Richard Godfrey es profesor en el Departamento de la Escuela de Negocios de la Universidad de Leicester. Entre sus líneas de investigación se encuentran los estudios sobre militarismo y organizaciones.

Jo Brewis actualmente en profesora de la Universidad Abierta del Reino Unido, aunque previamente trabajo en la Universidad de Leicester, Essex y Portsmouth. Sus líneas de investigación están relacionadas al ámbito de la sexualidad, género y estudios organizacionales.

Jo Grady es profesora titular de Relaciones Laborales en la Universidad de Sheffield. Sus líneas de investigación abarcan el ámbito del trabajo digno, regulaciones laborales, cadenas globales de valor y teorías del proceso laboral.

Chris Grocott es conferencista sobre gestión e historia económica en el departamento de la Escuela de Negocios en la Universidad de Leicester. Sus líneas de investigación abarcan la historia del pensamiento económico, movimientos y organizaciones sindicales, así como el desarrollo del capitalismo y las relaciones entre Estado, trabajo y capital.

Durante los últimos 20 años el complejo militar industrial ha sufrido transformaciones inusitadas como consecuencia de la incursión de Industrias y Compañías de Seguridad Privadas en la provisión de servicios tanto militares como de seguridad, las cuales han contribuido a modelar la economía y la política global dentro del marco de la globalización capitalista contemporánea. Entre los clientes que han recurrido a los servicios, recursos y tecnologías que estas organizaciones provén se encuentran naciones como Sierra Leona, Bosnia, Reino Unido y Estados Unidos; empresas comerciales como Exxon Mobil, BP y De Beers; así como organizaciones no gubernamentales, tales como la Cruz Roja Británica y Worl Wildlife Fund.

Pese a que durante toda la década de los años 90 y principios de los años 2000 el termino preferido para referirse a estas organizaciones fueron los de Industria Militar Privada y Compañías Militares Privadas, haciendo alusión al papel ofensivo que desempeñaban en el despliegue de la actividad militar, la utilización del concepto Industria de Seguridad Privada al interior de este articulo intenta dar cuenta de ciertos cambios que estas firmas privadas han experimentado al momento de ser contratadas, pues ahora el énfasis se centra en el despliegue de actividades de carácter defensivo o precautorio, tales como resguardo de empresas, bases militares e instalaciones gubernamentales, así como en el área de servicios de escolta para convoys civiles o de servicios de guardaespaldas para individuos.

Dada la importancia y prominencia de los clientes de la Industria de Seguridad Privada, ¿Cuales son las implicaciones que conlleva el cambio de relaciones entre las organizaciones publicas y privadas sobre el control y conducción de la actividad militar y de seguridad?

Las raíces históricas de la Industria de Seguridad Privada y el control estatal de la violencia

La organización contemporánea de la violencia global es un distintivo particular de la época moderna que puede situarse hacia principios del siglo XVII. Antes de esto, el uso de soldados privados y mercenarios representaba un elemento esencial de cualquier operación militar que pretendiera llevarse a cabo, por ejemplo, en aquellas ciudades europeas dedicadas al comercio como Génova, Florencia o Venecia, las cuales no contaban con la suficiente población para constituir cuerpos de seguridad. El empleo de estas fuerzas estaba asociado a principios administrativos que veían en el empleo de estos cuerpos de seguridad medios de defensa altamente racionales y efectivos. Más tarde, durante el descubrimiento del Nuevo Mundo, la contratación de fuerzas militares privadas desempeñó un nuevo rol al coadyuvar en la expansión de los imperios europeos mediante el establecimiento de compañías privadas que al mismo tiempo que exploraban nuevos territorios y administraban los enclaves foráneos, establecían fuerzas de seguridad que aseguraban la defensa de los intereses imperiales.

Sin embargo, episodios históricos como la Guerra de los Treinta años (1618-1648) y el consecuente fortalecimiento del rol de la soberanía estatal en Europa, hicieron patente para las nuevas elites gobernantes la necesidad de consolidar poder y territorio mediante la constitución de un aparato militar que fuera reclutado, entrenado y controlado por el naciente Estado-Nación, dando inicio a una incipiente nacionalización de la actividad militar. Esto no significa que cesara de inmediato la contratación de fuerzas privadas por parte de los Estados-Nación, aunque si puede constatarse que es a partir de este momento que estas últimas empezaron a ser subsumidas o remplazadas por fuerzas militares estatales.

Tanto la revolución francesa como la revolución industrial marcaron el comienzo de una nueva era caracterizada económicamente por el capitalismo imperialista, y políticamente por el desarrollo del Estado-Nación. Sorprendentemente, fue durante el desarrollo de la revolución francesa que la tendencia a la movilización de ciudadanos armados encontró refuerzo al establecerse la idea de derechos recíprocos entre ciudadanos y estado. Aunque la utilización de mercenarios aún perduró durante largo tiempo en algunas zonas del mundo, episodios como el levantamiento armado en India en 1857 por parte de la East India Company o la lucha por los territorios en África y Asia a partir de 1870, desembocaron en la toma del control formal imperial de los territorios por parte de los Estados, y en consecuencia, en una disminución en el uso de fuerzas mercenarias.

El control estatal sobre la actividad militar que se consolidó hacia principios del siglo XX fue el preámbulo central para que Max Weber desarrollara la noción de “monopolio de la violencia”, la cual establecía que el ejercicio de la violencia no solo era una función estatal, sino que su uso legítimo constituía uno de sus principales privilegios y una de las razones del ser del Estado. Desde entonces, guerra y política han estado intrínsecamente conectados.

No obstante, la política no fue el único factor que modelo el desarrollo de la guerra y el despliegue de la actividad militar. La persecución de los intereses capitalistas e imperialistas de las potencias del momento, tales como Francia, Alemania, Gran Bretaña, Japón y Estados Unidos, moldearon de igual forma la manera de ejercer la violencia y la actividad militar, al establecerla como el medio ideal para la obtención de territorios, materias primas y mercados. Muestra de ello fue el inicio de la Primera Guerra Mundial, conflicto en el cual quedo de manifiesto que el despliegue de la guerra total necesitaba el involucramiento entero de la participación de las masas para lograr la persecución de los objetivos militares de la nación. Para este punto, el uso de fuerzas mercenarias se había vuelto completamente irrelevante.

Neoliberalismo y resurgimiento de la Industria de Seguridad Privada

El fin de los conflictos bélicos que azotaron la primer mitad del siglo XX no significó que desapareciera el afán imperialista, sino que este experimentó una transformación hacia mecanismos más informales de control. De acuerdo con la definición retomada de Gallager y Robinson, el imperialismo se define como el proceso de incorporar regiones en la expansión de la economía. Con base en esto, el despliegue de los acuerdos de Bretton Woods y el lanzamiento del Plan Marshal de la mano de Estados Unidos tuvieron por fin no solo el lograr la inclinación de la balanza económica hacia el lado norteamericano, sino reconfigurar el capitalismo internacional mediante la apertura de las economías de Europa Occidental y Japón. Aunque el objetivo de liberalizar la economía europea y japonesas convivió con la puesta en marcha de las políticas socialdemócratas y keynesianas, el colapso de estas últimas hacia la década de los años 80 brindó el sedimento necesario para la arremetida neoliberal y su programa de privatización de las industrias nacionales, subcontratación de servicios y mayor colaboración entre el sector público y privado.

Bajo los principios neoliberales relativos a la organización y gestión administrativa, más que consolidar la desaparición del Estado, estos cambios apuntaron hacia una transformación de las funciones estatales, ahora encaminadas hacia la disolución de las limitaciones burocráticas que limitaban la incursión de la iniciativa privada en distintos ámbitos, incluido el militar. De hecho, la reprivatización de este campo encontró un terreno propicio para su expansión en el proyecto económico-ideológico neoliberal que ligaba las políticas de desregulación con la persecución de objetivos morales como la libertad y que establecía como necesarias la eliminación de los mecanismos de vigilancia administrativos.

Precisamente fue en Inglaterra durante el gobierno de Margaret Thatcher en la década de los años 80 cuando comenzó la (re)privatización de ala militar mediante los mecanismos de mercado y las contrataciones con privados, los cuales pasaron a ocuparse en un primer momento de cuestiones militares básicas como el alojamiento y asistencia, para posteriormente incursionar en ámbitos como la gestión de cadenas de suministro, el mantenimiento de equipos, servicios de ingeniería, inteligencia e inclusive en servicios de seguridad.

De igual forma, los cambios geopolíticos que se estaban dando hacia finales de la década de los años 80 y principios de los años 90, brindaron la oportunidad ideal para el florecimiento de la Industria Privada de Seguridad, pues la desaparición de las tensiones provocadas por la guerra fría y el conflicto nuclear, provocó cambios significativos en la naturaleza de los conflictos armados, en las doctrinas de guerra y en los aparatos militares estatales. Por ejemplo, de acuerdo con datos del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, de los 30 mayores conflictos armados sucedidos entre 2000 y 2009, solo tres fueron entre Estados. Esta situación abrió un panorama en el que el despliegue de los grandes ejércitos no era requerido más. En su lugar, el énfasis de la acción militar ahora pasaba a enfocarse en la actividad defensiva o precautoria, mediante el uso de pequeños cuerpos de respuesta rápida que desempeñaran “operaciones humanitarias” o “tareas de pacificación”, desembocando irremediablemente en reducciones importantes en el número de efectivos militares, los cuales ahora figuraban como excedentes.

Como resultado, estos cambios generaron que una gran cantidad de mano de obra militar y equipo tecnológico resultara redundante y se incorporara al abastecimiento de la emergente Industria de Seguridad Privada. El salto que esta industria dio le permitió encontrar un nicho desde el cual brindar soporte e inclusive entrenamiento a cuerpos militares regulares, particularmente en el uso de nuevas tecnologías de guerra. Tal es el caso de los sistemas de armamento como la batería de misiles Patriot, el sistema de defensa antimisiles Aegis o los helicópteros de ataque Apache, a los cuales dan servicio y mantenimiento contratistas civiles. Asimismo, muchas de los servicios de infraestructura de telecomunicaciones comenzaron a ser desarrollados por organizaciones civiles para después ser adaptados a las necesidades militares.

De manera tal que los procesos brevemente resumidos en los párrafos anteriores, dieron pie a la reprivatización de la capacidad militar y al surgimiento del nuevo complejo industrial de seguridad, el cual se encarga desde entonces de ofrecer un amplio rango de soluciones comerciales para problemas de seguridad nacionales e internacionales que los ejércitos militares convencionales no pueden cumplir por sí solos. Esta apreciación no resulta menor, pues de acuerdo con los argumentos esgrimidos en el artículo, actualmente tanto el ejército norteamericano e inglés no pueden operar efectivamente sin la participación de tales contratistas, dado que han relegado prácticamente toda actividad que no sea la de combate.

Dicha tendencia se acrecentaría durante la primera década del siglo XXI, especialmente después del ataque terrorista del 11 de septiembre 2001. Bajo las órdenes del presidente George W. Bush, el general de defensa norteamericano en aquel entonces, Donald Rumself, fue el encargado de transformar al ejército norteamericano en una fuerza de combate más ligera. Para ello, se redujo los compromisos presupuestales mediante la subcontratación de las actividades no esenciales sin que esto comprometiera la efectividad operatividad del propio ejército. Esto dio como resultado que empresas como BlackWater y Halliburton se encargaran de deberes que van desde la conducción de vehículos en situaciones de riesgo, el interrogatorio de prisioneros, hasta de la provisión de servicios de salud. Del lado inglés, se calcula que para el año 2002 el 80% del entrenamiento del ejército británico involucraba el uso de contratistas civil. Tal es el caso del entramiento en tierra de la Marina Real Británica, el cual era conducido en asociación con el consorcio comercial, Flagship Training Limited.

El resultado fue la conformación de un nuevo complejo de seguridad industrial; una industria conformada para ofrecer un amplio rango de soluciones comerciales a problemas de seguridad nacional e internacional. Sin embargo, ¿Cuáles son las implicaciones de esta relación entre organizaciones publicas y privadas sobre el control y conducción de la actividad militar y de seguridad?

La Industria de Seguridad Privada como herramienta del imperialismo neoliberal

El afán de generar ahorros no es lo único que motiva la contratación y el uso de estos contratistas privados. La utilización de esta Industria de Seguridad Privada resultó fundamental para que los Estados metropolitanos transitaran hacia la administración de las posesiones imperiales mediante el ejercicio informal del imperialismo, entendido como el proceso mediante el cual los estados utilizan colaboradores en la periferia para asegurar ventajas económicas. Una de las principales ventajas que ofrece esta vertiente radica en que resulta increíblemente barato frente al ejercicio formal (léase la anexión de territorios), además de que encaja con los principios de liberalización económica y con la reducción del Estado propugnada por la filosofía política del neoliberalismo.

Concebida como herramientas del imperialismo informal, estos contratistas de la seguridad desempeñan dos funciones sumamente importantes: como substitutas de las fuerzas militares o de seguridad en aquellas situaciones donde el Estado está impedido o indispuesto para actuar; y como suplementarias del Estado, a través de la subcontratación de la actividad militar y de seguridad.

Substitutas del Estado

La función sustituta ha resultado un elemento clave en aquellas instancias donde los contratistas privados han actuado respaldadas por los Estados-Nación para ejercer roles que previamente eran ocupadas por las fuerzas militares consolidadas. Existen ejemplos como el de Military Professional Resources Inc, el cual fue contratado por el gobierno norteamericano para reestructurar al ejército bosnio y recientemente para entrenar al ejército iraquí, además de construir una réplica exacta de la base militar de entrenamiento norteamericana. Esto sin mencionar aquellos ámbitos en donde mercenarios son reclutados para luchar en nombre de Estados que no pueden implementar suficiente capacidad militar, especialmente en aquellos conflictos sucedidos en el continente africano, como la Guerra del Congo en los años 60 donde fueron reclutados mercenarios de países como Francia, España, Rhodesia y Sudáfrica; , así como en la Guerra Civil en Angola, donde fueron empleados cerca de 1000 mercenarios provenientes de Gran Bretaña, Estados Unidos y Egipto.

Suplementarias del Estado

Durante los últimos diez años la actividad complementaria ha sido la forma más común en que han sido utilizadas las Compañías Privadas de Seguridad, a través de la subcontratación o del soporte de las actividades militares, tales como las relacionadas a la provisión de equipo y sistemas; al mantenimiento, revisión o actualización; así como al apoyo logístico en áreas como transporte, bases operativas y armamento. Tal es el caso de la empresa británica Tibbet and Britten, la cual brinda servicios de transporte y mantenimiento al ejército canadiense; la empresa británica, Kellog Brown and Root, la cual se encarga del soporte logístico del ejército norteamericano; así como la compañía, Compass Group, encargada de brindar abastecimiento y servicio de lavandería en operaciones militares; Blackwater ha brindado servicios de seguridad a activos civiles, gubernamentales y militares en Irak y Afganistán, incluidos el presidente afgano, Hamid Karzai, y a Paul Bremmer, autoridad provisional de la Coalición Iraquí.

Calculando los costos de privatizar la guerra

La falta de responsabilidad y sus consecuencias

En cualquiera de los dos casos, la Industria Privada de Seguridad aparece como el principal actor que socavá los controles estatales que existen respecto al ejercicio legitimo de la violencia, rol privilegiado que Max Weber atribuyera al aparato estatal. Sin embargo, los costos de esta tendencia son significativos, especialmente los relacionados con la regulación y la vigilancia.

Si el uso de contratistas privados complejiza el uso legitimo de la violencia, también plantea cuestiones sobre la gestión y la conducta de quienes se inmiscuyen en estas actividades. Después de todo, los contratistas son civiles que no están sujetos a los comandos militares, a las estructuras de control o a la jurisdicción militar. Está situación coloca a los civiles involucrados en una situación ambigua y dificulta de sobremanera el determinar la responsabilidad que puedan tener sus acciones.

Como consecuencia de esto, muchas de estas empresas utilizan la ausencia de mecanismos de control y rendición de cuentas para no informar sobre las actividades llevadas a cabo, como la cantidad de tropas utilizadas, el número de bajas y heridos, el número de encuentro militares, la cantidad de veces que fueron utilizadas las armas, información recolectada producto de las actividades de inteligencia, entre otras informaciones que tendrían lugar en cualquier informe militar al respecto.

Otra práctica común de los contratistas privados de seguridad tiene que ver con la falta de mecanismo de supervisión y la subcontratación de los servicios para las que fueron contratadas originalmente. Tal es el caso de la empresa Aegis Ltd, la cual fue contratada por el gobierno norteamericano para monitorear y coordinar las acciones entre otras empresas contratistas y las fuerzas de la coalición. En la misma sintonía se encuentra el accionar de la empresa británica ArmourGroup, contratada por el Ministerio de asuntos exteriores de la Mancomunidad de Naciones, para proveer seguridad personal; sin embargo, esta misma empresa subcontrato a sus subsidiarias AG Jersey para brindar al personal, la cual a su vez subcontrato el proceso de reclutamiento a su matriz en Londres. De hecho, el articulo argumenta que el 90 por ciento de la fuerza de trabajo empleada por las compañías de seguridad privada corresponde a trabajadores subcontratados.

Esta enorme maraña de contrataciones no solo son empleadas para difuminar las líneas que establecen el control y rendición de cuentas, sino que pareciera que están completamente diseñadas para proteger a las Compañías de Seguridad Privada y sus trabajadores de posibles auditorías. Todas estas líneas necesariamente conllevan a otra cuestión de igual relevancia: la ausencia de regulaciones formales y vigilancia.

La ausencia de regulaciones formales y vigilancia

La definición misma de la Industria de Seguridad Privada y su vertiente industrial corre paralelamente con la falta de claridad sobre la arquitectura legislativa que debe aplicársele. Esto debido a que no existe un acuerdo a nivel global sobre sí las Compañías de Seguridad Privada están constituidas por fuerzas de mercenarios. Aunque el articulo 47 de la Convención de Ginebra pareciera brindar ciertos criterios para su definición, también abre la posibilidad de que se apliquen criterios de interpretación sobre la aplicabilidad ante el contexto actual, pues este solo se refiere a conflictos interestatales o a guerras de liberación nacional, dejando de lado los conflictos internos y las guerras civiles, campo de acción predilecto de las Compañías de Seguridad Privadas.

Pese a que han existido proyectos que pugnan por establecer reglas claras al ejercicio de los contratistas privados, tales como los de la Convención Internacional contra el Reclutamiento, Uso, Financiamiento y Entrenamiento de Mercenarios de 1988 o el presentado en 2002 por el Ministro de Exteriores de Reino Unido, Jack Straw, ambos fracasaron en su intento de proveer un marco jurídico que establezca legislaciones claras para esta industria. El primero porque la adecuación del artículo 47 en 2001 no abarcó los mecanismos de participación indirecta y de soporte de muchas de estas empresas, además de que no fue suscrito por dos de las grandes potencias globales como Estados Unidos y Reino Unido; mientras que el segundo fungió como una defensa abierta del uso de los contratistas privados de seguridad, esgrimiendo argumentos como los de racionalidad económica, cooperación en la persecución de los objetivos planteados por Naciones Unidas y una supuesta responsabilidad ética que dichas empresas desempeñan en tanto corporaciones con una imagen que necesitan preservar.

Con todo, el estatus ambiguo de las Compañías de Seguridad Privada también abre áreas grises en la elaboración y administración de los contratos para el requerimiento de sus servicios. Dado que muchas de las veces el empleo de compañías de seguridad privada no requiere pasar por la autorización del Congreso, la utilización de estos servicios se desenvuelve en un amplio margen de arbitrariedad, situación que elimina el debate público sobre el uso legítimo de la violencia, y, por lo tanto, su remoción del proceso democrático. Prueba de ello fue él envió de tropas norteamericanas a Irak, pues a los 150 000 militares desplegados se sumó el suplemento de 125 000 contratistas privados sin que tuviera que pasar por la autorización del Congreso.

La Industria de Seguridad Privada, transparencia y el complejo industrial de seguridad

El velo de secrecía que gira en torno a las actividades de la Industria de Seguridad Privada hace difícil valorar de forma adecuada tanto sus actividades como las implicaciones que conllevan. Mucha de la actividad que desempeñan estás compañías están exentas de los requerimientos de información y de transparencia, inclusive sí el mismo Congreso llegara a citarlos para realizar una comparecencia.

El proceso de desmantelamiento de los mecanismos de rendición de cuentas y la erosión de la vigilancia en nombre de los principios neoliberales ha servido para pavimentar la utilización de esta industria como herramienta del imperialismo informal, al mismo tiempo que esconde los costos reales de tales actividades militares, entre ellos la mortalidad que entraña el uso de tropas mercenarias. De acuerdo con una investigación del New York Times, para el año 2007 cerca de 1000 contratistas habían perdido la vida, 12 000 habían resultado heridos y 4000 tropas del ejército norteamericano había fallecido. Esto es una tasa de un contratista muerto por cada cuatro militares, situación que es indicativa del grado de letalidad que implica la realización de tareas de “resguardo” y “seguridad”.

Al mismo tiempo, las implicaciones del desmantelamiento de los ejércitos convencionales y la subcontratación de la actividad militar apuntan peligrosamente tanto el establecimiento de una nueva geografía de la seguridad, en la cual se gesta el establecimiento de una red de elites sociales que convergen en el control de la seguridad, como a la emergencia de un nuevo complejo industrial de seguridad en el cual participa toda una red colaboradores que abarca políticos, militares y elites empresariales, encargadas de manejar estas organizaciones, identificar las potenciales amenazas a la seguridad nacional y gestionar la demanda de recursos para la fabricación de equipo y armamento. En este sentido, el complejo industrial de seguridad no es más que un eufemismo para referirse a los intereses que presumiblemente lucran con el sostenimiento de la guerra.

Conclusiones

Todo lo expuesto a lo largo del artículo está encaminado a hacer un llamado para realizar un mayor escrutinio sobre lo que aparenta ser la emergencia de un nuevo complejo industrial de seguridad, pues está nueva creciente relación entre militares privados y fuerzas de seguridad podría conllevar una potencial perdida de control para la mayoría de Estados en circunstancias dadas.

Con base en esto, el tratamiento que se dio a lo largo del artículo entre la relación que sostienen el Estado y los contratistas de seguridad privados, apunta a ir más allá de la idea de que se trata de una simple transferencia de poder del uso legitimo de la violencia física o de que por esta ve disminuido el poder que detenta el Estado. Estas nuevas estructuras y prácticas que son simultáneamente públicas y privadas, locales y globales, están relacionados no solo con la reconfiguración organizacional y administrativo del Estado, sino con la manera en que ha venido dándose la privatización de la guerra mediante los mecanismos imperialistas informales.