con una mayoría de 60 por ciento de los votos, por lo que se rumora un acuerdo entre Kabila y el actual presidente. A pesar de ello la población lo aceptó, después de todo es el primer gobernante reemplazado de manera pacífica.

Los términos del acuerdo son desconocidos, pero lo que es seguro es que existe una disputa por el poder. De acuerdo con un analista, Kabila aún mantiene 70 por ciento del poder, aunque la situación no es estática. Tshisekedi tiene a su favor no ser tan tirano como su antecesor, ya que ha liberado muchos presos políticos, pero por otro lado ha negado la manifestación de protestas públicas. Además ha suspendido a servidores públicos por mala administración pero no ha tocado todavía a las altas esferas del gobierno anterior. Incluso podría aprovechar que Kabila como dictador no dejó grandes obras como legado.

El Ébola ha generado que los extranjeros se preocupen por que el Congo este a salvo. Naciones Unidas ha ido más allá del papel habitual de proteger civiles, y utiliza su capacidad aérea para ayudar al ejército congoleño a expulsar a las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF, por sus siglas en inglés) un grupo rebelde con vínculos yihadistas. Tshisekedi ha sugerido invitar al ejército ugandés a su país para combatir al ADF, debido a que también amenaza a Uganda, unión que podría causar revuelo. A manera de crítica el ejército congoleño sería más profesional si sus miembros fueran bien remunerados. "No puedes esperar que las personas mueran por la nación cuando saben que su cuerpo no será recogido y su familia morirá de hambre en las calles", puntualizó un empresario extranjero. El ejército es demasiado grande, sobre todo porque sigue absorbiendo a los ex rebeldes, quienes usan el uniforme para encubrir sus delitos.

Los esfuerzos de Naciones Unidas para juzgar a los criminales de guerra no son fructíferos y los amos de la guerra siguen en libertad, como Ntabo Ntaberi Cheka, acusado de usar niños para la guerrilla y permitir que sus reclutas cometan violaciones. Sin embargo, nada de lo anterior se ha podido comprobar para detenerlo, a pesar de que varias víctimas se han ofrecido a testificar con la condición de no revelar su identidad. Por otro lado, quienes padecen la impunidad son los pequeños empresarios, los cuales son extorsionados a diario por militares corruptos, o bien violentados y saqueados por asaltantes.

Según varios observadores, es posible estimular a que los rebeldes dejen las armas y sean orientados hacia empleos civiles o en el campo como agricultores y granjeros, debido a que el saqueo tampoco brinda muchas ganancias. Pero los planes del gobierno para reingresar a los excombatientes no siempre han sido bien supervisados, a algunos se les ha dado equipo para convertirse en electricistas y se les envió a aldeas que carecen de electricidad.

Una cuestión primordial es la ausencia del Estado, que en ocasiones es suplantado por milicias o por iniciativas privadas que brindan otras opciones para la población. Ejemplo de ello es lo ocurrido en el Parque Nacional Virunga, una reserva natural donde a pesar de ello viven miles de personas, asentamientos ilegales que son aprovechados por militares para hacer su voluntad con los bienes de la población, razón por la que son los guardabosques quienes se dedican a cuidar el lugar. El parque es parcialmente financiado por Reino Unido y dirigido por el aristócrata Emmanuel de Merode. Debido a la inseguridad el lugar tuvo que cerrar por 8 meses sus puertas al turismo y el número de visitantes todavía no está cerca de su máxima capacidad aunque la violencia ha disminuido, por lo que Merode ha invertido en distintas obras y forjado asociaciones público-privadas para fomentar la industria, como la Alianza Virunga, una asociación con personas y empresas locales, que construye infraestructura que brinda cobijo y empleo a miles de personas, además de facilitar asesoramiento legal a pequeñas empresas.

Merode dice que cada megavatio producido por su planta hidroeléctrica crea entre 800 y 1 000 empleos, algunos para exmilitares, pero evita que esta cantidad sea mayor a 10 por ciento, debido a que no desea que jóvenes contemplen el tomar las armas como una decisión para conseguir sustento. El parque también recibe fondos de la Unión Europea, pero con el Brexit este apoyo tendrá fin, lo que genera un problema ya que la sustentabilidad del parque se espera hasta 2022.