Gary John Schaub Jr. es un experto en seguridad nacional e investigador senior en el Centro de estudios militares de la Universidad de Copenhague, Dinamarca.
Volker C. Franke es decano graduado de alianzas estratégicas y profesoe asociado de gestión de conflictos en la Universidad Estatal de Kennesaw, Georgia.

Schaub y Franke comienzan el artículo retomando una afirmación de Doug Brooks, presidente de la Asociación internacional de operaciones de paz, a saber, “la organización comercial de la industria de seguridad sugiere que el ascenso de la industria de seguridad privada llegó para quedarse” (p. 88).

La novedad no es el empleo de contratistas civiles, sino el exponencial incremento de los mismos como una industria descontrolada. Schaub y Franke señalan que los contratistas civiles del Departamento de defensa durante la segunda guerra mundial representaron 15% del personal, en cambio, para la guerra contra Afganistán es más de 60%. Generalmente los contratistas civiles trabajan en sincronía con los soldados y desempeñan actividades típicamente militares. Schaub y Franke se proponen analizar lo siguiente: la compatibilidad de los contratistas privados con las fuerzas militares; las motivaciones y actitudes de los individuos que firman contratos con empresas de seguridad privada; las normas, códigos de comportamiento e identidad profesional de los contratistas privados; la percepción de los contratistas de su propio estatus respecto al estatus tradicional de las fuerzas militares; y la percepción de los militares de los contratistas.

La profesión militar y los contratistas civiles

En este apartado Schaub y Franke describen los rasgos de la profesión militar y señalan cuáles son compartidos por los contratistas civiles.

En 1963 Samuel P. Huntington y Morris Janowitz postularon que “los oficiales militares son profesionales en el arte de la guerra y la gestión de la violencia” (p. 89). Se trata de una especialización en la planeación, organización y empleo de la fuerza militar. Huntington divide las tareas militares en dos categorías: 1) combate y comando, y 2) soporte técnico (administración, control, suministro) y profesional (médico, legal, religioso). Para Huntington, apuntan Schaub y Franke, el personal que ejecutaba las tareas de la segunda categoría no es propiamente miembro de la profesión militar porque dichas tareas están relacionadas con conocimientos técnicos no exclusivos de la milicia. Precisamente por estos motivos, tradicionalmente se contrataban civiles para la ejecución de las tareas militares de soporte técnico y profesional. Por lo tanto, hay “personal militar” y “profesión militar”.

Sin embargo, en la actualidad las tareas de combate y comando también son realizadas por contratistas civiles. De los 30 mil contratistas civiles en tareas de servicios de seguridad en Irak, aproximadamente tres cuartos del personal estaba armado, siendo la segunda fuerza armada más grande en Irak, solo por detrás del ejército de Estados Unidos. En 2010, entre 10 y 13 mil agentes de seguridad privada trabajan en el Departamento de defensa, esto es, casi 5% del personal.

Los contratistas civiles cumplen diversas tareas relacionadas con la amenaza y/o aplicación de fuerza, autorizada y financiada por el gobierno, para resolver conflictos políticos. Los contratistas están estructurados en un modelo corporativo de negocios que recluta exmilitares para desarrollar redes de organización y capacidades que abarquen la gama de servicios que las fuerzas militares requieren. Schaub y Franke recuerdan la clasificación de P. W. Singer sobre los tres tipos de negocios de seguridad: empresas proveedoras militares, empresas consultoras militares y empresas de apoyo militar. Sin embargo, anexan la clasificación propuesta por Franke y von Boemcken de cinco categorías: apoyo de combate operativo armado, servicios de seguridad armados, apoyo de combate operacional desarmado, asesoramiento y entrenamiento militar o de seguridad, y servicios de apoyo militar.

El debate que se abre con los contratistas civiles es sobre el estatuto de la profesión militar, es decir, ¿cómo clasificar al personal civil que ejecuta tareas típicamente militares como la gestión de violencia por autoridad gubernamental? Franke y Schaub, sin detenerse a abundar sobre el asunto, se limitan a señalar que existe un consenso de que tales contratistas civiles que desempeñan tareas militares no son miembros de la profesión militar.

Un fenómeno particular es que el personal de seguridad privada contratado por las agencias gubernamentales se reconoce a sí mismo como agente del estado. Otro fenómeno es que la mayoría de los ingresos de las firmas privadas de seguridad proviene del gobierno. La Oficina de presupuesto del Congreso de Estados Unidos estima que el gasto en seguridad privada en el período 2003-2007 ascendió en el territorio estadounidense de 6 a 10 mil millones de dólares y en Irak de 3 a 4 mil millones de dólares.

Una de las principales diferencias de la profesión militar con los contratistas privados, según Franke y Schaub, es que los primeros no están motivados por una recompensa material. De acuerdo a Charles Moskos, sociólogo del ejército estadounidense, vocaciones motivadas por una recompensa económica no son propias de una “profesión” sino de una “ocupación”. Mientras la fuerza militar recibe compensaciones según su nivel salarial, los contratistas privados reciben recompensas monetarias mucho más altas que éstos.

Otra diferencia de la profesión militar es que los soldados subordinan sus intereses al mandato de una autoridad civil, es decir, responden exclusivamente al gobierno. En cambio, los contratistas privados responden a los intereses de clientes o empleadores sin asegurar ningún tipo de “lealtad”. Las empresas de seguridad privada responden directamente a las políticas de sus accionistas y gerencia, de manera que el comportamiento de estas empresas no se preocupa tanto de los efectos de sus acciones o de las sanciones sociales de la ciudadanía.

La legitimidad del uso profesional de las armas en las fuerzas militares no es exclusiva de la normatividad democrática delegada por el gobierno. Schaub y Franke afirman que también intervienen cálculos de efectividad política y eficiencia económica. “Tradicionalmente, un militar es visto como la más eficiente y efectiva solución a las amenazas de seguridad nacional y desafíos” (p. 92). Así, la legitimidad de la profesión militar deriva de la “especial responsabilidad social” con que cumple sus tareas eficientemente. Esto no quiere decir que los contratistas civiles carezcan de algún tipo de legitimidad, la ganan a través de efectividad política y eficiencia económica. Pero también, de acuerdo con Singer, en cuanto los contratistas privados no forman parte del cuerpo gubernamental, pueden ejecutar tareas de utilidad política que deben permanecer ocultas a la opinión pública.

Por último, la profesión militar cuenta con una identidad corporativa que se basa en experiencias comunes de educación, entrenamiento, prácticas y estructura de comando y control. El comportamiento de los militares está regulado por el Uniform Code of Military Justice que se cumple desde su ingreso a la milicia hasta su retiro de la misma. Sin embargo, se menciona que los contratistas privados también comparten hasta cierto punto ese tipo de características pues, de una muestra que toman Schaub y Franke, 61.5% del personal de las firmas son exmilitares. Dejando de lado eso, se menciona la existencia de firmas preocupadas por adoctrinar y entrenar su personal para generar una identidad profesional. Pero estas prácticas tienen sus límites ya que la industria de seguridad privada está compuesta por una diversidad de firmas, cliente y trabajos imposibles de condensar en una sola cultura corporativa.

Tras esta indicación de similitudes y diferencias entre la fuerza militar y los contratistas civiles, Schaub y Franke se preguntan si en la actualidad está emergiendo la profesionalización de los contratistas civiles.

Análisis y descubrimientos

A través de dos muestras de datos empíricos, una oficial y otra civil, Schaub y Franke describen las relaciones generadas por las tareas compartidas entre militares y contratistas civiles.

La muestra oficial: se analizaron las perspectivas de 160 oficiales, pero la suma no es exacta porque no todos respondieron a las preguntas formuladas por Schaub y Franke. La muestra se compone como sigue: 135 hombres y 13 mujeres; un capitán, 70 mayores o tenientes comandantes, 56 tenientes coroneles o comandantes y 21 coroneles o capitanes navales. De los que respondieron, 111 estuvieron en combate. Además, 126 son oficiales de la fuerza aérea, 17 del ejército, 12 de la armada y 2 de la marina.

La muestra CivPol: datos de CivPol Association, organización sin fines de lucro fundada en 2007, formada por oficiales de policía estadounidenses contratados para disipar conflictos en distintas regiones del mundo. 223 miembros de la CivPol respondieron todas las preguntas de Schaub y Franke. Las características son: 96.6% hombres, 77.5% blancos, 77.1% casados, 49.8% cuenta con título universitario, 61.5% sirvió en el ejército y casi todos estuvieron en combate, 30.9% señala que su trabajo en CivPol involucra combate y seguridad, 76.7% señala que proveen servicios de consulta y entrenamiento.

Los resultados

El análisis de las percepciones mutuas y propias de los militares y contratistas civiles se concentró en la descripción de las motivaciones individuales y actitudes respecto a las tareas ejecutadas.

Los resultados muestran que los contratistas civiles las principales razones para trabajar en el sector de seguridad son: enfrentar nuevos desafíos (74.9%) y ayudar a otros (64.6%). Otros señalan que su motivación es hacer una diferencia (38%) y ven sus servicios como una manera de apoyar su país (31.3%). Únicamente 25.2% indicó entre sus motivaciones ganar más dinero respecto a sus empleos anteriores. Por estas razones, Schaub y Franke afirman que ni el dinero ni el servicio a la nación son las motivaciones prioritarias de este caso de contratistas civiles. El ejercicio presenta resultados similares al realizado por Jeremy Schahill, periodista estadounidense, en el libro Blackwater: The Rise of the World’s Most Powerful Mercenary Army de 2013; allí se menciona que el motivo de un oficial de policía de 55 años para ingresar a Blackwater fue para hacer “algo emocionante” (p. 97).

Sobre la percepción de las funciones y roles de las fuerzas militares se obtuvieron los siguientes resultados: 88.8% de los militares consideraron que la profesión militar posee tareas exclusivas que no deberían ser ejecutadas por contratistas civiles. En cambio, 65.9% de los contratistas civiles afirman que el cumplimiento de las funciones militares no debería ser exclusivo de las fuerzas armadas.

Asimismo, tanto los militares y contratistas civiles afirmaron en mayoría, 95.6% y 78%, que algunas funciones específicas (no las funciones militares en general) deben ser exclusivas del ejército, por ejemplo, la gestión de violencia en las guerras. Pero también la mayoría de ambos grupos afirmó que algunas tareas específicas deberían ser ejecutadas sólo por contratistas civiles y no por las fuerzas armadas.

32.3% de los militares consideran que los contratistas civiles que participan en combate deben ser reconocidos como militares profesionales, pero 47.5% considera que es necesario ser miembro de las fuerzas armadas para ser reconocido de esa manera. En cambio, los contratistas civiles consideran que la participación en acciones de combate (51.4%) o en el apoyo de actividades de combate (51.1%) debe ser reconocido como labor militar profesional.

No hubo respuesta estadísticamente significativa en ambos grupos sobre la percepción de si los individuos que se dedican a tareas de combate sin formar parte del ejército deben ser considerados como “combatientes ilegales”. Pero 89.7% afirmó que los contratistas civiles deben ser protegidos con los mismos mecanismos institucionales que las fuerzas armadas. Finalmente, 61.9% de los militares afirma que las tareas de los contratistas civiles son incompatibles con las formas militares; 46% de los contratistas civiles afirman que su involucramiento en tareas de combate es compatible con las formas militares.

Conclusión

Los límites de la profesión militar se están comprometiendo por la extensión de las tareas ejecutadas por los contratistas civiles. El ejercicio estadístico confirma que los militares están al tanto de la posible redefinición de la profesión militar. Hay posturas ambivalentes entre los militares sobre las tareas que deben ser exclusivas para la milicia y sobre el estatuto profesional de los contratistas civiles en tareas de combate. En cambio, los contratistas civiles consideran en mayoría que deben ser reconocidos como militares profesionales y que sus tareas son compatibles con las formas y actitudes del ejército.

Schaub y Franke afirman que “estos resultados subrayan el deseo por desarrollar y reconocer una identidad profesional en la industria de seguridad” (p. 101). Sin embargo, los obstáculos que interfieren para lograr tal identidad son la existencia de una multitud de firmas, una base laboral heterogénea, dificultad de generar una identidad corporativa, experiencias educativas distintas, etcétera. Por esto, para Schaub y Franke los contratistas civiles deben ser considerados, a lo sumo, como “semi-profesionales”. “Incorporar a los contratistas en la profesión militar (...) rompería la legitimidad de las fuerzas armadas como agentes legales del estado” (p. 102).